La crisis económica no ha tomado vacaciones. El mes de agosto ha sido muy movido, tanto, que los gobiernos no han parado, manteniendo el ritmo de los meses anteriores. El nuestro, fiel a su estilo, ha improvisado incluso una reforma constitucional express para limitar el déficit público que ha generado, como siempre, más ruido político que efectos económicos.
La idea de constitucionalizar una regla fiscal de limitación del déficit y/o de la deuda (propuesta del Nobel James Buchanan en los 80) tiene como objetivo dar credibilidad a la política fiscal, pues, de cumplirse, impide derivas demagógicas hacia el déficit a las que son propensos casi todos los políticos, al tiempo que limita la tendencia de las burocracias públicas a su permanente crecimiento (según el modelo de Niskanen en 1971). Limitar constitucionalmente el déficit da consistencia a la política fiscal a corto plazo porque impide el exceso de gasto cada año, mientras que limitar la deuda es una forma de asegurar la financiación a largo plazo porque, sobrepasado el límite, el déficit se tiene que convertir en superávit. Una regla fiscal doble, sobre déficit y deuda, consolida, de cumplirse, la reputación de la política fiscal, derivándose no pocos efectos económicos beneficiosos, empezando por una financiación más barata para la economía y una mayor eficacia en el gasto y en la recaudación. En el fondo, además de reflejar una desconfianza sobre la responsabilidad de los políticos, es una regla que garantiza la sostenibilidad de lo público a lo largo del tiempo, al impedir la traslación a las generaciones futuras de los excesos de gasto de las actuales, y limitar las incertidumbres.
La eficacia de una regla fiscal constitucional depende de muchos factores. En economías con una buena dotación de capital público y que necesiten financiación exterior y/o quieran mantener la estabilidad exterior de su moneda, pero que tengan sistemas políticos complejos y descentralizados con posibilidades de descoordinación fiscal, las reglas fiscales son útiles, siempre que se diseñen correctamente (con contrapesos suficientes y automáticos) y se cumplan.
Teniendo esto en cuenta, la reforma constitucional del artículo 135 tiene, en mi opinión, tres elementos positivos: el que se haya hecho, pues es mejor tener la regla que no tenerla; que se haya hecho por consenso entre los dos grandes partidos nacionales; y, finalmente, que se haya hecho rápidamente y ahora, porque nunca el PSOE la hubiera aceptado de estar en la oposición. Sin embargo, la reforma tendrá pocos efectos a corto plazo, pues es ambigua por no incluir cifras, no definir qué es el déficit estructural y no fijar un plazo de cumplimiento. Fiar todo esto a una ley orgánica es rebajar el efecto y podría quedarse en nada como otros preceptos constitucionales. A medio plazo, sin embargo, será útil, pues será una coartada para el ajuste fiscal que habrá que hacer en los próximos años y un precedente para hacerlo con el consenso de los grandes partidos. Pero no sustituye ni orienta todas las reformas estructurales que han de hacerse.
Políticamente, la reforma ha retratado la crisis política que también sufrimos: un Gobierno terminal que es capaz de reformar la Constitución al dictado de Europa, como último recurso para no ser intervenido (así de grave es la situación), pero que sigue improvisando hiperactivamente, consciente ahora de no haber hecho lo que debía y no tener ya tiempo para hacerlo; una oposición que gobierna a la espera de las elecciones para certificar su victoria ante un contrario desorientado; unos nacionalistas que solo están en Madrid como "embajadores" y no como representantes del pueblo español; una izquierda ideologizada que nada sabe de economía; unos sindicatos y grupos de indignados que, incomprensiblemente, quieren tener que pagar deuda futura... En fin, la reforma la ha hecho una compañía de actores de una comedia del absurdo, aburrida y amarga, en la que late el drama de 5 millones de parados. Un drama que no se va a acabar con un cambio constitucional.
No hay comentarios:
Publicar un comentario