Elecciones, por favor

Aunque sea recurrible, la sentencia del caso Gürtel no deja lugar a dudas: el Partido Popular se financió ilegalmente con prácticas corruptas; bastantes y muy relevantes personas se enriquecieron ilícitamente; y otras, especialmente los que tuvieron cargos en el partido, entre ellos el anterior presidente, el señor Aznar, y el actual presidente del partido, Mariano Rajoy, o lo consintieron o, en el mejor de los casos, no establecieron los mecanismos de control, como era su obligación, para que no ocurriera. Como, además, todo esto se ha investigado y conocido mientras el PP ha estado en el Gobierno, su política de negación, inacción, obstrucción e intoxicación, lejos de minimizar los efectos de esta corrupción, los amplifica. En definitiva, el PP se ha demostrado un partido que no es digno de confianza (y lo siento por los cuadros y afiliados que sí lo son), como no lo es el señor Rajoy, ni la mayoría de los cuadros del partido en la dirección nacional. Además, no han mostrado la diligencia debida para poner en conocimiento de la opinión pública lo ocurrido, pues, ni han hecho un informe de auditoría transparente, ni han aportado datos en la Comisión parlamentaria, ni han colaborado con la Justicia (y el caso de los discos duros es llamativo). Tampoco han mostrado arrepentimiento, ni repugnancia, ni la eficacia exigible para reconocer los hechos, repudiarlos y atajarlos, por lo que, en conclusión, no eran dignos de seguir gobernando. Más aún, no eran dignos de seguir gobernando porque ni siquiera son conscientes, a tenor de sus declaraciones (algunas de malos leguleyos como las de la secretaria general, la señora Cospedal) de lo que significa la sentencia. 

Una sentencia así, en cualquier democracia saludable (si es que queda alguna), que establece la corrupción del partido del Gobierno e involucra al presidente del partido y del Gobierno, hubiera tenido, como primera consecuencia, una declaración pública de explicaciones, y, a continuación, una dimisión inmediata. Una dimisión inmediata y convocatoria de elecciones, pues las elecciones sirven esencialmente para saber en quién deposita la ciudadanía su confianza. Sin embargo, el señor Rajoy, en un acto reflejo, se enrocó. Lo que ha aprovechado un oportunista como Pedro Sánchez para ser presidente. 

La legitimidad del señor Sánchez para ser presidente es indudable, pues ha tenido la mayoría de la Cámara, pero eso no es lo mismo que tener la confianza de una mayoría de los ciudadanos. El señor Sánchez no ha sido investido presidente del Gobierno porque haya concitado el apoyo de una mayoría, sino porque, en el sistema de moción de censura (lo de constructiva habría que verlo) el presidente Rajoy ha concitado más oposición. Estar en contra de algo solo implica apoyar lo contrario si no hay nada más que una alternativa. Es evidente que el señor Sánchez presentó su moción con un claro cálculo electoral: gana la visibilidad que no tiene por no ser líder de la oposición (y que le estaba arrebatando el señor Rivera) y tiene la posibilidad de llevar iniciativas que refuercen su discurso, al tiempo que refuerza el apoyo dentro de su propio partido, pues nada une más que el poder. Más aún, en caso de que perdiera las próximas elecciones, la posibilidad de tener mejor resultado que en las anteriores y no verse superado por Podemos le garantiza la continuidad en la Secretaría General del PSOE. El señor Sánchez tiene ahora oportunidades personales que hace un mes las encuestas no le daban. Por eso es presidente del Gobierno. 

Pero es un presidente que no fue el más votado en las urnas. Un presidente que tuvo el 22,6% de los votos y que cuenta con solo 85 diputados. Por eso, en cualquier democracia decente (si es que queda alguna), el presidente Sánchez se sometería al veredicto de las elecciones de tal forma que la ciudadanía pueda darle su confianza. Necesitamos, pues, elecciones cuanto antes. Llegar a ser una democracia decente lo reclama, por favor.

4 de junio de 2018

Oriente Próximo (II): las ideas y los intereses

En los últimos párrafos de la Teoría General del empleo, el interés y el dinero, John Maynard Keynes escribe que lo que mueve el mundo para bien o para mal, más que los intereses creados, son las ideas. En realidad, lo que mueve el mundo es la mezcla de ideas e intereses. Una mezcla que, en Oriente Próximo, es explosiva. 

 

Para comprender qué pasa en Oriente Próximo es necesario hacer referencia al papel central de la religión en su vida pública. En países crecientemente desacralizados, relativamente homogéneos y democráticos, como España, en los que la religión va siendo solo una parte pequeña de lo público, y se mantiene por su sustrato cultural en ritos de celebración familiar (como las comuniones) o en expresiones colectivas de identidad (como la Semana Santa), no comprendemos que la fuente de legitimidad política, el derecho a actuar y los principios básicos de la actuación pública, estén determinados por principios religiosos, como no entendemos la lógica política que se deriva de estos principios. En el seno del Islam el conflicto político no es tanto un conflicto religioso entre los chiíes y los suníes, pues tienen ideas religiosas similares, sino entre Irán y Arabia Saudí, y se transforma en un conflicto religioso porque Irán es de mayoría chií y Arabia Saudí de mayoría suní, y, dada la importancia de la religión para construir su identidad política, esta se usa como arma, convirtiéndose, entonces, en un conflicto religioso. Como se usa como arma de conflicto de todos contra Israel, y no tanto por una cuestión religiosa, que también y a pesar de que el Islam casi siempre fue tolerante con los judíos, sino porque también la identidad de los israelíes y su afirmación sobre el territorio (su Tierra Prometida) tiene una base religiosa. La religión, pues, es un elemento esencial para explicar y comprender la lógica de los conflictos en Oriente Medio, pero no es la causa originaria de estos conflictos. 

 

Las causas de los conflictos en Oriente Medio hay que buscarlas más en los distintos intereses de las élites que gobiernan las sociedades que lo componen. Intereses que se basan en el control de dos recursos materiales básicos: el agua y el petróleo. 

 

El agua es una de las claves para entender el problema de Oriente Próximo, pues es una de las zonas más secas del planeta. El control del agua ha sido lo que ha llevado, por ejemplo, a la no devolución de los Altos del Golán por parte de Israel desoyendo (por enésima vez) las resoluciones de la ONU. Como es el suministro de agua el mecanismo de control de conflictos en la franja de Gaza. Como es la carencia de agua la que limita el desarrollo de algunos países como Jordania. 

 

Pero son los intereses creados alrededor de la explotación del petróleo, su comercialización y sus finanzas, lo que genera fuertes conflictos entre los principales actores de Oriente Medio. Arabia Saudí, el mayor productor mundial, lucha por una subida del precio manteniendo la inestabilidad en Irak y presionando a Estados Unidos para que impida a Irán salir a los mercados internacionales, pues así, al tiempo que evita una caída del precio (que tampoco le interesa a los Estados Unidos) impide que los persas se recuperen económicamente. Irán quiere poder acceder a los mercados internacionales, esencialmente occidentales, pues los intercambios que realiza con China son muy poco ventajosos, pero quiere una apertura que no le lleve a la «contaminación burguesa» de su clase media. Al mismo tiempo, necesita una salida al Mediterráneo a través de Irak y de Siria, de ahí su intervención en ambos países. Turquía, con la excusa de controlar el terrorismo kurdo, quiere tener más participación en el petróleo del norte de Irak. Y, dentro de cada país, el interés de la élite que controla el recurso. 

 

Religión, agua, población, petróleo, dinero... Armas... Religión. Agítese y se tendrá el cóctel de Oriente Próximo. 

 

27 de mayo de 2018 

 

Oriente Próximo: los actores (1)

De la política en Oriente Próximo se pueden decir muchas cosas, pero no se puede predicar de ella que sea sencilla: no hay ninguna zona geográfica del planeta en la que se entremezclen tantos agravios, injerencias e intereses como en las sociedades que habitan el espacio que va desde el Mediterráneo hasta las puertas de la India y desde el Cáucaso hasta el Índico. 

En ese espacio que hoy son los restos de lo que fue el Imperio Otomano viven más de 400 millones de personas en sociedades muy desiguales, no sólo en renta, sino también culturalmente, organizadas en unos veinte estados de diverso tipo: estados en guerra o fallidos como Siria, Irak, Palestina o Yemen; dictaduras militares como Egipto; repúblicas o monarquías teocráticas como Irán o Arabia Saudí; cuasi-democracias republicanas como Líbano o Turquía o monárquicas como Jordania; hasta democracias como Israel. Estados que tienen grandes diferencias de población, territorio, renta, situación geográfica e intereses. Veinte estados entre los que hay cinco actores esenciales: Irán, Arabia Saudí, Turquía, Egipto e Israel. 

Irán y Arabia Saudí son la clave de la nueva situación. Al ser los dos estados teocráticos su enfrentamiento tiene una base y una retórica religiosa, pero, en el fondo, hay un conflicto multidimensional secular. Culturalmente es la lucha entre persas y árabes. Demográficamente es la lucha entre una sociedad aislada de 80 millones y otra de 30 millones y, aunque cerrada, vinculada a Occidente y con aliados en la zona. Es la lucha de chiíes contra suníes por el control del centro de Oriente (Irak y Siria). Es la lucha por la supremacía ideológica y la legitimidad religiosa en el islam del siglo XXI. 

Actores principales, también, Turquía y Egipto. La Turquía de Erdogan, tras la fallida integración en la Unión Europea, ha virado su política interior hacia el autoritarismo y su política exterior hacia lo que fueron provincias del Imperio Otomano, manteniendo la estabilidad fronteriza con Rusia (por eso sigue en la OTAN). Erdogan ha cambiado una política de un siglo al intervenir decisivamente en sus fronteras del sur, aprovechando los conflictos en Siria e Irak, y con la excusa de resolver «el problema kurdo», alineándose, de momento, con los saudíes. Egipto, por su parte, estable por la mano de hierro del general Al-Sisi y saliendo de una crisis económica, gracias, entre otras causas, a la ayuda financiera saudí, no puede permitirse intervenir, pero sí alinearse con Arabia Saudí. 

Finalmente, la quinta potencia regional, Israel, se ha mantenido fiel a la línea de sus «halcones». Tres ejes son esenciales para entender la política exterior de Israel: uno, que es un Estado poblacionalmente muy débil, pues no llega a los 9 millones de habitantes (menos del 2,3% de la región); dos, que la mayoría de los países de su entorno lo consideran enemigo; y, finalmente, que para compensar su debilidad poblacional y la hostilidad cuenta con el apoyo explícito de los Estados Unidos, tiene uno de los más eficientes ejércitos de la zona y es, aunque no declarada, potencia nuclear, y no tendría escrúpulos en usar fuerza nuclear táctica. Tras las sucesivas guerras, Israel había logrado estabilidad fronteriza gracias a la paz con Egipto, la entente con Jordania, el muro con los palestinos, las fuerzas de interposición con el Líbano y su ejército en el Golán, zona siria que no devolverá porque supone controlar el agua del río Jordán. En el conflicto irano-saudí, Israel está contra Irán, porque es beligerante contra Israel (apoya a Hezbolá), ayudando implícitamente a los saudíes. 

A estos actores principales en el complejo Oriente Próximo hay que sumar las potencias mundiales: actores importantes como Estados Unidos y Rusia; comparsas como la Unión Europea, y novatos como China. Los demás (Siria, Irak, Palestina, Yemen, Líbano) son sólo figurantes que sufren los dramas. Unos dramas escritos por intereses políticos como la primacía en el islam, geoestratégicos como la salida al Mediterráneo o económicos como el agua o el petróleo. 

16 de mayo de 2018

Estabilidad más inmovilismo igual a nada

En España parece que la política nacional va muy deprisa, que ocurren muchas cosas y muy rápido, cuando, en realidad, no pasa nada. Leemos ávidamente las noticias, dramatizamos y hacemos polémicas de varios días sobre cuestiones nimias (y nada más nimio que una foto de la Casa Real), nos ponemos sesudos en las tertulias, hacemos análisis, y... Corremos a la siguiente noticia, a la siguiente polémica que no tiene la más mínima importancia, porque, en realidad, en la política española no pasa nada. Y no pasa nada porque nada hacen nuestros políticos. 

La prueba de que no se hace nada la tenemos por doquier. En Cataluña sigue la fractura social que se ha venido cultivando en los últimos veinte años, sin que la aplicación del 155 haya variado ni un ápice la orientación política de una sociedad hacia el desastre de la «irreconcialización». Los independentistas han entrado en un debate jurídico contra uno de los sistemas judiciales más garantistas y lentos del mundo, mientras el Gobierno central aplica el 155 de una forma tan transitoria y light que parece que no se tenga gobierno. En la política catalana, en realidad, no ha cambiado nada, pues siguen los mismos relatos nacionalistas en TV3, las mismas orientaciones en la educación, los mismos atascos en las infraestructuras. Salvo que han perdido algunas sedes sociales de empresas, la admiración del resto de los españoles y la efervescencia «indepe-flower-power», en la política catalana, bajo su apariencia de actividad, no pasa nada. 

Nada hace tampoco el Gobierno vasco. ETA dejó de existir hace años, así que el gobierno eterno del PNV solo se tiene que preocupar por mantener su privilegiado concierto. Como nada pasa por Galicia, por Asturias, las Castillas o Extremadura, La Rioja, Aragón, Valencia o Murcia, por lo que sus gobiernos tampoco tienen mucho que hacer más allá de las quejas recurrentes por el tema de la financiación. Por ser recurrentes, hasta el presidente García-Page de Castilla-La Mancha dice hoy lo mismo que decía Bono hace veinte años del trasvase Tajo-Segura. Y en Madrid pasan tan pocas cosas que sus políticos se entretienen en inventarse currículos o conspirar contra sus líderes. 

Nada pasa en la política andaluza tampoco. Andalucía es, según el discurso oficial de la Junta (y lo he oído tres veces en los últimos días), una especie de paraíso de estabilidad, nueva palabra mágica, porque se han aprobado los presupuestos en tiempo y en forma (como si eso no fuera una obligación mínima exigible) y mejora la economía, como si fuéramos la única comunidad autónoma en la que esto ocurre. Nada parece que tenga que hacer la Junta con la tasa de paro diferencial, ni con el abandono escolar (más allá de maquillar la estadística) o con las listas de espera sanitaria. Como nada parece que tenga que hacer en esos barrios en los que se concentra el 10% de los andaluces que ya viven la marginación o están en riesgo de ella. Y como no hay nada que hacer, nada dice tampoco que se haga la leal oposición. 

Y, desde luego, nada tiene que hacer el Gobierno central. Nada tiene España que decir en Europa, ni el nuevo mapa político latinoamericano (salvo en Argentina, que para eso es gallego el presidente) y, desde luego, nada que decir con respecto al resto del mundo. Como nada hay que hacer para mejorar el mercado laboral, ni hacer ningún cambio en la política fiscal o de gasto (ya se ha hecho bastante presentando los presupuestos «más sociales de la historia»). Y, como es lógico, ya que nada pasa en España, nada hay que hacer con los problemas de articulación territorial. Y, en reciprocidad con la situación en Andalucía, tampoco la leal oposición tiene nada que decir que se haga. 

Leyendo las noticias parece que en la política española pasan muchas cosas, cuando, en realidad, no pasa nada. Quizás porque no hay nada que arreglar... Hasta las próximas elecciones. 

26 de abril de 2018

Más sobre las pensiones

Uno de los problemas de la política es la forma parcial con la que se abordan los temas complejos. Se identifica un problema, se genera un debate a base de ideas simples (normalmente tuits o titulares), se dan tres o cuatro discursos reiterativos, se califica al contrario, se amplifica en las tertulias radiofónicas y televisivas y se dan tres soluciones mágicas, que no tienen ningún efecto porque la actualidad devora a sus propias noticias, se convoca una comisión de expertos en el Congreso o en el Parlamento correspondiente a los que nadie escucha… dejando el problema en una situación parecida a como estaba, si no peor. Si el problema se llega a abordar con un cierto rigor, entonces nos damos cuenta de que el tema tiene algunas implicaciones y lo abandonamos o no lo resolvemos, aparcando la solución para más adelante. Es lo que pasa con las pensiones que no es posible abordarlas si no tenemos en cuenta las consecuencias de su financiación. 

Dicho de una manera sencilla: la forma en la que financiamos las pensiones en España es parte del problema de la sostenibilidad y suficiencia de las pensiones. Es decir, el gasto total en pensiones no es sostenible en el tiempo, ni las pensiones pueden ser dignas y suficientes, mientras la forma de financiarlas sean las cotizaciones sociales. 

De la misma forma que el gasto total en pensiones está gobernado por dos variables, el número de pensionistas y la pensión media, y crece al ritmo de crecimiento (multiplicado) en el que crezcan las dos variables, la financiación está gobernada por tres variables, el número de trabajadores ocupados (cotizantes a la Seguridad Social), el salario medio y el tipo de cotización (en el entorno del 24% de los salarios medios). Pero mientras el número de pensionistas es función de la demografía y la pensión media decisión del Gobierno de turno, la financiación depende de variables que no sólo no controla el Gobierno (el número total de trabajadores cotizantes o los salarios medios), sino que el crecimiento de las dos variables al mismo tiempo es contradictorio, pues si crecen los salarios por encima de la productividad, no crece el empleo, por lo que el crecimiento de las dos variables (empleo y salarios) sólo se da en épocas de booms económicos, que son muy improbables en economías maduras y poco dinámicas como la nuestra. Peor aún, la única variable que puede tocar el Gobierno, el tipo de cotización, ya muy alto (cercano al 24%), tiene, además, el problema de que hace decrecer el número de trabajadores cotizantes o producir un ocultamiento de salarios, es decir, ¡produce paro! Dicho en plata: mientras no se reforme en profundidad el sistema de financiación de las pensiones en España, las pensiones en nuestro país o no son sostenibles o no serán suficientes, salvo recortes significativos en las otras grandes partidas de gasto social (educación y sanidad). 

Y es que las cotizaciones sociales son uno de los engaños fiscales mejor montados de la historia. Creadas por Bismarck para atraerse a los obreros en un contexto de pleno empleo (masculino), son recaudadas por las empresas y pagadas… por los consumidores. Con lo que las pensiones se financian con un impuesto indirecto sobre el consumo, más regresivo incluso que el IVA, que de paso encarece el factor trabajo y genera paro, lo que a su vez hace que se recaude menos y se compita peor en los mercados exteriores. Es decir, si hay un sistema perverso, y más en un país con una tasa de paro como la nuestra, para financiar una partida de gasto social que, además, sabemos creciente, y de la que depende parte de la estabilidad del consumo y el bienestar de la gente, son las cotizaciones sociales. 

Pero, como tantas cosas en nuestro país, las cotizaciones son sagradas… para partidos e ideologías que, curiosamente, se suelen declarar ateos. 

9 de abril de 2018

Sobre las pensiones, por enésima vez

Sobre las pensiones, por enésima vez Periódicamente, interesadamente o no, el tema de las pensiones salta a la opinión pública. Y lo hará con más asiduidad a medida que el número de pensionistas vaya creciendo en porcentaje de la población total y se vayan incorporando a las redes sociales. Las pensiones, como la igualdad entre hombres y mujeres o como el medioambiente, son temas sociales de primer nivel que han llegado a la agenda política para quedarse. 

El problema de las pensiones es un problema de formulación simple: la cuantía individual de las pensiones, especialmente de las más bajas, es muy pequeña en comparación con los estándares necesarios para mantener un nivel adquisitivo equiparable al salarial, por lo que, aunque un pensionista tenga una reducción de sus necesidades de consumo, la pensión es baja. Desde un punto de vista macroeconómico, el problema es que, dado el volumen de pensionistas (y su crecimiento) y la forma de financiación de las pensiones, no habrá bastante dinero para pagarlas ni, desde luego, para aumentarlas, pues se podría colapsar la economía (y si no, que se lo pregunten a los griegos). El problema de las pensiones es, pues, un problema de suficiencia y de sostenibilidad. O lo que es lo mismo, un problema de gasto público y de financiación. Y, al tiempo, un problema de distribución. 

Para resolverlo, hay tres soluciones, con sus respectivas variantes: ahorrar más, parchear el sistema o reformar el sistema. 

La primera, propuesta últimamente por el gobernador del Banco de España (¡qué decadencia intelectual desde los tiempos de Luis Angel Rojo!), es la de que se «ahorre más», una suerte de solución «a la chilena». Pero eso, a estas alturas del problema, no sirve. Eso debió ser parte de la solución hace veinte años. Y no lo es porque estamos en fase de regresión demográfica y no tenemos, como los chilenos, activos públicos (los derechos de explotación del cobre) que doten de capital suficiente al sistema. Para poder pensar en un sistema así, el sector público tendría que poder ahorrar casi un 10% del PIB anual, lo que no es el caso con un déficit del 3%, y ni siquiera lo hicimos en los mejores años. 

La segunda solución es lo que se ha intentado en las últimas reformas: parchear el sistema conteniendo el crecimiento de las pensiones, esperando que la financiación aumente por la mejora del mercado laboral. El problema es que contener el gasto para resolver el problema de sostenibilidad, ante el crecimiento del número de pensionistas, supone congelar las pensiones generando un problema de suficiencia y distribución. Y resolver el problema aumentando las cotizaciones es absurdo porque las cotizaciones, un impuesto decimonónico indirecto sobre el factor trabajo, generan paro y ocultación de rentas. Fijar la esperanza de sostenibilidad y suficiencia en la mejora de la productividad (subidas salariales) y en la reducción de la tasa de paro es hacer recurrente el problema. 

La tercera solución es reformar profundamente el sistema (como lo hicieron los daneses, los alemanes, ¡hasta los italianos!). Para ello, lo primero es considerar a las pensiones como un gasto esencial del estado del Bienestar (artículo 50 de nuestra Constitución). A continuación, establecer tres niveles de pensiones: un nivel básico igual para toda la ciudadanía, se haya cotizado o no, evitando que nadie pueda caer en la vulnerabilidad por razones de edad; un segundo nivel, según lo cotizado en toda la vida laboral; y un tercer nivel, según lo ahorrado privadamente. Para evitar las disparidades de rentas por pensión, el IRPF es un buen mecanismo de igualación. El tramo primero se actualizaría según el IPC y el segundo, según una fórmula de sostenibilidad. El tercero se actualiza automáticamente. 

Para hacer sostenible el sistema, habría que reformular las prioridades de gasto público y cambiar la financiación de cotizaciones sociales a impuestos. Pero esos aspectos y sus consecuencias sobre la economía española serán objeto de un artículo posterior. Porque de pensiones hay mucho que hablar. 

26 de marzo de 2018

Discursos

Oigo a los políticos y lo que dicen carece casi de sentido para mí. Sus discursos me recuerdan a una fotocopia, que circulaba cuando era joven, allá por los primeros ochenta, que se puede encontrar en www.elvelerodigital.com, que habían hecho unos estudiantes universitarios polacos. Los polacos habían analizado las frases de los discursos del régimen y habían hecho cuatro columnas de frases y trozos de frases. Para articular un discurso uno sólo tenía que empezar por la primera casilla de la columna Z y seguir por cualquier casilla de la B, después por cualquiera de la C, pasar a cualquiera de la D, y volver a la columna A para repetir el proceso tanto como se quiera. El discurso finalizaba con una frase que empezara con la última casilla de la columna A. Con esta técnica se pueden construir más de 38.000 frases diferentes, lo que da para unas 105 horas de discurso, ruedas de prensas, declaraciones, etc. sin casi decir nada. Toda una técnica que los cubanos, gracias a Fidel Castro, y los venezolanos, con Chávez, elevaron a la categoría de arte.

Hace meses empecé a hacer el ejercicio de «deconstruir» los discursos de nuestros líderes políticos y llegué al borde de la desesperación. Mariano Rajoy, por ejemplo, usa una técnica muy simple: dice una obviedad y luego usa circunloquios para decir lo mismo. Un discurso largo de Rajoy se articula a partir de una premisa mayor («salida de la crisis», «estado de derecho») que parece evidente, para, a continuación, envolverla usando palabras clave como «moderación» o «sentido común» y seguir diciendo lo mismo. En la columna C de Rajoy, por ejemplo, siempre aparecen expresiones como «seguir intentando continuar la mejoría». Rajoy es capaz de construir un discurso de diez minutos para decir que el PIB creció el año pasado. 

Los discursos de Pedro Sánchez son similarmente vacuos: enuncia un titular en una oración simple y, luego, repite machaconamente lo mismo con pequeñas variaciones. En todos sus discursos aparece la palabra «izquierda» y «público» que son sus supremas argumentaciones. Para él es evidente que algo es sencillamente bueno porque es de «izquierdas» y todo lo de «izquierdas» es necesariamente bueno. 

Los de Pablo Iglesias, ahora tan callado, son cúmulos de tuits. Son discursos sin conectores lógicos. Su contenido es un conjunto de frases sencillas elevando a categoría algo negativo, sin ningún análisis ni de causas, ni de consecuencias. Son directos: un problema, una o varias soluciones simples. 

Mucho mejores, por lo elaborados, son los de Albert Rivera. Rivera tiene una técnica depurada en la que se nota su entrenamiento en las reglas clásicas. Sus discursos tienen las cuatro partes básicas de toda pieza oratoria expositiva: exordio, narración, argumentación y epílogo. Y si no fuera porque, a veces, sus narraciones son agresivas y, otras veces, sus argumentaciones son simples, diría que sus discursos son los que tienen más contenido, al menos, en mi opinión. De cualquier forma, la mayoría de los discursos que he analizado últimamente tienen muy poco contenido. Lo que denota una inmensa pereza en el análisis de la realidad que estamos viviendo, una carencia de ideas y una falta de proyecto. Estamos a menos de un año y medio de que vuelva a iniciarse el ciclo electoral y nuestros líderes parecen que aún no tienen pensado lo que decirnos. Menos mal que la opinión pública se está moviendo y aparecen temas de verdadera significación y discursos colectivos interesantes y significativos como el de la igualdad de género. 

Como pasó con los polacos bajo el régimen comunista, cuando los políticos no dicen nada es la calle la que hace los discursos. Y, muchas veces, mucho mejor. Aburridos del tema catalán estábamos entrando en un dejá vu que se ha roto con el éxito de las feministas de poner, espero que por algún tiempo, el tema de la igualdad de género en la agenda política, pues es mucho lo que hay de debatir (y conseguir) en esta cuestión. 

14 de marzo de 2018