Si hay algo claro tras las elecciones del pasado 20 de diciembre es que no sabemos quién va a ser el próximo presidente del Gobierno o si va a haber nuevas elecciones para marzo. La realidad es que tenemos un Congreso de los Diputados, que es el que decide quién es el presidente, diverso y muy fragmentado, pues, si agrupamos por bloques ideológicos, nos encontramos con un grupo conservador grande (123 escaños), un grupo de centro significativo (40 escaños de CIs), un grupo de centro izquierda importante (90 escaños), un grupo de izquierda significativo (69 escaños más 2 de IU) y el bloque de nacionalismos periféricos de siempre (19 escaños de independentismo radical y 7 moderados). Esta fragmentación aumenta la dificultad para conformar mayorías, pues tanto para elegir al presidente del Gobierno como para aprobar cualquier ley relevante se va a necesitar el acuerdo de al menos tres grupos. Gobernar con este Congreso no va a ser fácil, máxime si tenemos en cuenta que, en el Senado, el Partido Popular tiene la mayoría absoluta. Siendo el grupo parlamentario más grande del Congreso y con mayoría en el Senado, el Partido Popular tiene la llave de la gobernabilidad y de cualquier posible reforma constitucional.
Sin embargo, el grupo decisivo para decidir la Presidencia del Gobierno o si vamos a nuevas elecciones es el PSOE.
Es evidente que la primera opción para constituir Gobierno le corresponde a Mariano Rajoy. Con sus 123 diputados no tiene, ni de lejos, posibilidad de ser investido presidente si no tiene el apoyo o la abstención de Ciudadanos y la abstención del PSOE (un apoyo del PSOE es impensable). En estas condiciones sus 123 diputados son suficientes para contrarrestar los 97 noes de los restantes grupos. Si el PSOE estuviera de acuerdo en abstenerse, lo lógico es que Ciudadanos apoye al PP porque nada gana con quedarse en el limbo de la abstención y un voto positivo le permitiría influir en la elaboración de algunas leyes. Un Gobierno del PP con el apoyo de Ciudadanos (163 diputados) tendría una legitimidad suficiente, pues contaría con el respaldo de casi 11 millones de votos (el 42,65% de los votantes), similar a los que tuvo el PP en la anterior legislatura.
La segunda opción de Gobierno es Pedro Sánchez. El problema es que para que sea presidente necesitaría sus 90 diputados y los 69 de Podemos y sus aliados (En Comú, Compromís y Mareas). Además, necesitaría que Ciudadanos o el PP no voten en contra (algo impensable si el PSOE votó en contra de Rajoy) y, en caso contrario, que bien el PNV o Convergencia (ahora llamada Democràcia y Llibertat) o Esquerra voten a favor. También este Gobierno tendría legitimidad suficiente, pues representa a 10,5 millones de votos (el 42,25% de los votantes).
La tercera opción es una nueva convocatoria de elecciones.
El PSOE tiene, pues, tres opciones. Primera, permitir que Mariano Rajoy (o Soraya Sáez de Santamaría) sea presidente del Gobierno con su abstención a cambio, por ejemplo, de una reforma pactada (con o sin Ciudadanos) de algunas leyes importantes (Educación, Estatuto de los Trabajadores, Financiación autonómica, etcétera), el estudio de una reforma limitada de la Constitución y una oposición suave en Andalucía. Segunda, pactar con Pablo Iglesias y sus aliados, igual que en comunidades autónomas y ayuntamientos, a cambio de una imposible reforma constitucional (artículo 167 de la Constitución) y de una dificilísima gobernabilidad, porque necesitaría a los independentistas. Tercera, dejar pasar los dos meses sin acuerdo y que se convoquen nuevas elecciones, sin garantías de mejores resultados. El problema es que ninguna opción es buena para Pedro Sánchez porque o bien no es presidente del Gobierno (y nunca lo sería porque lo defenestrarían en el próximo Congreso por sus pésimos resultados), o lo es, a cambio de destrozar al PSOE, porque perdería votos de centro frente a Ciudadanos y de izquierda frente a Podemos. Y esto sin meter en la ecuación a Cataluña.
4 de enero de 2016
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