Gobernabilidad

Con los resultados de las pasadas elecciones en la mano, se puede decir que el panorama político español es muy complicado lo que hace difícil la gobernabilidad. Se han celebrado elecciones y se va a constituir un gobierno, pero eso no significa que se pueda gobernar y, menos aún, gobernar razonablemente el país. Al menos como necesitan ser gobernados los problemas que nos acucian. Mientras tanto, gracias a que tenemos una legislación ordenada, con todas sus incoherencias, y una administración organizada, con todas sus deficiencias, las instituciones funcionan. Y, sobre todo, gracias a que somos una ciudadanía madura, con algunos arrebatos adolescentes, la sociedad funciona. 

 

La primera complicación viene de la inmensa fragmentación política del Congreso. Esta es la primera legislatura en la que hay 16 grupos políticos representados en el Congreso, que, a su vez, están compuestos por más de 20 partidos políticos. Más aún, son las primeras elecciones en las que las que hay 10 fuerzas de representación territorial. El Congreso, por la inoperancia a la que hemos condenado al Senado y una ley electoral obsoleta, se está convirtiendo en una cámara territorial y no de ámbito nacional. Con la particularidad de ir configurando el puzzle de los reinos antiguos del siglo XVII: algo así como Castilla y los demás. Y las cámaras territoriales, está en su lógica, no miran por el interés general, sino por el juego de intereses locales, que no es lo mismo. 

 

La segunda complicación es que el Gobierno es la suma de dos fuerzas que han perdido las elecciones. Es la suma de dos debilidades, no de dos victorias. Es evidente que el gran perdedor de las elecciones ha sido Rivera y, con él, Ciudadanos, pero no es menos cierto que tanto el PSOE como Unidas Podemos han perdido votos y escaños en sólo unos meses, y que no tienen ni siquiera una mayoría potente entre los dos. El resultado del PSOE, aunque gobierne, es uno de los peores de su historia: un 28% de los votantes, habiendo votado menos del 70%, lo que significa que, a pesar de todos los grouchomarxistas principios del señor Sánchez solo 1 de cada 5 electores lo ha votado. Lo mismo se puede decir de Pablo Iglesias (12,84% de los votos, 8,85% de los electores) que solo con su entrada en el Gobierno puede camuflar el pobre resultado que quien iba a «asaltar los cielos». 

 

La tercera complicación viene de la necesidad de contar, además de con Más País, el PNV y Coalición Canaria, con los ultranacionalistas catalanes, no ya para investir Gobierno, sino para cosas tan prosaicas como aprobar presupuestos, salvo improbable ayuda del PP. Improbable porque el marcaje de Vox le impedirá ir mucho más allá de cosas muy elementales por la posible sangría de votos a su derecha. 

 

La cuarta complicación es el caleidoscopio de gobiernos en las distintas autonomías y baste recordar las principales por orden de población: Andalucía en manos de una coalición PP-Ciudadanos con apoyo de Vox; en Cataluña, los independentistas; en Madrid, otra coalición PP-Ciudadanos (más Vox); Valencia en manos del PSOE y Compromís; País Vasco en manos del PNV, etc. así hasta 14 gobiernos de coalición variada. 

 

Y, finalmente, la quinta son los liderazgos en algunas grandes ciudades, empezando por Ada Colau y su coalición en Barcelona. 

 

Si uno lo piensa, se podría decir que los españoles hemos logrado el ideal: que nos gobiernen todas las ideologías al mismo tiempo. Así, por ejemplo, los cordobeses estaremos gobernados por el PSOE más Unidas Podemos, Más País, el PNV, Coalición Canaria, Revilla y los independentistas (eso como mínimo) desde el Gobierno central; por el PP, Ciudadanos y Vox desde el Gobierno autonómico; y, para compensar el peso de los primeros, por el PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento. O sea, un lujo. 

 

Lo que no sé es si es un lujo que nos podemos permitir con 3,2 millones de parados y una economía resfriándose. 

 

20 de noviembre de 2019

Universidades y totalitarismo

Tengo por norma no opinar de aquellos temas en los que mis palabras pudieran malinterpretarse. Por eso, en los casi veinte años que llevo escribiendo esta columna, es raro un artículo sobre universidades. Pero lo que está ocurriendo en las universidades catalanas es necesario denunciarlo. 

 

La violencia desatada por un grupo, controlado o no, de independentistas con la excusa de la sentencia del Tribunal Supremo es inadmisible, y sólo posible por la dejación de funciones de los que tienen la responsabilidad de garantizar el ejercicio de los derechos básicos de la ciudadanía: en primer lugar, la Generalitat de Cataluña y, subsidiariamente, el Gobierno central. En cualquier democracia se garantiza el derecho a la libertad de expresión y el de ejercicio pacífico de manifestación, pero no el ejercicio irrestricto de ambos: ni es posible decir cualquier cosa, pues el límite es el honor, la imagen o las creencias de otros; ni el derecho de manifestación se puede consentir si se vulnera el derecho de los demás a la libre circulación o al trabajo, si se atenta contra la autoridad o las propiedades ajenas. 

 

Y si la violencia consentida por la Generalitat es inadmisible, lo que está ocurriendo en las universidades catalanas es, sencillamente, vergonzoso. 

 

De vergüenza, en primer lugar, para esos estudiantes que boicotean las clases por lo que implica de cerrazón totalitaria. Los estudiantes encapuchados de la Pompeu o de la Universidad de Barcelona son tan totalitarios como el general Millán Astray que dicen que gritó, en el otoño del 36, aquel «¡Viva la muerte!» en Salamanca, con el que quería glorificar la violencia frente a la razón, pues los estudiantes independentistas, con sus hechos, están gritando «¡Viva la ignorancia!» como si sus ideas políticas justificaran la estupidez. De ahí a la quema de libros como la que organizaron los estudiantes nazis en 1933 hay sólo un paso. 

 

En segundo lugar, debería darles vergüenza a los profesores y profesionales de aquellas universidades que están consintiendo hacer de ellas instrumentos al servicio del independentismo, sin pensar que la Universidad es un espacio de conocimiento, de debate abierto y de libertad, en el que todas las ideas se pueden exponer, pero según unas reglas racionales, y nunca bajo la presión de la violencia o la coacción. La aceptación por parte de una mayoría de los profesionales de las universidades catalanas del uso al que les están sometiendo los independentistas es tan vergonzoso como el manifiesto de los científicos alemanes de 1914, o el silencio ante las purgas de profesores judíos en la Alemania nazi. De este silencio a una «ciencia catalana» y a la pureza política para las provisiones de plazas hay también sólo un paso. 

 

Es de vergüenza, en tercer lugar, la actuación de los órganos de gobierno de las universidades públicas catalanas rebajando las condiciones académicas para que los estudiantes puedan ejercer de violentos. Es una irresponsabilidad, pues supone convalidar la expresión de un derecho, el de manifestación, por la adquisición de competencias y conocimientos. Es, además, irracional, pues ¿alguien podría su vida en manos de un médico que hubiera cursado anatomía en una protesta? Más aún, ¿qué mensaje educativo se está lanzando a los estudiantes si sus decisiones no tienen consecuencias? En el mundo real, cuando se hace una huelga, no se cobra el sueldo. De ahí a que sea mérito académico haber estado en una barricada para obtener un título hay sólo un paso. 

 

Y, finalmente, es de vergüenza la actuación de los rectores de las universidades públicas catalanas que están consintiendo todo esto con negociaciones con los violentos y medias palabras, olvidando que su primera obligación es garantizar los derechos de los que sí quieren ser universitarios. 

 

El problema de Cataluña como sociedad es una enfermedad grave que se llama nacionalismo. Una enfermedad que, en su momento actual, empieza a cursar en su forma más mortal para la democracia: el totalitarismo. Un totalitarismo vergonzoso ante el que no caben medias tintas. 

 

6 de noviembre de 2019

Rupturas

Al margen de que se exhume a Franco (una típica cortina de humo de campaña electoral), lo más noticioso de estos días son las violentas protestas en Cataluña y el enésimo embrollo del brexit. Dos hechos que, además de noticiosos, nos están dejando lecciones para el futuro que no deberíamos desdeñar. 

 

La primera lección que se podría extraer del brexit es muy simple: no es bueno dirimir en un referéndum situaciones complejas, porque no es posible sintetizar en una pregunta dicotómica (de sí o no) esa complejidad. Y menos si la situación se plantea en términos emocionales y con mentiras. La irresponsabilidad de Cameron de plantear un referéndum de permanencia en la UE es tanta, como la de los políticos nacionalistas catalanes de pretender dirimir la convivencia en el conjunto de España en términos de un referéndum. Y es irresponsable porque el mero hecho de preguntar no es inocente, pues genera una ruptura entre aquellos a los que se le plantea. La inmensa mayoría de los británicos no se estaban cuestionando la permanencia a la Unión Europea cuando Cameron los invitó a hacerlo unos meses antes de su referéndum. Como nadie en Cataluña, salvo ERC, se planteaba la pertenencia a España hasta que a los nacionalistas de CiU no les valió con un nuevo Estatuto y quisieron un sistema de financiación propio que les favoreciera. Ahora, las dos sociedades, la británica y la catalana, están divididas y difíciles de gobernar, pues contar con el apoyo de unos es tener a los otros en contra. Y como la división es emocional, no hay forma de ganarse a la otra parte, ni con buena gestión: las emociones se viven, se cultivan, no se razonan. Uno puede cambiar de opinión razonando, pero nadie puede abrazar lo que emocionalmente se rechaza. Las rupturas emocionales generan una desconfianza que sólo la voluntad de superarla, el tiempo y, muchas veces, el silencio, puede restañar. Por eso, tengo la certeza de que las rupturas que ya se han producido en ambos casos, tanto en el interior de sus sociedades, como con los demás a los que algunos quieren dejar, tardarán mucho tiempo en cicatrizar, si es que alguna vez lo hacen. 

 

La segunda lección es que las relaciones entre sociedades son mucho más profundas y complejas de lo que pretenden los que propugnan las rupturas. Sobre todo si se ha compartido una historia y hay lazos culturales, económicos y políticos. Formalizar una separación entre la sociedad de un territorio y otro no es solo una cuestión de hacer una declaración, es establecer las condiciones de ciudadanía, dirimir la jurisdicción sobre todos los ámbitos, determinar una separación de derechos y obligaciones, etc. Dicho de otra forma, responder a preguntas tales como ¿quién es nacional de cada país? ¿qué derechos tienen los nacionales de un país en el otro? ¿cómo pueden operar y a quién han de pagar los impuestos las empresas de cada país cuando operan en el otro? ¿cómo se reparten los inmuebles públicos? ¿y los funcionarios? ¿quién se hace cargo de la deuda pública emitida? ¿quién paga las pensiones de los nacionales del otro país que radiquen en el contrario? Y así hasta casi el infinito, pues las rupturas sociales, y más en las que las sociedades llevan siglos unidas tienen muchos más pasos que una declaración y una ley de desconexión como la que intentaron hace dos años. 

 

La tercera lección es que toda ruptura tiene un coste. Y no sólo el emocional. Tiene un coste en términos de PIB, de empleo, de ineficiencia de mercado y de prestación de servicios, de pérdida de competitividad. Un coste que es proporcionalmente mayor para la parte menor que se separe. 

 

Estas son sólo tres lecciones de lo que pasa. Habría más, pero no merece la pena extraerlas, pues no creo que nadie esté dispuesto a cambiar de opinión sobre el tema del brexit o de Cataluña por mucho que se intente razonar. 

 

Es lo que tienen las rupturas. 

 

23 de octubre 2019

Enfriamiento

Las señales que va dando la economía española en este inicio de otoño son de enfriamiento. El PIB está creciendo al 2% interanual, lo que supone la tasa de crecimiento más baja desde 2015. Un crecimiento que se debe más al crecimiento de los gastos de la administración pública y de las exportaciones que al del consumo privado y la inversión, lo que genera no pocas incertidumbres, pues el límite de las administraciones públicas lo determinan los impuestos y el de las exportaciones la competitividad exterior. Un enfriamiento que se empieza a notar en todos los indicios de los que nos servimos los economistas: la contratación se está reduciendo respecto al mismo mes del año 2018, como se están reduciendo las ventas de turismos, como está cayendo el consumo de energía eléctrica o la producción industrial. 

 

Las causas de este enfriamiento son conocidas y se venían anunciado. El modelo de crecimiento de salida de la crisis ha sido un modelo basado en la demanda externa y la competitividad exterior, en un contexto de política monetaria muy expansiva (tipos de interés cercanos al cero) y fiscal también expansiva (déficits públicos del 3%). Puesto que parte de la burbuja de crecimiento de la economía española se había debido a un crecimiento de las rentas salariales superior al crecimiento de la productividad, financiado desde el exterior, la corrección de estos desequilibrios solo podía producirse mediante la dieta de devaluación salarial a la que se ha sometido la economía española. Esta dieta, más dura que la de nuestros competidores, ha dado como resultado un modelo de crecimiento basado en el turismo y las exportaciones, por un lado, y el consumo y la inversión, por otro. Los dos primeros por la mejoría relativa de competitividad frente al exterior y los dos segundos por las políticas monetarias y fiscal expansivas. 

 

Pero estas bases están llegando a su fin. En primer lugar, porque las principales economías de las que depende la economía española, para la colocación de sus bienes (coches, bienes de equipo, etc.) y servicios (turismo), como para su financiación, se están enfriando: Alemania está al borde de la recesión, lo que implica menos exportaciones y menos turismo; Francia está en situación de estancamiento y el Reino Unido e Italia están sumidas en profundas incertidumbres que debilitan nuestra economía. En segundo lugar, porque los competidores de nuestros principales productos, empezando por el turismo, están volviendo a ser competitivos: Grecia, Turquía, Túnez, etc., vuelven a competir en los mercados turísticos. Y, finalmente, y en tercer lugar, porque el margen de las políticas expansivas se estrecha con el tiempo, pues no es posible mantener una política monetaria de tipos de interés cero durante tiempo indefinido sin poner en peligro el mismo sistema financiero, como no es posible una política fiscal de déficits públicos estructurales de casi el 3% del PIB con deudas públicas cercanas al 100% del PIB sin poner en peligro la misma economía. 

 

La economía española se está enfriando, pues, en un contexto de políticas instrumentales muy expansivo que no se puede mantener en el tiempo. Dicho de otra forma, y de una forma más cruda: el crecimiento de la economía española puede ser cercano al cero en los próximos trimestres, lo que traerá una disminución de la creación de empleo y una contracción de las expectativas sobre el futuro de nuestra economía, sin que tengamos mucho margen de maniobra. Esto supondrá que empecemos a hablar nuevamente de crisis. Una crisis que, esta vez, no se puede edulcorar con más gasto público, ni se va a resolver con más expansión monetaria. 

 

Y porque esta crisis va a llegar y le va a tocar al próximo gobierno, me gustaría, si no fuera mucha molestia, que en la campaña electoral se hablara seriamente de economía. El problema es que mucho me temo que ninguno de los candidatos tiene ni idea de qué es eso. Empezando por uno que dicen que es doctor en la materia. 

 

9 de octubre de 2019

Novatadas

Vamos a las cuartas elecciones en cuatro años. Y vamos, además de por el cálculo electoral que hizo en julio el señor Sánchez, por los errores de estrategia que han cometido el señor Iglesias y el señor Rivera. 

 

El error de estrategia de Iglesias empezó cuando, tras su éxito electoral en las generales de 2015, y ante la debilidad del PSOE, creyó que podía desbancarlo en el liderazgo de la izquierda. No tuvo en cuenta entonces, y no tiene en cuenta ahora, que el PSOE es un partido de poder y con poder. Es decir, el PSOE es un partido organizado con una cultura política interna clara, con orientaciones ambiguas en algunos temas, pero con mensajes comunes, especialmente en época de elecciones. Así mismo, es un partido de implantación nacional, tanto en el medio urbano como rural, que cuenta, desde el inicio de la democracia, con poder autonómico y local, lo que le ha dado presupuesto y cuadros, que tienen incentivos personales para mantener su poder. Por eso, el PSOE tiene un suelo electoral resistente a los errores de sus gobiernos e inmunes a sus escándalos, un suelo electoral del 20-22% de los votos, lo que significa que uno de cada cinco votantes, como mínimo, opta por el PSOE en las elecciones generales. Y la prueba es que, aun en el peor momento del PSOE, en 2011, éste consiguió el 28% de los votos, y que ya con Podemos como estrella ascendente, en las elecciones de 2015 y 2016, retuvo el 22% de los votos, precisamente con Pedro Sánchez de candidato. Un resultado que se elevó al 28% en la cita de abril de este año y al 29,2% en las municipales. Frente a eso, Unidas Podemos es un movimiento desorganizado, con muchas voces, demasiadas ocurrencias, escasa implantación territorial, sin experiencia de poder, sin cuadros, cuyas únicas ventajas iniciales fueron el hartazgo social por la crisis (el 15-M), un potente discurso populista y el mejor manejo de las redes y medios. Ventajas que no han compensado sus carencias, pues sus resultados electorales se han quedado siempre entre 10 y 14 puntos del PSOE, lo que refleja la imposibilidad de la estrategia de Pablo Iglesias. Ante esto, la mejor opción de influir en la política nacional no pasaba, en el verano, por una negociación desde una postura de máximos, sino de mínimos, de tal manera que se anclara al electorado de extrema izquierda y aparecer como partido necesario. Por eso, hace dos meses me pareció irracional su táctica. Una táctica que, en mi opinión, le hará perder votos, porcentaje y escaños. Y, quién sabe, si el liderazgo. 

 

El mismo error de Pablo Iglesias es el que ha cometido Albert Rivera con el PP. Es cierto que la distancia de votos (200.000) entre Ciudadanos y PP en las elecciones de abril fue muy escasa, pero en las municipales de mayo, el PP le sacó más de 13 puntos (más de 3 millones de votos de diferencia), lo que habla de la debilidad orgánica y territorial de Ciudadanos y de la fortaleza de un partido, también de poder y con poder, como es el Partido Popular. Más aún, el abandono de sus bases en Cataluña y el movimiento hacia Madrid, así como la pérdida de su enfoque de partido bisagra, un partido que puede pactar con unos y con otros, que le ha alejado a buenos cuadros, le provocará una sangría de votos en las próximas elecciones, que se acentuará porque el veto a Sánchez fue tan tajante que le obliga a competir por el electorado del PP, cuando éste tiene ventaja. 

 

Iglesias y Rivera son dos líderes potentes que, al menos en mi opinión, han cometido el profundo error de considerar que la política en España va de liderazgos, cuando lo es, también, y más, de partidos. Y, por supuesto, de historia. Quizás porque vamos siendo un país de viejos con una democracia de más de 40 años. 

 

25 de septiembre de 2019

‘Brexit’ lento

La situación de la política británica puede parecer, tras las votaciones de la última semana, kafkiana. Y, sin embargo, es muy simple. 

 

Lo que el Parlamento británico ha votado es darle un mandato imperativo al primer ministro Johnson para que o bien llegue a un nuevo acuerdo de salida o bien pida una prórroga para negociarlo. Y los parlamentarios saben que, hoy, el único acuerdo de salida que hay encima de la mesa de los británicos es el que alcanzó la señora May, y que ellos rechazaron, por lo que la primera opción, es decir, que el primer ministro Johnson consiga en poco más de un mes negociar mejoras en ese documento, ya votado, además, por los 27 socios restantes, es imposible. Así pues, la única opción que tiene es pedir una prórroga para ver si se puede negociar otro acuerdo. Una prórroga que es posible, pero que no serviría para alcanzar un nuevo acuerdo, pues ni los socios europeos están dispuestos a cambiar las líneas rojas del acuerdo ya alcanzado (la frontera blanda irlandesa, los derechos de los residentes, etc.), ni el Reino Unido puede hacer otra cosa que amenazar con un brexit abrupto, algo increíble, puesto que el mismo Parlamento ha votado una ley que impide que sea así, y que, con la prórroga, se diluye. Los parlamentarios británicos han conseguido dos cosas: más tiempo para un brexit que llegará y deshacer el juego planteado por el señor Johnson. 

 

Desde que los británicos votaron por la salida han pasado ya dos años, a los que se podría sumar un tercero con la prórroga, de tal forma, que, en caso de salida sin acuerdo, los británicos (y los europeos) habrán tenido tiempo para adaptarse a la nueva situación. Las empresas habrán acomodado sus stocks, buscado nuevos proveedores, recalculado precios, ajustado salarios, mientras que los ciudadanos se habrán desecho de parte de sus activos exteriores y se habrán adaptado a la nueva situación. La administración pública también se habrá reestructurado. Fruto de esto, que ya está en marcha, y de los ajustes financieros, la libra se ha depreciado hasta 1,1 euros y, con esa debilidad, los británicos mantienen su competitividad exterior, reajustando sus precios interiores, que crecen décimas por encima de los europeos. El resultado de esta ganancia de tiempo es que impacto final del brexit sobre la economía británica será menor al anunciado, y los parlamentarios, muchos de ellos euroescépticos, se podrán presentar ante su electorado como representantes pragmáticos que han salvaguardado los intereses de su ciudadanía, pero que, al mismo tiempo, han cumplido el mandato de la salida. Los parlamentarios, y el Partido Laborista a la cabeza, lo que están pensando no es cómo resolver el brexit o el posbrexit, sino en cómo ganar las próximas y cercanas elecciones, teniendo en cuenta la salida. 

 

Y, para eso, necesitaban destrozar la estrategia del señor Johnson. El juego de Boris Johnson tenía un eje central: la de plantear a la Unión Europea un «juego del gallina (game of chicken)», pues al fijar una fecha tope de salida en octubre, sin la atadura del Parlamento, obligaba a la Unión Europea a reabrir el preacuerdo o arriesgarse a una salida abrupta con grandes pérdidas. Si la Unión Europea abría el acuerdo, Johnson se presentaba al electorado como el líder del nuevo Reino Unido «libre», con posibilidades de una mayoría absoluta. Si no lo lograba, la culpa la tendría, la pérfida Unión Europea, con lo que también tendría posibilidades. La clave, pues, de la estrategia de Johnson no era cumplir con el brexit, sino qué hacer con él para ganar las siguientes elecciones. Y, para esta estrategia, necesitaba suspender el Parlamento. La clave, pues, para entender lo que ha ocurrido es sencillo: todo es cálculo electoral. La política británica es, como todas, muy simple, pues debajo de los discursos lo que late es la ambición del poder. O sea, las próximas elecciones. Y si no, pregúntenle a Pedro Sánchez. 

 

11 de septiembre de 2019

‘Trumpez’

La economía norteamericana está funcionando razonablemente bien, dentro del modelo único que tiene en el mundo: crece al 2,3% (más del doble que la zona euro), tiene una tasa de paro del 3,7% (la mitad que la zona euro) y una inflación anualizada del 2% (ligeramente superior a la nuestra, justo en el ideal). Como siempre, mantiene sus dos «twin deficits», sus déficits gemelos, con un déficit público del -4,7% del PIB y un saldo exterior negativo por cuenta corriente del -2,4%, que financia con un mecanismo excepcional en el mundo: las economías exteriores con superávit en los Estados Unidos (básicamente Alemania y China) transforman su beneficio allí obtenido en bonos norteamericanos, que dan una rentabilidad mayor (el 1,7%) que la de los países de origen (el -0,6% en el caso de Alemania y el 2,9% con riesgo de tipo de cambio en el caso de China), lo que financia el déficit público. Por eso, los mayores tenedores de bonos norteamericanos, después del sistema bancario norteamericano (incluyendo la Reserva Federal), son los sistemas bancarios europeo y chino (especialmente éste). La Reserva Federal, además, actúa como un preciso regulador del mecanismo, pues compra y vende bonos monetizando (emitiendo dinero) los déficits y regulando los tipos de interés. Dicho de otra forma, la economía norteamericana funciona como lo viene haciendo en su relación con el mundo desde hace más de sesenta años, es decir, como una economía dominante con capacidad de «seigniorage», pues emite una moneda, el dólar, con valor en todo el mundo, ya que es aceptado en todos los mercados. Una economía que es la cúspide de la globalizada economía mundial, el motor de ella: las demás economías del planeta dependen, en gran medida, del crecimiento de la economía norteamericana, al tiempo que ella depende de la financiación de los demás. Una financiación casi sin coste, ni riesgo de quiebra, pues el volumen total de dólares emitidos es aún pequeño en relación al monto total de transacciones de la economía mundial. Los Estados Unidos son, como economía, en el mundo globalizado, lo que un banco central a una economía normal: únicos. 

Este modelo económico que, con sus problemas de desigualdad y de sostenibilidad a largo plazo, pero con su creatividad y pujanza, funciona, es la que está poniendo en peligro el Presidente Trump con sus ocurrencias. La economía norteamericana, como cualquier economía, no se puede permitir la incertidumbre que genera el Presidente en su política exterior (crisis en Oriente Próximo, amenazas a China). Como no se puede permitir a largo plazo la paralización de los flujos migratorios, por la necesidad de mano de obra, ni una guerra comercial con el resto del mundo, dando marcha atrás a la globalización, ya que una subida arancelaria, lejos de resolver el déficit comercial norteamericano lo único que va a lograr es una recesión mundial. Una recesión mundial con efectos directos sobre la economía norteamericana, porque una parte importante de los activos y de las rentas de las familias norteamericanas y de sus pensiones dependen de los rendimientos de sus fondos en el exterior. 

Está claro que el Presidente Trump no sabe más economía que la de un especulador inmobiliario, un sector clásico sin competencia exterior y con poca innovación que se dinamiza con la incertidumbre, porque es refugio, y al que le interesan tipos de interés bajos e inflación alta. Por sus hechos y sus tuits se ve que no comprende cómo funciona la economía que gobierna. 

Define el Diccionario de la Real Academia que «estupidez» es la «torpeza notable en comprender las cosas». Quizás, después de que el Presidente Trump logre provocar una recesión mundial, y va camino de ello, haya que incluir una nueva palabra en nuestro vocabulario: «trumpez», cuya definición sería algo así como «torpeza notable en comprender la realidad, con tendencia a la mentira, pero con capacidad para beneficiarse personalmente». Pero eso nos obligaría a poblar nuestro diccionario de palabras como «bolsonarez», «johnsonez», «salvinez», o... 

28 de agosto de 2019