Estados ¿Unidos?

La situación de las finanzas públicas norteamericanas es tan compleja que, por segunda vez en el año y no por última vez, la economía norteamericana ha vivido en la últimas semanas al borde del colapso. Para explicar el problema no basta con hacer un análisis político de las posiciones de los dos partidos norteamericanos, sino que es necesario analizar los problemas de fondo de la muy financiera economía norteamericana. 

A pesar de toda la retórica con la que podríamos envolverlo, el hecho es que el modelo de crecimiento de la economía norteamericana es, desde hace más de sesenta años, típicamente keynesiano. Es decir, es un modelo orientado al crecimiento económico en el que tanto la política monetaria como la política fiscal se articulan para mantener una alta tasa de crecimiento económico que permite tener una baja tasa de paro. En general, los norteamericanos no tienen entre sus objetivos de política macroeconómica ni la estabilidad de precios (aunque tienen una cierta vigilancia sobre su inflación), ni el equilibrio de la balanza de pagos (deficitaria desde hace décadas), sino el crecimiento y el empleo. Es típico, pues, que en épocas de bajo crecimiento los gobiernos norteamericanos utilicen una expansión fiscal, bien mediante bajadas de impuestos (como las que hizo el presidente Reagan en los 80 o el presidente Bush junior en este siglo); bien mediante expansión del gasto (como las que hizo el presidente Carter en los setenta o el presidente Obama ante la crisis actual); bien mediante una combinación de las dos. Como es típico que la Reserva Federal siga aproximadamente la regla de Taylor de tal forma que, cuando se produce una situación de bajo crecimiento, lo esperado es una fuerte bajada de tipos de interés y, si es necesario, la inyección directa de financiación en el sistema financiero (tal y como ocurrió en 2001 o en los últimos años). Los norteamericanos, gobierne quien gobierne, son, en política macroeconómica, predecibles y pragmáticos. 

El problema latente del modelo de crecimiento norteamericano es un problema financiero. Y es que la economía norteamericana, casi desde la Segunda Guerra Mundial, ha crecido arrastrando dos déficits importantes: el déficit público y el déficit exterior. Dos déficits, que durante un tiempo se llamaron "gemelos", que han ido acumulando una ingente deuda pública y una importante deuda exterior. Los norteamericanos acumulan una deuda pública neta de casi el 100% de su PIB (unos 17 billones de dólares, unos 13 billones de euros), mayor que la deuda pública europea y, en términos absolutos, la más grande del mundo (casi un 20% del PIB mundial). Una deuda pública que los norteamericanos colocan fácilmente en los mercados internacionales, fundamentalmente en China, Alemania y las economías petroleras, convirtiéndola, así, en exterior (el 50% de toda la deuda exterior mundial). La situación es, de momento, sostenida por el papel de moneda internacional del dólar y la dependencia de todas las economías del planeta de la economía norteamericana, pero está alcanzando unas cotas que la hacen peligrosa. 

La raíz del problema es el déficit público norteamericano. Un déficit que, este año, estará en el entorno del 6% y sobre el que tanto demócratas como republicanos coinciden en que es necesario controlar. En lo que no coinciden es en el ritmo de reducción y en el camino para lograrlo. Los demócratas, con el presidente Obama a la cabeza, quieren subir impuestos y reordenar las partidas de gasto orientándolo hacia más bienestar (gasto sanitario y educativo, por ejemplo), mientras que los republicanos, guiados por los extremistas del Tea Party, quieren reducir aún más el escaso Estado del Bienestar norteamericano. Y para ganar este debate estos últimos utilizan todos los resortes legales y políticos que la maquinaria política americana permite. Viviremos, pues, más momentos financieros críticos en los próximos años. No solo porque el problema del modelo de crecimiento americano no se resuelve en unos meses, sino porque la política norteamericana se ha polarizado y banalizado... casi como la nuestra. 

Otros presupuestos suspensos

El pasado 27 de septiembre el Gobierno aprobó los Presupuestos Generales del Estado para el 2014. Unos presupuestos que cada vez se presentan y explican peor. Este año con un powerpoint cutre de 6 transparencias inconexas, sin cuadro macroeconómico y sin homogeneidad entre ellas (ni con años anteriores), y con dos notas de prensa de tres páginas escritas en estilo twitter en las que el titular es tan escandalosamente propagandístico que se llama ¡recuperación! a un crecimiento del ¡0,7%! del PIB. Con estos documentos para presentar una ley de la importancia de los presupuestos, el Gobierno vuelve a decirnos a los ciudadanos que nos tiene por unos críos tontos. Una vez más, el Gobierno ignora la importancia de la comunicación en política económica. En cuanto al contenido del proyecto de ley, volvemos a tener, como en los años anteriores y en las previsiones de abril, un ejercicio de política fiscal que, en cualquier facultad de Económicas del mundo, merecería la calificación de suspenso.

Profundamente suspenso. En primer lugar, porque el cuadro macroeconómico vuelve a estar mal hecho. Me temo que es muy improbable que el PIB crezca el 0,7% el próximo año gracias a la aportación del saldo exterior en un ¡1,2! con crecimientos del 5,5 de las exportaciones y del 2,4 de las importaciones. Para que estos datos se den, el crecimiento de la Eurozona ha de ser más vigoroso y debe volver a haber una temporada turística récord. Más razonable me parece la previsión negativa de crecimiento de la demanda interior en el -0,4%, pues tendremos un consumo interior prácticamente estancado en el entorno del 0, por la alta tasa de paro, las bajadas reales de salarios, los altos niveles impositivos y el exceso de deuda. Como contribuirá negativamente la disminución del consumo público en el 0,9, por los ajustes fiscales, y una inversión raquítica por las bajas expectativas de consumo y el racionamiento de crédito que la banca está sometiendo a las empresas. Prever, con este cuadro de puro estancamiento interior, una mejora del déficit público en el 0,7 del PIB es excesivo, máxime si no se quieren subir los impuestos ni se quieren tocar realmente los gastos. Pero más allá del cuadro macroeconómico, los presupuestos están mal hechos porque vuelven a encerrar trampas en el solitario. En la vertiente de impuestos hay dos claras. La primera es que me temo que no es fácilmente explicable cómo es posible prever una subida de la recaudación de IRPF en 1,7%, con el nivel de paro, caída salarial y de rentas empresariales que estamos experimentado. Dicho de otro modo, si el empleo no va a mejorar y no van a subir las rentas, que son la base sobre la que se grava el impuesto, ¿cómo es que esperan recaudar más? ¿es que prevén una subida del tipo impositivo? El año pasado hicieron una previsión similar y han fallado en 2.233 millones. Y este año no se espera otra "regularización" fiscal. La segunda es similar, pero más llamativa, porque es sobre la recaudación de IVA. Si el consumo privado se espera que solo crezca en un 0,2% y las importaciones solo un 2,4 ¿de dónde sale una subida de recaudación del 2,7? Y en la vertiente del gasto, casi nada se puede decir, salvo que no hay buena información, porque los gastos no están bien desagregados, hay una absoluta falta de transparencia y solo se habla de tope de gasto.

En definitiva, el Gobierno, por enésima vez, ha presentado unos presupuestos mal elaborados, oscuros en sus cifras y farragosos en su comunicación. Unos presupuestos de los que solo se puede concluir que las administraciones públicas pretenden gastar un 11,3% más de lo que prevén recaudar y que a esto le llaman "austeridad". Unos presupuestos que hay que trabajar más porque hay que presentarlos en Bruselas dentro de un mes, y sería muy peligroso tomar a los socios comunitarios por tontos, como hacen con nosotros.

Sin anestesia

Seamos realistas y digamos las cosas sin anestesia. El paro es una realidad que afecta a 6 millones de personas en España. Tenemos 1,8 millones de familias con todos sus miembros en paro. La tasa de paro es del 26,3%. Estos son los hechos. 

En perspectiva histórica es la cantidad de parados más alta que jamás haya tenido la economía española, y la tasa de paro más alta desde que hay registros y estudios de paro en nuestro país. Y si tomamos una perspectiva comparada, la situación adquiere unas sombras para una reflexión más profunda: España, con solo el 9% de la población de la Unión Europea, concentra el 31,5% del total del paro europeo. Ni siquiera Grecia, con una caída del PIB en los tres últimos años de casi el 30% llega a tener la tasa de paro española. 

Y si traducimos estos números a nuestra comunidad autónoma las proporciones se multiplican: Andalucía, con una población de solo 8,4 millones de personas, tiene 1,4 millones de parados, lo que supone una tasa de paro del 35,79%. Para hacernos una idea de las diferencias con Europa, Alemania tiene una población 10 veces más grande que Andalucía y solo tiene 2,3 millones de parados. 

Esta es la verdadera medida de la crisis porque este es el verdadero problema de nuestra economía y nuestra sociedad. Posiblemente estemos ahora saliendo de la recesión en la que estábamos, con tasas de crecimiento positivo en unas décimas (en gran medida fruto de una magnífica temporada turística) y es más que probable que el año que viene crezca el PIB alrededor del 1%. Es cierto que tenemos balanza de pagos positiva y estamos pagando lentamente nuestra deuda exterior. Como es cierto que se ha frenado la destrucción de empleo. Como es cierto que la prima de riesgo está en niveles soportables. 

Siendo todo esto cierto, que lo es, no es cierto que estemos saliendo de la crisis. Porque lo único que muestran estos indicadores es que el duro ajuste salarial y el de productividad (por los sobredespidos) que está sufriendo la economía española están haciendo que ganemos competitividad, lo que mantiene la demanda exterior porque la demanda interior está estancada, que empieza a ser creíble la situación de nuestros bancos y se han alejado los fantasmas de la quiebra del euro. Nada más. 

Lo siento, pero los indicadores no muestran que estemos saliendo de la crisis, sino que nuestra dramática situación no empeorará. Y no muestran que estemos saliendo de la crisis porque la verdadera salida de la crisis será cuando empecemos a crear empleo estable de forma sostenida a un ritmo de 300.000 al año (y no 31 empleos netos por causas estacionales), cuando bajemos de los 5 millones de parados, cuando la cifra de hogares con todos sus miembros en paro baje de 1 millón, cuando no estemos haciendo permanentes ajustes salariales. No estaremos en crisis cuando estemos creciendo al 3% con los equilibrios básicos de inflación y balanza de pagos equilibrados. No estaremos en crisis cuando tengamos medio millón de empresas más y la inversión vuelva a tasas positivas de crecimiento. No estaremos en crisis cuando empiece a bajar la deuda pública y no tengamos un déficit público del 7% y hayamos dimensionado el sector público a lo que realmente debe ser. 

Y para llegar a esta situación falta mucho, mucho más esfuerzo, mucha y mejor política económica. Hay que hacer mucho más que unas "reformitas" parciales o inacabadas, lanzar las campanas al vuelo de cada dato que no empeora, protestar en Bruselas, echarle la culpa a Alemania y esperar a que escampe. 

Lo siento, siento de veras ser un aguafiestas y no poder decir que estamos saliendo de la crisis. Pero la realidad de la economía española es la que es y es mi obligación de economista honrado contarla. Lo demás son politiquerías y no están los tiempos para ellas. 

Paro y fractura social

Seis años de crisis están cambiando profundamente la economía y la sociedad española. Cambios que son tanto más grandes y problemáticos por impensables hace sólo cuatro o cinco años. Y lo curioso es que casi nada ha cambiado en la política española. Las mismas caras, los mismos debates. La sociedad española está cambiando y se precipita en una crisis social. 

La economía española ha cambiado profundamente. De una tasa de crecimiento de casi el 4% estamos pasando por la segunda recesión y nos conformamos con crecer al 1%. Los equilibrios de mercados, inflación y saldo exterior, en el entorno de la estabilidad. Los de sector público, disparados, con una deuda del 90% y creciendo y un déficit a duras penas controlado al 7%, a pesar de subidas de impuestos y recortes en los gastos. Y lo que lo cambia todo: una dramática tasa de paro del 26,3% con más de 6 millones de personas que buscan empleo. La economía española de 2013 es muy diferente, no sólo sectorialmente (ya casi no queda construcción), sino en su propia dinámica y funcionamiento, a la de 2008, antes de la quiebra de Lehman Brothers, en gran medida porque tiene una cifra de paro insostenible. 

En paralelo a estos cambios los cambios en la sociedad española. Demográficamente no crecemos, no sólo porque se haya frenado la inmigración y haya una incipiente emigración, sino porque se han desplomado los nacimientos. Se aceptan con normalidad (aunque no por algunos) nuevas formas de familia. Nos hemos secularizado hasta límites impensables hace una década, y se acepta con relativa calma la diferencia. Los españoles nos hemos vuelto escépticos y acomodados, no sé si por una cínica reflexión, por edad o por simple pasividad. Tan escépticos y acomodados que contemplamos con una asombrosa pasividad y conformismo la cifra de paro y a la fractura social que está produciendo. Porque el paro, ese 26,3% de tasa de paro, que en algunas zonas sobrepasa el 30%, está poniendo en peligro nuestra cohesión social y está provocando fisuras sociales que pueden derivar en una verdadera fractura. Una fractura social peligrosa, muy peligrosa en un contexto de desprestigio de la política y de las instituciones de participación social. 

6 millones de parados; 1,8 millones de familias con todos sus miembros en paro; 3,5 millones de parados de larga; 1,7 millones de jóvenes en paro... son suficiente causa de fractura social porque nada redistribuye más renta que el mercado de trabajo, ni nada produce más desigualdad ni divide socialmente más que el paro. Porque el paro no sólo produce pérdida de renta, es que también deteriora las condiciones de salud del parado, disminuye su autoestima, lo empuja al ocultamiento social, a la disminución de la participación, a la marginación. Y con todo esto, el deterioro de las condiciones de vida de la familia, empezando por los más vulnerables. El paro es un drama social. Un drama social que, además, estratifica la sociedad porque afecta más a las capas más pobres. Un drama social porque produce capas sociales que no se mezclan, que se reproducen a sí mismas, que impiden la dinámica social. Y con ella la polarización, la pérdida de esa clase media que articula la convivencia. 

La crisis no sólo es económica, estamos empezando a vivir una crisis social que puede ser mucho más grave y difícil de resolver. Una crisis social provocada por una incipiente fractura social que si no se hace más grande es porque aún se mantiene en pie nuestro Estado del bienestar, porque la solidaridad familiar aguanta ese 26,3% de paro, porque Cáritas y otras organizaciones sociales palian los casos más extremos. 

Creo que es en esto, en reactivar la economía y evitar la fractura social, en lo que tendrían que estar ocupados nuestros políticos y, con ellos toda la sociedad, porque lo que nos jugamos se llama convivencia y es la esencia de la vida en comunidad. 

Gibraltar y la política exterior

Hay una regla en política que establece que la mejor forma de desviar la atención de un problema interior es buscarse un problema exterior. Nada como un conflicto exterior para centrar los titulares. Y más en un verano en el que no hay fútbol internacional. Mucho daño debe estar causando el caso Bárcenas en el Gobierno para que se haya dado la orden de elevar el tono con Gibraltar. Porque a esto, y no a otra cosa, responde la política de controles en la Verja y la escalada de agresividad de la política española contra Gibraltar. Lo demás son excusas. Y es que Gibraltar consigue poner el acento en un agravio histórico (delicia de titulares de prensa), se exacerba al nacionalismo españolista (y al catalanista), se da la sensación de que se hace algo importante y parece que tenemos política exterior. 

Y lo que realmente se consigue es poner de manifiesto que no tenemos dirección de política exterior. Porque si tuviéramos una política exterior coherente, algo que no tenemos desde que Jose María Aznar decidió, en 2001, romper los principios de la que teníamos desde la Transición, el tema de Gibraltar lo tendríamos encauzado desde hace años, a partir de las resoluciones de las Naciones Unidas referentes a la descolonización del Peñón, en el marco de la Unión Europea. Más aún, si el tema lo hubiéramos jugado dentro de la misma Unión ahora tendríamos fuerza legal para exigir la trasposición, dentro del Peñón por ser territorio británico, de la normativa medioambiental británica y europea que evite los arrecifes artificiales o las gasolineras flotantes. Como hubiéramos obligado a los británicos a imponer a los gibraltareños la normativa de controles financieros que hubiera llevado al Reino Unido a contradicción jurídica y concitado el apoyo de los alemanes y los nórdicos. 

Frente a eso, la política que seguimos es infantil ya que es imposible mantener los controles fronterizos por tiempo indefinido, y hemos dejado que sean los británicos los que lleven una acción que se realiza en territorio español, los controles, ante la misma Unión Europea, para que la declare ilegal, con lo que llevan ellos la iniciativa. Incluso, el Gobierno, en un burdo intento de concitar la "unidad nacional" involucrando al PSOE, ha tenido la peregrina idea de abrir negociaciones cuatripartitas, metiendo a Gibraltar y a la Junta de Andalucía, contradiciéndose en su criterio de limitar la acción exterior de las Comunidades Autónomas. 

Más aún, el tema de Gibraltar está tan mal llevado que incluso se ha hecho un amago de acercamiento a Argentina, con la que tenemos varios contenciosos bilaterales graves, porque preside el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con lo que, por Gibraltar, estamos a punto de dar un giro en nuestra política latinoamericana y europea, pues el tema de las Malvinas es un tema mayor tanto en Argentina y en el Reino Unido. Incluso podemos ir a peor, porque el contencioso de Gibraltar es interpretado en Marruecos como un espejo de nuestras ciudades del Norte de Africa, aunque no lo sea ni histórica, jurídica o sociológicamente . 

Gibraltar es un tema delicado que ha de tratarse con cuidado. Lo malo es que, encima, nuestro Gobierno nos regala con justificaciones absurdas. Porque justificar los controles en el contrabando de tabaco (los 140 millones de cajetillas anuales que los gibraltareños, según el ministro del Interior, no se fuman) es absurdo, porque es evidente que no pasan 33.000 cartones de tabaco diarios por la Verja. Como no es de ahora y es evidente que Gibraltar es un paraíso fiscal indecente y que eso no se elimina con los controles. 

Lo siento, pero el tema de Gibraltar pone de manifiesto que tenemos una política exterior "castiza" y contradictoria, algo que no debe ser nunca la política exterior, que emana de un Gobierno que gestiona a impulsos de una "agenda" que no controla. Y que dudo que pueda llegar a controlar. 

Explicaciones, ya

La democracia no es solo un conjunto de derechos individuales inalienables y la posibilidad de elegir a aquellos que nos gobiernan. Es también un proceso de toma de decisiones y de rendición de cuentas. De ahí que el nivel de democracia de un sistema político, su calidad democrática, se mida por el número y profundidad de los derechos que se ejercen realmente, por las posibilidades reales de cada uno de los ciudadanos de ser elegido para un cargo, por la transparencia y participación con la que se toman las decisiones, se rinden cuentas y se asumen responsabilidades. Una democracia, como la española, en la que los derechos se ejercen con mucha dificultad (y siempre desigualmente), los partidos sustraen la posibilidad real de ser elegido y no hay transparencia ni en la toma de decisiones, ni en la rendición de cuentas, es, siento decirlo, de muy baja calidad. 

Una calidad democrática que se deteriora cada día un poco más por la actitud del presidente Rajoy de despreciar uno de los más elementales principios democráticos: la rendición de cuentas, pública y continua ante la opinión a través de los medios, y en sede parlamentaria ante los representantes del pueblo. Es un desprecio a la democracia que un presidente no conceda ruedas de prensa (salvo cuando viene un mandatario extranjero), que no admita preguntas, que no responda a lo que se le pregunta y, lo que es peor, que no quiera ir, y se le consienta no ir, a las Cortes para darle cuentas a los representantes legítimos del pueblo español. En Estados Unidos, por ejemplo, las comunicaciones del presidente Obama a la nación son semanales y, solo el año pasado, dio 42 ruedas de prensa sometiéndose a todo tipo de preguntas. En Inglaterra, el primer ministro Cameron dio el pasado año 30 ruedas de prensa y se sometió a más de 200 interpelaciones parlamentarias. En Alemania, la canciller Merkel dio 23 ruedas de prensa... 

Pero no es solo que el presidente no quiera dar explicaciones, es que, encima, la vicepresidenta Sáez de Santamaría nos dice a los españoles que las dará "cuando y como él considere oportuno". Con lo que el Gobierno nos trata como si fuéramos niños chicos a los que se les puede decir qué pueden preguntar, qué es importante y qué no, y cuándo han de preguntarlo. Parece como si el presidente del Gobierno fuera una especie de "jefe" de los españoles y la ciudadanía pobres súbditos que hemos de expresar lealtades incondicionales. Y, lo siento, pero en una democracia el "jefe" es la ciudadanía, no el presidente. No votamos un "dictador benevolente" cada cuatro años. Y este ciudadano que soy quiere explicaciones. 

Las explicaciones que quiero hoy no se refieren a la "flor de invernadero del crecimiento", sino a si el Partido Popular se ha financiado ilegalmente. Como quiero saber si esta financiación dio ventajas en las licitaciones públicas a determinadas empresas. Como quiero saber qué empresas y particulares fueron los que dieron el dinero, a quién lo dieron y qué consiguieron con ello. Y quiero saber si el presidente Rajoy y otros dirigentes del Partido Popular cobraron sueldos en negro defraudando a Hacienda. Sencillamente, quiero explicaciones. Y estoy en mi derecho de quererlas ya. 

Y quiero explicaciones porque quiero formarme una opinión sobre el perfil moral de quienes me gobiernan, sobre la credibilidad de sus palabras, sobre su grado de hipocresía y cinismo. Quiero hacerme una idea de la podredumbre de nuestra vida pública. Quiero saber en qué grado de mentira hemos estado viviendo. 

Por eso exijo explicaciones del presidente del Gobierno ya. Y exijo que pidan esas explicaciones los parlamentarios del Partido Popular que nos representan en Madrid y que, de momento, no las piden por disciplina de partido. Y digo exijo, y no ruego, porque soy un ciudadano, no un súbdito… y ya estoy harto de que se me trate como a un inferior. 

Un informe prescindible

Esta semana pasada se han presentado dos documentos importantes. El primero, un informe FAES, el think tank del PP que preside José María Aznar, se titula "Una reforma fiscal para el crecimiento y el empleo", y en 218 páginas pretende orientar la reforma fiscal que se avecina; el segundo, elaborado por el Consejo Territorial del PSOE, se llama "Hacia una estructura federal del Estado", y en 24 páginas nos dice cómo propone el PSOE reformar la Constitución. Como el primero marcará la próxima reforma fiscal, será el que analice hoy. 

El documento que presentó Aznar el martes pasado se articula en un prólogo, siete capítulos y unas conclusiones. Y ya desde el mismo índice se ve el hilo argumental del documento, pues el primer capítulo se dedica a los "costes de la imposición"; el segundo a la relación entre "impuestos y crecimiento económico"; el tercero a la "reforma del IRPF"; el cuarto a los rendimientos del "capital"; el quinto a la fiscalidad "empresarial"; el sexto, a la "imposición indirecta", y, el séptimo a la "imposición de la riqueza". O sea, que desde el principio, el informe, que se pretende "científico", está orientado a sostener las ideas bajo las que se encargó: que pagar impuestos es "malo"; que si se pagan impuestos se ralentiza el crecimiento; que el IRPF hay que simplificarlo; que hay que reducir la fiscalidad al capital y a las empresas; que hay que aumentar la imposición indirecta (con el hallazgo de que es ¡progresiva!); que hay que eliminar los impuestos que gravan la riqueza, porque invitan a una "vida desenfrenada" (pág.201). Es decir, el informe FAES dice lo que Aznar y Esperanza Aguirre vienen diciendo desde hace años en un ejercicio de escolasticismo pseudocientífico. Un informe prescindible, con una desproporción asombrosa en el análisis de los impuestos que pagan las familias que poseen capital frente a las que solo viven de su salario (mayoritarias en España); incompleto, porque no hay un capítulo para las cotizaciones sociales, cuando tienen una incidencia evidente en el empleo y suponen el 38% de la recaudación; y muy parcial, porque no hay ninguna referencia al gasto público que es la causa última de la imposición. 

Una lectura reposada del informe nos lleva a encontrar perlas asombrosas. Así, el primer capítulo, tras 30 páginas de cientifismo económico, solo llega a la conclusión, de manual de microeconomía de primero, que pagar impuestos genera costes y distorsiona el comportamiento de los agentes. El segundo se esfuerza en documentar que los impuestos directos tienen más influencia en el comportamiento económico que los indirectos, lo que es también evidente porque los directos los percibimos claramente y gravan la totalidad de la renta generada y los indirectos no, para llegar a la conclusión de que hay que subir la imposición indirecta (en lo que ya se aplica el ministro Montoro). 

De los otros capítulos, dos son los más reseñables, por la importancia relativa de los impuestos, y contienen ideas incalificables, especialmente respecto a la progresividad o distribución de la carga impositiva. Así, en el capítulo sobre el impuesto de la renta, se despacha el tema de la progresividad con un par de párrafos (pág. 93) y el aserto de que la redistribución de la renta ha de hacerse a través del gasto público (cuando hay evidencia en lo contrario). Mientras que en el capítulo sobre la imposición indirecta se llega a afirmar, en la página 180, sin pudor ninguno, que los impuestos indirectos en el caso español son ¡"ligeramente progresivos"! De la suma de las dos ideas, se puede deducir que la progresividad del sistema no les importa. En definitiva, el informe FAES son 218 páginas de cháchara que solo buscan justificar lo que, a priori, quería el que mandó hacer el informe. Lo malo es que con estas páginas de cháchara el Gobierno hará una reforma fiscal que afectará negativamente al crecimiento, al empleo y, más grave, a la cohesión social española.