Presupuestos

Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, presentados la semana pasada, tienen, al menos en sus grandes cifras, tres características esenciales: en primer lugar, son, desde una perspectiva macroeconómica, suavemente restrictivos, muy en la línea con los de los últimos diez años; en segundo lugar, son productivistas, con un cierto cambio de orientación en las políticas de oferta; y, finalmente, desde un punto de vista político, son muy superficiales, especialmente por la forma en la que han sido presentados a la opinión pública por algunos responsables políticos y por la que, previsiblemente, tendrá su debate. 

Desde un punto de vista macroeconómico, los Presupuestos reflejan una opción de política macroeconómica ortodoxa y esencialmente correcta para el funcionamiento de nuestra economía. Y es que una economía cuyo patrón de crecimiento viene determinado por el fuerte impulso de la demanda interna, especialmente por un sostenido crecimiento del consumo privado y la inversión residencial; que, además, presenta problemas estructurales en el frente de la inflación, con altos diferenciales con respecto a sus competidores; y tiene un fuerte y correlativo desequilibrio en la balanza de pagos, necesita unos presupuestos de corte restrictivo, con superávit, para no acentuar los desequilibrios. En ese sentido, los presupuestos son, además, prudentes, pues, con la significativa reducción de la deuda pública hasta niveles históricamente bajos del 37,7%, hay margen de maniobra en el futuro para poder hacer una política más expansiva, si se suavizara el ritmo de crecimiento. Desde un punto de vista macroeconómico, pues, y a grandes rasgos, poco hay que objetar a estos Presupuestos. Máxime cuando este año las previsiones macroeconómicas y de precios internacionales son mucho más creíbles. 

Desde una perspectiva microeconómica, desde el comportamiento de los agentes, los Presupuestos Generales para 2007 suponen un esfuerzo, ligero aunque loable, por cambiar la concepción de la política económica desde una perspectiva sectorial a una perspectiva de economía de oferta. Y es que la vieja concepción, que todavía persiste fuertemente en los actuales y en los presupuestos de la mayoría de las administraciones, de fomentar o proteger determinadas actividades y sectores, empieza a dejar paso, en estos presupuestos, a una forma de asignar los gastos públicos más moderna, en la que lo importante es el crecimiento de la productividad de la economía. En este sentido, el incremento del gasto en educación, en investigación y desarrollo y en infraestructuras son decisiones necesarias para un intentar un cambio en nuestro modelo de crecimiento económico. El problema es que, sin cambios en la forma de gestión del gasto y sin unos criterios de eficacia y calidad, este esfuerzo puede ser baldío. Es decir, carece de sentido asignar más presupuesto a nuestras universidades, por ejemplo, si éstas viven obsesionadas con los ladrillos, los claustros son endogámicos, no hay exigencia a los alumnos y la producción científica es de escasa calidad. 

Finalmente, los Presupuestos Generales del Estado son, políticamente, superficiales, porque se van a aprobar tras un debate absurdo. Y es que están territorializando (atroz verbo) hasta gastos indivisibles por naturaleza. Se obvian, por el contrario, debates de más calado como serían, por ejemplo, ese sobre la forma en la que se distribuye la carga fiscal por niveles de renta, o ese otro sobre la manera en la que se distribuyen, marginando siempre a los marginados, los gastos mal llamados sociales o aquel en que se discutiera, de una vez por todas, los problemas de financiación de nuestros ayuntamientos, una de las causas de la generalizada corrupción de nuestra vida pública. Pero ya se sabe que el virus nacionalista genera una infección intelectual generalizada que se convierte en enfermedades políticas como el victimismo, el infantilismo, etcétera. Menos mal que, al menos, este Gobierno tiene a Solbes. 

2 de octubre de 2006