Chipre diferente

Chipre es una de esas economías que pasan desapercibidas hasta que tienen graves problemas, saltan a la actualidad y se hacen todo tipo de especulaciones sin fundamento. Por eso hay que analizarla, aunque sea brevemente. 

Para empezar, Chipre es una economía pequeña. Es una economía de 1,2 millones de habitantes (algo menos del 2,6% de la población española), con un PIB de unos 15.000 millones de euros (alrededor del 1,5% del PIB español) y una renta per cápita un 75% de la española. Una economía cuyo funcionamiento se ha basado en dos pilares: un sector servicios sobredimensionado, por un excesivo sistema financiero y de transporte marítimo, y en ser un paraíso fiscal para las empresas. Chipre (hablamos siempre de la zona sur de la isla, la greco-chipriota) es, pues, una economía pequeña que vive del turismo, del comercio, del transporte marítimo y de la intermediación financiera, con una administración pública poco interventora. 

Una economía pequeña con una gigantesca crisis financiera que tiene su origen en la forma en la que ha crecido y funcionado su sistema financiero y su economía. Y es que el sistema financiero chipriota trabaja en la Eurozona con regulaciones británicas (fue colonia hasta 1960), sin la supuesta "honorabilidad" de la City, lo que hace que sus sistemas de contabilización y contratos sean muy flexibles y las operaciones opacas, sin demasiados registros. Si a este sistema financiero se le suma un sistema fiscal con un impuesto de sociedades del 10%, un puerto de mar sin reglas y una marina mercante de las más grandes del mundo (tiene 838 barcos mercantes registrados, por 132 de España), tenemos una economía más allá de lo razonablemente legal en Europa. Por eso, Chipre fue el lugar ideal para el tráfico de armas y las finanzas de las guerras de los Balcanes en los 90 y lo es para las eternas guerras de Oriente Próximo (Líbano, Siria, etcétera), para las operaciones de blanqueo de dinero y comercio de droga turco, para las operaciones de inversión de los oligarcas rusos. Un flujo de dinero ilegal al que hay que sumar el de empresas legales (petroleras, etcétera) que se aprovechan del bajo impuesto de sociedades y de las compensaciones impositivas internacionales. El resultado es un inmenso flujo de dinero que los bancos chipriotas (con activos 7 veces superiores a su PIB, frente a sólo las 2,8 veces de España) han colocado en deuda griega (y egipcia, libanesa, etcétera) incluso en plena crisis. Hundido el valor de las deudas griega y egipcia, los chipriotas tuvieron que pedir ayuda en julio pasado y, ahora, aceptar la quiebra total de su sistema financiero porque sus activos no valen, su sector público no tiene capacidad para garantizar los depósitos y todo el mundo reclama el dinero (legal o ilegal) que les depositó. 

La solución de un rescate bancario europeo sin más, al estilo español, era imposible, no solo por el tamaño absoluto (mayor que el español), sino porque los chipriotas nunca podrían pagarlo. Obligar a los acreedores a una quita de sus préstamos, bajo legislación británica, es enzarzarse en pleitos de incierto resultado. Imponer un "impuesto sobre los depósitos de más de 100.000 euros" ha sido una solución más razonable, porque, aun siendo confiscatoria, no tiene porqué afectar a la inmensa mayoría de la población (¿quién con un nivel de renta de 18.000 euros tiene una cuenta de ahorro con más 100.000 euros de saldo?); es rápido (solo subir el impuesto de sociedades implicaría tener que esperar un año); y se recauda sobre una base muy amplia (casi 4 veces el PIB). De paso se destroza el sistema financiero chipriota, pagan los rusos, y se desbarata una economía en el borde de la ley. 

Si no hubiera sido por la tontada inicial de gravar los depósitos de menos de 100.000 euros, hubiera pensado que la solución era genial, por lo atrevida, y, por sus implicaciones, digna de una película de James Bond.