Una propuesta de política fiscal

En los últimos meses se viene usando la política fiscal, en su doble vertiente de incremento del gasto y de reducción de impuestos, para combatir la crisis. En algunos países es la única política que se está implementando, incluso a tientas como es el caso de España, mientras que en otros acompaña a las operaciones de salvamento del sistema financiero y a políticas monetarias muy expansivas, como por ejemplo en los Estados Unidos. La política fiscal es la estrella de las políticas anticrisis por muchas razones, pero para articularla de una forma razonable es necesario tener propuestas claras para debatir. Algo que no parece que tengan ni nuestro Gobierno, ni nuestra oposición. 

En España, una política fiscal expansiva, con un déficit público en el entorno del 5% este año y alrededor del 4% en los próximos, no es, per se, negativa. Eso sí, hay que saber que no se pueden sostener déficits más profundos durante muchos años porque llegaríamos a sobrepasar el 65-70% de deuda pública sobre el PIB, y eso haría que la política fiscal perdiera su eficacia. Peor aún, entraríamos en espirales de deuda pública que serían insostenibles. Hay que usar, pues, la política fiscal, pero sabiendo que es un instrumento temporalmente limitado. 

En la vertiente del gasto hay que evitar, como se viene haciendo, gastar por gastar. El gasto, en sí mismo, no es eficaz contra la crisis. Para articular una política de gasto público eficiente habría que orientar el gasto en tres direcciones: en primer lugar, hay que ser austeros en los gastos administrativos generales, pues ni crean empleo estable, ni mejoran el crecimiento de la economía; en segundo lugar, hay que mantener durante un tiempo las transferencias de renta a las familias o las subvenciones a determinados sectores, pero no más allá de un tiempo tasado, porque impiden el normal ajuste de los mercados de bienes y factores de producción (de la locura de ampliar el tiempo del desempleo escribiré otro día); y, finalmente, hay que ampliar la inversión en infraestructuras y educación. Austeridad administrativa, ayudas temporales e inversión pública componen, en mi opinión, una política de gasto prudente. Ir más allá nos llevaría a un gasto público insostenible a largo plazo y a serias ineficiencias en el funcionamiento de las administraciones y de la economía productiva. El crecimiento del gasto debe ser contenido, porque los multiplicadores del gasto, siguiendo estudios empíricos recientes, son menores que los de los impuestos en las economías desarrolladas. 

La opción más eficiente es, entonces, la reducción de impuestos. En este sentido, habría que hacer tres reformas de calado, sin perder de vista ni los efectos recaudadores, ni los distributivos (tan olvidados en las últimas reformas): en primer lugar, hay que reformar el IRPF, dotándolo de mayor progresividad y equiparando todas las fuentes de renta, ajustando la reforma para que fuera casi neutral desde el punto de vista de la recaudación; en segundo lugar, habría que hacer una reducción significativa de las cotizaciones sociales porque son un impuesto que grava el trabajo y distorsiona los costes laborales unitarios relativos frente a nuestros competidores (esto se debería de plantear junto con la reforma del mercado de trabajo de la que escribiré próximamente); y, finalmente, hay que hacer reducciones selectivas del Impuesto de Sociedades porque aumentarían las expectativas de rentabilidad a largo plazo de las inversiones. El IVA es, a pesar de su regresividad y por su efecto recaudador, mejor no tocarlo ahora. El objetivo de estas líneas de reforma es la de reforzar el tejido productivo y relanzar la inversión, porque, ante un enfriamiento, los estímulos al consumo son eficaces, pero para luchar contra una recesión hay que estimular la inversión. Lo anterior es solo una propuesta para simular y debatir serenamente. Algo que ya debieran haber hecho nuestros políticos si les diera, por una vez, un simple ataque de sensatez. 

2 de marzo de 2009