Groko (con permiso de los militantes)

Como es conocido, en Alemania se celebraron elecciones generales el pasado septiembre. Unas elecciones en las que ganó la CDU/CSU de la señora Merkel con el 33% de los votos, seguida por el SPD (socialistas) con el 20,5%, la AfD (extrema derecha) con el 12,6%, los Liberales con el 10,7%, la Izquierda con el 9,2% y los Verdes con casi un 9%. Ante estos resultados, con una ligera caída de apoyo para la señora Merkel (-1%), un fuerte varapalo para el SPD (-5%) y la aparición parlamentaria de la extrema derecha, solo había tres alternativas posibles: un gobierno de coalición amplia (CDU/CSU más los Liberales más los Verdes) que se bautizó con el nombre de Jamaika-Koalition (por los colores de los distintos partidos iguales a los de la bandera del país del Caribe); la reedición de la Grosse Koalition (GroKo) entre los dos partidos más votados, conservadores de Merkel más socialistas de Martin Schulz; y, finalmente, nuevas elecciones. 

Teniendo en cuenta estos resultados, la iniciativa correspondía a la señora Merkel, que, en principio, prefería la opción de una gran coalición. Sin embargo, el hecho de perder casi el 20% de sus votos y que posiblemente este sea el último mandato de la cancillera (en alemán existe el femenino de canciller) porque sería su cuarto gobierno, hizo que el SPD de Martin Schulz se negara a reeditar el gobierno. Como, por otra parte, para la CDU era importante intentar un acuerdo, ya que en Alemania no está bien visto no negociar (kompromiss es una palabra importante en su cultura política), se iniciaron conversaciones para un gobierno con los Liberales y los Verdes. Negociaciones que fracasaron en el 20 de noviembre con un desplante de los liberales. En ese momento, pues, solo quedaba la opción de una nueva Gran Coalición o elecciones. Pero el panorama se había movido, porque una repetición de las elecciones le podría dar más votos a la señora Merkel (a costa de los liberales) y no era seguro que mejorara a los socialistas. Por eso, ante las presiones del presidente federal Steinmeier, y por un sentido de Estado típicamente alemán, Schulz se avino a negociar una nueva coalición. 

El resultado es un acuerdo de 179 páginas titulado Un nuevo inicio para Europa; una nueva dinámica para Alemania; una nueva cohesión para nuestra tierra (www.cdu.de o www.spd.de), en el que, a lo largo de 14 capítulos, se desgrana un buen programa de gobierno sobre los tres ejes del título. Del texto se deducen algunas de las constantes de la política alemana de los últimos cincuenta años: Europa como solución y conjuro de sus demonios interiores; una economía liberal y competitiva en un Estado social financieramente responsable; una genuina preocupación por la cohesión social y las políticas sociales. Con una estructura lógica muy alemana y con temas de los que en España ni se habla (familia o infancia), mi único pero al acuerdo, además de algunas inconcreciones, es la ambigüedad sobre temas de medio ambiente. 

A este acuerdo solo falta ponerle nombres, pues también en la negociación de las carteras ha estado muy hábil la señora Merkel, ya que la cesión de la cartera de Hacienda, además de la de Asuntos Exteriores (y la tradicional de Trabajo) a los socialistas obligará a estos a correr con el coste político de sus promesas europeístas. El socio pequeño, la conservadora CSU, se lleva Inmigración, conteniendo a AfD y posibilitando una nueva victoria en Baviera. 

El único problema es que los socialistas tienen que consultar a sus militantes. Unos militantes que son más radicales que sus dirigentes y entre los que hay una fuerte división. Por eso, hasta el día 4 de marzo no sabremos si tendremos gobierno en Europa (perdón, en Alemania) o se abre un nuevo periodo de incertidumbre. Una incertidumbre para unos 450 millones de europeos que nos generan 460.000 militantes del SPD. 

12 de febrero de 2018

Una lista de tareas económicas

A dos años vista de las Elecciones Generales, pues no creo que el presidente Rajoy las vaya a convocar antes, sería bueno que los partidos políticos fueran pensando propuestas para la próxima legislatura, pues ésta es estéril. Estéril por la pasividad de Rajoy, por la incapacidad de la oposición y porque todo parece girar alrededor del monotema catalán. 

Sin embargo, sería interesante que los políticos fueran haciendo propuestas para una legislatura, la del año 20, en la que ya no valdrán las mismas que en el año 2016. Ya no estaremos en el sexto año de crisis, sino en el sexto de la recuperación; hablar de recortes será cosa del pasado; el paro habrá bajado al entorno del 13%; la cuestión catalana se habrá enquistado (o nos habrá aniquilado por aburrimiento); la conciencia de la desigualdad de renta y de oportunidades será mayor; la cuestión de la violencia de género será crítica; la construcción europea volverá a importarnos, etc. La situación política de dentro de dos años no será la que llevó a los movimientos sociales y a la crisis institucional, porque ya ni siquiera hoy es la misma. Plantear una revolución será cosa del pasado. 

Desde una perspectiva económica, España ya habrá superado la crisis, ya que todos los indicadores de actividad, equilibrios y expectativas serán positivos, pues ya lo son hoy. Pero esto no significará que la economía española crezca de una forma sana, ni que haya superado todos los problemas estructurales de los que adolece desde antes de la crisis. 

Y es que la economía española está creciendo «dopada», por lo que sus fundamentos de crecimiento no son sanos. Dopada por los estímulos monetarios que nos llegan desde Europa y dopada por una política fiscal expansiva. Dos políticas macroeconómicas que no se pueden sostener en el largo plazo, pues no es sostenible mantener tipos de interés cercanos al cero, ya que se generan burbujas financieras (efectos Friedman, en términos técnicos), como no es sostenible un Sector Público con déficits permanentes, y menos con niveles de deuda superiores al 100% del PIB, pues lleva bien a subidas excesivas de impuestos (equivalencia ricardiana, en términos técnicos), bien al rescate (y de paso a la banca, pues es la que compra deuda pública), y, en ambos casos, a una nueva crisis. La política económica española, y esa sería la primera tarea, ha de ir encaminando a la economía española hacia un crecimiento sano, controlando los niveles de burbujas y retirando suavemente los estímulos fiscales. 

Las siguientes tareas, que se pueden abordar simultáneamente, serían una profunda reforma del mercado de trabajo, una reestructuración del gasto público, una nueva arquitectura fiscal y una política de competencia y unidad de mercado racional que fije criterios para la regulación. 

La necesidad de reforma del marco institucional de nuestro mercado de trabajo es una obviedad a poco que se considere que somos, desde hace más de 30 años, una de las economías desarrolladas con mayor tasa de paro. Como es necesaria una reestructuración del gasto público (incluyendo las pensiones) que se adapte a las necesidades de una población que envejece y se hace diversa y que lo haga eficaz en la lucha contra la pobreza y la marginación. Como es imprescindible una nueva arquitectura fiscal que, siendo neutral para el crecimiento, sea suficiente y progresiva. Como necesitamos una política de regulación que haga funcionar los mercados regulados (energía, etcétera) y no interfiera en los demás. Si, además de esto, los políticos tuvieran propuestas sobre la estructura competencial (base de la financiación autonómica) y de coordinación entre las administraciones, igual la economía española podría soñar, no solo en superar la crisis desde una perspectiva macroeconómica, sino en converger con Europa. Pero mucho me temo que no tendremos propuestas, pues el PP esconde tras su silencio una carencia absoluta de ideas, el PSOE solo tiene ocurrencias populistas, Podemos-IU andan perdidos en su retórica asamblearia y Ciudadanos está seleccionando personal. 

29 de enero de 2018

Propuestas, ocurrencias y ...

No somos pocos los economistas que, desde hace años, venimos diciendo que es necesaria una profunda reflexión y un gran pacto de reforma del sistema de pensiones español. Y que es necesario hacerlo ya, cuanto antes. Si no modificamos la financiación del sistema de pensiones, en unos años se colapsará, pues, aunque lleguemos a tener una tasa de paro de menos del 10% para el año 2020, las cohortes que se jubilarán a partir de 2022 son tan numerosas que, para el 2025, no podríamos sostenerlo. Hay, pues, que abordar la financiación de las pensiones con urgencia. Y, puesto que las pensiones se financian con un impuesto indirecto sobre el factor trabajo que llamamos cotizaciones sociales, que pagan los consumidores (y no las empresas, como erróneamente se cree), es regresivo y perjudica la creación de empleo, sería bueno, en mi opinión, que abordáramos de una vez por todas una profunda reforma del sistema impositivo español, de tal manera que, además de darle suficiencia a los servicios públicos esenciales (entre ellos, las pensiones) le diéramos una mayor progresividad. Es decir, puesto que hemos de abordar la financiación de uno de los pilares del Estado del bienestar, y el de mayor crecimiento en la próxima década, sería conveniente repensar todo el sistema impositivo, incluyendo una reducción de las cotizaciones sociales y un replanteamiento del IRPF, del impuesto de sociedades y del IVA. Y, para inspirar las líneas de reforma, no estaría de más que, además de encargar informes como el de la Comisión Lagares de febrero de 2014 miráramos lo que hicieron, por ejemplo, los daneses hace más de 30 años, los alemanes hace una década o lo que ya están empezando a trabajar los franceses. 

En esta reflexión y debate sobre el tema de las pensiones y su financiación lo que sí sobran, me temo, son las ocurrencias populistas como la del secretario general del PSOE de la semana pasada, cuando explicó que «si el Estado rescató a la banca, la banca rescatará nuestro sistema de pensiones», reforzando la idea con una pregunta retórica: «¿No es de justicia que los bancos rescaten nuestro Estado del bienestar?». El señor Sánchez propone, pues, alguna suerte de impuesto a la banca para financiar el sistema de pensiones, incluso el conjunto del Estado del bienestar. 

¿Un impuesto sobre qué de la banca? ¿Sobre las transacciones o sobre los beneficios? Es decir, ¿cuál sería la base imponible? Porque si es sobre las transacciones sería una suerte de IVA a las operaciones bancarias (transferencias, pagos de recibos, operaciones con tarjetas, etc.), con lo que, al final, lo pagarían los usuarios, encareciendo los servicios bancarios y los costes financieros de las empresas y consumidores, y favoreciendo, de paso, la vuelta a las operaciones de efectivo, lo que impulsaría la ocultación fiscal. Y si es sobre los beneficios, los efectos serían un encarecimiento del crédito y/o una menor capitalización de los bancos. Sea como fuere, me temo que si hemos de fiar la financiación del crecimiento de las pensiones (del Estado del bienestar) a impuestos sobre la banca, los tipos impositivos que tendría que poner serían tales que o bien la hunde (y tendríamos que volver al rescatarla) o no hay suficiente. 

Es evidente que vivimos en una época de política de ocurrencias, no de pensamiento. Y basta mirar la semana pasada. El presidente Trump destroza una política exterior con tres tuits y una frase; la marabunta independentista quiere investir un presidente y gestionar una comunidad autónoma por videoconferencia y… el secretario general de un partido con vocación de gobierno quiere financiar las pensiones con impuestos imposibles a la banca. 

Igual que Mark Twain decía que había tres clases de mentiras (las mentiras, las cochinas mentiras y las estadísticas), en el debate público nos venimos encontrando con tres tipos de propuestas: las propuestas, las ocurrencias y… las tonterías. 

15 de enero de 2018 

Elecciones catalanas

Me había prometido no volver a escribir sobre Cataluña, pero la proximidad de las elecciones lo hacen inevitable. Aunque no queramos, y aunque este año la campaña comercial de Navidad esté siendo más fuerte que antes de la crisis, el monotema catalán es una parte esencial de las conversaciones públicas y, por tanto, de la agenda política española. Es triste constatar que una sociedad rica y, en teoría, educada, como la catalana (y la española), puede ser manipulada hasta el límite de que se olviden los problemas reales de la gente, y la agenda política sea copada por la expresión agresiva de sentimientos en la esfera pública bajo la apariencia de principios políticos. Es sorprendente que una comunidad de más de 46 millones de personas viva pendiente de las consecuencias de un problema emocional, pues esa es la base del nacionalismo (los independentistas basan toda su razón política en que no se «sienten españoles»), y no le dedique el mismo esfuerzo a resolver el problema del paro que afecta realmente al bienestar (económico, psicológico, también emocional), no sólo a los 3,7 millones de españoles que lo sufren, sino de sus familias. O que no se esté abordando con la misma intensidad los temas críticos de las causas profundas de la corrupción política, el problema de las pensiones en el medio plazo, la financiación de la dependencia, los guetos en nuestras ciudades, la educación, el cambio climático, la amenaza cibernética o la construcción europea, por citar sólo algunos temas importantes para la ciudadanía, también la que vive en Cataluña. 

Es evidente que las elecciones catalanas del 21-D no son unas elecciones autonómicas normales. Y no lo son por tres razones fundamentales que las hacen únicas. La primera es por la causa, el origen, de la convocatoria, pues es la primera vez que unas elecciones autonómicas no se convocan siguiendo los procedimientos establecidos en los mismos Estatutos de Autonomía, sino como consecuencia de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. 

La segunda es que la campaña, lejos de centrarse en las propuestas que hacen los distintos partidos para el conjunto de competencias que tiene una Autonomía en España, es decir, en la gestión de la sanidad, la educación, la ordenación del territorio, la dependencia, la cultura, la protección de la naturaleza, la mejora de las empresas, la lucha contra el paro y la exclusión social, etc, se está centrando en un imaginario y confuso dilema sobre el procès de independencia. Un proceso político que está realmente muerto, pues por muchos escaños que tengan los partidos independentistas no pueden mantener el pulso de la calle, ni el desafío revolucionario, una vez perdido el factor incertidumbre (la imprevisibilidad de cada movimiento), se va contrarrestando el relato y se enfría la movilización. 

Y la tercera es que, dada la inmensa fractura que se ha producido en la sociedad catalana y la fragmentación ideológica, no hay posibilidad de gobernabilidad. El único resultado del proceso ha sido la aniquilación de Cataluña como comunidad. La división que se ha producido en la sociedad catalana es tan profunda que es incluso mayor que la que puede rastrearse con el resto de España, tiene más difícil solución, y eso se va a manifestar en los resultados electorales. Más aún, de cumplirse las encuestas que se han publicado, la única posibilidad de investir un Gobierno es el independentista, pues Podemos apoyaría, a pesar de su retórica de la equidistancia, antes a una coalición liderada por Esquerra que otra liderada por Ciudadanos, lo que llevaría a otra legislatura estéril en porque el debate independentista lo volvería a ocupar todo. 

En definitiva, las elecciones catalanas, en mi opinión, ya tienen un resultado evidente: pase lo que pase, pierde Cataluña. Ya las han perdido todos los catalanes, pues a nadie ha beneficiado el proceso. Ahora lo que nos queda sería evitar que perjudique al resto de los españoles y, para ello, quizás lo mejor sería volver a hablar racionalmente de lo que importa. 

18 de diciembre de 2017 

Teen Foreign Policy

Una de las principales competencias de la presidencia norteamericana es la política exterior. El presidente es el responsable de la definición de los objetivos de la política con otros países, negocia los tratados (que ratifica el Senado), y dispone de una amplia variedad de instrumentos para llevarla a cabo que van desde los más simbólicos (visitas y declaraciones), hasta los más duros de despliegues militares, pasando por el nombramiento de los embajadores, la disposición de la ayuda económica o el favorecimiento de determinados grupos empresariales. Al conjunto de los principios y objetivos de política exterior es lo se llama la Doctrina y se suele sintetizar en un eslogan o en un conjunto sencillo de principios. Desde la Doctrina Washington (expuesta, irónicamente, en su despedida) de no intervención, pasando por la longeva Doctrina Monroe, (la famosa «América para los americanos»), los Catorce Puntos de la Doctrina Wilson, la democrática Doctrina Roosevelt, hasta la Doctrina Truman llevada a su máxima expresión por el presidente Reagan, todos los presidentes, con la excepción del presidente Obama, han tenido una doctrina exterior clara que se ha formulado al principio de su administración. 

La doctrina oficial de la administración Trump es muy sencilla y se plasma en una simple frase muy repetida por el presidente: «America first» (América, primero). Sus fundamentos son, igualmente, muy sencillos y se pueden resumir como siguen: puesto que el objetivo primario de un presidente estadounidense es servir a sus votantes y los problemas de estos son el paro y los bajos salarios, la inseguridad y las diferencias sociales, la amenaza terrorista y la nuclear, la mejor política exterior debe ser aquella que resuelva estos problemas. Por eso, para eliminar el paro y los bajos salarios la mejor forma es reducir los tratados de comercio, empezando por el NAFTA con Canadá y México, y siguiendo por los tratados del Pacífico (con China y todas las potencias emergentes) y del Atlántico (con la UE), al tiempo que se retira de los tratados sobre el cambio climático, pues pueden llevar a perder puestos de trabajo en la industria del carbón. Por otra parte, para reducir la inseguridad y las diferencias sociales, lo mejor es, según la administración Trump, una política antiinmigración de mano dura y un rechazo a todo lo extranjero para hacerles ver que no son bienvenidos. Para conjurar la amenaza terrorista la línea de acción es la intervención militar fuerte: apoyo a Israel, coordinación con Rusia en Siria, apoyo a Arabia Saudí en Yemen, amenazas contra Irán y aumento del despliegue en Afganistán. Finalmente, para evitar la amenaza nuclear norcoreana, lo mejor según Trump, son unas maniobras conjuntas en el mar de Japón (con no poca improvisación) y una buena dosis de insultos y bravuconería en internet contra Kim Jong-un. 

Con esta política exterior, la administración Trump está destruyendo una parte importante del capital relacional de los Estados Unidos. En Europa, tras los desplantes a la Canciller Merkel, la política norteamericana es vista como hostil. Y de la misma forma es vista, a pesar de la última gira, en Asia, especialmente en China, y en Oceanía. E igualmente, más hostil si cabe, es percibida en Latinoamérica, pues el presidente Trump suma un explícito desprecio. Y África, por supuesto, no existe. Más aún, el rechazo al multilateralismo en las relaciones internacionales y el agresivo papel de su embajadora Nikki Haley en la ONU hacen que los Estados Unidos sean vistos más como una amenaza que como una solución a los problemas globales. 

La consecuencia directa es que los Estados Unidos están dejando pasar numerosas oportunidades en casi todas las regiones del planeta. 

La política exterior norteamericana está siendo terriblemente irresponsable. Gobernada por una mezcla de ignorancia y testosterona, con las ínfulas de un adolescente matón adicto a las redes sociales que juega a la guerra desde su sofá, es una política exterior adolescente que hace un mundo más inestable e inseguro para todos. También para ellos. 

4 de diciembre de 2017 

Despertar europeo

Inmersos como andamos en el monotema de Cataluña, no estamos dando importancia a algunas de las señales que nos llegan desde Europa. Y es que, a pesar del impasse que vive Alemania a la espera de un acuerdo a cuatro bandas (CDU-CSU, Liberales y Verdes, la «coalición Jamaica»), Europa, parece que vuelve a despertar de la mano de Jean Claude Juncker, con el apoyo decidido del presidente Macron, el consentimiento de Merkel y el nuevo papel de Italia y España. 

Tres son los signos claros de este nuevo despertar: el rechazo al nacionalismo regionalista, la firma del acuerdo de defensa europea y la ampliación de los derechos sociales europeos. 

Ante el problema catalán, y tras los titubeos que en el pasado hubo ante los movimientos nacionalistas regionales, Europa ha vuelto a afirmar una de sus esencias. Europa no puede aceptar nacionalismos excluyentes, no solo porque, como dice Juncker, sería ingobernable con 96 países, sino porque sería absurdo que una estructura política creada para superar los nacionalismos que llevaron al continente a dos guerras mundiales y a su declive, fuera la cobertura para el florecimiento de nuevos nacionalismos excluyentes. La Unión Europea no se creó con el objetivo de dar voz a cuestiones identitarias, sino para superar y subsumir la identidad nacional de cada uno europeo en un proyecto continental. La crisis catalana ha hecho que Europa vuelva a recordar su propia esencia, y la prueba de ello ha sido la respuesta que las estructuras de la Unión (Juncker, Tusk, Tajani, etc.) y los grandes países han dado al desafío independentista. 

El segundo signo es la firma el pasado 13 de noviembre de una Declaración de Cooperación Estructurada Permanente (Pesco) por la que 22 países de la UE se comprometen en temas de defensa, especialmente en información, logística, formación, sistemas de armas e inversiones tecnológicas. Una declaración que viene a reforzar la Agencia Europea de Defensa, creada en 2004 y poco operativa, y supone una respuesta ante la creciente amenaza de Rusia (Crimea, Ucrania y presión en los países Bálticos, más la injerencia cibernética en los asuntos internos), la inacción europea en el problema del mundo islámico (con la excepción de Francia) y el desapego de la administración Trump hacia Europa y la OTAN. Europa da un paso adelante en su defensa común, más de cincuenta años después de la creación de la primera estructura de coordinación, y tras algunos éxitos parciales. 

El tercer signo del despertar europeo es la declaración de Gotemburgo del pasado viernes 17. Con esta declaración se impulsa lo que se llama el cuarto pilar de la Unión. Un pilar cuya construcción se inició a principios de siglo y que sufrió un duro revés con la no ratificación de la Constitución Europea de 2005. Un pilar que, ante la devastación social que ha producido en muchos países la crisis, especialmente grave en aquellos que más la han vivido como Grecia, Irlanda, Portugal, Chipre o España, es esencial por una cuestión de justicia, es coherente con las dos ideologías que han hecho posible el Estado del Bienestar europeo (la socialdemocracia y la democracia cristiana), está en el origen de la Unión Europea y, finalmente, es una inteligente estrategia para lograr la legitimación de la misma Unión y luchar contra los populismos. Europa, por fin, da un paso más en la creación de un Espacio Social Europeo. 

Europa está, parece, despertando. Un despertar en el que ha tenido mucho que ver la salida del Reino Unido, no solo por la forma en la que se está produciendo, sino por el papel que ha representado el Reino Unido en la integración europea. Posiblemente sin los británicos la Unión avanzará más deprisa, pues fueron ellos los que abrieron la espita de los referéndums regionalistas, siempre se negaron a la integración militar europea y nunca quisieron el pilar social de la Unión. El Brexit lejos de ser un problema será una bendición. Para Europa. 

20 de noviembre de 2017 

Cinco lecciones

De lo que estamos viviendo en la política española en los últimos meses por cuenta de Cataluña podemos extraer muchas lecciones, pero me quedo con cinco que me parecen esenciales. 

La primera es que la Constitución de 1978 está viva. Ha aguantado viva la irrupción de Podemos, uno de cuyos primeros mensajes fue la demolición de la Constitución por ser parte del «Régimen del 78», así como la permanente propuesta del PSOE de modificarla para darle acomodo a la “singularidad” catalana (Declaración de Granada dixit), y los continuos desafíos de los nacionalistas de distinto signo y territorio. La Constitución de 1978 está viva y, con la crisis catalana, hemos descubierto que tiene mecanismos para protegerse, como el artículo 155. De paso, la ciudadanía ha descubierto que el Senado existe y tiene, a veces, funciones esenciales. 

La segunda lección es la ratificación de que España es un Estado de Derecho. Lo es desde hace 40 años. Lo que significa que el ejercicio del poder está sujeto a la ley. Los políticos, pues, tengan los votos que tengan, no pueden hacer lo que quieren, y, menos, vulnerar la ley. Porque el primer derecho que tiene cualquier persona es que la acción de los políticos y de la administración esté regulada. Sólo así se puede preservar la libertad y ejercer los demás derechos. El Gobierno de la Generalitat ha estado sistemáticamente vulnerando los derechos de los catalanes porque han actuado fuera de sus competencias. 

La tercera enseñanza es que el Código Penal existe y es una pieza esencial de nuestro ordenamiento jurídico. Más aún, como se expresa en el primer párrafo de su Exposición de Motivos, el Código Penal «ocupa un lugar preeminente en el conjunto del ordenamiento, hasta el punto de que, no sin razón, se ha considerado como una especie de ‘Constitución negativa’. El Código Penal ha de tutelar los valores y principios básicos de la convivencia social». Y entre esos principios básicos de convivencia está la Constitución positiva, de ahí que recoja, aprendiendo de nuestra historia, un conjunto de «delitos contra la Constitución». 

La cuarta enseñanza es que España es ya una democracia madura. Y esa madurez se manifiesta en la forma en la que se está afrontando esta crisis, en la actuación de la Justicia y en las reacciones de la ciudadanía. Porque esta crisis se ha afrontado desde la ley, actuando cuando había hechos ciertos sobre los que actuar. Es posible discutir si se tenía que haber hecho algo hace años, pero es también cierto que en aquel momento no existían todos los instrumentos jurídicos de los que hoy se dispone (como el artículo 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en su actual redacción). Es posible debatir sobre cada una de las decisiones tomadas por el Gobierno y sobre las posiciones de cada uno de los partidos. El hecho es que la Justicia actúa y que la inmensa mayoría de la ciudadanía en toda España ha acogido los acontecimientos con preocupación, pero con tranquilidad, y esto nos dice que no somos una sociedad débil, ni una democracia adolescente. 

Finalmente, la quinta lección es que el Estado de las Autonomías tiene un límite. El título VIII de la Constitución diseñó un proceso. Un proceso de construcción de un Estado con Autonomías, no, como algunos han creído (y muchas veces parece), un proceso de destrucción del Estado a través de las Autonomías. En nuestra Constitución, la Autonomía no es un estado intermedio para llegar a la independencia, es el estadio final de la organización del Estado. Las Autonomías no pueden ser «miniestados», sino Estado. Lo que debiera tenerse en cuenta cuando se hable de reformar la Constitución. 

Y, junto a estas lecciones, el recordatorio de un principio elemental en política: las leyes son política. Es cierto que no son «toda la política», pero son la esencia de la política en democracia. De ahí que la esencia del poder sea poder redactar el BOE. 

6 de noviembre de 2017