Eclipsadas por las noticias políticas de la abdicación de Don Juan Carlos y la cadena de dimisiones en el PSOE, las decisiones del Banco Central Europeo (BCE) del pasado 5 de junio, anunciadas por su presidente, Mario Draghi, solo han ocupado una minúscula fracción de la atención que merecían.
Las decisiones tomadas por el BCE han sido varias y de calado. En primer lugar, el BCE ha reducido el tipo de interés general al que presta a la Banca del 0,25% al 0,15%, lo que supone una caída del 40% en el precio. En segundo lugar, ha decidido cobrar un tipo de interés del 0,1% por el dinero que la Banca deposite en el BCE, con lo que desincentiva el dinero ocioso. En tercer lugar, ha anunciado una emisión de liquidez de 400.000 millones de euros en septiembre y diciembre de este año, para dotar de dinero extra al Sistema con unas condiciones muy interesantes: se le va a conceder a la Banca con menores garantías (colaterales) que las que se venían usando hasta ahora; cada banco puede pedir, inicialmente, hasta el 7% del total de lo que tuviera prestado al sector privado (excluidos los préstamos hipotecarios para vivienda), y, a lo largo de la vida de esta línea de crédito hasta tres veces el saldo de crédito neto que tengan con el sector privado; no se puede usar esta financiación extra para hipotecas en vivienda y para la compra de deuda pública; y, finalmente, el tipo de interés de esta línea de financiación será el tipo de interés base del 0,15% con una garantía adicional de estabilidad en caso de que este tipo suba. Finalmente, el señor Draghi anunció la voluntad del BCE se seguir tomando medidas extraordinarias "tantas como sea necesario".
Con estas medidas, prolijamente justificadas, el BCE está, además, diciendo tres cosas sobre la economía de la Eurozona. Primero, que no se esperan choques inflacionarios en el horizonte de los próximos tres años, lo que es compartido por la mayoría de los analistas, no solo por la debilidad de las tasas de crecimiento de la economía europea, sino por la mayor estabilidad en los mercados de materias primas. Segundo, que lo más preocupante en el momento actual, y el mayor peligro para la Eurozona, es la debilidad del crecimiento económico. Y, tercero, que esta política monetaria no puede alimentar una nueva burbuja inmobiliaria o ampliar la burbuja de deuda pública que estamos inflando.
Los efectos de estas medidas se han notado desde el mismo momento en el que se anunciaron. Las bolsas europeas han escalado niveles de hace cuatro años y la prima de riesgo ha bajado hasta niveles del 2010. Sin embargo, estas medidas no tendrán efecto sobre la economía real hasta dentro de unos meses, si es que lo tienen. Porque el problema, ahora que el BCE se ha atrevido a hacer lo que previamente han hecho los Bancos Centrales de Estados Unidos, Japón o Inglaterra, no es ya la política monetaria, cuanto la falta de expectativas en las economías con bajo crecimiento. Es decir, de nada servirán estas medidas para España si las familias y empresas españolas no piden préstamos para aumentar su consumo o invertir. Y esto no ocurrirá mientras no empecemos a confiar en la posible recuperación, se tomen medidas de política fiscal que mejoren la renta de las familias o de las empresas y se profundicen las reformas estructurales para favorecer la competitividad de las empresas. Como de nada servirán estas medidas si los bancos españoles, más allá de la retórica de sus dirigentes, no empiezan a creer en la posibilidad de la recuperación y dan crédito a las familias y a las empresas.
Draghi, aunque tarde, por razones de política interna del BCE, ha tomado las decisiones correctas. Ahora lo que falta es que los Gobiernos de la Eurozona, empezando por el nuestro, acierten con las suyas. Y que los bancos se despierten.
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