Algo debemos estar haciendo mal...

El pasado 29 de abril el Instituto Nacional de Estadística, una de las pocas instituciones (todavía) fiables de este país, publicó la estadística regional de España desde el año 2000 hasta el 2018. Entre las cifras más relevantes, la de la renta per cápita española y de las distintas comunidades autónomas. El resultado no podía ser más desalentador para la economía andaluza. Y bastan unos datos y unos simples cálculos para que nos hagamos una idea cabal. 

Para empezar, la renta per cápita española en el año 2000 fue de 15.935 euros, mientras que en el año 2018 fue de 25.854 euros, es decir, un crecimiento del 62% en términos nominales. La renta per cápita andaluza fue, en el año 2000, de 11.823 euros, siendo en 2018 de 19.132 euros, lo que supone un crecimiento del 61,8%. O lo que es lo mismo, la renta per cápita andaluza creció en los últimos 18 años al mismo ritmo que la media española. Lo que significa, en términos relativos, que los andaluces tenemos una renta per cápita que era del 74,2% de la media nacional y es hoy del ¡74%! de la media nacional. Es decir, que en 18 años no hemos convergido nada, o sea, que estamos en términos relativos donde estábamos. 

El problema es que cuando se hace una comparación de un todo con una parte se pierde perspectiva, pues la media española es más baja precisamente porque incluye a Andalucía, que, además, es una región relativamente grande en el conjunto nacional. Veamos qué pasa si hacemos la comparación con la comunidad autónoma con mayor nivel de renta, Madrid, y con otra de similar tamaño poblacional que Andalucía, Cataluña. Pues que el resultado es más descorazonador. Madrid tenía en el año 2000 un nivel de renta per cápita de 21.333 euros o lo que es lo mismo una renta per cápita un ¡80%! mayor que la andaluza. O si se quiere de otra forma, Andalucía tenía en el año 2000 solo el 55,4% de la renta per cápita madrileña. El problema es que 18 años después no solo no nos hemos acercado a la renta madrileña, sino que seguimos lentamente alejándonos: hoy ellos tienen el ¡82,5%! más de renta que nosotros, o lo que es lo mismo, nosotros no llegamos ni siquiera al 55% de la renta per cápita madrileña. Y la comparación con Cataluña no es mucho mejor: si en el año 2000 los catalanes tenían un 64% más de renta que nosotros, hoy solo tienen un 61%. Es decir, que nuestra renta per cápita era el 61% de la catalana del año 2000 y hoy es del 64%, lo que supone la extraordinaria mejoría de ¡tres puntos en 18 años! 

El simple análisis de los datos anteriores nos indica que la economía andaluza no converge. Es decir, que, si sigue como va, no alcanzará nunca la media española, que tampoco alcanzará a la madrileña, y que, a este ritmo, tardará solo 216 años en converger con Cataluña. Realmente todo un logro. 

Y la constatación del hecho de que la economía andaluza no converge nos debería llevar a una también simple reflexión. Si el entorno macroeconómico en el que se desenvuelven las economías andaluzas, madrileña y catalana es, desde hace más de cuarenta años, el mismo, y el institucional (Constitución, autogobierno, regulaciones básicas, etc.) es también el mismo, algo debemos estar haciendo mal dentro de nuestra Comunidad para que no converjamos. Más aún, algo debemos llevar haciendo mal desde hace mucho tiempo, desde hace casi 40 años, para que ni con los Fondos de Compensación Interterritorial (que inyectan dinero para las Comunidades con menores niveles de renta), ni con los Fondos Europeos (Feder, Fondo Social Europeo) que llevan otros tantos, y que hemos recibido los andaluces y no los madrileños y catalanes, no hayamos podido reducir la diferencia. Algo debemos estar haciendo mal, seguramente muy mal, y haríamos bien en analizarlo. 

8 de mayo de 2019 

Minicurso de economía pública (2)

Lección sexta. Todos los impuestos los pagan los ciudadanos, las personas físicas. No los pagan ni las personas jurídicas, ni las empresas. Aunque así esté en la legislación, las personas jurídicas y las empresas no pagan realmente impuestos, solo los recaudan. Y la razón es que, para ellas, los impuestos son solo costes: el IVA es un sobrecoste incluido en los precios de los bienes y servicios que pagan los consumidores y recaudan las empresas; las Cotizaciones Sociales son un sobrecoste a la mano de obra que las empresas repercuten en los precios finales, por lo que son pagadas también por los consumidores y recaudadas por las empresas; y, finalmente, el Impuesto de Sociedades es un impuesto variable que grava el beneficio contable de las empresas, pero, como supone disminución de la rentabilidad de la inversión, se tiene en cuenta cuando ésta se realiza, y se repercute en los precios de los productos que las empresas comercializan, pues las empresas son entidades cuyo objetivo primario es ganar dinero para aquellos que invirtieron en ellas. Sobre las proposiciones anteriores hay literatura abundante. Toda subida de impuestos, aunque sea a las «grandes» empresas, tiene, pues, como resultado una mayor carga fiscal sobre la ciudadanía. Como complemento recomiendo repasar conceptos básicos de finanzas y algunos artículos de Modigliani y Miller de los 70. 

Lección séptima. Todos los impuestos afectan a la distribución final de la renta, tanto o más que el gasto público. Los impuestos pueden ser progresivos, es decir, que pagan más en proporción los que más tienen, o regresivos, que son lo contrario. El único impuesto del Sistema Impositivo español genuinamente progresivo es el IRPF. El IVA, las Cotizaciones Sociales y el Impuesto de Sociedades son regresivos, es decir, los pagan en mayor proporción las personas de menor renta, porque están en los precios de los productos que consumen. El Sistema Impositivo español en su conjunto es imperfectamente progresivo: la relativa progresividad del IRPF compensa la regresividad de todos los demás impuestos, pero iguales niveles de renta no pagan lo mismo. Para hacer más progresivo el sistema la clave es una profunda reforma del IRPF, haciéndolo mucho más general, y rebajar los impuestos indirectos (Cotizaciones Sociales). Para una lectura sencilla: José Víctor Sevilla (2003), Notas para una nueva política tributaria, Claves de la Razón Práctica. Para evidencia empírica, las reformas tributarias danesas a partir de 1987. 

Lección octava. Todos los impuestos tienen efectos sobre el crecimiento económico y el empleo. Dependiendo de según qué se grave y cómo, las familias aumentan o disminuyen su consumo, su inversión o... su deuda. Y las empresas existentes que no pueden repercutir los impuestos, en caso de subida, cierran. Por eso, todos los impuestos tienen algún efecto secundario indeseado, tanto más grave cuando más delicado sea el momento del ciclo: subir los impuestos con una economía en desaceleración provoca crisis y, a medio plazo, paro. La literatura sobre el tema es inmensa. 

Lección novena. La media de impuestos que una familia española paga es el 37% de lo que produce. El mínimo que paga una familia española es del 28% (IVA, Cotizaciones, etc.). Las rentas medias del trabajo pagan más del 55% del total de su renta, mientras que las rentas medias empresariales y las muy altas no llegan al 45%. La presión fiscal en España es similar al de los países de su nivel de renta, pues la comparación hay que hacerla sin trampas sobre las medias. La carga no es baja, lo que está es muy mal repartida. 

Lección décima. Todo exceso de gasto sobre los impuestos hay que financiarlo con deuda pública. Toda deuda pública acumulada mayor que un límite (alrededor del 80% del PIB y estamos en el 103%) implica, a medio plazo, una subida de impuestos o una reducción del gasto. Es la «equivalencia ricardiana», se conoce desde antes de Marx, y los griegos y los portugueses la han sufrido. 

24 de abril de 2019 

Minicurso de economía pública (1)

Lección primera. El Estado, un Estado de Derecho, es esencial para una economía y su crecimiento a largo plazo. Y es esencial en su función básica de seguridad física y jurídica, pues sin ellas no hay posibilidad de inversión y, por lo mismo, de acumulación de capital, ni físico ni humano. Un Estado de Derecho con mecanismos de redistribución de la renta a través de impuestos y gastos públicos es, incluso, mejor. Y lo es tanto para los ricos como para los pobres. Lo primero ya se sabía desde Adam Smith (especialmente el capítulo 1 del libro V), lo segundo desde los trabajos de Keynes y Simon Kuznets. La evidencia empírica del siglo pasado es abrumadora. 

Lección segunda. Toda política supone un gasto, bien directo (una transferencia o una subvención), bien indirecto (recursos humanos e infraestructuras para llevarla a cabo). Más aún, sería bueno que los políticos, antes de hacer alguna propuesta, revisaran su necesidad, pues no es posible aumentar ilimitadamente los ámbitos de gasto, como no es posible aumentar todos los gastos existentes. El Gasto Público no es la solución a todos los problemas. Más aún, llegado a un límite (y España lo está rozando), todo incremento del gasto público tiene un efecto contraproducente sobre el crecimiento (los multiplicadores no llegan a 1) y, por lo mismo, sobre la distribución. También de esto hay una larga evidencia empírica, que, por ejemplo, llevó a los países escandinavos y a Alemania a reformas en sus Estados del bienestar hace ya años. 

Lección tercera. No todos los gastos públicos benefician a todos. Eso sólo ocurre con los bienes públicos «puros», como Justicia e Interior, Defensa, infraestructuras básicas, Sanidad. Los bienes públicos «mixtos» benefician directamente a los que los disfrutan e, indirectamente, a la sociedad, como las infraestructuras o la Educación Superior. Finalmente, hay bienes y servicios públicos que solo benefician a los que los reciben como las subvenciones y transferencias. Y no se debe confundir el derecho a recibir un bien público con la prestación del bien público. En España tenemos ejemplos de bienes públicos prestados por entidades privadas tales como las compañías sanitarias que tienen como afiliados a funcionarios públicos, los colegios concertados, etc. Ni la prestación pública hace más igualitario el derecho, ni la prestación privada del derecho lo hace necesariamente más eficiente. 

Lección cuarta. No todos los gastos públicos hacen más igualitaria la distribución de la renta total que perciben los ciudadanos/as. Hay gastos que benefician más a las clases medias y medias altas que a las humildes (los aeropuertos, el AVE, los museos o la Educación Superior, son ejemplos) y no porque nadie les limite el derecho a estos, sino porque o bien tienen un precio de entrada (aunque esté subvencionado o implican otros costes), bien tienen una condición de acceso que una mayoría de personas humildes no cumple (tener bachillerato, por ejemplo). De hecho, la mayoría del gasto público va destinado a las clases medias: las clases más humildes reciben menores y peores prestaciones públicas, y las clases pudientes no usan la mayoría de los servicios públicos. Y basta con analizar cualquier barriada humilde de nuestras ciudades o las zonas rurales y comparar sus viales, alumbrado, escuelas, servicios sanitarios, seguridad, etc. así como el monto total de transferencias que reciben, para tener suficiente evidencia empírica. Por eso, la función de redistribución de la renta tiene que recaer también en los impuestos.

Lección quinta. Todo gasto público hay que financiarlo. Es decir, toda promesa electoral la paga la ciudadanía presente, en forma de impuestos, o futura, en forma de intereses y amortización de deuda. El Estado, necesario para el funcionamiento de la economía y esencial para crecimiento y la cohesión social, puede llegar a ser, si se sobrepasa el límite de eficiencia del Gasto, un riesgo para el bienestar. Y Grecia es un ejemplo cercano.

(Continuará. Aunque, seguramente, no sirva para mucho.)

10 de abril de 2019

Ruido y nueva política

En esta campaña electoral, más que en ninguna hasta ahora, hay demasiado ruido, demasiadas luces, demasiadas distracciones. Los medios de comunicación tradicionales, las televisiones, las redes sociales (con la complicidad de todos), hasta los mismos actos a los que nos convocan, todo es luces y ruido. Luces destellantes y ruido que nos ciega y ensordece. El procés, Cataluña, los decretos de última hora, el brexit, Venezuela, las encuestas, el último suceso de violencia machista, una manifestación en defensa de algo, los fichajes políticos de última hora, los exabruptos de Vox, la vuelta de Pablo Iglesias, las encuestas, etc... Y, en medio de todo, lo de siempre, la Semana Santa, la primavera, y, para nosotros, el mayo cordobés. Hay ya tanto ruido, vamos a tener tanto ruido, que no oímos nuestros propios pensamientos. 

Quizás por eso, porque la política y la sociedad actual generan tanto ruido, es por lo que la «nueva política» es como es. Quizás la nueva política sea tan simple y simplificadora, tan sin argumentación, porque en medio del ruido y las luces fuertes lo único que se puede decir es sí o no con la cabeza, distinguir entre el blanco y el negro. Quizás esa tendencia a que todo se vuelva rojo o azul, de izquierda o de derecha, sí o no, es fruto del ruido, del exceso de información irrelevante que estamos continuamente recibiendo. Quizás por eso la nueva política va auscultando más las «sensaciones» de la ciudadanía que sus «razones». Quizás por eso va de no tener matices, va de suponer más lo que ocurre a partir de cuatro experiencias, que de saber tras analizar los hechos. Quizás la nueva política va más de agitar que de serenar, de romper más que de unir. Y, quizás porque la esfera pública es una feria, tienen más éxito los que más llaman la atención, los que más chillan, los que más se mueven, los que más se prodigan, los que dan con el slogan más provocador. 

Basta mirar lo que ha ocurrido en los últimos años en muchos países para saber que la «nueva política» va de eso. Trump ganó, como Salvini en Italia y Bolsonaro en Brasil, haciendo una «nueva política» de mensajes simples, falsos y exagerados, generando mucho ruido y haciendo propuestas elementales sobre los que pidió el acuerdo o el desacuerdo. La misma estrategia con la que ganó el brexit. La misma estrategia con la que se querían independizar a Cataluña los políticos encausados. 

Esta es la «nueva política» que nos espera en la campaña electoral y, lo que es peor, después. Una «nueva política» que ya ha empezado por la simplicidad con que todos andan etiquetando a los demás como de «izquierdas» o de «derechas» (como si poner una etiqueta fuera un argumento), haciendo metáforas exageradas («los fascistas están a las puertas del Congreso» dicen unos; «los rojos van a dividir España», dicen otros) y gracietas tontas y displicentes. Y, cuando nos tengan ya alineados, nos presentarán unas propuestas simples, claras, meridianas, seguras, rotundas. Propuestas para todo, especialmente de lo no importante. Y nos pondrán en medio de la disyuntiva de «estás conmigo o contra mí». Para que asintamos o deneguemos con la cabeza. 

Nos darán respuestas sin habernos dicho nada, sin un análisis de la situación política geoestratégica o económica, como si viviéramos en un mundo sin otros países. Nos darán respuestas simples de blanco o negro sin datos contrastados de paro, deuda pública, presión fiscal, pensiones, desigualdad, inmigración, deterioro medioambiental, etc. Harán debates broncos llenos de insultos. Y, después, nos forzarán a elegir como si fuera un combate, sin matices, ni palabras. Porque nos darán a escoger un sí o un no, un simple color. Vivimos tiempos de ruido y en ellos hay una «nueva política». Una política de feria, lejos de la ciudad, sin contacto con los problemas. Y luego querremos que las decisiones que se tomen los solucionen. Lo siento, pero será que no. 

27 de marzo de 2019 

Reformas laborales urgentes

Desde el mismo momento de su toma de posesión, el Gobierno Sánchez ha intentado reformar la legislación laboral, con el objetivo de «revertir» la reforma laboral del Gobierno Rajoy. Y en ese empeño se ha aplicado a pesar de no contar con el respaldo de los agentes sociales (condición que se autoimpuso) y no tener mayoría suficiente en el Congreso. Lo último ha sido el decreto del pasado viernes que, con el rimbombante nombre de «Real Decreto-Ley de medidas urgentes en materia de protección social e incentivos al empleo», contiene un conjunto parcial de medidas de alguna incidencia (subsidio para mayores de 52 años), otras de escasa relevancia (los contratos en el sector agrario) y otras que refleja lo poco que el Gobierno conoce el mercado de trabajo actual (el control de las horas extra). Finalmente, el Gobierno anunció, también con carácter urgente, la constitución de un grupo de expertos para elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores. En definitiva, el Gobierno, lejos de enfocar el problema como debía, constituyendo hace meses el grupo de expertos para reformar en profundidad el Estatuto de los Trabajadores, parchea con demagogia para las elecciones. 

 

Porque una parte importante de los problemas que tenemos en nuestro mercado laboral, principalmente el paro y la dualidad laboral, tienen que ver con el mal funcionamiento del marco institucional y legislativo en el que se fundamenta. El Estatuto de los Trabajadores, piedra angular de este marco, es el primer culpable del paro diferencial que sufrimos. Dicho de otra forma, si realmente queremos reducir significativamente la tasa de paro, la dualidad laboral (que perjudica a los jóvenes) y la desigualdad, mejorando los salarios, necesitamos un nuevo Estatuto de los Trabajadores, así como una nueva Ley de Libertad Sindical. Un nuevo marco jurídico que regule de una forma mucho más eficiente las relaciones laborales en España. 

 

Para ello sería conveniente que el tema se abordara desde la realidad de nuestra economía y de nuestro mercado de trabajo. El Estatuto de los Trabajadores que tenemos vigente, a pesar de todas las modificaciones que se le han hecho, es de 1980, y es fruto de la estructura económica de entonces, de la situación política y de la legislación laboral franquista (de la que quedan reminiscencias). Es decir, el Estatuto de los Trabajadores se hizo para una economía poco desarrollada, cerrada e intervencionista. Exactamente todo lo contrario que la economía que se nos avecina. Mas aún, no sólo los empleos de entonces eran diferentes a los actuales, es que también los trabajadores de entonces tenían una cualificación y unas expectativas diferentes. La economía española ha cambiado tanto, y el cambio que se avecina en el mercado laboral en los próximos decenios es tan profundo, que haríamos bien en enfocar la legislación laboral para facilitar los cambios, evitando los efectos indeseables que pudieran producirse, no volviendo a legislaciones atrasadas que sólo generan paro y desigualdad. 

 

Un criterio que debiera orientar toda reforma laboral, además de la justicia y equilibrio en las relaciones entre las partes, es el de la flexibilidad, lo que implica la posibilidad de adaptar las condiciones laborales a las condiciones económicas en las que se desenvuelve la actividad. Un criterio que tiene una fuerte base empírica, pues los mercados laborales más flexibles son los que tienen, dado un nivel de renta, menores tasas de paro y de precariedad, así como mejores salarios. Ha sido precisamente la flexibilidad laboral de la reforma Rajoy, no completa, la que ha posibilitado la creación de puestos de trabajo a partir de tasas de crecimiento inferiores al 3%. 

 

Precisamente por eso, porque la flexibilidad laboral es esencial en los empleos actuales y en la creación de empleos del futuro, no entiendo medidas que consideran que el trabajo del siglo XXI es como el del siglo XIX. Me temo que el Gobierno, por la prisa de redactar decretos, lo hace después de ver Novecento y no de estudiar economía laboral. 

 

13 de marzo de 2019

Votantes o ‘hooligans’

Ya estamos metidos en tiempo electoral. En realidad, no hemos salido de él en los últimos años. Con el «no debate» de presupuestos, y digo «no-debate», porque nadie, ni la ministra, habló de economía, se ha abierto oficialmente el ciclo electoral. O sea, el peor momento para hablar de política. Porque, lejos de ser un tiempo en el que la ciudadanía trate a la política con respeto, en el que los políticos apelen a los votantes con propuestas que se debatan racionalmente y se presenten candidatos/as, las campañas electorales se están convirtiendo en un tiempo de ruido en el que la competición electoral es la excusa para el exceso, un tiempo en que los políticos, lejos de apelar respetuosamente a los/las votantes, quieren convertirlos en bandas de hooligans, de fanáticos idiotas. 

 

Para ello, los principales partidos cuentan con profesionales que segmentan la población por características (los «target»), establecen los slogans que apelan a lo más elemental y visceral («claim»), buscando el impacto («led») y la aceptación («likes»). Ya no existen grupos de trabajo en los partidos que hayan estudiado los temas, piensen propuestas coherentes con la situación real y con su ideología, e intenten convencer a una mayoría. Lo que hay son profesionales de la propaganda que movilizan a los afiliados y simpatizantes dándoles frases para debates, tuits para circular, videos para viralizar. Además, se tienen, más o menos en nómina, opinadores profesionales que simplifican los temas, hacen metáforas exageradas, y califican a los otros como de «izquierdas» o de «derechas», como si un calificativo fuera en sí mismo un argumento. En vez de partidos con ideas que se debaten, lo que hay son marcas que hay que diferenciar obligatoriamente en la «competencia electoral». Marcas que se compran, que identifican al que se acerca a ellas. Identidades que sirven para calificar o descalificar lo que se diga según la marca del que lo diga. Lo importante en la lógica electoral actual, no es de qué se hable (da lo mismo hablar de igualdad, de paro o de política exterior), ni la racionalidad de lo dicho, lo importante es ser de algún grupo, que seas de «los nuestros». Parece que, en política, va pasando como en el fútbol, que lo importante no es si te gusta el juego o lo entiendes, sino si eres de un equipo o de otro. Y, por supuesto, si ese equipo gana. 

 

Y cuando la ciudadanía entra en este juego, al que incitan los expertos y los políticos, cuando lo importante no es el juego, sino tener unos colores, todo se polariza, se construyen los «nosotros» frente a los «ellos». Se entra en la lógica política del conflicto, de la guerra. La lógica del teórico nazi Carl Schmitt. Desaparece el debate racional, no hay diálogo porque no se habla de nada ideal o concreto, ni posibilidad de acuerdo, solo posiciones extremas que nada dicen, descalificaciones, ruido y furia. La democracia se simplifica en el recuento de seguidores, desaparece lo común, lo que nos une, para subrayar lo que nos separa, lo que nos diferencia. Y, en estos contextos, es cuando aparecen Podemos y Vox, Trumps y Maduros. Para los partidos lo importante, entonces, no es convencer a los otros, a los que opinan diferente, lo importante es movilizar a los propios. 

 

Frente a esta dinámica, una «dinámica Mouriño», solo hay tres soluciones en la ciudadanía: la denuncia permanente de la estupidez de no pocos debates, el silencio educado o el ruego a los políticos de que vuelvan a hacer y hablar de política seriamente. 

 

No. No es solo el crecimiento de la desigualdad en la crisis lo que está generando el deterioro de la democracia y la eclosión de los populismos, pues más desigualdad había en los primeros años de la democracia. Lo que deteriora nuestra democracia son esos políticos que no respetan a la ciudadanía y quieren ponerle una camiseta, haciendo de cada votante un hooligan. 

 

No lo permitamos. 

 

27 de febrero de 2019

Los tres problemas del presidente Sánchez

El gobierno del presidente Sánchez lleva en Moncloa ocho meses y, sin embargo, está ya tan desgastado como si llevara ocho años. Un desgaste que tiene, en mi opinión, mucho que ver con tres problemas que no puede o no sabe resolver y que le van a abocar a unas elecciones en este año. 

 

El primer problema del Gobierno del presidente Sánchez es que nació débil, porque fue fruto de un pacto anti-Rajoy, con los podemitas y los nacionalistas catalanes y vascos, socios poco fiables donde los haya, y por contar con solo 85 diputados sobre 350, además de minoría en la Mesa del Congreso y en Senado. A esto hay que sumar que no tiene ni siquiera una buena base territorial, pues hoy el PSOE no gobierna ni Andalucía, ni Cataluña, ni Madrid, ni las grandes ciudades (salvo Sevilla). El presidente tiene poco poder de maniobra, máxime si en las elecciones de mayo se sigue llevando sorpresas como la de Andalucía. 

 

El segundo problema que tiene el Gobierno, con diferencia el más grave, es que no tiene un proyecto para la legislatura, no sabe qué hacer. En gran medida, porque el relato de la moción de censura fue desalojar a un gobierno manchado por la corrupción y convocar elecciones (algo que no hizo). Sin embargo, está pretendiendo gobernar a partir de trending-topics de fin de semana, como si toda la ciudadanía estuviera conectada a las redes, lo que le lleva a cometer muchos errores, con anuncios que luego desmiente. Errores como los que afectan al mercado de trabajo, pues las medidas que proponen son fruto de una fijación ideológica antigua, de dos supuestos falsos (que el Estatuto de los Trabajadores de 1981 es una buena ley y que el mercado laboral de 2025 necesitara volver al marco regulatorio de 2008) y de un pésimo análisis del paro español. Errores como los anuncios de transición energética. Errores como los del ministro Ábalos de mandar a las Comunidades Autónomas el tema del taxi y las VTC. Errores como la exhumación de Franco, que ha creado un problema donde no existía, pues los jóvenes se están posicionando sobre su figura (y no siempre en contra), con el peligro de convertirlo en un mito y transformando su tumba privada en un lugar de peregrinación, cuando en el Valle se controlaba por el Estado. Errores como la negociación con los independentistas, y no solo por la cantidad de cesiones simbólicas que se han hecho, empezando por aquel Consejo de Ministros en Barcelona de diciembre, sino por las tangibles que se están planteando a cambio de su voto a los presupuestos, empezando por las inversiones en infraestructuras. Por otra parte, la actitud presidencial de pensar que España es una república presidencialista, pues no sabe usar a la Casa Real, y gestionar el Gobierno como un grupo de ejecutivos le está pasando factura. 

 

El tercer problema del presidente Sánchez es que está desconectado de su partido. Parece no saber en qué situación está su militancia, especialmente en Andalucía, como parece no importarle lo que se juegan sus cuadros en las próximas elecciones. Una gran parte del PSOE no se siente representado en el Gobierno y ha dejado de ser su conexión con la realidad social. Y no ayuda a reconectarlo propuestas como la de la candidatura de Pepu Hernández en Madrid. Es como si pensara que puede ganar las generales sin su partido, que puede llegar directamente a los votantes, o que desea que algunos de sus candidatos pierdan en mayo para remodelar el PSOE a su imagen. 

 

Con estos tres problemas, me temo que la voluntad del presidente Sánchez de «agotar la legislatura» se me antoja ciencia-ficción. Como veo difícil el que tenga un buen resultado electoral, pues, lejos de haber convocado elecciones al rebufo de la salida de Rajoy, se va a ver abocado a hacerlo por su debilidad, sus errores y sin apoyo de su partido. 

 

13 de febrero de 2019