Economía sin gobierno

Los datos de la economía española de los dos últimos años no son malos. Seguimos creciendo por encima del 2% (2,4% para ser exactos en el último dato intertrimestral), se crean puestos de trabajo a razón de casi medio millón al año (en términos equivalentes, es decir, como si todos los contratos fueran por tiempo indefinido y 37 horas/semana), los precios están en el entorno del cero (por debajo del 2%) y la balanza de pagos por cuenta corriente y capital está en equilibrio (los ingresos son prácticamente iguales a los pagos).

Unas cifras para felicitarse si no fuera porque tienen sus sombras en cinco grandes debilidades de la economía española: la primera, y es una enfermedad crónica de nuestra economía, es una tasa de paro del 14,7%, casi el doble que la media de la Unión Europea y más de cuatro veces la de Alemania, y fuente de nuestras desigualdades de renta y entre territorios; en segundo lugar, seguimos siendo uno de los países más endeudados del mundo desarrollado, con una deuda global de más del 360% del PIB, de los cuales 260 puntos son de deuda privada (empresas y familias) y 100 puntos de deuda pública; en tercer lugar, tenemos una presión fiscal cercana al 40%, con un sistema fiscal poco progresivo, y un gasto público por encima del 40% con muchas ineficiencias; en cuarto lugar, tenemos una economía sectorialmente desequilibrada, pues el peso de la construcción y del turismo son excesivos, y son muy débiles los sectores y las empresas de tecnología y servicios avanzados; y, finalmente, fruto del crecimiento del empleo en el sector público y en sectores no industriales, la productividad media española, que había crecido en los últimos años, está disminuyendo en 0,4%, mientras crecen los costes laborales unitarios un 2,1% interanual.

Además, estas cifras se producen en un contexto de políticas instrumentales muy favorable, pues tenemos una política fiscal expansiva (un déficit público del 3% es expansivo, máxime cuando no hemos logrado contener el déficit estructural) y una política monetaria de tipos de interés en el entorno del cero, pues el bono a diez años tiene una rentabilidad por debajo del 1% y los tipos de interés interbancarios son negativos, algo nunca visto. Y en medio de dos olas de tendencia que hay que tener siempre en cuenta: el declive demográfico y los retos medioambientales.

Este es el panorama económico al que tiene que hacer frente el próximo gobierno del señor Sánchez. Un panorama que no es fácil de gestionar, pues la debilidad de su apoyo parlamentario, unida a la atrasada visión de la economía de sus socios preferentes (salvo cambio de opinión de Ciudadanos) y a sus urgencias políticas hacen muy improbable una sólida política económica que afronte de verdad los retos que tenemos planteados. Una sólida política económica que habría que articular en distintos ejes y al mismo tiempo: para abordar el problema del paro y del declive demográfico y, consecuentemente, los problemas de desigualdad, de productividad y de sostenibilidad de las pensiones es necesaria una profunda reforma del mercado laboral en un tono mucho más liberal y, al mismo tiempo, social, del que el PSOE y Podemos están dispuestos a pensar (pues piensan en categorías laborales decimonónicas); para ir desinflando la burbuja de deuda pública, enfocar el tema medioambiental y garantizar un sistema público de pensiones es necesaria una reforma fiscal en profundidad, como es necesaria una reestructuración de nuestro sector público para cerrar las brechas de desigualdad, dos reformas que no hay partido en España que esté dispuesto a abordar; para cambiar la dinámica sectorial es necesaria una reforma educativa que necesita de un consenso imposible...

La economía española, pues, anda bien. Pero está andando con problemas de fondo para los que se necesita un gobierno. La mala noticia es que el Gobierno que se vislumbra no parece el más adecuado para abordarlos. Máxime si toda la economía que sabe es la que cabe en una pésima tesis doctoral.

3 de julio de 2019

Entorno político

A tenor de los resultados de las elecciones de este año y del comportamiento postelectoral de nuestros políticos, mucho me temo que el entorno político no va a mejorar significativamente. Y entiendo por entorno político el conjunto de decisiones de las instituciones y de las distintas administraciones para resolver los problemas de la ciudadanía, mediante el ejercicio de su potestad legislativa y el uso de los recursos y capacidades públicas. 

 

Y digo que no va a mejorar significativamente el entorno político porque, en el plano europeo, la fragmentación tras las elecciones europeas, el brexit, el permanente desafío de los países del Este y la crisis política italiana, así como la ausencia de un liderazgo claro (¿realmente creen Macron y Sánchez que pueden liderar la Unión Europea sin contar con Alemania?) darán como resultado una parálisis que notaremos poco a corto plazo, pues hay un generalizado desconocimiento de la ciudadanía europea del funcionamiento de la Unión y la política europea no es seguida en nuestro país. Pero el hecho es que la política europea, salvo sorpresa, mantendrá su catatónico funcionamiento, alejada de los problemas a los que tendría que enfrentarse. Poco podemos esperar de Europa que nos ayude a resolver los graves problemas medioambientales, los de descenso demográfico o los de derechos de los inmigrantes a los que nos enfrentamos. 

 

Tampoco parece que vaya a mejorar el entorno político español, pues el Gobierno del señor Sánchez, con un respaldo popular del 28,68% de los votos y 123 diputados, no tiene apoyos suficientes para abordar un proyecto de país, ni de sociedad, ni de economía, más allá de gestos como los de los viernes sociales. El novedoso «Gobierno de cooperación» que parece que finalmente tendrá con Podemos y los independentistas, no garantiza, tampoco, ni los apoyos, ni la estabilidad suficiente, pues habría muchas concesiones a los independentistas que difícilmente podría explicar, como habría contradicciones en su política económica, ya que no hay demasiada coincidencia entre los intereses del empresariado vasco y las posiciones ideológicas de Podemos. Me temo que, en el plano español, los tiempos políticos que se avecinan, lejos de ser de debates y decisiones meditadas sobre nuestros problemas de paro, deuda pública, demografía, violencia machista, desigualdad, corrupción, educación, envejecimiento, unidad territorial, etc. serán de debates estériles y decisiones simples. 

 

Finalmente, no creo que vaya a mejorar mucho la situación política en el nivel autonómico, porque aún quedan demasiadas inercias del pasado, no hay un proyecto político unitario entre PP y Ciudadanos (más allá del desalojo del PSOE), les está costando mucho mover una burocracia ineficaz y Vox perturba en demasía a unos y a otros. No creo que el entorno político en el que la ciudadanía desarrolla su vida cotidiana, que la situación política, vaya a mejorar en los próximos meses, pues las capas que lo componen (y a las anteriores tendríamos que añadir las administraciones locales) son muy poco eficientes para abordar los problemas a los que nos enfrentamos y las soluciones que proponen los políticos que hemos escogido son muy fragmentarias o parciales. Y, para comprobarlo, bastaría con analizar en cuantas veces se habla de paro, de violencia machista (con Pacto de Estado incluido), de desigualdad o medio ambiente y cuál es el resultado de todas las soluciones que aportan. 

 

Peor aún, mucho me temo que la mayoría de los políticos de casi todos los niveles andan ocupados en nimiedades que no resuelven los problemas de la gente, ni los cotidianos y más acuciantes (el paro, la pensión, los alquileres, la educación, los mayores, etc), ni los que tenemos planteados a largo plazo como sociedad y como parte de la Humanidad (el medio ambiente, la desigualdad, los flujos migratorios masivos, los ataques a la libertad a partir de la tecnología, etc). 

 

No, no creo que el entorno esté hoy mejor que antes de las elecciones y no creo que mejoremos. Lo que me lleva a la inquietante pregunta de ¿es la ciudadanía como sujeto colectivo racional? 

 

19 de junio de 2019

Centro

En tiempos de Trumps, Bolsonaros, Faranges o Salvinis cualquieras; en tiempos de Maduros, Ortegas, Erdogans o Putins; en tiempos de cosmologías subjetivas e ideologías simples hechas a base de tuits y de fake news; en estos tiempos de neo-neoromanticismo en los que lo cierto se confunde con lo emocionante y la razón se sustituye por los sentimientos; en estos tiempos de bloques, blancos y negros, rojos y azules; en tiempos de tribus y de identidades definidas... es necesario que haya personas moderadas, gentes de centro cuya ideología sea el acuerdo. Porque, salvo algunas cosas fundamentales, en la vida y en la política, ni lo cierto, ni lo bueno está siempre del mismo lado, aunque sí está siempre en la verdad y en el respeto a la individualidad de cada uno. 

 

En tiempos de dispersión de voto, en los que el partido que más obtiene no llega al 30% del total de los votos (lo que hace que no tenga más apoyo que el 22,5% de los llamados a urnas), en los que los siguientes no alcanzan el 20% y los que más vociferan apenas rozan el 10%... es necesario que haya algún partido de centro cuyo papel sea el de moderar el discurso de unos y de otros, de ser puente entre un bloque y otro, entre una tribu y otra. Porque, salvo en algunas cosas fundamentales, tales como Europa, la Constitución, la integridad territorial y las libertades básicas, lo demás es posible discutirlo y modificarlo siguiendo un procedimiento democrático. 

 

En tiempos de enfrentamiento y conflicto, de polarización y de personalismos, es necesario, por el bien de cualquier sociedad, que haya personas, instituciones y partidos que no aspiren a conformar y llegar a una mayoría, sino que, siendo una minoría, sirvan a todos. Porque en tiempos de polarización, en los que los extremos agrupan las mayorías, es necesario que haya personas, instituciones y partidos que mantengan la posibilidad del diálogo, aunque los extremistas de uno y otro lado no se lo reconozcan. 

 

Y porque vivimos en tiempos convulsos, de dispersión de voto, de enfrentamiento y polarización es por lo que creo que en nuestro sistema político es necesario hoy un partido como Ciudadanos. Un partido que fue capaz de votar a favor para que Mariano Rajoy conformara Gobierno (como se abstuvo la parte más moderada del PSOE), al tiempo que llegaba a acuerdos con el PSOE en Andalucía. Una posición que, en mi opinión, tenía la coherencia de buscar la gobernabilidad y la convivencia. 

 

Por eso no entiendo la estrategia del señor Rivera en los últimos meses. En mi condición de andaluz entiendo la coalición de gobierno con el PP en Andalucía, pues desalojar al PSOE de la Junta era un ejercicio de higiene política y democrática necesario para romper un sistema que había llegado a convertirse en un régimen político. Lo que no entiendo, ni lo entendí en la campaña electoral, es el veto de Ciudadanos al señor Sánchez, pues, aunque me parezca un presidente inconsistente, ha ganado las elecciones y es el llamado a conformar gobierno. Máxime cuando un Gobierno de coalición del PSOE y Ciudadanos sería bien visto por una mayoría de la ciudadanía más amplia que la que reflejan los votos obtenidos por cada uno de ellos en las generales. Por eso tampoco entiendo la dificultad que tienen en la geometría de apoyos en distintas autonomías y grandes municipios. Para mí, que Ciudadanos apoye en algunos casos al PP y en otros al PSOE, lejos de parecerme una incoherencia, creo que es la esencia política de lo que debe ser un partido de centro. Es decir, la esencia de su función de partido de centro y el servicio que han de prestar a la ciudadanía. 

 

El problema es que estar en el medio no es ni cómodo, ni fácil. Pero, en los tiempos en los que vivimos, es una función necesaria. Y para ello, y aunque parezca una contradicción, hay que aspirar a ser siempre minoría. 

 

5 de junio de 2019

Europa necesaria

Es cierto que no termina de funcionar bien. Es una máquina complicada, pesada y, en muchos casos, poco eficaz, para lo que podría ser. Y, sin embargo, es necesaria porque, en estos tiempos que corren, sin ella los viejos Estados que una vez gobernaron el mundo, hoy no serían nada más que pequeñas marionetas en manos de los nuevos amos del mundo. 

No termina de funcionar bien como democracia, pues hay aún muchas reminiscencias estatales e instituciones poco electivas. Pero, al mismo tiempo, es la garantía de que un conjunto básico de derechos políticos, el otro pilar de la democracia, no puede ser vulnerado sin costes importantes. Europa no es una democracia, ni puede serlo, porque no es un Estado, pero es un espacio político en el que los derechos democráticos elementales, aquellos que configuran la base de cualquier democracia (opinión, reunión, elección, etc.), están garantizados. Europa no es una democracia, pero es más que eso, pues es la garantía de que todos los Estados que pertenezcan a ella sean democracias. Y, aunque solo fuera por eso, Europa es necesaria en los tiempos de populismos y nacionalismos totalitarios que corren. 

Tampoco termina de funcionar bien como potencia, pues su política exterior es débil. Demasiado condicionada por los complejos del pasado colonial, por la estrategia comercial de Alemania y por la dependencia militar de los Estados Unidos. Pero no deja de ser un actor clave en la diplomacia económica mundial y la primera potencia comercial del mundo. Como no deja de ser el primer donante mundial de ayuda y tiene un papel moderador en la mayoría de los conflictos. Europa no tiene una política exterior unificada, pero a los Estados europeos les iría mucho peor en sus relaciones con Rusia, Turquía y otras potencias, así como en los conflictos al otro lado de sus fronteras, sin esa imperfecta política exterior común. Y, aunque sólo fuera por los acuerdos comerciales y porque el mercado europeo es mucho más que la suma de los mercados de los 27 (+1), Europa es necesaria en los tiempos de superpotencias económicas que andan a la gresca y quieren modificar según sus intereses las reglas del juego. 

Realmente no termina de funcionar como mercado único de bienes y servicios, ni como mercado laboral, ni como espacio de conocimiento e innovación. Pero, ni los países ricos como Alemania o Francia, ni los más pobres como España o Portugal, hubieran alcanzado el nivel de renta que tienen sin el Mercado Único: los ricos porque no hubieran tenido mercado para sus bienes y sus inversiones; los pobres porque no hubieran recibido las transferencias de inversión, rentas y tecnología que han recibido. No es perfecto, pero Alemania no sería lo rica que es, ni España tendría la renta que genera, sin el modelo de crecimiento de integración con ayudas. Europa, el mercado europeo, así como los fondos europeos, son necesarios para cada una de las economías europeas en estos tiempos de economías de escala y de hiperglobalización. Como es necesario el euro y sus reglas porque es la clave de bóveda de este modelo. Y, aunque sólo fuera porque nos hace más competitivos, Europa es necesaria. 

Desde luego, no termina de funcionar como mecanismo de cohesión social y de distribución de renta, como no termina de ser tierra de acogida para los que huyen del conflicto y la pobreza, pero esto, lejos de ser culpa suya, lo es de los Estados que no son capaces de transferir competencias impositivas y sociales a Europa, y no piensan en términos de una ciudadanía europea, ni de derechos humanos. Europa no es más social, ni reequilibra las deficiencias de la distribución de las distintas economías, porque, lejos de querer construirla más potente, los Estados andan a la caza de ventajas de corto plazo. 

No, ciertamente, no termina de funcionar como a los viejos europeístas nos gustaría. Pero no perdemos la esperanza, porque Europa es, para nuestra democracia, nuestro papel en el mundo, nuestra economía y nuestro futuro, sencillamente, necesaria. 

23 de mayo de 2019

Algo debemos estar haciendo mal...

El pasado 29 de abril el Instituto Nacional de Estadística, una de las pocas instituciones (todavía) fiables de este país, publicó la estadística regional de España desde el año 2000 hasta el 2018. Entre las cifras más relevantes, la de la renta per cápita española y de las distintas comunidades autónomas. El resultado no podía ser más desalentador para la economía andaluza. Y bastan unos datos y unos simples cálculos para que nos hagamos una idea cabal. 

Para empezar, la renta per cápita española en el año 2000 fue de 15.935 euros, mientras que en el año 2018 fue de 25.854 euros, es decir, un crecimiento del 62% en términos nominales. La renta per cápita andaluza fue, en el año 2000, de 11.823 euros, siendo en 2018 de 19.132 euros, lo que supone un crecimiento del 61,8%. O lo que es lo mismo, la renta per cápita andaluza creció en los últimos 18 años al mismo ritmo que la media española. Lo que significa, en términos relativos, que los andaluces tenemos una renta per cápita que era del 74,2% de la media nacional y es hoy del ¡74%! de la media nacional. Es decir, que en 18 años no hemos convergido nada, o sea, que estamos en términos relativos donde estábamos. 

El problema es que cuando se hace una comparación de un todo con una parte se pierde perspectiva, pues la media española es más baja precisamente porque incluye a Andalucía, que, además, es una región relativamente grande en el conjunto nacional. Veamos qué pasa si hacemos la comparación con la comunidad autónoma con mayor nivel de renta, Madrid, y con otra de similar tamaño poblacional que Andalucía, Cataluña. Pues que el resultado es más descorazonador. Madrid tenía en el año 2000 un nivel de renta per cápita de 21.333 euros o lo que es lo mismo una renta per cápita un ¡80%! mayor que la andaluza. O si se quiere de otra forma, Andalucía tenía en el año 2000 solo el 55,4% de la renta per cápita madrileña. El problema es que 18 años después no solo no nos hemos acercado a la renta madrileña, sino que seguimos lentamente alejándonos: hoy ellos tienen el ¡82,5%! más de renta que nosotros, o lo que es lo mismo, nosotros no llegamos ni siquiera al 55% de la renta per cápita madrileña. Y la comparación con Cataluña no es mucho mejor: si en el año 2000 los catalanes tenían un 64% más de renta que nosotros, hoy solo tienen un 61%. Es decir, que nuestra renta per cápita era el 61% de la catalana del año 2000 y hoy es del 64%, lo que supone la extraordinaria mejoría de ¡tres puntos en 18 años! 

El simple análisis de los datos anteriores nos indica que la economía andaluza no converge. Es decir, que, si sigue como va, no alcanzará nunca la media española, que tampoco alcanzará a la madrileña, y que, a este ritmo, tardará solo 216 años en converger con Cataluña. Realmente todo un logro. 

Y la constatación del hecho de que la economía andaluza no converge nos debería llevar a una también simple reflexión. Si el entorno macroeconómico en el que se desenvuelven las economías andaluzas, madrileña y catalana es, desde hace más de cuarenta años, el mismo, y el institucional (Constitución, autogobierno, regulaciones básicas, etc.) es también el mismo, algo debemos estar haciendo mal dentro de nuestra Comunidad para que no converjamos. Más aún, algo debemos llevar haciendo mal desde hace mucho tiempo, desde hace casi 40 años, para que ni con los Fondos de Compensación Interterritorial (que inyectan dinero para las Comunidades con menores niveles de renta), ni con los Fondos Europeos (Feder, Fondo Social Europeo) que llevan otros tantos, y que hemos recibido los andaluces y no los madrileños y catalanes, no hayamos podido reducir la diferencia. Algo debemos estar haciendo mal, seguramente muy mal, y haríamos bien en analizarlo. 

8 de mayo de 2019 

Minicurso de economía pública (2)

Lección sexta. Todos los impuestos los pagan los ciudadanos, las personas físicas. No los pagan ni las personas jurídicas, ni las empresas. Aunque así esté en la legislación, las personas jurídicas y las empresas no pagan realmente impuestos, solo los recaudan. Y la razón es que, para ellas, los impuestos son solo costes: el IVA es un sobrecoste incluido en los precios de los bienes y servicios que pagan los consumidores y recaudan las empresas; las Cotizaciones Sociales son un sobrecoste a la mano de obra que las empresas repercuten en los precios finales, por lo que son pagadas también por los consumidores y recaudadas por las empresas; y, finalmente, el Impuesto de Sociedades es un impuesto variable que grava el beneficio contable de las empresas, pero, como supone disminución de la rentabilidad de la inversión, se tiene en cuenta cuando ésta se realiza, y se repercute en los precios de los productos que las empresas comercializan, pues las empresas son entidades cuyo objetivo primario es ganar dinero para aquellos que invirtieron en ellas. Sobre las proposiciones anteriores hay literatura abundante. Toda subida de impuestos, aunque sea a las «grandes» empresas, tiene, pues, como resultado una mayor carga fiscal sobre la ciudadanía. Como complemento recomiendo repasar conceptos básicos de finanzas y algunos artículos de Modigliani y Miller de los 70. 

Lección séptima. Todos los impuestos afectan a la distribución final de la renta, tanto o más que el gasto público. Los impuestos pueden ser progresivos, es decir, que pagan más en proporción los que más tienen, o regresivos, que son lo contrario. El único impuesto del Sistema Impositivo español genuinamente progresivo es el IRPF. El IVA, las Cotizaciones Sociales y el Impuesto de Sociedades son regresivos, es decir, los pagan en mayor proporción las personas de menor renta, porque están en los precios de los productos que consumen. El Sistema Impositivo español en su conjunto es imperfectamente progresivo: la relativa progresividad del IRPF compensa la regresividad de todos los demás impuestos, pero iguales niveles de renta no pagan lo mismo. Para hacer más progresivo el sistema la clave es una profunda reforma del IRPF, haciéndolo mucho más general, y rebajar los impuestos indirectos (Cotizaciones Sociales). Para una lectura sencilla: José Víctor Sevilla (2003), Notas para una nueva política tributaria, Claves de la Razón Práctica. Para evidencia empírica, las reformas tributarias danesas a partir de 1987. 

Lección octava. Todos los impuestos tienen efectos sobre el crecimiento económico y el empleo. Dependiendo de según qué se grave y cómo, las familias aumentan o disminuyen su consumo, su inversión o... su deuda. Y las empresas existentes que no pueden repercutir los impuestos, en caso de subida, cierran. Por eso, todos los impuestos tienen algún efecto secundario indeseado, tanto más grave cuando más delicado sea el momento del ciclo: subir los impuestos con una economía en desaceleración provoca crisis y, a medio plazo, paro. La literatura sobre el tema es inmensa. 

Lección novena. La media de impuestos que una familia española paga es el 37% de lo que produce. El mínimo que paga una familia española es del 28% (IVA, Cotizaciones, etc.). Las rentas medias del trabajo pagan más del 55% del total de su renta, mientras que las rentas medias empresariales y las muy altas no llegan al 45%. La presión fiscal en España es similar al de los países de su nivel de renta, pues la comparación hay que hacerla sin trampas sobre las medias. La carga no es baja, lo que está es muy mal repartida. 

Lección décima. Todo exceso de gasto sobre los impuestos hay que financiarlo con deuda pública. Toda deuda pública acumulada mayor que un límite (alrededor del 80% del PIB y estamos en el 103%) implica, a medio plazo, una subida de impuestos o una reducción del gasto. Es la «equivalencia ricardiana», se conoce desde antes de Marx, y los griegos y los portugueses la han sufrido. 

24 de abril de 2019 

Minicurso de economía pública (1)

Lección primera. El Estado, un Estado de Derecho, es esencial para una economía y su crecimiento a largo plazo. Y es esencial en su función básica de seguridad física y jurídica, pues sin ellas no hay posibilidad de inversión y, por lo mismo, de acumulación de capital, ni físico ni humano. Un Estado de Derecho con mecanismos de redistribución de la renta a través de impuestos y gastos públicos es, incluso, mejor. Y lo es tanto para los ricos como para los pobres. Lo primero ya se sabía desde Adam Smith (especialmente el capítulo 1 del libro V), lo segundo desde los trabajos de Keynes y Simon Kuznets. La evidencia empírica del siglo pasado es abrumadora. 

Lección segunda. Toda política supone un gasto, bien directo (una transferencia o una subvención), bien indirecto (recursos humanos e infraestructuras para llevarla a cabo). Más aún, sería bueno que los políticos, antes de hacer alguna propuesta, revisaran su necesidad, pues no es posible aumentar ilimitadamente los ámbitos de gasto, como no es posible aumentar todos los gastos existentes. El Gasto Público no es la solución a todos los problemas. Más aún, llegado a un límite (y España lo está rozando), todo incremento del gasto público tiene un efecto contraproducente sobre el crecimiento (los multiplicadores no llegan a 1) y, por lo mismo, sobre la distribución. También de esto hay una larga evidencia empírica, que, por ejemplo, llevó a los países escandinavos y a Alemania a reformas en sus Estados del bienestar hace ya años. 

Lección tercera. No todos los gastos públicos benefician a todos. Eso sólo ocurre con los bienes públicos «puros», como Justicia e Interior, Defensa, infraestructuras básicas, Sanidad. Los bienes públicos «mixtos» benefician directamente a los que los disfrutan e, indirectamente, a la sociedad, como las infraestructuras o la Educación Superior. Finalmente, hay bienes y servicios públicos que solo benefician a los que los reciben como las subvenciones y transferencias. Y no se debe confundir el derecho a recibir un bien público con la prestación del bien público. En España tenemos ejemplos de bienes públicos prestados por entidades privadas tales como las compañías sanitarias que tienen como afiliados a funcionarios públicos, los colegios concertados, etc. Ni la prestación pública hace más igualitario el derecho, ni la prestación privada del derecho lo hace necesariamente más eficiente. 

Lección cuarta. No todos los gastos públicos hacen más igualitaria la distribución de la renta total que perciben los ciudadanos/as. Hay gastos que benefician más a las clases medias y medias altas que a las humildes (los aeropuertos, el AVE, los museos o la Educación Superior, son ejemplos) y no porque nadie les limite el derecho a estos, sino porque o bien tienen un precio de entrada (aunque esté subvencionado o implican otros costes), bien tienen una condición de acceso que una mayoría de personas humildes no cumple (tener bachillerato, por ejemplo). De hecho, la mayoría del gasto público va destinado a las clases medias: las clases más humildes reciben menores y peores prestaciones públicas, y las clases pudientes no usan la mayoría de los servicios públicos. Y basta con analizar cualquier barriada humilde de nuestras ciudades o las zonas rurales y comparar sus viales, alumbrado, escuelas, servicios sanitarios, seguridad, etc. así como el monto total de transferencias que reciben, para tener suficiente evidencia empírica. Por eso, la función de redistribución de la renta tiene que recaer también en los impuestos.

Lección quinta. Todo gasto público hay que financiarlo. Es decir, toda promesa electoral la paga la ciudadanía presente, en forma de impuestos, o futura, en forma de intereses y amortización de deuda. El Estado, necesario para el funcionamiento de la economía y esencial para crecimiento y la cohesión social, puede llegar a ser, si se sobrepasa el límite de eficiencia del Gasto, un riesgo para el bienestar. Y Grecia es un ejemplo cercano.

(Continuará. Aunque, seguramente, no sirva para mucho.)

10 de abril de 2019