Propuestas, ocurrencias y ...

No somos pocos los economistas que, desde hace años, venimos diciendo que es necesaria una profunda reflexión y un gran pacto de reforma del sistema de pensiones español. Y que es necesario hacerlo ya, cuanto antes. Si no modificamos la financiación del sistema de pensiones, en unos años se colapsará, pues, aunque lleguemos a tener una tasa de paro de menos del 10% para el año 2020, las cohortes que se jubilarán a partir de 2022 son tan numerosas que, para el 2025, no podríamos sostenerlo. Hay, pues, que abordar la financiación de las pensiones con urgencia. Y, puesto que las pensiones se financian con un impuesto indirecto sobre el factor trabajo que llamamos cotizaciones sociales, que pagan los consumidores (y no las empresas, como erróneamente se cree), es regresivo y perjudica la creación de empleo, sería bueno, en mi opinión, que abordáramos de una vez por todas una profunda reforma del sistema impositivo español, de tal manera que, además de darle suficiencia a los servicios públicos esenciales (entre ellos, las pensiones) le diéramos una mayor progresividad. Es decir, puesto que hemos de abordar la financiación de uno de los pilares del Estado del bienestar, y el de mayor crecimiento en la próxima década, sería conveniente repensar todo el sistema impositivo, incluyendo una reducción de las cotizaciones sociales y un replanteamiento del IRPF, del impuesto de sociedades y del IVA. Y, para inspirar las líneas de reforma, no estaría de más que, además de encargar informes como el de la Comisión Lagares de febrero de 2014 miráramos lo que hicieron, por ejemplo, los daneses hace más de 30 años, los alemanes hace una década o lo que ya están empezando a trabajar los franceses. 

En esta reflexión y debate sobre el tema de las pensiones y su financiación lo que sí sobran, me temo, son las ocurrencias populistas como la del secretario general del PSOE de la semana pasada, cuando explicó que «si el Estado rescató a la banca, la banca rescatará nuestro sistema de pensiones», reforzando la idea con una pregunta retórica: «¿No es de justicia que los bancos rescaten nuestro Estado del bienestar?». El señor Sánchez propone, pues, alguna suerte de impuesto a la banca para financiar el sistema de pensiones, incluso el conjunto del Estado del bienestar. 

¿Un impuesto sobre qué de la banca? ¿Sobre las transacciones o sobre los beneficios? Es decir, ¿cuál sería la base imponible? Porque si es sobre las transacciones sería una suerte de IVA a las operaciones bancarias (transferencias, pagos de recibos, operaciones con tarjetas, etc.), con lo que, al final, lo pagarían los usuarios, encareciendo los servicios bancarios y los costes financieros de las empresas y consumidores, y favoreciendo, de paso, la vuelta a las operaciones de efectivo, lo que impulsaría la ocultación fiscal. Y si es sobre los beneficios, los efectos serían un encarecimiento del crédito y/o una menor capitalización de los bancos. Sea como fuere, me temo que si hemos de fiar la financiación del crecimiento de las pensiones (del Estado del bienestar) a impuestos sobre la banca, los tipos impositivos que tendría que poner serían tales que o bien la hunde (y tendríamos que volver al rescatarla) o no hay suficiente. 

Es evidente que vivimos en una época de política de ocurrencias, no de pensamiento. Y basta mirar la semana pasada. El presidente Trump destroza una política exterior con tres tuits y una frase; la marabunta independentista quiere investir un presidente y gestionar una comunidad autónoma por videoconferencia y… el secretario general de un partido con vocación de gobierno quiere financiar las pensiones con impuestos imposibles a la banca. 

Igual que Mark Twain decía que había tres clases de mentiras (las mentiras, las cochinas mentiras y las estadísticas), en el debate público nos venimos encontrando con tres tipos de propuestas: las propuestas, las ocurrencias y… las tonterías. 

15 de enero de 2018 

Elecciones catalanas

Me había prometido no volver a escribir sobre Cataluña, pero la proximidad de las elecciones lo hacen inevitable. Aunque no queramos, y aunque este año la campaña comercial de Navidad esté siendo más fuerte que antes de la crisis, el monotema catalán es una parte esencial de las conversaciones públicas y, por tanto, de la agenda política española. Es triste constatar que una sociedad rica y, en teoría, educada, como la catalana (y la española), puede ser manipulada hasta el límite de que se olviden los problemas reales de la gente, y la agenda política sea copada por la expresión agresiva de sentimientos en la esfera pública bajo la apariencia de principios políticos. Es sorprendente que una comunidad de más de 46 millones de personas viva pendiente de las consecuencias de un problema emocional, pues esa es la base del nacionalismo (los independentistas basan toda su razón política en que no se «sienten españoles»), y no le dedique el mismo esfuerzo a resolver el problema del paro que afecta realmente al bienestar (económico, psicológico, también emocional), no sólo a los 3,7 millones de españoles que lo sufren, sino de sus familias. O que no se esté abordando con la misma intensidad los temas críticos de las causas profundas de la corrupción política, el problema de las pensiones en el medio plazo, la financiación de la dependencia, los guetos en nuestras ciudades, la educación, el cambio climático, la amenaza cibernética o la construcción europea, por citar sólo algunos temas importantes para la ciudadanía, también la que vive en Cataluña. 

Es evidente que las elecciones catalanas del 21-D no son unas elecciones autonómicas normales. Y no lo son por tres razones fundamentales que las hacen únicas. La primera es por la causa, el origen, de la convocatoria, pues es la primera vez que unas elecciones autonómicas no se convocan siguiendo los procedimientos establecidos en los mismos Estatutos de Autonomía, sino como consecuencia de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. 

La segunda es que la campaña, lejos de centrarse en las propuestas que hacen los distintos partidos para el conjunto de competencias que tiene una Autonomía en España, es decir, en la gestión de la sanidad, la educación, la ordenación del territorio, la dependencia, la cultura, la protección de la naturaleza, la mejora de las empresas, la lucha contra el paro y la exclusión social, etc, se está centrando en un imaginario y confuso dilema sobre el procès de independencia. Un proceso político que está realmente muerto, pues por muchos escaños que tengan los partidos independentistas no pueden mantener el pulso de la calle, ni el desafío revolucionario, una vez perdido el factor incertidumbre (la imprevisibilidad de cada movimiento), se va contrarrestando el relato y se enfría la movilización. 

Y la tercera es que, dada la inmensa fractura que se ha producido en la sociedad catalana y la fragmentación ideológica, no hay posibilidad de gobernabilidad. El único resultado del proceso ha sido la aniquilación de Cataluña como comunidad. La división que se ha producido en la sociedad catalana es tan profunda que es incluso mayor que la que puede rastrearse con el resto de España, tiene más difícil solución, y eso se va a manifestar en los resultados electorales. Más aún, de cumplirse las encuestas que se han publicado, la única posibilidad de investir un Gobierno es el independentista, pues Podemos apoyaría, a pesar de su retórica de la equidistancia, antes a una coalición liderada por Esquerra que otra liderada por Ciudadanos, lo que llevaría a otra legislatura estéril en porque el debate independentista lo volvería a ocupar todo. 

En definitiva, las elecciones catalanas, en mi opinión, ya tienen un resultado evidente: pase lo que pase, pierde Cataluña. Ya las han perdido todos los catalanes, pues a nadie ha beneficiado el proceso. Ahora lo que nos queda sería evitar que perjudique al resto de los españoles y, para ello, quizás lo mejor sería volver a hablar racionalmente de lo que importa. 

18 de diciembre de 2017 

Teen Foreign Policy

Una de las principales competencias de la presidencia norteamericana es la política exterior. El presidente es el responsable de la definición de los objetivos de la política con otros países, negocia los tratados (que ratifica el Senado), y dispone de una amplia variedad de instrumentos para llevarla a cabo que van desde los más simbólicos (visitas y declaraciones), hasta los más duros de despliegues militares, pasando por el nombramiento de los embajadores, la disposición de la ayuda económica o el favorecimiento de determinados grupos empresariales. Al conjunto de los principios y objetivos de política exterior es lo se llama la Doctrina y se suele sintetizar en un eslogan o en un conjunto sencillo de principios. Desde la Doctrina Washington (expuesta, irónicamente, en su despedida) de no intervención, pasando por la longeva Doctrina Monroe, (la famosa «América para los americanos»), los Catorce Puntos de la Doctrina Wilson, la democrática Doctrina Roosevelt, hasta la Doctrina Truman llevada a su máxima expresión por el presidente Reagan, todos los presidentes, con la excepción del presidente Obama, han tenido una doctrina exterior clara que se ha formulado al principio de su administración. 

La doctrina oficial de la administración Trump es muy sencilla y se plasma en una simple frase muy repetida por el presidente: «America first» (América, primero). Sus fundamentos son, igualmente, muy sencillos y se pueden resumir como siguen: puesto que el objetivo primario de un presidente estadounidense es servir a sus votantes y los problemas de estos son el paro y los bajos salarios, la inseguridad y las diferencias sociales, la amenaza terrorista y la nuclear, la mejor política exterior debe ser aquella que resuelva estos problemas. Por eso, para eliminar el paro y los bajos salarios la mejor forma es reducir los tratados de comercio, empezando por el NAFTA con Canadá y México, y siguiendo por los tratados del Pacífico (con China y todas las potencias emergentes) y del Atlántico (con la UE), al tiempo que se retira de los tratados sobre el cambio climático, pues pueden llevar a perder puestos de trabajo en la industria del carbón. Por otra parte, para reducir la inseguridad y las diferencias sociales, lo mejor es, según la administración Trump, una política antiinmigración de mano dura y un rechazo a todo lo extranjero para hacerles ver que no son bienvenidos. Para conjurar la amenaza terrorista la línea de acción es la intervención militar fuerte: apoyo a Israel, coordinación con Rusia en Siria, apoyo a Arabia Saudí en Yemen, amenazas contra Irán y aumento del despliegue en Afganistán. Finalmente, para evitar la amenaza nuclear norcoreana, lo mejor según Trump, son unas maniobras conjuntas en el mar de Japón (con no poca improvisación) y una buena dosis de insultos y bravuconería en internet contra Kim Jong-un. 

Con esta política exterior, la administración Trump está destruyendo una parte importante del capital relacional de los Estados Unidos. En Europa, tras los desplantes a la Canciller Merkel, la política norteamericana es vista como hostil. Y de la misma forma es vista, a pesar de la última gira, en Asia, especialmente en China, y en Oceanía. E igualmente, más hostil si cabe, es percibida en Latinoamérica, pues el presidente Trump suma un explícito desprecio. Y África, por supuesto, no existe. Más aún, el rechazo al multilateralismo en las relaciones internacionales y el agresivo papel de su embajadora Nikki Haley en la ONU hacen que los Estados Unidos sean vistos más como una amenaza que como una solución a los problemas globales. 

La consecuencia directa es que los Estados Unidos están dejando pasar numerosas oportunidades en casi todas las regiones del planeta. 

La política exterior norteamericana está siendo terriblemente irresponsable. Gobernada por una mezcla de ignorancia y testosterona, con las ínfulas de un adolescente matón adicto a las redes sociales que juega a la guerra desde su sofá, es una política exterior adolescente que hace un mundo más inestable e inseguro para todos. También para ellos. 

4 de diciembre de 2017 

Despertar europeo

Inmersos como andamos en el monotema de Cataluña, no estamos dando importancia a algunas de las señales que nos llegan desde Europa. Y es que, a pesar del impasse que vive Alemania a la espera de un acuerdo a cuatro bandas (CDU-CSU, Liberales y Verdes, la «coalición Jamaica»), Europa, parece que vuelve a despertar de la mano de Jean Claude Juncker, con el apoyo decidido del presidente Macron, el consentimiento de Merkel y el nuevo papel de Italia y España. 

Tres son los signos claros de este nuevo despertar: el rechazo al nacionalismo regionalista, la firma del acuerdo de defensa europea y la ampliación de los derechos sociales europeos. 

Ante el problema catalán, y tras los titubeos que en el pasado hubo ante los movimientos nacionalistas regionales, Europa ha vuelto a afirmar una de sus esencias. Europa no puede aceptar nacionalismos excluyentes, no solo porque, como dice Juncker, sería ingobernable con 96 países, sino porque sería absurdo que una estructura política creada para superar los nacionalismos que llevaron al continente a dos guerras mundiales y a su declive, fuera la cobertura para el florecimiento de nuevos nacionalismos excluyentes. La Unión Europea no se creó con el objetivo de dar voz a cuestiones identitarias, sino para superar y subsumir la identidad nacional de cada uno europeo en un proyecto continental. La crisis catalana ha hecho que Europa vuelva a recordar su propia esencia, y la prueba de ello ha sido la respuesta que las estructuras de la Unión (Juncker, Tusk, Tajani, etc.) y los grandes países han dado al desafío independentista. 

El segundo signo es la firma el pasado 13 de noviembre de una Declaración de Cooperación Estructurada Permanente (Pesco) por la que 22 países de la UE se comprometen en temas de defensa, especialmente en información, logística, formación, sistemas de armas e inversiones tecnológicas. Una declaración que viene a reforzar la Agencia Europea de Defensa, creada en 2004 y poco operativa, y supone una respuesta ante la creciente amenaza de Rusia (Crimea, Ucrania y presión en los países Bálticos, más la injerencia cibernética en los asuntos internos), la inacción europea en el problema del mundo islámico (con la excepción de Francia) y el desapego de la administración Trump hacia Europa y la OTAN. Europa da un paso adelante en su defensa común, más de cincuenta años después de la creación de la primera estructura de coordinación, y tras algunos éxitos parciales. 

El tercer signo del despertar europeo es la declaración de Gotemburgo del pasado viernes 17. Con esta declaración se impulsa lo que se llama el cuarto pilar de la Unión. Un pilar cuya construcción se inició a principios de siglo y que sufrió un duro revés con la no ratificación de la Constitución Europea de 2005. Un pilar que, ante la devastación social que ha producido en muchos países la crisis, especialmente grave en aquellos que más la han vivido como Grecia, Irlanda, Portugal, Chipre o España, es esencial por una cuestión de justicia, es coherente con las dos ideologías que han hecho posible el Estado del Bienestar europeo (la socialdemocracia y la democracia cristiana), está en el origen de la Unión Europea y, finalmente, es una inteligente estrategia para lograr la legitimación de la misma Unión y luchar contra los populismos. Europa, por fin, da un paso más en la creación de un Espacio Social Europeo. 

Europa está, parece, despertando. Un despertar en el que ha tenido mucho que ver la salida del Reino Unido, no solo por la forma en la que se está produciendo, sino por el papel que ha representado el Reino Unido en la integración europea. Posiblemente sin los británicos la Unión avanzará más deprisa, pues fueron ellos los que abrieron la espita de los referéndums regionalistas, siempre se negaron a la integración militar europea y nunca quisieron el pilar social de la Unión. El Brexit lejos de ser un problema será una bendición. Para Europa. 

20 de noviembre de 2017 

Cinco lecciones

De lo que estamos viviendo en la política española en los últimos meses por cuenta de Cataluña podemos extraer muchas lecciones, pero me quedo con cinco que me parecen esenciales. 

La primera es que la Constitución de 1978 está viva. Ha aguantado viva la irrupción de Podemos, uno de cuyos primeros mensajes fue la demolición de la Constitución por ser parte del «Régimen del 78», así como la permanente propuesta del PSOE de modificarla para darle acomodo a la “singularidad” catalana (Declaración de Granada dixit), y los continuos desafíos de los nacionalistas de distinto signo y territorio. La Constitución de 1978 está viva y, con la crisis catalana, hemos descubierto que tiene mecanismos para protegerse, como el artículo 155. De paso, la ciudadanía ha descubierto que el Senado existe y tiene, a veces, funciones esenciales. 

La segunda lección es la ratificación de que España es un Estado de Derecho. Lo es desde hace 40 años. Lo que significa que el ejercicio del poder está sujeto a la ley. Los políticos, pues, tengan los votos que tengan, no pueden hacer lo que quieren, y, menos, vulnerar la ley. Porque el primer derecho que tiene cualquier persona es que la acción de los políticos y de la administración esté regulada. Sólo así se puede preservar la libertad y ejercer los demás derechos. El Gobierno de la Generalitat ha estado sistemáticamente vulnerando los derechos de los catalanes porque han actuado fuera de sus competencias. 

La tercera enseñanza es que el Código Penal existe y es una pieza esencial de nuestro ordenamiento jurídico. Más aún, como se expresa en el primer párrafo de su Exposición de Motivos, el Código Penal «ocupa un lugar preeminente en el conjunto del ordenamiento, hasta el punto de que, no sin razón, se ha considerado como una especie de ‘Constitución negativa’. El Código Penal ha de tutelar los valores y principios básicos de la convivencia social». Y entre esos principios básicos de convivencia está la Constitución positiva, de ahí que recoja, aprendiendo de nuestra historia, un conjunto de «delitos contra la Constitución». 

La cuarta enseñanza es que España es ya una democracia madura. Y esa madurez se manifiesta en la forma en la que se está afrontando esta crisis, en la actuación de la Justicia y en las reacciones de la ciudadanía. Porque esta crisis se ha afrontado desde la ley, actuando cuando había hechos ciertos sobre los que actuar. Es posible discutir si se tenía que haber hecho algo hace años, pero es también cierto que en aquel momento no existían todos los instrumentos jurídicos de los que hoy se dispone (como el artículo 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en su actual redacción). Es posible debatir sobre cada una de las decisiones tomadas por el Gobierno y sobre las posiciones de cada uno de los partidos. El hecho es que la Justicia actúa y que la inmensa mayoría de la ciudadanía en toda España ha acogido los acontecimientos con preocupación, pero con tranquilidad, y esto nos dice que no somos una sociedad débil, ni una democracia adolescente. 

Finalmente, la quinta lección es que el Estado de las Autonomías tiene un límite. El título VIII de la Constitución diseñó un proceso. Un proceso de construcción de un Estado con Autonomías, no, como algunos han creído (y muchas veces parece), un proceso de destrucción del Estado a través de las Autonomías. En nuestra Constitución, la Autonomía no es un estado intermedio para llegar a la independencia, es el estadio final de la organización del Estado. Las Autonomías no pueden ser «miniestados», sino Estado. Lo que debiera tenerse en cuenta cuando se hable de reformar la Constitución. 

Y, junto a estas lecciones, el recordatorio de un principio elemental en política: las leyes son política. Es cierto que no son «toda la política», pero son la esencia de la política en democracia. De ahí que la esencia del poder sea poder redactar el BOE. 

6 de noviembre de 2017 

Dolor por Cataluña

Me duele lo que está ocurriendo en Cataluña, y es un dolor que me viene de antiguo. Me duele porque afecta a personas muy cercanas y a muchos conocidos. Me duele porque, internacionalista imperfecto que aún soy, considero a Cataluña parte de mí. 

Me duele por lo que hemos visto estos días: por las voces y los golpes; por la crispación y la violencia; por la sinrazón y la manipulación; pero, sobre todo, por la estupidez y el odio. Me dolió el domingo día 1 ver a la gente salir a la calle y participar, festivamente e inconscientemente, en un acto ilegal. Como me dolió la colaboración de los colegios, de los centros de salud y de las iglesias, y las voces y las pancartas de los que se congregaban. Como también me dolió la pasividad desleal de los Mossos d’Esquadra que, de haber cumplido con su deber, hubieran evitado muchos de los golpes con los que se mantuvo la legalidad. Y me dolieron los golpes que tuvieron que dar los Cuerpos de Seguridad del Estado, pues no por necesarios dejaron de ser golpes. 

Me han dolido los gritos y las amenazas, las imágenes de las manifestaciones, y de los escraches en los hoteles donde se alojaban los que estaban cumpliendo con su deber. Como me ha dolido la violencia de la huelga y de los piquetes, y la vulneración de los derechos de los que quisieron trabajar. Como me duelen las discusiones en las familias, en los grupos de amigos, en las empresas, que reflejan esa inmensa fractura que han fabricado unos pocos. Una fractura que viven los catalanes entre ellos y, tanto como ésta, los catalanes con el resto de la ciudadanía española. Como me duelen las grietas que también empieza a haber en el resto de España. 

Me duele mucho la sinrazón de la Generalidad y del Parlamento de Cataluña saltándose las leyes, las declaraciones del Tribunal Constitucional, laminando a la oposición, vulnerando contradictoriamente el orden jurídico por el que ellos están en el poder, pues no podemos olvidar que el Govern lo es, y los parlamentarios catalanes lo son, en virtud de una Constitución y un Estatuto que están ahora vulnerando. Como me duele la manipulación de la opinión pública, la compra de voluntades, la inconsciencia de muchas personas, la superficialidad de las opiniones, la presión entre los funcionarios, el oportunismo de muchos alcaldes (empezando por Ada Colau), la politización de los Mossos, la presión contra el castellano. Me duele la ingenuidad de algunos políticos que se suponen conocedores del funcionamiento de un Estado democrático. Descontado el oportunismo de Pablo Iglesias (que no me duele, porque nada espero de un totalitario), me duele la estupidez de Pedro Sánchez apelando al diálogo con un golpista que ha usado una parte del Estado, la Comunidad Autónoma, ha tomado la calle como si fuera un ejército (con banderas, arengas y señalando enemigos), usado tácticas de guerra moderna (redes sociales, propaganda, noticias falsas, grupos especiales) y pide mediación internacional. Me duele su ignorancia de los fundamentos de la política, pues si el Estado negocia (o acepta la mediación internacional) con una Autonomía en igualdad de condiciones es que reconoce de facto la igualdad de sujeto político, al tiempo que manda una señal de que la insurrección tiene réditos. 

Pero doliéndome los gritos, los golpes, la violencia, la sinrazón, la manipulación, la inconsciencia y la estupidez, lo que me hiere hasta sangrar es que usen a los niños y les enseñen lo que es el odio. Porque es sangrante que lleven niños a los actos ilegales, que los lleven a las manifestaciones, que les enseñen a odiar. A odiar a los diferentes, a los que hablan castellano, a los que son hijos de guardias civiles, al resto de España, a España. 

Mi dolor por Cataluña es antiguo y hoy sé que no se curará en años. Porque en Cataluña hay totalitarios que enseñan a sus hijos totalitarismo. 

9 de octubre de 2017 

Mesura

La situación en Cataluña, con algunos matices relevantes que la diferencian, ya la hemos vivido en España. Porque, los que ya tenemos algunos años, vivimos un desafío independentista más grave que el catalán en el independentismo vasco. Y digo más grave porque el vasco tuvo un trasfondo de violencia terrorista que hoy no se da, una historia mucho más larga, y porque teníamos instituciones democráticas mucho menos asentadas, pues estábamos iniciando la democracia y no pertenecíamos a Europa. Incluso contó con apoyo internacional, pues Francia los amparó durante años y muchos partidos socialdemócratas los justificaron. Hoy, en Cataluña, se viven manifestaciones y tomas de edificios, ataques a la Guardia Civil, pintadas y amenazas a los discrepantes, una profunda fractura social, presión mediática, escraches, etc. Algo parecido a lo que se vivió en el País Vasco durante años de una forma mucho más opresiva, pues allí, además de todo esto, había entierros cada mes, gente que iba con escolta y 150.000 que se exiliaron. 

El fondo político que ha generado ambas situaciones es el mismo: la aspiración de una izquierda antisistema radical independentista, que en el País Vasco se llamó Herri Batasuna y en Cataluña se llama la CUP, en alianza circunstancial (táctica) con los partidos burgueses en el gobierno autonómico (el PNV en el País Vasco y CiU/PDCat en Cataluña), de conseguir una independencia que, para los primeros lleve a un nuevo orden social (revolucionario) y, para los segundos, suponga el mantenimiento de su hegemonía regional. Por lo demás, lo que cambian son las formas: en el País Vasco, violentas y encapuchadas; en Cataluña, insurreccionales y revolucionarias, homenaje romántico a un año 17. El problema que estamos viviendo es, si no exactamente el mismo, pues el tamaño importa, muy parecido. 

Un problema que debemos tratar con la misma medicina que se trató el otro: unidad en defensa de la Constitución, aplicación del Estado de Derecho y…mesura. 

Creo que acierta Rajoy cuando mantiene informados a Pedro Sánchez y a Albert Rivera de los pasos que da y en las explicaciones que dio el pasado día 20 en el Congreso. Como acierta en buscar la proporcionalidad ante los desafíos. Y, con él, aciertan Pedro Sánchez y Albert Rivera en no mostrar fisuras ante la cadena de despropósitos en Cataluña. 

Creo que acierta el Gobierno cuando se ampara en la Constitución y las leyes y cuando va a remolque del Poder Judicial, pues la acción de un gobierno democrático debe ser reglada y, en el uso de la fuerza coactiva, tutelada por los jueces, precisamente para garantizar los derechos de la ciudadanía. Creo que acierta Rajoy cuando defiende el Estado de Derecho como esencia de la democracia y no presta legitimidad a las manifestaciones, sino a las instituciones. Yerran, en mi opinión, los que creen que, en democracia, las leyes no emanan de la política, como si lo legal y lo político fueran dos esferas diferentes, cuando es precisamente esa la esencia de la democracia: la política la hace la ciudadanía y la convierte en ley, según procedimientos que garantizan la igualdad. 

Creo que acierta Rajoy en tratar el problema catalán dentro de nuestras fronteras. Como creo que acierta en el control de las cuentas de la Generalitat, pues su liquidez viene de la emisión de deuda soberana del Reino de España y es el conjunto de España el que garantiza las deudas de la Generalitat. Y creo que acierta con la mesura con la que está actuando. Creo que, hoy, en el tema de Cataluña, acierta Rajoy. Lo que no quiere decir que haya acertado siempre, pues desde las formas en las que se recurrió al Constitucional en el tema del Estatut, pasando por la actuación de algunos ministros en la anterior legislatura (Fernández Díaz, Wert, Margallo), hasta la elección del candidato a la Generalitat, los errores han sido muchos. Pero el hecho es que hoy, en mi opinión al menos, acierta. 

Ojalá acierte, también, en los próximos meses. 

25 de septiembre de 2017