Caricaturas

Para una convivencia pacífica en cualquier comunidad son necesarias unas dosis de sentido común y otras de moderación. O lo que es lo mismo, un poco de respeto y, desde luego, una completa ausencia de radicalismo. Y ambas cosas son las que han faltado en la malhadada "crisis de las caricaturas". 

Faltó sentido común y respeto en el diario noruego que hace unos meses publicó las caricaturas de Mahoma. Como ha faltado en el sensacionalista periódico danés o en el semanario francés que las han vuelto a publicar. Y ha faltado el más elemental sentido común y cultura política porque la libertad de expresión, como casi todas las libertades, la tenemos regulada, y ha faltado el más elemental respeto porque las caricaturas se refieren a símbolos de otra cultura. Y es que la libertad de expresión, en todas las sociedades democráticas, termina donde empieza la derecho de considerar sagrado, en un sentido no exclusivamente religioso, un conjunto de bienes morales tales como el honor o el buen nombre, la verdad, la religión o la misma convivencia. Por esos derechos que reconocemos no permitimos que se publiquen fotos de caras de niños, la publicación de mentiras, la mofa de nuestros propios símbolos religiosos o la apología del terrorismo. Y, por eso, los directores de los medios debieron tener en cuenta que, aplicada y aceptada esta norma en nuestra sociedad, tanto más cuidado debieran haber tenido con caricaturas referidas a otra cultura, no a nuestros propios valores que la misma ley protege. Los medios han sido, pues, sencillamente estúpidos. 

Pero dicho esto, también está faltando en la crisis cultura política, sentido común y mesura en la reacción en muchos países islámicos. Una reacción que es inaceptable porque los medios en cuestión se han disculpado (no haciéndolo, en mi opinión con buen criterio, el Gobierno danés en una demostración de exquisito respeto a la autonomía y responsabilidad de los medios de comunicación); porque la primera publicación se produjo hace casi tres meses y el tiempo transcurrido hace dudar de la sinceridad de la reacción; y, finalmente, porque la reacción ha sido anormalmente violenta y más en países que tienen suficientes mecanismos de control de su propia población como para que no hubiera ocurrido así. Y es precisamente esta conversión de un error, todo lo importante que se quiera, en un conflicto político lo que convierte a la reacción por parte de Irán (para justificar su armamento nuclear como necesario para la defensa de la fe) o Siria (para negociar su implicación en el asesinato de Hariri) en una reacción bastarda. 

La crisis de las caricaturas retrata, además, dos preocupantes problemas de fondo. El primer problema es constatar que algunos gobiernos son una caricatura política trazada por el fundamentalismo. Porque si tuvieran sentido de la civilización hubieran protestado diplomáticamente a los embajadores, hubieran aceptado las disculpas y hubieran buscado una solución al problema, aprovechando el arrepentimiento, mediante compensaciones políticas (en forma de permisos y visibilidad de los inmigrantes y de las minorías musulmanas en los países involucrados) y económicas. En vez de esto han preferido la confrontación. 

El segundo problema es la caricatura de Europa unida que hemos percibido. Porque una Europa fuerte y unida hubiera reaccionado deplorando los hechos, ofreciendo una mayor colaboración multicultural, pero rechazando la utilización política de las publicaciones, exigiendo el cese de toda violencia y manifestando la voluntad de defender la libertad de expresión en unos términos justos. En vez de esto, los gobiernos europeos han preferido el silencio, las palabras tibias y la desunión. Muchos conflictos en la historia se iniciaron por hechos nimios o torpes. O por el fundamentalismo de unos y la debilidad blanda de otros. Por caricaturas de gobiernos. 

Un acuerdo surrealista

El acuerdo de la semana pasada entre el PSOE, el tripartito y CiU, que tan profusamente se ha fotografiado y tantas loas ha tenido, es, por lo que conocemos de su articulado, un conjunto de ambigüedades, medias palabras y temas importantes sin cerrar tan grande que, en la práctica, estamos casi como al principio. Sin embargo, sólo con los artículos publicados sobre financiación ya podemos hacernos una idea del surrealismo de la propuesta. Un surrealismo que supera los límites de la democracia y de los conceptos políticos y económicos básicos. 

Y es que en el pacto alcanzado (disposición adicional novena bis) se contemplan los porcentajes de cesión del IRPF, del IVA y los impuestos especiales a Cataluña, pero este acuerdo, que afecta a la financiación de las Comunidades Autónomas del Régimen General, se debe tomar en el Consejo Económico y Financiero en el que están todas representadas, por lo que el PSOE está rompiendo un principio básico y vulnera principios democráticos al ningunear a las demás comunidades. Ya se sabe, en temas de financiación, lo que cuenta es lo que opine la Generalitat. 

Pero la cosa va más allá, hasta llegar al límite del absurdo, en la disposición adicional séptima que regula la inversión del Estado en Cataluña en los próximos siete años. En primer lugar, porque el Estatuto ataría a otra ley, la de Presupuestos Generales del Estado, que es anual, con lo que se le quita flexibilidad a la política de inversiones y soberanía a los representantes que escojamos en la próximas elecciones. En segundo lugar, porque si se territorializa con un criterio fijo la inversión del Estado es como si esta inversión ya no fuera del Estado, sino de las comunidades. Y, finalmente, porque el criterio de territorialización por PIB regional es, desde la racionalidad económica, una soberana estupidez, ya que el objeto de la inversión pública es hacer crecer la renta, el PIB, y hacer disminuir las diferencias regionales, por lo que, si se supone un rendimiento de la inversión constante en todo el territorio nacional, este criterio de inversión dejaría, en el mejor de los casos, las diferencias de renta tal y como están, y, en el peor, las agrandaría. En otras palabras, con esta disposición, reforzada por el artículo 208.5, Cataluña se garantiza que Extremadura y Andalucía nunca tendrán su nivel de renta. 

El resto de los artículos que se han dado a conocer son del mismo tenor de cercanía a las tesis del tripartito, que ha conseguido su Agencia Tributaria en dos años (art. 205), el que se llegue a la cesión de todos los impuestos, salvo las Cotizaciones Sociales y el Impuesto de Sociedades (art. 208.2), que siempre estén protestando según el falaz criterio del "esfuerzo fiscal" (art. 208.3), la bilateralidad en las negociaciones con la Administración Central (art. 214) e, incluso, el que tengan que ir a negociar a Bruselas con el gobierno, pues se les cede la capacidad normativa en el IVA minorista, un impuesto que hoy no existe (disposición adicional undécima). Por eso uno no sabe qué ha negociado Zapatero, de qué se queja ERC y, desde luego, no entiende la satisfacción de Ibarra, Bono o Chaves en el Comité Federal del PSOE. Es decir, sólo en los artículos sobre financiación, la Generalitat ha conseguido todo lo que pretendía, sólo que se le ha puesto un cierto plazo para hacerlo más llevadero a los demás. Si el resto del proyecto se ha pactado con la misma lógica, mucho me temo que el Estatuto sigue siendo lo mismo que al principio: una Constitución de un nuevo Estado a medio plazo y un Tratado de dominación de Cataluña sobre el conjunto de España. 

Lo mismo de todos los años

Posiblemente de todos los problemas que tiene la economía española, que los tiene, sea la inflación el más persistente. La inflación española se debe, y en esto estamos una mayoría de economistas de acuerdo, a un exceso de demanda global sobre una oferta que no se adapta. La demanda crece más deprisa de lo que crece la oferta. Un crecimiento de la demanda que se debe, esencialmente, a tres causas: el crecimiento del número de familias por la inmigración; el crecimiento de la renta familiar media por la disminución del paro (más salarios por familia, no mejores salarios unitarios); y, finalmente, el crecimiento del nivel de endeudamiento de las familias por efecto de la creencia, que comparten los bancos, de que, dados los precios de la vivienda, el patrimonio inmobiliario tiene un alto valor y va ser igualmente alto en el futuro. Las familias españolas, que confían en unos tipos de interés relativamente moderados, no tienen ningún incentivo, ni siquiera en un horizonte lejano, para ahorrar. Dicho de otra forma, los españoles consumimos porque nos endeudamos, y lo hacemos porque confiamos en el futuro. 

El problema no es de demanda, el problema es que la oferta española de bienes y servicios no se ha adaptado a su demanda. De ahí vienen no sólo los problemas de inflación, sino los que tenemos de balanza de pagos y los que seguimos teniendo en el mercado de trabajo. Y el problema que tenemos en nuestros mercados es, esencialmente, un problema de competencia. En gran medida, porque ni la sociedad civil, ni, desde luego, nuestros responsables políticos, saben qué es la competencia. 

La competencia es una situación de relación social en la que dos o más sujetos aspiran a obtener una misma cosa. Una misma cosa que, en el caso de un mercado, es que un consumidor compre un bien determinado y no el producido por otro. Así pues, la competencia es una característica que ha de percibir el consumidor, por lo que es necesario que le lleguen varias ofertas que sean comparables. El grado de competencia no está relacionado, pues, directamente, como cree una mayoría de gente, con el número de empresas que producen un determinado bien, sino con las que concurren por el conjunto de los consumidores. De hecho, hay mercados con muchas empresas que mal compiten porque tienen el mercado segmentado por zonas, mientras que hay mercados con pocas empresas con una competencia feroz. Y el antiguo mercado de la cerveza es paradigmático de estos mini-monopolios de facto: en Córdoba sólo se podía beber Aguila, en Sevilla Cruzcampo y en Madrid Mahou. Por el contrario, el mercado de la telefonía móvil con sólo tres operadores es un buen ejemplo de un mercado competitivo. 

Las condiciones de competencia, por otro lado, condicionan las características de las empresas. Así, mercados muy competitivos fuerzan a las empresas a una constante innovación, bien para añadir valor o calidad a los productos, bien para abaratar los costes de producción. Y eso lleva, en muchos mercados, a que las empresas tengan que adquirir un tamaño determinado para poder competir o a que busquen constantemente la innovación. Con lo que llegamos al meollo de la cuestión de porqué tenemos una oferta inadecuada a la creciente demanda española. Y es que puesto que no hemos creado condiciones de competencia en muchos de nuestros mercados, tenemos muchas empresas débiles de puro pequeñas y atrasadas. Empresas que no son capaces de competir no sólo en los mercados exteriores, sino que están perdiendo el partido incluso en casa. Empresas que no creen en la innovación. Empresas que sólo acuden a la administración para pedir subvenciones y no para aprovechar las oportunidades de expansión que ésta les brinda. Empresas pequeñas, débiles y poco arriesgadas que configuran nuestro tejido productivo. Y, aunque hay excepciones, es esto lo que hace vulnerable a la economía española: su tejido productivo. Y siento ser tan duro, pero creo que es necesario ser políticamente incorrecto de vez en cuando. Aunque sólo sea para no que tener que repetir todos los años un artículo sobre inflación. 

Contradicciones

En estos días se están debatiendo en tres foros diferentes algunas cuestiones esenciales que determinarán, con diferente importancia, nuestra economía en los próximos años. Estos tres foros son la reunión de la Organización Mundial de Comercio en Hong-Kong, la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea en Bruselas y el Congreso de los Diputados en Madrid en el que se está negociando la financiación autonómica al hilo del proyecto de reforma del Estatuto de Cataluña. En Hong-Kong, en Bruselas y en Madrid se van a tomar decisiones que nos van a afectar, para bien o para mal, en los próximos años. 

En Hong-Kong no se está hablando de desarrollo o de pobreza, sencillamente se están debatiendo reglas de comercio internacional, es decir, aranceles, subvenciones, subsidios a la exportación e intereses de determinados colectivos y empresas de determinados países. En Bruselas, mucho más cercana, no se está hablando de criterios de política económica, sino del reparto de dinero por países, de qué corresponde a quién (y no el por qué) en este entramado de intereses políticos y económicos en que hemos dejado a la Unión Europea. Y en Madrid se está discutiendo no sólo de qué nivel del Estado es el que gasta qué, sino de cuánto va a recaudar quién. Al final, en las tres negociaciones no se habla de otra cosa que de dinero, de mucho dinero, obviándose cualquier referencia, que no sea meramente retórica, no ya a principios éticos elementales, sino ni siquiera a una lógica económica o política básica. 

Y no se debaten los principios y no se argumentan los instrumentos porque los que están reunidos son representantes de países o regiones, de colectividades humanas que se asientan en un determinado territorio, y no representantes del conjunto de la humanidad, del conjunto de los ciudadanos de la Unión o del conjunto de todos los españoles. Los que se sientan en las mesas de negociación son representantes de países, en los dos primeros casos, y de un determinado territorio en el segundo. Nadie representa en ninguno de los dos primeros foros al interés general respondiendo ante una mayoría de los ciudadanos del planeta o de la Unión, sino ante una pequeña porción de ellos. Y, por lo que parece, tampoco en la negociación de la financiación autonómica nadie parece representar los intereses generales del conjunto de los españoles. De ahí que sea muy difícil que se llegue a soluciones que fueran satisfactorias de principios generales de igualdad, solidaridad o eficacia. 

De ahí que los resultados sean, normalmente, un monumento a la contradicción, un atentado contra la misma humanidad, contra el más elemental sentido común, contra la más sencilla economía. Contradicciones como que los europeos pagamos para el mantenimiento de cada una de nuestras vacas casi dos dólares diarios, mientras hay casi 600 millones de personas en el mundo que malviven con menos de un dólar. Contradicciones como que Europa está dispuesta a dar 2000 millones de ayuda al desarrollo, mientras que por la protección de su agricultura le hace perder a los países pobres más de 5.000 millones. Contradicciones como que el Reino Unido pretende no aportar casi nada a las arcas comunitarias y España seguir recibiendo como hasta ahora, mientras se les restringe a los países del Este las ayudas para su propio desarrollo. Contradicciones como que mientras un 32% de los andaluces vive, según la Encuesta de Condiciones de Vida, por debajo del umbral de pobreza relativa española, se discute que haya menos aportaciones de las regiones ricas a la solidaridad interterritorial o se sugiere una bajada de impuestos. Contradicciones, contradicciones, contradicciones. Contradicciones que son, paradójicamente al mismo tiempo, humanas e inhumanas. Quizás porque, a fuer de contradictorios, seguimos pensando en el reparto de la renta en términos de territorios, y no de personas que, al final, son las que son pobres. 

19 de diciembre de 2005 

La lógica del Estatuto

La "Propuesta de Reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña", que se ha empezado a debatir en el Congreso de los Diputados, plantea cinco cuestiones básicas, entrelazadas con una lógica política aplastante. Estas cinco cuestiones son: la definición de Cataluña como nación, las competencias de la Generalitat, la financiación, el poder judicial catalán y las relaciones bilaterales "resto de España-Cataluña". Las tres primeras se implican de tal forma que la consecución de alguna de ellas lleva aparejada la de las otras dos, mientras que las últimas son consecuencia lógica de las anteriores. 

La definición de Cataluña como nación en el Estatuto no es una cuestión semántica, sino política, porque al reconocerse en una ley que Cataluña es una nación se está reconociendo que hay, en el conjunto de España como cuerpo político, un conjunto de personas, los catalanes, que son diferentes de los demás, y, por lo mismo, posibles sujetos de derechos y obligaciones diferentes, al tiempo que se reconoce la existencia de un sujeto político nuevo, Cataluña. Es decir, lo grave no es reconocer que Cataluña es un conjunto de personas con una cultura o una lengua diferente (lo que es un hecho), sino que, porque existe esta diferencia, puedan constituir un cuerpo político diferenciado del resto de España más allá de esa diferencia. Pero el proyecto de Estatuto va más allá, pues, coherentes con esta premisa de que Cataluña es una nación, sus redactores han llenado de contenido esta definición y, sin nombrarlo, se han dado, a través de las competencias que pretenden asumir, un Estado. Y es que de las 32 competencias exclusivas que recoge el artículo 149 de la Constitución de 1978, que mañana celebramos, sólo ¡6! quedarían para el Estado. Y de estas seis (los números 1, 4, 10, 12, 13, 26 y 31) sólo la cuarta, Defensa, es sustantivamente importante. O sea, de aceptarse el régimen competencial del Estatuto, y generalizarse para el resto de las comunidades autónomas, el Gobierno de España estaría compuesto por poco más que un ministro de Defensa, la directora del INE, y un conjunto de coordinadores, sin poder efectivo alguno. De ahí que, en este contexto competencial, núcleo de la propuesta, el control de la financiación por parte de la Generalitat sea necesario, porque no se pueden gestionar las competencias sin recursos. Y, de igual forma, la creación de un poder judicial independiente es coherente con lo anterior porque el cuerpo jurídico que resulte con el tiempo, con la continuidad de las leyes hasta ahora vigentes para no generar inseguridad jurídica, será, en un plazo no muy lejano, diferente del que se aplique en el resto de España. Siendo, igualmente lógico y muy pragmático, por razones de derecho internacional y por el tenor literal de los Tratados constitutivos de la Unión Europea, que no se declare, al menos de momento, Cataluña, como estado independiente. 

Planteada la situación con esta lógica y siendo conscientes de que es imposible negar a los parlamentarios catalanes los cinco temas que reclaman, las negociaciones que se han iniciado se desarrollarán con un guión relativamente claro. Lo más probable es que cedan un poco en lo simbólico de la definición de nación, que no haya, por ahora, un poder judicial separado, y que haya una cierta subordinación en las relaciones entre lo que quede que sea España y la Generalitat, pero no rebajarán sus pretensiones de competencias, que es la clave, y tendrán, tarde o temprano, la financiación que necesitan para ellas. Y todo será perfectamente constitucional sin más que aplicar con profusión el artículo 150.2 de la Constitución. 

Alcanzado el acuerdo, Zapatero, que nos metió estúpida e ingenuamente en este lío, nos venderá que siendo Cataluña cuasi-independiente, España gana. Lo siento, pero mucho me temo que los que ganan son Maragall y Carod-Rovira, porque todos los demás perderemos. Así pues, felicitémosles por su hermosa lección de política, que para exigir responsabilidades ya habrá muchas oportunidades en las muchas próximas elecciones. Aunque, por desgracia, eso ya no resolverá nada. 

5 de diciembre de 2005 

El nuevo mercado de trabajo español

A pesar de que los datos de paro publicados recientemente son aparentemente contradictorios el hecho es que estamos en unos niveles de empleo y paro que la economía española no ha conocido nunca. Y digo nunca porque es cierto que hemos tenido cifras de paro menores, pero con tasas de actividad femenina mucho más bajas y, hoy tenemos, además, más de dos millones de inmigrantes en nuestra población activa. Por eso, porque el mercado de trabajo español es un mercado de trabajo nuevo, es por lo que es necesario analizar qué es lo que ha cambiado en él para poder explicar por qué hoy tenemos una tasa de paro menor a la media europea. 

El primer cambio importante en nuestro mercado de trabajo surge como consecuencia del cambio en los comportamientos demográficos que se iniciaron hace tres décadas. Y es que el mercado laboral registra, con un retraso de casi veinte años, las tendencias demográficas de una población ya que la evolución de la natalidad determina la cantidad de personas que se incorporarán al mercado laboral. Así, en la década de los ochenta entraron en el mercado laboral los nacidos en pleno boom económico de los sesenta, con lo que, a pesar del millón y medio de puestos de trabajo, la tasa de paro se mantuvo muy alta. Por el contrario, la natalidad española ha registrado, desde principios de los ochenta, un continuo descenso, hasta estabilizarse en una de las tasas más bajas de Europa, con lo que el número de españoles que vienen entrando en el mercado laboral en los últimos años es cada vez menor. Dado que al mismo tiempo se empiezan a jubilar cohortes numerosas y que se retrasa la edad de entrada por la mayor escolarización, los nacionales españoles en la población activa se mantienen estables y con tendencia a la baja. Por eso la mayoría de los puestos de trabajo que se crean han de ser ocupados por inmigrantes y necesitamos de la entrada de nacionales de otros países para mantener la actividad. 

El segundo motor de cambio de nuestro mercado laboral ha sido económico. Y es que el modelo de crecimiento de la economía española también ha cambiado. El ciclo de crecimiento de los ochenta se basó en una fuerte expansión del sector público, por la construcción del estado del bienestar y la descentralización administrativa, y en las expectativas derivadas de la entrada de España en la Unión Europa, que hacían que se instalaran en España empresas multinacionales industriales y de servicios. El empleo que se creaba entonces fue en el sector público, la industria (en menor cuantía) y los servicios básicos. Por el contrario, el ciclo de crecimiento actual se basa en la construcción, en la industria auxiliar y en los servicios destinados a la venta y se financia con endeudamiento de las familias. El empleo que se crea es, lógicamente, en estos sectores, pero es de menor cualificación que el creado en el anterior ciclo, es más inestable y, normalmente, de menor productividad unitaria y salarios medios más bajos. 

Y, finalmente, el tercer motor de cambio de nuestro mercado laboral ha sido de índole institucional. Y es que la política seguida con respecto al mercado de trabajo, fruto del consenso entre los distintos gobiernos, sindicatos y empresarios e iniciada ya hace más de una década, ha sido de una lenta flexibilización, lo que ha permitido transformar en puestos de trabajo y disminución de la tasa de paro el crecimiento económico. Sin esta flexibilización, que se ha concretado, por ejemplo, en nuevas formas contractuales, la existencia de las Empresas de Trabajo Temporal, la reducción de las indemnizaciones por despido, la articulación de sistemas retributivos ligados a la productividad, etc. nada de lo conseguido hubiera sido posible. 

Así pues, si hoy tenemos una tasa de paro baja y en descenso y si tenemos un mercado laboral que, a pesar de sus problemas, es fuerte es porque la realidad demográfica y económica española ha cambiado y, no menos importante, porque la política seguida y mantenida ha sido lo suficientemente pragmática y consensuada. Lo que en los tiempos que corren no es poco. 

7 de noviembre de 2005

Modelo español

El modelo de crecimiento económico español, desde prácticamente 1998 hasta la fecha, es relativamente simple. La economía española crece, significativamente por encima de la media europea, porque las familias españolas, escasamente endeudadas en los noventa y propensas a convertir sus ahorros en casas, mantienen y amplían su consumo. Como, paralelamente, ha mejorado la situación laboral, con una fuerte disminución del paro (fruto de la flexibilización del mercado laboral de los noventa) y se ha ampliado la población por la inmigración, la economía española crece a un fuerte ritmo. El consumo de las familias es el motor del crecimiento de la economía española en los últimos años. Y, junto a él y relacionado con él, la inversión en vivienda. 

Pero este crecimiento sólo ha sido posible porque las familias se están endeudando fuertemente. Una deuda de las familias que es lógica si tenemos en cuenta que los tipos de interés reales son cercanos al cero, pues tenemos una inflación por encima del 3%, mientras que los tipos de interés generales del mercado están en el entorno del 3%. Dicho de otra forma, las familias se están endeudando porque el dinero no les está costando prácticamente nada, con lo que adelantamos renta futura para consumirla o invertirla hoy. Un juego que permiten los bancos porque, con pocas opciones de colocación del dinero por los bajos tipos de interés de la deuda y las incertidumbres en no pocos mercados, prefieren financiar la compra de casas y el consumo de bienes duraderos con la garantía del valor esperado de los inmuebles en el futuro. Como nuestra oferta interna crece más lentamente, por falta de competitividad, el resultado de esta situación es un fuerte déficit en la Balanza de Pagos. 

El modelo de crecimiento, pues, de la economía española tiene su origen en la disminución de los tipos de interés que el euro ha propiciado, en el escaso nivel de endeudamiento de los españoles en los noventa y en las expectativas que tenemos de que la construcción va a seguir manteniendo su valor. El comportamiento del sector público, la política fiscal, es, en este contexto, relativamente neutral, porque mantiene el equilibrio en las cuentas públicas. 

Pero esta pauta de crecimiento tiene dos límites. El primer límite de nuestro modelo de crecimiento basado en la construcción viene dado por la capacidad de absorción de la vivienda nueva. A finales de 2004 había en España tres millones de viviendas vacías por lo que, al ritmo actual de construcción, puede producirse un exceso de oferta que paralice el crecimiento de los precios. El segundo límite es el del máximo nivel de endeudamiento de las familias permitido por el sistema financiero. Y es que el nivel de endeudamiento que los bancos pueden financiar depende de la capacidad de pago de las familias, por lo que llegado a un nivel alto, la financiación se vuelve escasa. Precisamente para no sobrepasar este límite es por lo que la autoridad monetaria, el Banco de España, vigila el comportamiento del Sistema Financiero. Y porque existen estos dos límites es por lo que los economistas sabemos que el modelo de crecimiento de la economía española se agota. No sabemos cuándo, pero es un modelo insostenible en un largo plazo. 

Y junto a los límites, un peligro: una subida de tipos. Y es que habiéndonos endeudado tanto y a tipos de interés variables, los españoles hemos hecho muy sensible nuestra economía a los tipos de interés. Demasiado sensible. Por eso la inflación no nos debe de dejar indiferentes. Porque una subida de inflación en Europa podría motivar una subida de tipos y jugarnos nuestro crecimiento. 

Para esquivar este peligro y no llegar a los límites es por lo que hay que cambiar el modelo de crecimiento. En ello nos va nuestro bienestar en los próximos años.