Fracaso migratorio en Europa

El documento de conclusiones del Consejo Europeo del pasado 28 de junio contiene 26 puntos: los doce primeros están dedicados a «Migración», el largo decimotercero a «Seguridad y Defensa», los cinco siguientes a «Empleo, crecimiento y competitividad», los puntos 19 a 22 a «Innovación y cuestiones digitales», y, los cuatro finales a «Otras cuestiones». La crisis migratoria, preocupación, por distintas razones, en diversos países, fue la clave de la reunión. 

 

Una lectura atenta, que recomiendo, de esos primeros 12 puntos nos dejan los siguientes tres mensajes claros. Primero, que para los Gobiernos europeos, el problema migratorio es una cuestión de «control efectivo de las fronteras exteriores» (punto 1), de ahí que el objetivo de toda la política migratoria de la Unión sea «evitar que se reanude la afluencia descontrolada de 2015, y a seguir conteniendo la migración ilegal en todas las rutas existentes y que puedan abrirse» (punto 2). Segundo, que para alcanzar este objetivo (puntos 3 a 6) la Unión traslada la responsabilidad a los países del otro lado de las fronteras exteriores, o sea, a ¡la guardia costera libia! (como si tal cosa realmente existiera), a la Turquía de Erdogan y a Marruecos. Carga la responsabilidad sobre los «traficantes de personas» y, para «eliminar los incentivos que empujan a las personas a embarcarse en travesías peligrosas», «pide al Consejo y a la Comisión que estudien con prontitud el concepto de plataformas regionales de desembarque» en los países fronterizos, eso sí «sin crear un efecto llamada», y, dentro de la Unión, la creación de Centros Controlados establecidos, o sea, los CIEs que ya operan, por ejemplo, en España. En el punto 7 se aprueba dar más dinero a Turquía y dotar con ¡500 millones de euros! (es decir, con 55 céntimos de euro por persona) a un fondo fiduciario de emergencia para África. El tercer mensaje (puntos 9 a 12) refuerza los anteriores: el tema de las migraciones es una cuestión fronteriza, al que hay que dedicar dinero, y es un problema de los países que tienen fronteras exteriores, que no debe contaminar a los demás. En algún momento de la reunión, alguien debió sugerir que el tema es algo más profundo y que tiene que ver con los problemas de desarrollo de África, porque se introdujo un punto 8 que así lo reconoce, pero que es pura retórica. 

 

A eso es a lo que llegaron las delegaciones de 28 países ricos y desarrollados, democráticos y sociales, gobernados por todas las ideologías, tras meses de preparación y más de 12 horas de reunión. Es decir, a un inmenso fracaso, con todas sus letras. Fracaso porque los líderes de la civilizada Europa o son miopes y no ven el problema de fondo, o son cínicos que, viéndolos no lo quieren resolver. Solo resolviendo la pobreza en África y los conflictos en Oriente Medio se puede bajar la presión migratoria, y con ella, los dramas en el Mediterráneo y los Balcanes, no poniendo más dinero para campos de concentración. Fracaso en no tener una política conjunta, en la que los países del Norte (¡tan desarrollados, tan solidarios, tan democráticos, tan moralmente superiores al resto, tan pulcros...!) se desentienden del problema, vaya a ser que generen en sus desarrolladas y moralmente elevadas sociedades inelegantes brotes de racismo. Fracaso en la plasmación misma de los valores sobre los que se quiere construir Europa. 

 

La cumbre europea ha sido un fracaso inmenso. Un fracaso inmenso y continuo porque una patera en el Mediterráneo, una caravana por los Balcanes, un solo inmigrante muerto es un fracaso no solo de nuestros líderes, sino de nuestras sociedades que asisten impasibles a este problema, y se creen a líderes iluminados y xenófobos (Orban, Kurz o Conte) o ingenuos (como Macron o Sánchez). Por cierto, que de la lectura de las conclusiones a lo que dijo el presidente Sánchez que había pasado hay un trecho tan largo que parece que no estuvo allí. 

 

4 de julio de 2018 

 

El Gobierno Sánchez

Reconozco que Pedro Sánchez me ha sorprendido favorablemente, pues la primera decisión importante que ha tomado, formar Gobierno, ha sido, al menos en mi opinión, muy inteligente. Más aún, hasta uno de los pocos errores que cometió le ha salido, por una casualidad, bien, pues Guirao es mucho más ministro que Huerta. 

 

La formación de Gobierno es realmente la gran decisión de un presidente, pues con ella, además de hacer una declaración de intenciones y mandar mensajes a la ciudadanía, constituye el equipo con el que puede ejercer el poder. 

 

Un análisis somero del Gobierno a partir de los curricula públicos de sus miembros (y basta una hoja de cálculo) nos da muchas pistas de los objetivos del presidente Sánchez. 

 

En primer lugar, es claro que este es el primer Gobierno español montado para ganar unas elecciones a medio plazo, no para gobernar ahora. Y este objetivo está claro pues este Gobierno está hecho para marcar la agenda política, para traer al debate público otros temas que no son la crisis económica (que se da por superada y en el que tendría ventaja el PP) y que preocupan especialmente a la clase media, urbana, de edad mediana o joven. Este es un Gobierno en el que los temas que se quieren tratar son los que han escogido a los ministros, un Gobierno trending-topic, montado por un equipo experto en perfiles psicológicos a partir de las tendencias sociales que se manifiestan en las redes. Este Gobierno, con 11 mujeres, no es explicable sin el éxito de la movilización del 8 de marzo, sin el intento de ganar el voto femenino. 

 

Como este Gobierno no es explicable sin Cataluña: Borrell no hubiera sido, a sus 71 años, ministro de Exteriores sin el discurso de la manifestación del 8 de octubre del pasado año. Como Carmen Calvo no hubiera sido vicepresidenta si no hubiera sido la negociadora con Soraya Sainz de Santamaría la aplicación del artículo 155. Ni es explicable Batet sin el intento de arañar votos en Cataluña. Ni es explicable este Gobierno sin la tendencia ecológica que se manifiesta en los nombramientos de Reyes Maroto y Teresa Rivera, junto con el mismo Borrell. Como no sería explicable la presencia de tres juristas (dos jueces y una fiscal) si no hubiera encuestas que señalan que los jueces son uno de los colectivos con mayor credibilidad ante la ciudadanía. Como Pedro Duque es ministro, y lo fue Màxim Huerta, por sus posicionamientos públicos, no porque tenga experiencia en gestión de ciencia o de universidades. 

 

Y, junto a las tendencias líquidas, la política sólida, de siempre. Con el nombramiento de Nadia Calviño y de Luis Planas (y Borrell), se manda un mensaje de tranquilidad a Europa y se le dice que se va a mantener la política de consolidación fiscal y de reformas. De la misma forma, con el nombramiento de Celaá y de Monzón se vuelve a posiciones ideológicas en los campos de la educación y la sanidad. Como con el nombramiento de Montero se lanza un mensaje al mismo PSOE, especialmente al andaluz, de suficiencia. Un mensaje que se le ha reforzado a los barones y cuadros del PSOE con los nombramientos de independientes, diciendo que el que se movió no «saldrá en la foto», salvo que haga méritos ahora. 

 

Pero más allá de lo que nos dice la composición del Gobierno, este es un Gobierno para unas elecciones, porque cambiados los temas de la agenda política, el segundo objetivo del Gobierno será encarar las elecciones municipales y autonómicas, primer test serio de las posibilidades de un nuevo Gobierno Sánchez. Y es que con 85 diputados de 350 diputados (24%) y 62 senadores de 266 (23%), un presupuesto aprobado para el año que viene y tres partidos en la oposición, este Gobierno no está pensado para gobernar, sino para calentar las primeras elecciones post-crisis y tener posibilidades de ganarlas allá por el otoño del año que viene. Durar más allá, sería un milagro. 

 

20 de junio de 2018

Elecciones, por favor

Aunque sea recurrible, la sentencia del caso Gürtel no deja lugar a dudas: el Partido Popular se financió ilegalmente con prácticas corruptas; bastantes y muy relevantes personas se enriquecieron ilícitamente; y otras, especialmente los que tuvieron cargos en el partido, entre ellos el anterior presidente, el señor Aznar, y el actual presidente del partido, Mariano Rajoy, o lo consintieron o, en el mejor de los casos, no establecieron los mecanismos de control, como era su obligación, para que no ocurriera. Como, además, todo esto se ha investigado y conocido mientras el PP ha estado en el Gobierno, su política de negación, inacción, obstrucción e intoxicación, lejos de minimizar los efectos de esta corrupción, los amplifica. En definitiva, el PP se ha demostrado un partido que no es digno de confianza (y lo siento por los cuadros y afiliados que sí lo son), como no lo es el señor Rajoy, ni la mayoría de los cuadros del partido en la dirección nacional. Además, no han mostrado la diligencia debida para poner en conocimiento de la opinión pública lo ocurrido, pues, ni han hecho un informe de auditoría transparente, ni han aportado datos en la Comisión parlamentaria, ni han colaborado con la Justicia (y el caso de los discos duros es llamativo). Tampoco han mostrado arrepentimiento, ni repugnancia, ni la eficacia exigible para reconocer los hechos, repudiarlos y atajarlos, por lo que, en conclusión, no eran dignos de seguir gobernando. Más aún, no eran dignos de seguir gobernando porque ni siquiera son conscientes, a tenor de sus declaraciones (algunas de malos leguleyos como las de la secretaria general, la señora Cospedal) de lo que significa la sentencia. 

Una sentencia así, en cualquier democracia saludable (si es que queda alguna), que establece la corrupción del partido del Gobierno e involucra al presidente del partido y del Gobierno, hubiera tenido, como primera consecuencia, una declaración pública de explicaciones, y, a continuación, una dimisión inmediata. Una dimisión inmediata y convocatoria de elecciones, pues las elecciones sirven esencialmente para saber en quién deposita la ciudadanía su confianza. Sin embargo, el señor Rajoy, en un acto reflejo, se enrocó. Lo que ha aprovechado un oportunista como Pedro Sánchez para ser presidente. 

La legitimidad del señor Sánchez para ser presidente es indudable, pues ha tenido la mayoría de la Cámara, pero eso no es lo mismo que tener la confianza de una mayoría de los ciudadanos. El señor Sánchez no ha sido investido presidente del Gobierno porque haya concitado el apoyo de una mayoría, sino porque, en el sistema de moción de censura (lo de constructiva habría que verlo) el presidente Rajoy ha concitado más oposición. Estar en contra de algo solo implica apoyar lo contrario si no hay nada más que una alternativa. Es evidente que el señor Sánchez presentó su moción con un claro cálculo electoral: gana la visibilidad que no tiene por no ser líder de la oposición (y que le estaba arrebatando el señor Rivera) y tiene la posibilidad de llevar iniciativas que refuercen su discurso, al tiempo que refuerza el apoyo dentro de su propio partido, pues nada une más que el poder. Más aún, en caso de que perdiera las próximas elecciones, la posibilidad de tener mejor resultado que en las anteriores y no verse superado por Podemos le garantiza la continuidad en la Secretaría General del PSOE. El señor Sánchez tiene ahora oportunidades personales que hace un mes las encuestas no le daban. Por eso es presidente del Gobierno. 

Pero es un presidente que no fue el más votado en las urnas. Un presidente que tuvo el 22,6% de los votos y que cuenta con solo 85 diputados. Por eso, en cualquier democracia decente (si es que queda alguna), el presidente Sánchez se sometería al veredicto de las elecciones de tal forma que la ciudadanía pueda darle su confianza. Necesitamos, pues, elecciones cuanto antes. Llegar a ser una democracia decente lo reclama, por favor.

4 de junio de 2018

Oriente Próximo (II): las ideas y los intereses

En los últimos párrafos de la Teoría General del empleo, el interés y el dinero, John Maynard Keynes escribe que lo que mueve el mundo para bien o para mal, más que los intereses creados, son las ideas. En realidad, lo que mueve el mundo es la mezcla de ideas e intereses. Una mezcla que, en Oriente Próximo, es explosiva. 

 

Para comprender qué pasa en Oriente Próximo es necesario hacer referencia al papel central de la religión en su vida pública. En países crecientemente desacralizados, relativamente homogéneos y democráticos, como España, en los que la religión va siendo solo una parte pequeña de lo público, y se mantiene por su sustrato cultural en ritos de celebración familiar (como las comuniones) o en expresiones colectivas de identidad (como la Semana Santa), no comprendemos que la fuente de legitimidad política, el derecho a actuar y los principios básicos de la actuación pública, estén determinados por principios religiosos, como no entendemos la lógica política que se deriva de estos principios. En el seno del Islam el conflicto político no es tanto un conflicto religioso entre los chiíes y los suníes, pues tienen ideas religiosas similares, sino entre Irán y Arabia Saudí, y se transforma en un conflicto religioso porque Irán es de mayoría chií y Arabia Saudí de mayoría suní, y, dada la importancia de la religión para construir su identidad política, esta se usa como arma, convirtiéndose, entonces, en un conflicto religioso. Como se usa como arma de conflicto de todos contra Israel, y no tanto por una cuestión religiosa, que también y a pesar de que el Islam casi siempre fue tolerante con los judíos, sino porque también la identidad de los israelíes y su afirmación sobre el territorio (su Tierra Prometida) tiene una base religiosa. La religión, pues, es un elemento esencial para explicar y comprender la lógica de los conflictos en Oriente Medio, pero no es la causa originaria de estos conflictos. 

 

Las causas de los conflictos en Oriente Medio hay que buscarlas más en los distintos intereses de las élites que gobiernan las sociedades que lo componen. Intereses que se basan en el control de dos recursos materiales básicos: el agua y el petróleo. 

 

El agua es una de las claves para entender el problema de Oriente Próximo, pues es una de las zonas más secas del planeta. El control del agua ha sido lo que ha llevado, por ejemplo, a la no devolución de los Altos del Golán por parte de Israel desoyendo (por enésima vez) las resoluciones de la ONU. Como es el suministro de agua el mecanismo de control de conflictos en la franja de Gaza. Como es la carencia de agua la que limita el desarrollo de algunos países como Jordania. 

 

Pero son los intereses creados alrededor de la explotación del petróleo, su comercialización y sus finanzas, lo que genera fuertes conflictos entre los principales actores de Oriente Medio. Arabia Saudí, el mayor productor mundial, lucha por una subida del precio manteniendo la inestabilidad en Irak y presionando a Estados Unidos para que impida a Irán salir a los mercados internacionales, pues así, al tiempo que evita una caída del precio (que tampoco le interesa a los Estados Unidos) impide que los persas se recuperen económicamente. Irán quiere poder acceder a los mercados internacionales, esencialmente occidentales, pues los intercambios que realiza con China son muy poco ventajosos, pero quiere una apertura que no le lleve a la «contaminación burguesa» de su clase media. Al mismo tiempo, necesita una salida al Mediterráneo a través de Irak y de Siria, de ahí su intervención en ambos países. Turquía, con la excusa de controlar el terrorismo kurdo, quiere tener más participación en el petróleo del norte de Irak. Y, dentro de cada país, el interés de la élite que controla el recurso. 

 

Religión, agua, población, petróleo, dinero... Armas... Religión. Agítese y se tendrá el cóctel de Oriente Próximo. 

 

27 de mayo de 2018 

 

Oriente Próximo: los actores (1)

De la política en Oriente Próximo se pueden decir muchas cosas, pero no se puede predicar de ella que sea sencilla: no hay ninguna zona geográfica del planeta en la que se entremezclen tantos agravios, injerencias e intereses como en las sociedades que habitan el espacio que va desde el Mediterráneo hasta las puertas de la India y desde el Cáucaso hasta el Índico. 

En ese espacio que hoy son los restos de lo que fue el Imperio Otomano viven más de 400 millones de personas en sociedades muy desiguales, no sólo en renta, sino también culturalmente, organizadas en unos veinte estados de diverso tipo: estados en guerra o fallidos como Siria, Irak, Palestina o Yemen; dictaduras militares como Egipto; repúblicas o monarquías teocráticas como Irán o Arabia Saudí; cuasi-democracias republicanas como Líbano o Turquía o monárquicas como Jordania; hasta democracias como Israel. Estados que tienen grandes diferencias de población, territorio, renta, situación geográfica e intereses. Veinte estados entre los que hay cinco actores esenciales: Irán, Arabia Saudí, Turquía, Egipto e Israel. 

Irán y Arabia Saudí son la clave de la nueva situación. Al ser los dos estados teocráticos su enfrentamiento tiene una base y una retórica religiosa, pero, en el fondo, hay un conflicto multidimensional secular. Culturalmente es la lucha entre persas y árabes. Demográficamente es la lucha entre una sociedad aislada de 80 millones y otra de 30 millones y, aunque cerrada, vinculada a Occidente y con aliados en la zona. Es la lucha de chiíes contra suníes por el control del centro de Oriente (Irak y Siria). Es la lucha por la supremacía ideológica y la legitimidad religiosa en el islam del siglo XXI. 

Actores principales, también, Turquía y Egipto. La Turquía de Erdogan, tras la fallida integración en la Unión Europea, ha virado su política interior hacia el autoritarismo y su política exterior hacia lo que fueron provincias del Imperio Otomano, manteniendo la estabilidad fronteriza con Rusia (por eso sigue en la OTAN). Erdogan ha cambiado una política de un siglo al intervenir decisivamente en sus fronteras del sur, aprovechando los conflictos en Siria e Irak, y con la excusa de resolver «el problema kurdo», alineándose, de momento, con los saudíes. Egipto, por su parte, estable por la mano de hierro del general Al-Sisi y saliendo de una crisis económica, gracias, entre otras causas, a la ayuda financiera saudí, no puede permitirse intervenir, pero sí alinearse con Arabia Saudí. 

Finalmente, la quinta potencia regional, Israel, se ha mantenido fiel a la línea de sus «halcones». Tres ejes son esenciales para entender la política exterior de Israel: uno, que es un Estado poblacionalmente muy débil, pues no llega a los 9 millones de habitantes (menos del 2,3% de la región); dos, que la mayoría de los países de su entorno lo consideran enemigo; y, finalmente, que para compensar su debilidad poblacional y la hostilidad cuenta con el apoyo explícito de los Estados Unidos, tiene uno de los más eficientes ejércitos de la zona y es, aunque no declarada, potencia nuclear, y no tendría escrúpulos en usar fuerza nuclear táctica. Tras las sucesivas guerras, Israel había logrado estabilidad fronteriza gracias a la paz con Egipto, la entente con Jordania, el muro con los palestinos, las fuerzas de interposición con el Líbano y su ejército en el Golán, zona siria que no devolverá porque supone controlar el agua del río Jordán. En el conflicto irano-saudí, Israel está contra Irán, porque es beligerante contra Israel (apoya a Hezbolá), ayudando implícitamente a los saudíes. 

A estos actores principales en el complejo Oriente Próximo hay que sumar las potencias mundiales: actores importantes como Estados Unidos y Rusia; comparsas como la Unión Europea, y novatos como China. Los demás (Siria, Irak, Palestina, Yemen, Líbano) son sólo figurantes que sufren los dramas. Unos dramas escritos por intereses políticos como la primacía en el islam, geoestratégicos como la salida al Mediterráneo o económicos como el agua o el petróleo. 

16 de mayo de 2018

Estabilidad más inmovilismo igual a nada

En España parece que la política nacional va muy deprisa, que ocurren muchas cosas y muy rápido, cuando, en realidad, no pasa nada. Leemos ávidamente las noticias, dramatizamos y hacemos polémicas de varios días sobre cuestiones nimias (y nada más nimio que una foto de la Casa Real), nos ponemos sesudos en las tertulias, hacemos análisis, y... Corremos a la siguiente noticia, a la siguiente polémica que no tiene la más mínima importancia, porque, en realidad, en la política española no pasa nada. Y no pasa nada porque nada hacen nuestros políticos. 

La prueba de que no se hace nada la tenemos por doquier. En Cataluña sigue la fractura social que se ha venido cultivando en los últimos veinte años, sin que la aplicación del 155 haya variado ni un ápice la orientación política de una sociedad hacia el desastre de la «irreconcialización». Los independentistas han entrado en un debate jurídico contra uno de los sistemas judiciales más garantistas y lentos del mundo, mientras el Gobierno central aplica el 155 de una forma tan transitoria y light que parece que no se tenga gobierno. En la política catalana, en realidad, no ha cambiado nada, pues siguen los mismos relatos nacionalistas en TV3, las mismas orientaciones en la educación, los mismos atascos en las infraestructuras. Salvo que han perdido algunas sedes sociales de empresas, la admiración del resto de los españoles y la efervescencia «indepe-flower-power», en la política catalana, bajo su apariencia de actividad, no pasa nada. 

Nada hace tampoco el Gobierno vasco. ETA dejó de existir hace años, así que el gobierno eterno del PNV solo se tiene que preocupar por mantener su privilegiado concierto. Como nada pasa por Galicia, por Asturias, las Castillas o Extremadura, La Rioja, Aragón, Valencia o Murcia, por lo que sus gobiernos tampoco tienen mucho que hacer más allá de las quejas recurrentes por el tema de la financiación. Por ser recurrentes, hasta el presidente García-Page de Castilla-La Mancha dice hoy lo mismo que decía Bono hace veinte años del trasvase Tajo-Segura. Y en Madrid pasan tan pocas cosas que sus políticos se entretienen en inventarse currículos o conspirar contra sus líderes. 

Nada pasa en la política andaluza tampoco. Andalucía es, según el discurso oficial de la Junta (y lo he oído tres veces en los últimos días), una especie de paraíso de estabilidad, nueva palabra mágica, porque se han aprobado los presupuestos en tiempo y en forma (como si eso no fuera una obligación mínima exigible) y mejora la economía, como si fuéramos la única comunidad autónoma en la que esto ocurre. Nada parece que tenga que hacer la Junta con la tasa de paro diferencial, ni con el abandono escolar (más allá de maquillar la estadística) o con las listas de espera sanitaria. Como nada parece que tenga que hacer en esos barrios en los que se concentra el 10% de los andaluces que ya viven la marginación o están en riesgo de ella. Y como no hay nada que hacer, nada dice tampoco que se haga la leal oposición. 

Y, desde luego, nada tiene que hacer el Gobierno central. Nada tiene España que decir en Europa, ni el nuevo mapa político latinoamericano (salvo en Argentina, que para eso es gallego el presidente) y, desde luego, nada que decir con respecto al resto del mundo. Como nada hay que hacer para mejorar el mercado laboral, ni hacer ningún cambio en la política fiscal o de gasto (ya se ha hecho bastante presentando los presupuestos «más sociales de la historia»). Y, como es lógico, ya que nada pasa en España, nada hay que hacer con los problemas de articulación territorial. Y, en reciprocidad con la situación en Andalucía, tampoco la leal oposición tiene nada que decir que se haga. 

Leyendo las noticias parece que en la política española pasan muchas cosas, cuando, en realidad, no pasa nada. Quizás porque no hay nada que arreglar... Hasta las próximas elecciones. 

26 de abril de 2018

Más sobre las pensiones

Uno de los problemas de la política es la forma parcial con la que se abordan los temas complejos. Se identifica un problema, se genera un debate a base de ideas simples (normalmente tuits o titulares), se dan tres o cuatro discursos reiterativos, se califica al contrario, se amplifica en las tertulias radiofónicas y televisivas y se dan tres soluciones mágicas, que no tienen ningún efecto porque la actualidad devora a sus propias noticias, se convoca una comisión de expertos en el Congreso o en el Parlamento correspondiente a los que nadie escucha… dejando el problema en una situación parecida a como estaba, si no peor. Si el problema se llega a abordar con un cierto rigor, entonces nos damos cuenta de que el tema tiene algunas implicaciones y lo abandonamos o no lo resolvemos, aparcando la solución para más adelante. Es lo que pasa con las pensiones que no es posible abordarlas si no tenemos en cuenta las consecuencias de su financiación. 

Dicho de una manera sencilla: la forma en la que financiamos las pensiones en España es parte del problema de la sostenibilidad y suficiencia de las pensiones. Es decir, el gasto total en pensiones no es sostenible en el tiempo, ni las pensiones pueden ser dignas y suficientes, mientras la forma de financiarlas sean las cotizaciones sociales. 

De la misma forma que el gasto total en pensiones está gobernado por dos variables, el número de pensionistas y la pensión media, y crece al ritmo de crecimiento (multiplicado) en el que crezcan las dos variables, la financiación está gobernada por tres variables, el número de trabajadores ocupados (cotizantes a la Seguridad Social), el salario medio y el tipo de cotización (en el entorno del 24% de los salarios medios). Pero mientras el número de pensionistas es función de la demografía y la pensión media decisión del Gobierno de turno, la financiación depende de variables que no sólo no controla el Gobierno (el número total de trabajadores cotizantes o los salarios medios), sino que el crecimiento de las dos variables al mismo tiempo es contradictorio, pues si crecen los salarios por encima de la productividad, no crece el empleo, por lo que el crecimiento de las dos variables (empleo y salarios) sólo se da en épocas de booms económicos, que son muy improbables en economías maduras y poco dinámicas como la nuestra. Peor aún, la única variable que puede tocar el Gobierno, el tipo de cotización, ya muy alto (cercano al 24%), tiene, además, el problema de que hace decrecer el número de trabajadores cotizantes o producir un ocultamiento de salarios, es decir, ¡produce paro! Dicho en plata: mientras no se reforme en profundidad el sistema de financiación de las pensiones en España, las pensiones en nuestro país o no son sostenibles o no serán suficientes, salvo recortes significativos en las otras grandes partidas de gasto social (educación y sanidad). 

Y es que las cotizaciones sociales son uno de los engaños fiscales mejor montados de la historia. Creadas por Bismarck para atraerse a los obreros en un contexto de pleno empleo (masculino), son recaudadas por las empresas y pagadas… por los consumidores. Con lo que las pensiones se financian con un impuesto indirecto sobre el consumo, más regresivo incluso que el IVA, que de paso encarece el factor trabajo y genera paro, lo que a su vez hace que se recaude menos y se compita peor en los mercados exteriores. Es decir, si hay un sistema perverso, y más en un país con una tasa de paro como la nuestra, para financiar una partida de gasto social que, además, sabemos creciente, y de la que depende parte de la estabilidad del consumo y el bienestar de la gente, son las cotizaciones sociales. 

Pero, como tantas cosas en nuestro país, las cotizaciones son sagradas… para partidos e ideologías que, curiosamente, se suelen declarar ateos. 

9 de abril de 2018