Migraciones

Según el último informe de la Agencia de las Naciones Unidas para las Migraciones (International Organization for Migration) en el mundo se estima que hubo en el año 2015, último año con datos fiables, unos 244 millones de personas migrantes, lo que supone un 3,3% de la población mundial. De estos 244 millones, 70 millones están en países de Europa (con 12 millones en Alemania), otros 70 millones en Asia, 46,6 millones en los Estados Unidos, 28 en Australia, 9 en Canadá, etc. Una parte de la población mundial, pequeña pero significativa, vive en un país que no es en el que nació. Y aunque, principalmente, lo hace dentro de su continente, de su región, a un país fronterizo con el propio, hay una parte significativa de migraciones que se producen entre continentes y países lejanos. 

 

La causa principal de los flujos migratorios es económica, es decir, la gente emigra en búsqueda de unas oportunidades laborales y de renta que no son posibles de alcanzar en el país de origen. Emigrar es, entonces, y así se viene estudiando desde hace más de un siglo, una decisión racional similar a la de realizar una inversión: la probabilidad de que una persona emigre es tanto mayor cuanto mayor sea la diferencia de expectativa de bienestar (diferencias de salarios, de condiciones laborales, de acceso a bienes públicos) y tanto menor sea el coste de inmigrar e instalarse (coste del viaje, facilidades de instalación, conocimiento del idioma o la cultura, disponibilidad de contactos para acceder al mercado de trabajo, etc.). Por eso la mayoría de las migraciones se realizan en la misma región. Así, en América Latina, la mayoría de las migraciones son entre países fronterizos, por ejemplo, los bolivianos y paraguayos a la Argentina, los nicaragüenses a Costa Rica, los venezolanos a Colombia, y son fundamentalmente los mexicanos y caribeños los que emigran a los Estados Unidos, porque la diferencia entre coste y rendimiento es mayor. Y otro tanto ocurre en África: de los 32 millones de emigrantes que tiene África, 16 millones emigraron dentro del continente, fundamentalmente a Sudáfrica. O en Asia: 59 millones de inmigrantes en el continente, básicamente a Japón, Corea y Tailandia. 

 

Una migración intercontinental solo merece la pena si las diferencias de renta son altas (por encima de 10 veces la renta de origen) y los costes de instalación pequeños (conocimiento del idioma, contactos) de ahí la importancia de la «primera oleada» de inmigrantes: si éstos se instalan y logran un «nicho del mercado» laboral, el flujo de personas del mismo origen se incrementa significativamente. Es el caso de los chinos en Estados Unidos, de los argelinos en Francia, de los turcos en Alemania, de los latinoamericanos en España, de los filipinos en Oriente Próximo, etc. 

 

Teniendo esto en cuenta lo anterior podemos afirmar que los flujos migratorios entre África y Europa, acuerde lo que acuerde la Unión Europea, seguirán siendo importantes y crecientes, como lo serán, a pesar del presidente Trump, entre Estados Unidos y Latinoamérica. Y para ello basta con tener en cuenta unos simples datos: la renta per capita norteamericana es 7 veces más alta que la mexicana, 13 veces la salvadoreña o guatemalteca y 24 veces la hondureña. Mientras que la renta per capita alemana es 19 veces la renta nigeriana y entre 53 y 60 veces la de Mali, Mauritania, República Centroafricana o Chad. Y la gente de estos países lo sabe por la televisión, por internet, por los inmigrantes de «primera oleada». Por eso, ni un muro, ni un desierto, ni un mar, pueden parar las migraciones, ni hay política de fuerza que las ordene. 

 

Si de verdad se quieren ordenar los flujos migratorios, la solución no son más Centros de Internamiento de Extranjeros, ni más declaraciones grandilocuentes ridículas, sino una política de desarrollo global que implique una reducción de la desigualdad. En otras palabras, y es un guiño para economistas, un keynesianismo global, pues el otro tiene límites. 

 

1 de agosto de 2018 

 

Criterios de inversión

Una de las peticiones recurrentes del nacionalismo catalán ha sido el tema de las inversiones del Estado en Cataluña. Desde la época de Jordi Pujol, pasando por la de Artur Mas y ahora en la de Puigdemont/Torra, los catalanes se han quejado (¿cuándo no?) de una falta de inversión en Cataluña por parte del Estado. Cada vez que en alguna otra zona de España se hacía una línea de ferrocarril, la Generalitat reclamaba más inversión en los trenes de cercanías. De la misma forma que cada vez que se ampliaba un aeropuerto o se hacía uno nuevo, ellos pidieron la compensación hasta tener el segundo aeropuerto de España, otro en Gerona que usa Ryanair y otros cuatro inservibles (Sabadell, Reus, La Seu D’Urgell y Lérida), o sea, los mismos que Andalucía para la mitad de territorio. Como reclamaron más autopistas ante cada autopista que se hacía en Madrid o el Norte.

El saldo de esta permanente reclamación es que Cataluña, además de lo que ya se invirtió en el periodo anterior a la democracia (de lo que no se habla, pues, por ser en época vergonzante parece que no les aprovechara), ha recibido más inversión pública que la media nacional, siendo la primera que más ha recibido en valor absoluto entre 1995 y 2015, la tercera en términos relativos (tras Madrid y Baleares) y mucho más que Andalucía. Lo que determina que la dotación de capital público, es decir, infraestructuras de todo tipo para la prestación de servicios públicos sea en Cataluña superior a la de cualquier otra región de España. Sólo por habitante, y por razones de su despoblación, el cuadrante norte tiene más por habitante, pero eso no significa que Cataluña esté, en comparación con el resto del país, peor dotada. Dicho de otra forma, Cataluña no está infradotada en capital físico público, más bien al contrario en comparación con el resto de los territorios. Y los datos se pueden consultar en el fantástico trabajo que dirigieron Matilde Mas, Francisco Pérez y Ezequiel Uriel para la Fundación BBVA, con las series de datos del viejo Servicio de Estudios del Banco de Bilbao (Capital público en España. Evolución y distribución territorial (1900-2012)). 

Hasta aquí los hechos. Lo sorprendente es que nadie en la escena política les desmonte el argumento, y que desde el mismo Gobierno, y, desde luego, desde los partidos que se llaman socialistas o progresistas, acepten incluso que el criterio de reparto de las inversiones públicas debe ser «en función del PIB». Lo que es una aberración en su misma formulación, pues si fuera el criterio para asignar las inversiones públicas, nos encontraríamos que habría que dotar de más servicios públicos (hospitales, escuelas, museos, carreteras, servicio de aguas, transporte público, comisarías, etc.) a las ciudades más ricas o a los barrios más ricos que a los más pobres, con lo que éstos nunca podrían converger. No sólo es una aberración social, sino que también lo es económica, puesto que la inversión ha de hacerse en aquel sitio y actividad donde genere un mayor rendimiento y, éste es, por un principio de primero de Economía que se llama de los «rendimientos marginales decrecientes», mayor en las zonas de menor renta. Es decir, que, ante alternativas de inversión, es más rentable, en términos de crecimiento económico y de bienestar, invertir en aquella población que menos PIB genera, la más pobre, no en la más rica. Lo que también es un principio elemental de redistribución de rentas y servicios, pues los ricos pueden dotarse de estos servicios en el sector privado. 

Que la inversión pública nunca siguió exactamente criterios económicos lo sabemos los economistas desde hace tiempo, pues es un instrumento político, pero de ahí a aceptar que la inversión pública se asigne, además la del Estado que es de todos, en función del PIB sería una aberración que sólo tiene sentido en el mundo en el que vive el independentismo catalán, con el permiso de algunos ingenuos. 

 18 de julio de 2018

 

Fracaso migratorio en Europa

El documento de conclusiones del Consejo Europeo del pasado 28 de junio contiene 26 puntos: los doce primeros están dedicados a «Migración», el largo decimotercero a «Seguridad y Defensa», los cinco siguientes a «Empleo, crecimiento y competitividad», los puntos 19 a 22 a «Innovación y cuestiones digitales», y, los cuatro finales a «Otras cuestiones». La crisis migratoria, preocupación, por distintas razones, en diversos países, fue la clave de la reunión. 

 

Una lectura atenta, que recomiendo, de esos primeros 12 puntos nos dejan los siguientes tres mensajes claros. Primero, que para los Gobiernos europeos, el problema migratorio es una cuestión de «control efectivo de las fronteras exteriores» (punto 1), de ahí que el objetivo de toda la política migratoria de la Unión sea «evitar que se reanude la afluencia descontrolada de 2015, y a seguir conteniendo la migración ilegal en todas las rutas existentes y que puedan abrirse» (punto 2). Segundo, que para alcanzar este objetivo (puntos 3 a 6) la Unión traslada la responsabilidad a los países del otro lado de las fronteras exteriores, o sea, a ¡la guardia costera libia! (como si tal cosa realmente existiera), a la Turquía de Erdogan y a Marruecos. Carga la responsabilidad sobre los «traficantes de personas» y, para «eliminar los incentivos que empujan a las personas a embarcarse en travesías peligrosas», «pide al Consejo y a la Comisión que estudien con prontitud el concepto de plataformas regionales de desembarque» en los países fronterizos, eso sí «sin crear un efecto llamada», y, dentro de la Unión, la creación de Centros Controlados establecidos, o sea, los CIEs que ya operan, por ejemplo, en España. En el punto 7 se aprueba dar más dinero a Turquía y dotar con ¡500 millones de euros! (es decir, con 55 céntimos de euro por persona) a un fondo fiduciario de emergencia para África. El tercer mensaje (puntos 9 a 12) refuerza los anteriores: el tema de las migraciones es una cuestión fronteriza, al que hay que dedicar dinero, y es un problema de los países que tienen fronteras exteriores, que no debe contaminar a los demás. En algún momento de la reunión, alguien debió sugerir que el tema es algo más profundo y que tiene que ver con los problemas de desarrollo de África, porque se introdujo un punto 8 que así lo reconoce, pero que es pura retórica. 

 

A eso es a lo que llegaron las delegaciones de 28 países ricos y desarrollados, democráticos y sociales, gobernados por todas las ideologías, tras meses de preparación y más de 12 horas de reunión. Es decir, a un inmenso fracaso, con todas sus letras. Fracaso porque los líderes de la civilizada Europa o son miopes y no ven el problema de fondo, o son cínicos que, viéndolos no lo quieren resolver. Solo resolviendo la pobreza en África y los conflictos en Oriente Medio se puede bajar la presión migratoria, y con ella, los dramas en el Mediterráneo y los Balcanes, no poniendo más dinero para campos de concentración. Fracaso en no tener una política conjunta, en la que los países del Norte (¡tan desarrollados, tan solidarios, tan democráticos, tan moralmente superiores al resto, tan pulcros...!) se desentienden del problema, vaya a ser que generen en sus desarrolladas y moralmente elevadas sociedades inelegantes brotes de racismo. Fracaso en la plasmación misma de los valores sobre los que se quiere construir Europa. 

 

La cumbre europea ha sido un fracaso inmenso. Un fracaso inmenso y continuo porque una patera en el Mediterráneo, una caravana por los Balcanes, un solo inmigrante muerto es un fracaso no solo de nuestros líderes, sino de nuestras sociedades que asisten impasibles a este problema, y se creen a líderes iluminados y xenófobos (Orban, Kurz o Conte) o ingenuos (como Macron o Sánchez). Por cierto, que de la lectura de las conclusiones a lo que dijo el presidente Sánchez que había pasado hay un trecho tan largo que parece que no estuvo allí. 

 

4 de julio de 2018 

 

El Gobierno Sánchez

Reconozco que Pedro Sánchez me ha sorprendido favorablemente, pues la primera decisión importante que ha tomado, formar Gobierno, ha sido, al menos en mi opinión, muy inteligente. Más aún, hasta uno de los pocos errores que cometió le ha salido, por una casualidad, bien, pues Guirao es mucho más ministro que Huerta. 

 

La formación de Gobierno es realmente la gran decisión de un presidente, pues con ella, además de hacer una declaración de intenciones y mandar mensajes a la ciudadanía, constituye el equipo con el que puede ejercer el poder. 

 

Un análisis somero del Gobierno a partir de los curricula públicos de sus miembros (y basta una hoja de cálculo) nos da muchas pistas de los objetivos del presidente Sánchez. 

 

En primer lugar, es claro que este es el primer Gobierno español montado para ganar unas elecciones a medio plazo, no para gobernar ahora. Y este objetivo está claro pues este Gobierno está hecho para marcar la agenda política, para traer al debate público otros temas que no son la crisis económica (que se da por superada y en el que tendría ventaja el PP) y que preocupan especialmente a la clase media, urbana, de edad mediana o joven. Este es un Gobierno en el que los temas que se quieren tratar son los que han escogido a los ministros, un Gobierno trending-topic, montado por un equipo experto en perfiles psicológicos a partir de las tendencias sociales que se manifiestan en las redes. Este Gobierno, con 11 mujeres, no es explicable sin el éxito de la movilización del 8 de marzo, sin el intento de ganar el voto femenino. 

 

Como este Gobierno no es explicable sin Cataluña: Borrell no hubiera sido, a sus 71 años, ministro de Exteriores sin el discurso de la manifestación del 8 de octubre del pasado año. Como Carmen Calvo no hubiera sido vicepresidenta si no hubiera sido la negociadora con Soraya Sainz de Santamaría la aplicación del artículo 155. Ni es explicable Batet sin el intento de arañar votos en Cataluña. Ni es explicable este Gobierno sin la tendencia ecológica que se manifiesta en los nombramientos de Reyes Maroto y Teresa Rivera, junto con el mismo Borrell. Como no sería explicable la presencia de tres juristas (dos jueces y una fiscal) si no hubiera encuestas que señalan que los jueces son uno de los colectivos con mayor credibilidad ante la ciudadanía. Como Pedro Duque es ministro, y lo fue Màxim Huerta, por sus posicionamientos públicos, no porque tenga experiencia en gestión de ciencia o de universidades. 

 

Y, junto a las tendencias líquidas, la política sólida, de siempre. Con el nombramiento de Nadia Calviño y de Luis Planas (y Borrell), se manda un mensaje de tranquilidad a Europa y se le dice que se va a mantener la política de consolidación fiscal y de reformas. De la misma forma, con el nombramiento de Celaá y de Monzón se vuelve a posiciones ideológicas en los campos de la educación y la sanidad. Como con el nombramiento de Montero se lanza un mensaje al mismo PSOE, especialmente al andaluz, de suficiencia. Un mensaje que se le ha reforzado a los barones y cuadros del PSOE con los nombramientos de independientes, diciendo que el que se movió no «saldrá en la foto», salvo que haga méritos ahora. 

 

Pero más allá de lo que nos dice la composición del Gobierno, este es un Gobierno para unas elecciones, porque cambiados los temas de la agenda política, el segundo objetivo del Gobierno será encarar las elecciones municipales y autonómicas, primer test serio de las posibilidades de un nuevo Gobierno Sánchez. Y es que con 85 diputados de 350 diputados (24%) y 62 senadores de 266 (23%), un presupuesto aprobado para el año que viene y tres partidos en la oposición, este Gobierno no está pensado para gobernar, sino para calentar las primeras elecciones post-crisis y tener posibilidades de ganarlas allá por el otoño del año que viene. Durar más allá, sería un milagro. 

 

20 de junio de 2018

Elecciones, por favor

Aunque sea recurrible, la sentencia del caso Gürtel no deja lugar a dudas: el Partido Popular se financió ilegalmente con prácticas corruptas; bastantes y muy relevantes personas se enriquecieron ilícitamente; y otras, especialmente los que tuvieron cargos en el partido, entre ellos el anterior presidente, el señor Aznar, y el actual presidente del partido, Mariano Rajoy, o lo consintieron o, en el mejor de los casos, no establecieron los mecanismos de control, como era su obligación, para que no ocurriera. Como, además, todo esto se ha investigado y conocido mientras el PP ha estado en el Gobierno, su política de negación, inacción, obstrucción e intoxicación, lejos de minimizar los efectos de esta corrupción, los amplifica. En definitiva, el PP se ha demostrado un partido que no es digno de confianza (y lo siento por los cuadros y afiliados que sí lo son), como no lo es el señor Rajoy, ni la mayoría de los cuadros del partido en la dirección nacional. Además, no han mostrado la diligencia debida para poner en conocimiento de la opinión pública lo ocurrido, pues, ni han hecho un informe de auditoría transparente, ni han aportado datos en la Comisión parlamentaria, ni han colaborado con la Justicia (y el caso de los discos duros es llamativo). Tampoco han mostrado arrepentimiento, ni repugnancia, ni la eficacia exigible para reconocer los hechos, repudiarlos y atajarlos, por lo que, en conclusión, no eran dignos de seguir gobernando. Más aún, no eran dignos de seguir gobernando porque ni siquiera son conscientes, a tenor de sus declaraciones (algunas de malos leguleyos como las de la secretaria general, la señora Cospedal) de lo que significa la sentencia. 

Una sentencia así, en cualquier democracia saludable (si es que queda alguna), que establece la corrupción del partido del Gobierno e involucra al presidente del partido y del Gobierno, hubiera tenido, como primera consecuencia, una declaración pública de explicaciones, y, a continuación, una dimisión inmediata. Una dimisión inmediata y convocatoria de elecciones, pues las elecciones sirven esencialmente para saber en quién deposita la ciudadanía su confianza. Sin embargo, el señor Rajoy, en un acto reflejo, se enrocó. Lo que ha aprovechado un oportunista como Pedro Sánchez para ser presidente. 

La legitimidad del señor Sánchez para ser presidente es indudable, pues ha tenido la mayoría de la Cámara, pero eso no es lo mismo que tener la confianza de una mayoría de los ciudadanos. El señor Sánchez no ha sido investido presidente del Gobierno porque haya concitado el apoyo de una mayoría, sino porque, en el sistema de moción de censura (lo de constructiva habría que verlo) el presidente Rajoy ha concitado más oposición. Estar en contra de algo solo implica apoyar lo contrario si no hay nada más que una alternativa. Es evidente que el señor Sánchez presentó su moción con un claro cálculo electoral: gana la visibilidad que no tiene por no ser líder de la oposición (y que le estaba arrebatando el señor Rivera) y tiene la posibilidad de llevar iniciativas que refuercen su discurso, al tiempo que refuerza el apoyo dentro de su propio partido, pues nada une más que el poder. Más aún, en caso de que perdiera las próximas elecciones, la posibilidad de tener mejor resultado que en las anteriores y no verse superado por Podemos le garantiza la continuidad en la Secretaría General del PSOE. El señor Sánchez tiene ahora oportunidades personales que hace un mes las encuestas no le daban. Por eso es presidente del Gobierno. 

Pero es un presidente que no fue el más votado en las urnas. Un presidente que tuvo el 22,6% de los votos y que cuenta con solo 85 diputados. Por eso, en cualquier democracia decente (si es que queda alguna), el presidente Sánchez se sometería al veredicto de las elecciones de tal forma que la ciudadanía pueda darle su confianza. Necesitamos, pues, elecciones cuanto antes. Llegar a ser una democracia decente lo reclama, por favor.

4 de junio de 2018

Oriente Próximo (II): las ideas y los intereses

En los últimos párrafos de la Teoría General del empleo, el interés y el dinero, John Maynard Keynes escribe que lo que mueve el mundo para bien o para mal, más que los intereses creados, son las ideas. En realidad, lo que mueve el mundo es la mezcla de ideas e intereses. Una mezcla que, en Oriente Próximo, es explosiva. 

 

Para comprender qué pasa en Oriente Próximo es necesario hacer referencia al papel central de la religión en su vida pública. En países crecientemente desacralizados, relativamente homogéneos y democráticos, como España, en los que la religión va siendo solo una parte pequeña de lo público, y se mantiene por su sustrato cultural en ritos de celebración familiar (como las comuniones) o en expresiones colectivas de identidad (como la Semana Santa), no comprendemos que la fuente de legitimidad política, el derecho a actuar y los principios básicos de la actuación pública, estén determinados por principios religiosos, como no entendemos la lógica política que se deriva de estos principios. En el seno del Islam el conflicto político no es tanto un conflicto religioso entre los chiíes y los suníes, pues tienen ideas religiosas similares, sino entre Irán y Arabia Saudí, y se transforma en un conflicto religioso porque Irán es de mayoría chií y Arabia Saudí de mayoría suní, y, dada la importancia de la religión para construir su identidad política, esta se usa como arma, convirtiéndose, entonces, en un conflicto religioso. Como se usa como arma de conflicto de todos contra Israel, y no tanto por una cuestión religiosa, que también y a pesar de que el Islam casi siempre fue tolerante con los judíos, sino porque también la identidad de los israelíes y su afirmación sobre el territorio (su Tierra Prometida) tiene una base religiosa. La religión, pues, es un elemento esencial para explicar y comprender la lógica de los conflictos en Oriente Medio, pero no es la causa originaria de estos conflictos. 

 

Las causas de los conflictos en Oriente Medio hay que buscarlas más en los distintos intereses de las élites que gobiernan las sociedades que lo componen. Intereses que se basan en el control de dos recursos materiales básicos: el agua y el petróleo. 

 

El agua es una de las claves para entender el problema de Oriente Próximo, pues es una de las zonas más secas del planeta. El control del agua ha sido lo que ha llevado, por ejemplo, a la no devolución de los Altos del Golán por parte de Israel desoyendo (por enésima vez) las resoluciones de la ONU. Como es el suministro de agua el mecanismo de control de conflictos en la franja de Gaza. Como es la carencia de agua la que limita el desarrollo de algunos países como Jordania. 

 

Pero son los intereses creados alrededor de la explotación del petróleo, su comercialización y sus finanzas, lo que genera fuertes conflictos entre los principales actores de Oriente Medio. Arabia Saudí, el mayor productor mundial, lucha por una subida del precio manteniendo la inestabilidad en Irak y presionando a Estados Unidos para que impida a Irán salir a los mercados internacionales, pues así, al tiempo que evita una caída del precio (que tampoco le interesa a los Estados Unidos) impide que los persas se recuperen económicamente. Irán quiere poder acceder a los mercados internacionales, esencialmente occidentales, pues los intercambios que realiza con China son muy poco ventajosos, pero quiere una apertura que no le lleve a la «contaminación burguesa» de su clase media. Al mismo tiempo, necesita una salida al Mediterráneo a través de Irak y de Siria, de ahí su intervención en ambos países. Turquía, con la excusa de controlar el terrorismo kurdo, quiere tener más participación en el petróleo del norte de Irak. Y, dentro de cada país, el interés de la élite que controla el recurso. 

 

Religión, agua, población, petróleo, dinero... Armas... Religión. Agítese y se tendrá el cóctel de Oriente Próximo. 

 

27 de mayo de 2018 

 

Oriente Próximo: los actores (1)

De la política en Oriente Próximo se pueden decir muchas cosas, pero no se puede predicar de ella que sea sencilla: no hay ninguna zona geográfica del planeta en la que se entremezclen tantos agravios, injerencias e intereses como en las sociedades que habitan el espacio que va desde el Mediterráneo hasta las puertas de la India y desde el Cáucaso hasta el Índico. 

En ese espacio que hoy son los restos de lo que fue el Imperio Otomano viven más de 400 millones de personas en sociedades muy desiguales, no sólo en renta, sino también culturalmente, organizadas en unos veinte estados de diverso tipo: estados en guerra o fallidos como Siria, Irak, Palestina o Yemen; dictaduras militares como Egipto; repúblicas o monarquías teocráticas como Irán o Arabia Saudí; cuasi-democracias republicanas como Líbano o Turquía o monárquicas como Jordania; hasta democracias como Israel. Estados que tienen grandes diferencias de población, territorio, renta, situación geográfica e intereses. Veinte estados entre los que hay cinco actores esenciales: Irán, Arabia Saudí, Turquía, Egipto e Israel. 

Irán y Arabia Saudí son la clave de la nueva situación. Al ser los dos estados teocráticos su enfrentamiento tiene una base y una retórica religiosa, pero, en el fondo, hay un conflicto multidimensional secular. Culturalmente es la lucha entre persas y árabes. Demográficamente es la lucha entre una sociedad aislada de 80 millones y otra de 30 millones y, aunque cerrada, vinculada a Occidente y con aliados en la zona. Es la lucha de chiíes contra suníes por el control del centro de Oriente (Irak y Siria). Es la lucha por la supremacía ideológica y la legitimidad religiosa en el islam del siglo XXI. 

Actores principales, también, Turquía y Egipto. La Turquía de Erdogan, tras la fallida integración en la Unión Europea, ha virado su política interior hacia el autoritarismo y su política exterior hacia lo que fueron provincias del Imperio Otomano, manteniendo la estabilidad fronteriza con Rusia (por eso sigue en la OTAN). Erdogan ha cambiado una política de un siglo al intervenir decisivamente en sus fronteras del sur, aprovechando los conflictos en Siria e Irak, y con la excusa de resolver «el problema kurdo», alineándose, de momento, con los saudíes. Egipto, por su parte, estable por la mano de hierro del general Al-Sisi y saliendo de una crisis económica, gracias, entre otras causas, a la ayuda financiera saudí, no puede permitirse intervenir, pero sí alinearse con Arabia Saudí. 

Finalmente, la quinta potencia regional, Israel, se ha mantenido fiel a la línea de sus «halcones». Tres ejes son esenciales para entender la política exterior de Israel: uno, que es un Estado poblacionalmente muy débil, pues no llega a los 9 millones de habitantes (menos del 2,3% de la región); dos, que la mayoría de los países de su entorno lo consideran enemigo; y, finalmente, que para compensar su debilidad poblacional y la hostilidad cuenta con el apoyo explícito de los Estados Unidos, tiene uno de los más eficientes ejércitos de la zona y es, aunque no declarada, potencia nuclear, y no tendría escrúpulos en usar fuerza nuclear táctica. Tras las sucesivas guerras, Israel había logrado estabilidad fronteriza gracias a la paz con Egipto, la entente con Jordania, el muro con los palestinos, las fuerzas de interposición con el Líbano y su ejército en el Golán, zona siria que no devolverá porque supone controlar el agua del río Jordán. En el conflicto irano-saudí, Israel está contra Irán, porque es beligerante contra Israel (apoya a Hezbolá), ayudando implícitamente a los saudíes. 

A estos actores principales en el complejo Oriente Próximo hay que sumar las potencias mundiales: actores importantes como Estados Unidos y Rusia; comparsas como la Unión Europea, y novatos como China. Los demás (Siria, Irak, Palestina, Yemen, Líbano) son sólo figurantes que sufren los dramas. Unos dramas escritos por intereses políticos como la primacía en el islam, geoestratégicos como la salida al Mediterráneo o económicos como el agua o el petróleo. 

16 de mayo de 2018