¿Más democracia?

En el momento en el que escribo estas líneas aún no se ha celebrado el referéndum para la aprobación del Estatuto de Cataluña, pero cuando se lean ya se habrá celebrado. Con lo que se habrá cerrado el primer acto del proceso de reforma del Estado. El debate estatutario, celebrado el referéndum catalán, ya se está terminando, incluso en las Comunidades que lo tienen, aún, en marcha. Hoy solo queda aceptar el resultado de las urnas, valorar su significado político y terminar el proceso con la aprobación de los demás. Un proceso que ha sido impecablemente democrático, pero que, al menos en mi opinión, no ha reforzado la democracia en España por un par de razones de peso. 

Y creo que no lo ha hecho, en primer lugar, porque el proceso de reforma estatutaria se ha construido sobre la idea de marginar al Partido Popular, restándose posibilidades a una alternancia efectiva. El PSOE se ha aprovechado de leyes que cambian la distribución del poder, los Estatutos, para hacer más difícil la posibilidad de alternancia. En este juego le ha ayudado la cerril y dogmática estrategia del PP que, en vez de hacer propuestas inteligentes, se ha automarginado radicalizando su discurso y cayendo en el tremendismo. El resultado es que el viraje de los socialistas hacia posiciones nacionalistas les será electoralmente rentable. A partir de ahora, el PP o gana por mayoría absoluta o tendría un gobierno inestable y en permanente conflicto con las dos Comunidades Autónomas más pobladas. Zapatero , pues, se ha mostrado como un magnífico Secretario General de PSOE (y el PSC un fuerte ariete de esta estrategia de "ir contra el PP"), lo que posiblemente lleve a su partido a mantenerse en el poder en distintas instancias, pero está siendo, desde este punto de vista, un mal presidente del Gobierno, porque esta ruptura de ese acuerdo elemental de la democracia por el que se acepta que el otro tiene buena voluntad y es parte de la comunidad, daña nuestra convivencia democrática al eliminar posibilidades de alternancia. No ha ganado, pues, nuestra democracia por la forma del proceso. 

Es cierto, en segundo lugar, que después de 25 años de funcionamiento, la descentralización política del Estado necesitaba una reforma que ordenara las competencias, permitiera un margen de libertad y adaptación a la evolución de cada autonomía y cambiara el sistema de financiación. Pero el proceso se ha deslegitimado, desde la lógica organizativa más elemental, cuando, en vez de proponerse un pacto general a partir de criterios de eficacia en la prestación de servicios y ámbitos políticos adaptados a las comunidades, el criterio de qué espacio ocupa cada administración se ha decidido por una parte. Dicho de otra forma, en un proceso lógico de reforma del Estado se debieran de haber pronunciado primero las Cortes Generales, tanto el Congreso como el Senado, sobre qué competencias deberían tener las Comunidades Autónomas (y, en su caso, haber propuesto una reforma constitucional) y si todas han de tener o no las mismas. Pero al hacerse desde una de las Comunidades, ahora se obliga al resto a ir a las competencias aprobadas para ésta con el fin de que el sistema tenga coherencia. Al final, el edificio del Estado será lo que la clase política catalana ha querido que sea porque al celebrarse el debate como se ha hecho no hemos debatido conceptos básicos como eficiencia o federalismo. Y, más grave aún, la posibilidad de rectificación en el futuro será prácticamente imposible, dada la distribución del poder al que se ha llegado y la ausencia de mecanismos de retrocesión. 

Porque en el proceso que ayer cerró se ha marginado a una parte importante de los españoles y porque el proceso está condicionado por uno de los protagonistas de tal forma que no ha habido un debate igualitario entre todos, creo que lo que estamos haciendo no beneficia la democracia en España. Más aún, posiblemente desde hoy tengamos menos democracia que la que teníamos.