Economía regional básica

Ya está en marcha la campaña electoral que nos llevará a las elecciones del próximo 2 de diciembre. Una campaña electoral que, a tenor de lo que estamos viendo en los últimos años, estará llena de tuits, noticias falsas, memes virales, exageraciones en las redes y debates intrascendentes. O sea, tendremos una campaña «de Luxe», con bastante zafiedad, que no tratará los temas que hay que tratar, empezando por el económico. 

 

Porque un primer tema que hay que tratar en esta campaña electoral es el del atraso relativo de la renta andaluza respecto de la del resto de España. El hecho objetivo, al que los andaluces nos hemos acomodado, es que el producto interior bruto per capita andaluz es, desde hace años, el 70-75% de la renta media española, concretamente, según datos del INE para 2017, el 74%. Para hacernos una idea más clara, si el PIB andaluz es 100, el español es 135, mientras que el catalán es 162 y el de Madrid es un 183 (¡casi el doble!). Y la diferencia es prácticamente la misma desde hace 30 años. 

 

El problema de fondo de esta persistente divergencia entre nuestra economía y la del resto de España es relativamente simple: la productividad media del ocupado andaluz es menor que la media española, al tiempo que hay una mucho mayor tasa de paro y una menor tasa de actividad. 

 

Andalucía no converge con la media española porque no crece en sectores de alta productividad. Es decir, mientras no se desarrolle un potente sector industrial (con más capital e innovación) y un sector de servicios avanzados (sanitario, educativo, financiero, comercial, servicios a empresas, etc.), mientras no crezcan las empresas andaluzas internacionalmente, no aumentará la productividad. Mientras Andalucía lo fíe todo a su tierra (la agricultura y la industria agroalimentaria básica), al clima y patrimonio histórico (el turismo) y a omnipresencia de la Junta (Administración y Servicios Públicos) la productividad media no será alta y crecerá lentamente, porque la acumulación de capital físico será muy baja. No es con olivos en seto, bares, hoteles y servicios públicos como crece la productividad de una economía (aunque también). 

 

Pero el problema más grave es la tasa de paro. Según la última EPA, la del segundo trimestre de 2018 porque la del tercer trimestre se publicará mañana, el número de parados en Andalucía era de 910.000 personas, o lo que es lo mismo, el 23,09% de tasa de paro. Puesto que la media española es del 15,28%, la de Cataluña es del 11,29% y la de Madrid es del 12%, se puede decir que Andalucía tiene una tasa de paro un 51% superior a la española, el doble de la catalana y un 92% más alta que la madrileña. Y lo malo no es solo que haya más de 910.000 personas en paro, es que eso supone, además, 300.000 hogares con todos sus miembros en paro, lo que determina una alta tasa de pobreza sin perspectivas de salida de la situación. Un paro que no tiene solución mientras no se creen más empresas y no aumenten de tamaño las que ya tenemos. 

 

Así pues, mientras el mercado de trabajo andaluz tenga un comportamiento tan divergente con respecto al resto de España y la estructura productiva no cambie, Andalucía no convergerá en renta. Si tenemos en cuenta que tenemos el mismo marco jurídico en el mercado de trabajo, que el nivel competencial de la Junta es de los más altos de España y que ha recibido per capita más fondos europeos que casi ninguna otra región, me temo que alguna responsabilidad en esto tienen los más de 36 años de gobierno del PSOE. Por eso, me gustaría oír en esta campaña alguna explicación que no ofenda mi inteligencia (acudiendo, por ejemplo, al atraso histórico), como me gustaría oír propuestas de la oposición que no sean obviedades. Pero mucho me temo que no tendremos ni explicaciones, ni propuestas. 

 

24 de octubre de 2018

Totalitarios, colaboracionistas, resistentes

Totalitarios, colaboracionistas, resistentes Pusieron, primero, una bandera con barras amarillas y rojas, y dijeron que era solo un viejo símbolo. Recuperaron, al tiempo, un viejo canto, y lo llamaron su himno. Renombraron las ciudades y las calles, dieron premios a los que hablaban su idioma e inventaron nuevas «tradiciones». Y le llamaron recuperación cultural. Y, como todos los demás hicieron lo mismo en su región, nadie vio nada malo en ello. 

Pidieron, después, educar a sus hijos en su lengua. Hicieron que los hijos de los que no la hablaban la aprendieran, para mejor conocer la historia de la tierra que había acogido a sus padres, y superar así las diferencias entre los hijos de la burguesía y los de los inmigrantes. Y lo llamaron normalización lingüística. La escuela era suya y reescribieron la Historia, llenaron los libros de insidias y adoctrinaron a los hijos de los inmigrantes, hasta que renegaron de los orígenes de sus padres. Y a eso le llamaron cohesión social. Se resistieron algunos y los insultaron, y cuando los tribunales los ampararon, los niños eran ya adultos. Pero fueron muchos los que callaron y colaboraron, porque eran de allí o porque allí tenían trabajos y se vivía mejor que en los pueblos de donde venían. Y el resto, los que lo veían desde fuera, hicieron con que todo eso no pasaba. 

Montaron una televisión propia y asaltaron con su propaganda el salón de todos los vecinos. Y lo llamaron pluralidad informativa. Obligaron a que los comercios se rotularan en su lengua y quisieron hacer una economía por su cuenta, pagando más a sus funcionarios, maestros y médicos y se endeudaron más que los demás, y lo justificaron porque eran el «motor económico de su país». Y a todo eso le llamaron sus intereses legítimos. Dentro, todos callaron y colaboraron porque les beneficiaba, y, fuera, solo unos pocos protestaron, pero sus votos valían menos para la estabilidad de los gobiernos. 

Quisieron una policía que sirviera para la convivencia y levantara menos suspicacias, y, como así lo tenían países del «entorno», a pesar de hacer más ineficaces los servicios policiales, se les autorizó y se le llamó transferencia de Interior. También pensaron que, para mejor servir a sus empresas, era bueno que, además de las embajadas de todos, tuvieran representación propia para ayudar a sus multinacionales en el mundo, y de paso a su ciudadanía y, ya puestos, a su propaganda cultural. Y eso le llamaron oficinas de intereses comerciales. Y, como los que pudieron les imitaron, nadie protestó y todos colaboraron. 

Y como ya tenían una bandera, un himno, la escuela con pensamiento y lengua única, una televisión, una administración, una policía y embajadas, escribieron una Constitución, que rompía la de todos. Dentro, nadie protestó porque les beneficiaba, y fuera, hubo algunos que se resistieron, pero muchos la justificaron. Y cuando un tribunal determinó que no garantizaba la igualdad de todos, se hicieron las víctimas. Y muchos los comprendieron y culparon al tribunal. 

Se enfadaron, y empezaron a señalar al que no pensaba como ellos, y pusieron banderas para saber dónde vivían los tibios a su causa y «los otros». Se saltaron la legalidad y le llamaron referéndum; vulneraron las normas básicas del Parlamento y le llamaron mandato del pueblo. Se pusieron lazos amarillos para saber quién era de los suyos y fueron violentamente contra aquellos que opinaban diferente. Y le llamaron libertad de expresión democrática. 

Y hubo quien sacó al totalitario que es, quien colaboró, quien calló y quien resistió. 

Aún estamos a tiempo. Porque aún estamos a tiempo de parar a los totalitarios, es por lo que cada uno de los adultos de este país debiera pensar qué papel representa en la crisis catalana. Si es uno de ellos, un totalitario, un colaboracionista o un resistente. Aún estamos a tiempo de parar una deriva que llevaría a escribir aquello de Martin Niemöller: «Cuando los nazis vinieron por los comunistas/ guardé silencio/ yo no era comunista...». 

10 de octubre de 2018 

 

La agenda del Gobierno

Si uno mira en qué ha estado ocupado el Gobierno en los algo más de 100 días que lleva en el cargo, si se mira su agenda, se diría que los problemas de la ciudadanía, esos que le quitan el sueño y afectan a su bienestar diario, son más o menos los siguientes: la insolidaridad italiana ante los inmigrantes; el que Franco esté aún enterrado en el Valle de los Caídos; la validez del máster de Pablo Casado; el que el presidente tenga el título de doctor; que Pablo Iglesias se entretenga con Radiotelevisión Española; que un juez haya decidido mantener en prisión a los que el año pasado se saltaron la Constitución en Cataluña; buscar nuevas formas de impuestos; vender barcos a Arabia Saudí y modificar la Constitución para quitar los aforamientos (¡con 84 diputados!). Todo lo demás parece que lo tienen resuelto, y, si no, está en vías de solución, pues basta con aumentar el gasto público en 6.000 millones y subir los impuestos, aunque no se sepa cuáles ni cómo, ya que dudan si a las grandes empresas, a los que usan gasoil o a los que tienen cuentas en los bancos. Puesto que realmente no tenemos nada más que los problemas anteriores, y ya los tienen enfocados, nuestro presidente, poniendo en valor su doctorado sobre diplomacia comercial, se dio una vuelta por Latinoamérica y ha tratado los problemas bilaterales que tenemos con Colombia (la disputa un pecio que está quitando el sueño a los historiadores navales), Chile, Costa Rica y Bolivia, países que todos juntos no llegan a ser el 4% de nuestras exportaciones. Y como ya tiene resueltos los problemas de España, y ha dejado su impronta tanto en Europa como en Latinoamérica, va a hacer una gira por Canadá y Estados Unidos, para ayudar con su negociación comercial, y parada en la ONU, para enfocar los problemas del mundo. 

 

Con el programa de Gobierno que se está desarrollando, del que las acciones anteriores son la muestra, está claro que ya está casi resuelta la incipiente desaceleración de la economía española (creciendo ya por debajo del 3%) y, desde luego, el paro de 3,5 millones de personas. Como resuelve, si no inmediatamente, en unos meses, los problemas seculares de la educación, el futuro de las pensiones, la desigualdad crónica, la lentitud de la justicia, la situación de los barrios ignorados, el crecimiento del consumo de drogas, la situación de los inmigrantes al otro lado de la frontera de Ceuta y Melilla, los problemas de convivencia en Cataluña, el aumento de las emisiones, la regeneración de nuestra administración, el precio de la luz, la parálisis de Europa o las consecuencias del Brexit, en el que España tiene algo que decir por la frontera con Gibraltar. Mirando las agendas del Gobierno y sus declaraciones públicas, aquí parece que todo está resuelto, que el paro es cosa del pasado, que la corrupción se ha resuelto con un cambio de Gobierno, que Europa vuelve a funcionar, que la inmigración es una cuestión de que nos lleguen 200 millones desde Bruselas o que el tema catalán es solo tener paciencia. 

 

Oyendo los mensajes de nuestro presidente en sus entrevistas y por las escasas declaraciones que hacen sus ministros y ministras, parece que creen que los problemas desaparecen sin más que no nombrarlos, con sacarlos de la agenda. Parece que los problemas de fondo de nuestra sociedad y nuestra economía fueran culpa de Rajoy de tal forma que, desalojado éste del poder, se hubieran resuelto. Parece que el presidente Sánchez cree que gobernar es como hacer la tesis que él hizo, que basta con copiar algunas ideas (esta vez de Zapatero), adornarlas con algunos documentos oficiales, tener padrinos conocidos y buscarse un tribunal de amiguetes. 

 

Lo siento, pero me temo que los problemas que tenemos existen, y que ni España ni los tiempos están para malas tesis, ni para malos doctores. 

 

26 de septiembre de 2018

Los 100 días del presidente Sánchez

Cumplidos los 100 días del Gobierno del presidente Sánchez, éste ha demostrado con hechos lo que se suponía que podía ser a partir de la forma en la que llegó al poder: un gobierno débil que concitó una mayoría para echar a Rajoy, no para gobernar; un gobierno superficial, sin más orientación que unos trending topics; un gobierno sin más programa que ocupar la Moncloa y ganar visibilidad para preparar unas elecciones. 

 

En política exterior, el estreno del Gobierno fue la acogida del Aquarius y una posición ante la inmigración que chocó con la realidad comunitaria. Europa no tiene un plan para resolver el problema de la inmigración, como se vio en la cumbre de junio, y España sólo tiene una posición de buenismo que es débil en Europa. Además, España no está preparada para acoger a los que llegan, pues se ha vuelto a las devoluciones en caliente, haciendo aquello que tanto se criticó en la oposición. Hay tanta improvisación, que el presidente Sánchez ni ha tenido tiempo de viajar a Marruecos, desde donde parten los inmigrantes, para hablar de esta cuestión. Del otro eje de nuestra política exterior, además de Europa y Marruecos, casi mejor no comentar, pues la gira latinoamericana de agosto ha sido precipitada y sólo ha llevado a dos países importantes, Colombia y Chile, pues Costa Rica y Bolivia entraron de relleno. Más hubiera valido preparar una buena ofensiva de política exterior y no cruzar el charco cuando los países importantes están en plena transición de gobierno o en elecciones. 

 

En política interior, el presidente Sánchez está siguiendo los mismos pasos de Zapatero que nos llevaron a los graves problemas que han fracturado a Cataluña y al conjunto de España. Los pasos de las concesiones. Y la primera, el trato bilateral sin exigir que la Generalitat se integre en la Mesa de la Financiación Autonómica es un error. Como es un error dejar que abran las oficinas de propaganda exterior. Como es un error retirar los recursos. Es un error considerar que los independentistas van a dar pasos atrás. Más que un error, una ingenuidad infantil, pues son totalitarios: la política de apaciguamiento al estilo Chamberlain fue lo que dio pie a Hitler y a Stalin a invadir Polonia. 

 

En política económica, poco o nada se ha hecho, pues andan con la negociación de los presupuestos. Los retoques al IVA han sido más ideológicos que reales, sólo han afectado al IVA cultural, pues el IVA de los bienes de primera necesidad parece que no corría prisa (quizás porque es más importante ir al cine que comprar leche). En cuanto al IRPF no sólo es un parche lo que proponen, es que no se han estudiado las estadísticas tributarias, pues de la misma forma que las grandes empresas no pagan el tipo teórico del Impuesto de Sociedades, en el IRPF hay un agujero que se llama la tributación por módulos, que es por donde se va una parte de la recaudación del impuesto. Lo demás han sido o brindis al sol, como el impuesto a la banca, o contradicciones flagrantes, como el impuesto al diésel. Y del Ministerio de Trabajo, mejor no hablar. 

 

Si a estas muestras sumamos las contradicciones en la defensa del juez Lamela, la falta de coherencia respecto a RTVE, la vuelta a confundir los problemas de nuestra enseñanza con viejas posiciones ideológicas (¿de verdad alguien cree que el problema de nuestra educación es la clase de religión o si un centro es público o concertado?), el lío de las venta de armas a Arabia Saudí, la legalización de un sindicato de prostitución o la cortina de humo de la exhumación de Franco, nos encontramos con un Gobierno que parece una ensalada de nueva cocina: mucha literatura, bastante decoración, una presentación elegante y una mezcla de sabores caótica, exótica y supuestamente saludable, pero que no quita el hambre y, desde luego, sale cara. Muy cara. 

 

12 de septiembre de 2018

Límites de realidad

Ahora que el Gobierno está negociando la aprobación de los Presupuestos Generales del 2019, conviene que tenga en cuenta algunos límites, por si sigue vigente en este Gobierno aquella apreciación de su vicepresidenta, la señora Calvo, y que parece que Podemos hace suya, de que «el dinero público no es de nadie». 

 

La Constitución española, como todas las de las democracias liberales, contiene, además de una definición asertiva del Estado, un conjunto de derechos, unos procedimientos de elección y decisión, una organización de la Administración pública y un conjunto de principios programáticos para la acción de gobierno. Visto desde la ciudadanía, la Constitución son los límites dentro de los cuales puede actuar el Gobierno. No todo, pues, es posible, aunque se tenga mayoría en las Cámaras. 

 

En nuestra Constitución hay varios artículos referidos a la Hacienda Pública. El primero, el artículo 31, establece la obligación de «todos» a «contribuir al sostenimiento de los gastos públicos», según un sistema fiscal igualitario y progresivo. Y establecida la obligación, en el título VII se regulan los límites de la política fiscal. Especialmente en el artículo 135, reformado en el 2011, que sacraliza el principio de estabilidad presupuestaria. Más aún, fija que los límites de nuestro déficit serán los establecidos por la Unión Europea. Un artículo, este 135, que es una garantía para la ciudadanía de que el Gobierno será responsable con el dinero de todos, pues para expandir el gasto ha de justificar una subida de impuestos. Una garantía de que las deudas públicas tienen un límite. Un artículo, además, que está desarrollado en una ley orgánica, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de abril de 2012, y comprometido en el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de 2 de marzo de 2012. Un artículo que, en su disposición adicional primera, fija el año 2020 como el primero sin déficit extraordinario. Hay, pues, unos importantes límites legales en la negociación de los presupuestos del año que viene, que no se deben sobrepasar, si se quiere mantener la credibilidad interna y externa. 

 

A estos límites legales, además, hay que sumar la situación financiera de nuestra Hacienda pública. Y es que la deuda pública española no ha parado de crecer desde el inicio de la crisis y seguirá creciendo, pues está previsto un déficit del 2,3% del PIB (unos 25.000 millones de euros) para este año y del 1,7% para el que viene. Tenemos una deuda pública del 101% del PIB (1,16 billones de euros, sí, ha leído bien: 1,16 millones de millones de euros) que tiene un vencimiento medio de 7 años y un tipo medio del 2%, lo que implica que cada año el Gobierno tiene que colocar en los mercados unos 160.000 millones de euros (porque no puede amortizar los vencimientos), de los cuales una parte importante tiene que venir del ahorro exterior (unos 70.000 millones), y que estamos pagando unos 22.000 millones de euros en intereses. Estamos, pues, llegando a un límite de deuda. 

 

Finalmente, hay una razón de macroeconomía básica y es que, dado que la economía española lleva ya cinco años de crecimientos en el entorno del 3% y ha alcanzado el nivel de renta de antes de la crisis, es más razonable buscar el equilibrio presupuestario que expandir deuda, pues se reducen las necesidades de financiación exterior y la prima de riesgo, al tiempo que no se sobrecarga de impuestos a las familias (con una presión fiscal total de casi el 40%), con lo que se transfiere renta para consumo. Si se quiere hacer política social, hay otras formas mucho más eficientes. 

 

Hay, pues, límites legales, financieros y lógica económica que el Gobierno debería tener en cuenta en su negociación con Podemos y con los ultranacionalistas. Aunque, claro, ninguno de los interlocutores del Gobierno lee la Constitución, a la mayoría no les preocupa la deuda pública y la poca economía que saben es del siglo XIX. 

 

29 de agosto de 2018

Medias verdades

El debate público está lleno de medias verdades, o lo que es lo mismo de medias mentiras o ignorancias totales. El hecho es casi todos los temas importantes (migraciones, medioambiente, pobreza, igualdad de género, política territorial, Europa, etc.) se cargan de ideología hasta hacer de ellos un mero esperpento. Un esperpento interesado que, en la mayoría de los casos, fija en la opinión pública una visión muy incompleta de la realidad, sin base comprobable, y genera opiniones de tuit y debates estériles. El problema es que sobre esa visión de los problemas se vota, se configuran mayorías, e, incluso, se pretende legislar. 

 

Uno de esos temas sobre los que se dicen muchas medias verdades en el debate público es el tema de la distribución personal de la renta, el tema de la igualdad (o desigualdad) económica. Un tema nuclear pues explica una parte importante de la dinámica social (fracturas sociales, migraciones, etc.) y política (ejes ideológicos, adoctrinamientos identitarios, etc.). Sin enfocar con un mínimo de profundidad y sentido estas cuestiones es imposible que acertemos en la solución de muchos de los problemas de nuestro mundo y de nuestra sociedad. 

 

Aún no hemos logrado que la mayoría de opinión pública distinga entre riqueza (el conjunto de activos, incluido el capital humano, que producen renta) y la renta (el conjunto de los bienes y servicios de los que dispone una persona para satisfacer sus necesidades). Como aún no hemos logrado que, cuando se hable de renta total, se imputen «todos» los bienes de los que un hogar dispone, como la vivienda o los bienes públicos. Como es imposible que en todos los debates no salga un dato de desigualdad que compara riqueza física con renta disponible. 

 

Y lo mismo ocurre con los datos. Muchos de los que se usan no son más que inferencias a partir de estimaciones muy parciales de encuestas o indicios con poco rigor estadístico. Hay, por supuesto, buenas bases de datos de renta (LIS, PovcalNet, etc.), pero son parciales, pues se hacen a partir de encuestas de hogares, e incompletos, ya que no incluyen todos los conceptos de renta imputable de un hogar. 

 

Amparados en las ambigüedades conceptuales y en fuentes estadísticas de mucha peor calidad que las anteriores, hay grupos políticos y de activistas que, haciendo razonamientos difusos llegan a conclusiones con apariencia de verdad, pero que son medias mentiras. 

 

Y para muestra un botón. Una de esas medias verdades que más están circulando (porque le interesa a los partidos «nuevos») es la de que «los jóvenes españoles de hoy son más pobres de lo que fue la generación de sus padres», es decir, que la cohorte de edad de entre 20 y 30 años actual es más «pobre» de lo que fue la de sus padres hace 25-30 años, lo que supondría que dispone de un menor nivel de renta. Lo que no es cierto, pues basta mirar los datos. El primero es que la renta per capita española (en términos reales) es justo el doble de la de 1980. Más aún, en la década de los 80 la renta per capita máxima fue de 16.687 euros, mientras que la última década, en el peor año de la crisis (2013), no bajó nunca de los 21.914 euros, alcanzando en la actualidad los 25.306 euros. Por otra parte, en los ochenta el número de empleos osciló entre los 12 y los 14 millones, mientras que en la última década no ha bajado en ningún momento de los 17 millones. Finalmente, la tasa de paro juvenil fue en los ochenta similar a la actual y había menos universitarios. 

 

Debates como el anterior, con el corolario de que la nueva generación tendrá un menor nivel de bienestar que la actual, lo que es poco probable, pues tiene un mayor nivel de formación y heredará el capital acumulado por la generación actual, solo generan ruido y fracturas. Ruido y fracturas interesadas. 

 

15 de agosto de 2018

Migraciones

Según el último informe de la Agencia de las Naciones Unidas para las Migraciones (International Organization for Migration) en el mundo se estima que hubo en el año 2015, último año con datos fiables, unos 244 millones de personas migrantes, lo que supone un 3,3% de la población mundial. De estos 244 millones, 70 millones están en países de Europa (con 12 millones en Alemania), otros 70 millones en Asia, 46,6 millones en los Estados Unidos, 28 en Australia, 9 en Canadá, etc. Una parte de la población mundial, pequeña pero significativa, vive en un país que no es en el que nació. Y aunque, principalmente, lo hace dentro de su continente, de su región, a un país fronterizo con el propio, hay una parte significativa de migraciones que se producen entre continentes y países lejanos. 

 

La causa principal de los flujos migratorios es económica, es decir, la gente emigra en búsqueda de unas oportunidades laborales y de renta que no son posibles de alcanzar en el país de origen. Emigrar es, entonces, y así se viene estudiando desde hace más de un siglo, una decisión racional similar a la de realizar una inversión: la probabilidad de que una persona emigre es tanto mayor cuanto mayor sea la diferencia de expectativa de bienestar (diferencias de salarios, de condiciones laborales, de acceso a bienes públicos) y tanto menor sea el coste de inmigrar e instalarse (coste del viaje, facilidades de instalación, conocimiento del idioma o la cultura, disponibilidad de contactos para acceder al mercado de trabajo, etc.). Por eso la mayoría de las migraciones se realizan en la misma región. Así, en América Latina, la mayoría de las migraciones son entre países fronterizos, por ejemplo, los bolivianos y paraguayos a la Argentina, los nicaragüenses a Costa Rica, los venezolanos a Colombia, y son fundamentalmente los mexicanos y caribeños los que emigran a los Estados Unidos, porque la diferencia entre coste y rendimiento es mayor. Y otro tanto ocurre en África: de los 32 millones de emigrantes que tiene África, 16 millones emigraron dentro del continente, fundamentalmente a Sudáfrica. O en Asia: 59 millones de inmigrantes en el continente, básicamente a Japón, Corea y Tailandia. 

 

Una migración intercontinental solo merece la pena si las diferencias de renta son altas (por encima de 10 veces la renta de origen) y los costes de instalación pequeños (conocimiento del idioma, contactos) de ahí la importancia de la «primera oleada» de inmigrantes: si éstos se instalan y logran un «nicho del mercado» laboral, el flujo de personas del mismo origen se incrementa significativamente. Es el caso de los chinos en Estados Unidos, de los argelinos en Francia, de los turcos en Alemania, de los latinoamericanos en España, de los filipinos en Oriente Próximo, etc. 

 

Teniendo esto en cuenta lo anterior podemos afirmar que los flujos migratorios entre África y Europa, acuerde lo que acuerde la Unión Europea, seguirán siendo importantes y crecientes, como lo serán, a pesar del presidente Trump, entre Estados Unidos y Latinoamérica. Y para ello basta con tener en cuenta unos simples datos: la renta per capita norteamericana es 7 veces más alta que la mexicana, 13 veces la salvadoreña o guatemalteca y 24 veces la hondureña. Mientras que la renta per capita alemana es 19 veces la renta nigeriana y entre 53 y 60 veces la de Mali, Mauritania, República Centroafricana o Chad. Y la gente de estos países lo sabe por la televisión, por internet, por los inmigrantes de «primera oleada». Por eso, ni un muro, ni un desierto, ni un mar, pueden parar las migraciones, ni hay política de fuerza que las ordene. 

 

Si de verdad se quieren ordenar los flujos migratorios, la solución no son más Centros de Internamiento de Extranjeros, ni más declaraciones grandilocuentes ridículas, sino una política de desarrollo global que implique una reducción de la desigualdad. En otras palabras, y es un guiño para economistas, un keynesianismo global, pues el otro tiene límites. 

 

1 de agosto de 2018