Fuimos a la guerra

Fuimos a la guerra en Irak porque queríamos acabar con un tirano. Depuesto Sadam, no ha mejorado la seguridad en Irak: ahora está la tiranía de esos miles de tiranos que tienen armas. Les hemos cambiado la inseguridad de un régimen totalitario por la inseguridad de miles de pequeños regímenes totalitarios. Del secuestro y asesinato de Estado al secuestro y asesinato económico. Pero todavía por esto, lo hubiera entendido. Por la soberbia de creernos mejores, hubiera entendido ir a Irak a luchar. 

Fuimos a la guerra en Irak porque era un nido de terroristas. Y hasta ahora no hemos encontrado ninguno que la guerra no haya creado. Porque la guerra y la ocupación militar los ha fabricado y los justifica. Y aun por esto, lo hubiera entendido. Por el miedo al terrorismo fanático hubiera entendido luchar y morir en Irak. 

Fuimos a la guerra en Irak porque sus armas de destrucción masiva suponían una amenaza para sus vecinos y para la estabilidad internacional. Pero las armas no aparecen, e incluso sospechamos que Sadam mentía, y hemos logrado que otros dictadores y países se armen con la bomba atómica. Más aún, sabíamos que, tras los bombardeos selectivos, era improbable que tuvieran armas, ni siquiera para defenderse. Y la prueba está en lo que duró la guerra. Y hubiera entendido que, por un temor racionalmente fundado a esas armas, hubiera que ir a morir y a matar en Irak. 

Fuimos a la guerra en Irak porque tenía petróleo. Un petróleo que es útil para nuestras ricas economías de Occidente. Pero ahora resulta que tardaremos años en acceder a ese petróleo. Un petróleo que no es nuestro y que ellos estaban dispuestos a vendernos libremente, como, de hecho, hacían. Y ahora resulta que, para poder robárselo, hay que invertir en instalaciones que hemos destruido con la guerra. Mientras, de paso, empobrecemos a la ya pobre gente irakí. Y porque la codicia es, también, un pecado humano, que ha llevado a lo largo de la historia a morir y matar, lo hubiera entendido. 

Fuimos a la guerra en Irak porque íbamos a resolver el problema de Oriente Próximo, porque íbamos a mover a Israel hacia la paz. Pero Israel incendia Siria y Líbano y sigue masacrando a los palestinos ante el culpable silencio de la coalición internacional. Y lo hace incumpliendo sistemáticamente las normas de las Naciones Unidas, y no hay coalición que pueda obligarles a cumplirlas. Pero aun la hipocresía y la doble moral puedo llegar a entenderlas. 

Fuimos a la guerra en Irak sin la cobertura de las Naciones Unidas, erosionando fuertemente su legitimidad y autoridad, porque había que desmontar la amenaza de Sadam de inmediato. Y destrozamos el multilateralismo y el consenso, y celebramos la proclamación del nuevo Imperio americano. Y aun por la vanidad de ir con los más fuertes, lo hubiera entendido. Porque también el servilismo es parte de nuestra naturaleza interesada. Se nos dijo que íbamos a la guerra en Irak porque así nos ayudarían los norteamericanos con nuestro terrorismo nacional, con lo que sosteníamos la bajeza moral de su gobierno que sólo ayuda a cambio de algo. 

También se nos dijo que íbamos a la guerra en Irak para tener un mayor papel en Europa, pero británicos e italianos nos están ninguneando según sus intereses. E, incluso, se nos ha justificado que estamos en Irak porque así tenemos presencia entre la comunidad hispana norteamericana, futura minoría clave en el Imperio, cuando esta minoría no sabe, ni le importa, dónde está España. 

Y pronto se nos dirá que la verdadera razón de estar en Irak es que nos concedan el ITER, el megareactor de fusión nuclear, una tecnología que somos incapaces de generar con nuestra política de investigación. Y, también por estas razones, tan triviales, podría entender que fuéramos a la guerra en Irak. Porque también es de nuestra naturaleza el excusar todas nuestras acciones. 

Lo malo es que sabíamos que de nada servía acabar con el tirano, que no tenía armas de destrucción masiva, que no financiaba terroristas, que no iba a cambiar la política de Israel, que íbamos a perjudicar a Europa, que no nos iban a ayudar más contra ETA, que no íbamos a ser más populares en América y que, al final, igual no nos dan el ITER. 

O sea que fuimos a la guerra en Irak porque nos mentimos a nosotros mismos. Fuimos a la guerra por nada. Sin ninguna razón para ir. Por pura estupidez. Y eso, aunque humano, sí que no puedo entenderlo. 

La no política económica de Europa

Los datos de crecimiento de las principales economías europeas certifican su estancamiento. Al menos de la mayoría. Estos datos certifican, también, el estancamiento de la economía europea: Porque la economía de la Unión es, por el momento, la suma de quince economías dispares, asimétricamente integradas unas con otras. Y, sin embargo, la economía de la Unión podría ser mucho más que esta suma. 

Es cierto, porque es una verdad de Perogrullo, que este estancamiento de la economía europea tiene su origen en las dificultades que tienen para crecer dos de las grandes economías europeas, Alemania y Francia. Pero decir esto desenfoca, en mi opinión, el origen del problema e imposibilita pensar en sus soluciones. Porque supone que seguimos viendo a nuestra economía como una suma de distintas economías nacionales, de territorios, y no como una agregación de mercados bajo instituciones similares. Y esta perspectiva, que también es la que se está imponiendo en el ámbito político, es una parte del problema, pues nos lleva a que Europa, la segunda economía del planeta, no tiene una política económica coherente para su economía. Mejor dicho, tiene una no política económica. En un proceso de integración económica entre economías caben tres opciones para articular una política económica conjunta y no depredadora. La primera opción es la de seguir una política económica centralizada y única, al menos en tres aspectos esenciales: la política monetaria, la política fiscal y la política común de regulación de los mercados (de bienes y servicios, de trabajo, de dinero). Esto implica tratar a la economía de la Unión con la misma lógica de política económica que se utiliza en un país determinado. Las dos grandes ventajas de esta opción, que podríamos etiquetar como la opción unionista, son la coherencia y la eficacia. Y ahí está la historia de la economía norteamericana para demostrarlo. Por el contrario, su gran inconveniente es que para articularse se necesita una cesión de soberanía política, algo que los políticos de los distintos países, y no pocos de sus ciudadanos, no están, normalmente, dispuestos a hacer. Las condiciones para llevar a cabo una política de este tipo son dos: que haya un poder político central que tenga legitimidad para establecer esta política y que existan mecanismos para hacerlas cumplir. La segunda opción, que podríamos llamar federalista, es la de políticas económicas nacionales coordinadas a través de acuerdos. Se trata de negociar reglas de funcionamiento de las grandes líneas de política económica tales como bandas de fluctuación de las monedas, topes máximos de déficit público y deuda pública, y reglas básicas de mercado que no limiten la competencia. La gran ventaja de esta opción es su flexibilidad, la posibilidad de adaptación para cada economía y su amplia aceptación por parte de los políticos de cada país, pues si bien supone una limitación de la soberanía, ésta no se cede, se comparte. Los dos inconvenientes de esta forma son, en primer lugar, esta misma no cesión de la soberanía, y, en segundo lugar, la posibilidad de no pocas incoherencias en la aplicación de la política dentro de cada economía, pues no todas las economías son iguales y cada una vive circunstancias políticas diferentes. 

La tercera opción es una mezcla de las dos opciones anteriores. Es decir, centralizar alguna política económica y coordinar otras. El resultado no es la suma de las ventajas de los modelos anteriores, sino la anulación de éstas y la acentuación de los inconvenientes. Y es esta opción, más por miopía, dejadez e inconsciencia que por malicia, la que estamos siguiendo los europeos. Tenemos una política cuasicentralizada en asuntos monetarios, una política fiscal que debiera de haber sido de coordinación y es descoordinada, y una política de regulaciones inflexible según para quién (y ahí está el caso Alstrom o del mercado eléctrico para corroborarlo). O sea que hacemos lo peor de lo que, teóricamente al menos, podríamos hacer. Y lo malo es que aún hay gobiernos y ciudadanos europeos que piensan que cuanto peor le vaya a su vecino, mejor se pueden justificar ellos. 

Autonomías

La organización institucional de un Estado tiene una clara influencia en la evolución política, en la estructura económica y en la articulación social de cualquier comunidad humana. Basta hacer un estudio comparativo de Francia y Alemania para corroborar este hecho. 

Como es sabido, la estructura institucional del Estado español siguió el modelo centralizado francés hasta que la Constitución de 1978 abrió un proceso dinámico de descentralización, cuyo objetivo final no se estableció, que nos podría llevar a un estado descentralizado, no necesariamente federal, que se adaptara a las peculiaridades españolas. El proceso, prudentemente, se dejó con no pocas ambigüedades, aunque en el momento de iniciarlo hubo que tomar una decisión relevante que lo condicionaría determinantemente y fue el de establecer los ámbitos territoriales de los entes autonómicos. Para ello se siguieron, y me parece que este tema lo tenemos muy olvidado, varios criterios, algunos de ellos muy coyunturales, otros muchos más profundos y la mayoría sólo racionales en aquel momento histórico. Así, la delimitación de Galicia, País Vasco, Navarra, Cataluña, Aragón y Valencia y las comunidades insulares respondió a un racional criterio histórico y geográfico, mientras que, de haberse seguido este mismo criterio, Castilla hubiera sido el resto de España, por ser la Castilla de Isabel la Católica (o sea, con una historia común de cinco siglos). Para evitar el problema de la asimetría de esta estructura territorial, asimetría territorial y poblacional evidente pues esta Castilla así constituida hubiera sido mucho más grande que la suma del resto, se descompuso Castilla en diversos territorios que no respondieron a ningún criterio histórico ni geográfico, sino esencialmente poblacional. 

Así, se unieron los viejos reinos al sur de Despeñaperros (Jaén, Córdoba, Sevilla y Granada) en la Comunidad Autónoma de Andalucía, quitando a Castilla su peso poblacional y convirtiendo a Andalucía en el estabilizador del proceso; se separó a Asturias, a Cantabria y a Murcia como entes diferenciados (lo que no se hizo con León); se dio autonomía a la Rioja por las viejas disputas entre Castilla y Aragón; se desprendió a Extremadura; se aisló a Madrid por sus pecados de haber sido la capital del Imperio y, finalmente, el resto se dividió, para quitar el peso territorial, en dos trozos que hoy llamamos Castilla-León y Castilla-La Mancha. Y lo más curioso es que siendo Castilla tan territorio histórico como Cataluña o Galicia se la trató como una enemiga advenediza. 

Este reparto fue el resultado de múltiples intereses que, en el momento de realizarlo, confluyeron: los de los nacionalistas vascos y catalanes, tanto en su objetivo primario de afirmar su identidad como el secundario de debilitar al centro; los de los socialistas de diferenciarse claramente del modelo centralizado franquista; los de algunos comunistas; y los de las élites locales, integradas algunas en la UCD, que querían tocar poder. Intereses que confluyeron y se entendieron porque el consenso democrático estuvo por encima de todos y cada uno de los particulares. 

Veinticinco años después de iniciado el proceso de descentralización, y tras el juego que han seguido los poderes autonómicos de acentuar las diferencias en un lógico proceso de legitimación, es, en mi opinión, el momento de cerrarlo. Y lo es porque ya se han transferido la inmensa mayoría de las competencias que se pretendían; porque la sociedad y la democracia española están maduras como para no temer que lleguemos a una balcanización; porque en el mundo globalizado y multicultural al que caminamos, la construcción del Estado federal europeo es un reto más importante que las reivindicaciones localistas y nacionalistas; porque, en definitiva, a fuer de racionales, no tienen que ser más justas las instituciones y las leyes hechas por uno de mi pueblo que por uno nacido lejos. Porque, a la postre, más o menos autonomía no nos resuelve mejor los problemas que tenemos planteados. Por eso no entiendo el error del PSOE este verano. El error Maragall. Un error al menos para mí que soy un andaluz europeo. 

Lecciones de economía

En cualquier manual de economía se enseña que la principal magnitud para medir la actividad económica de una comunidad de personas es el Producto Interior Bruto (PIB). La definición del PIB, a precios de mercado, es muy simple: el Producto Interior Bruto es el valor del conjunto de bienes y servicios finales que produce una comunidad determinada, por ejemplo, los residentes en un país o en una región, en un plazo de tiempo también determinado que, normalmente, suele ser un trimestre o un año. En el PIB, por tanto, se incluye el valor de todos los bienes y servicios que consumimos, invertimos y usamos colectivamente a través del Sector Público, que nos permiten satisfacer nuestras necesidades individuales y colectivas. 

De igual forma, también se enseña en todas las facultades de economía que en las economías de mercado monetarias, y hoy todas lo son en mayor o en menor grado, el valor de cada bien se determina en esa institución que llamamos mercado. Un mercado es, sencillamente, el conjunto de todos los intercambios que se producen de un bien o servicio. Y todo intercambio es, como su nombre indica, la permuta de una determinada cantidad de bien por una cantidad determinada de dinero que llamamos precio. El valor de un mercado en un año será el resultado de sumar el producto de todas las cantidades de bienes o servicios por el de todos los precios al que han sido intercambiados. Es evidente, entonces, que, si sumamos todos los valores de todos los mercados de bienes y servicios finales, el resultado ha de ser igual al PIB. Y que la composición del PIB, el peso que cada mercado tiene en el conjunto de la actividad económica de una comunidad, estará determinada tanto por las cantidades que se produzcan de este bien o servicio como de los precios que se les asignen. 

Lo que también enseñamos, y eso ya no es tan sencillo, es que los agentes económicos, consumidores y empresarios, se comportan en los mercados siempre racionalmente. Con lo que queremos decir que aquellos intercambios que se producen y al precio al que se producen son los que mejor satisfacen lo que las familias y las empresas quieren, desean, prefieren. Y si esto es así, con esos millones de votaciones que hacemos los consumidores comprando o no los bienes y servicios que se nos ofrecen, estamos determinando continuamente lo que socialmente queremos producir. Dicho de otro modo, la composición del PIB, lo que una sociedad asigna a cada uno de los mercados en los que se gasta lo que produce con el esfuerzo de todos, es, gracias a la institución del mercado, lo que la sociedad quiere, porque es el resultado de un proceso libre, desagregado y racional. Y, al ser consistente con las preferencias de la sociedad, esta composición es, también, racional, es decir, la mejor posible. 

Si esto es cierto, y nada hay en el razonamiento que nos diga lo contrario, tendremos que aceptar que, por ejemplo, los españoles nos comportamos racionalmente al gastar más dinero y recursos, como de hecho hacemos, en cosmética que en sanidad, en fútbol más que en investigación básica, o en televisión más que en universidad. Y tendremos que ver como completamente racional que paguemos más a una modelo que a un médico, a un futbolista que a un científico, a un Dinio cualquiera que a un catedrático. Y consideraremos, también, que es perfectamente racional que importemos galácticos de todos los países del mundo mientras nuestros mejores talentos científicos se van a las galácticas universidades americanas. Es posible que esta realidad no nos guste con lo que tendríamos que plantearnos que quizás los agentes económicos no seamos tan racionales, o que es probable que el mercado no asigne de una forma óptima socialmente los recursos. O que lo mejor sea cambiar la definición del PIB para que en vez de ser la medida del conjunto de bienes que satisfacen las necesidades de una sociedad, sencillamente nos dé la medida del valor de mercado de las irracionalidades de las sociedades satisfechas. Quizás tengamos, algún día, que replantearnos las primeras lecciones de economía. 

Burbujas financieras e inmobiliarias

Todos sabemos que el mercado en el que más rápidamente han crecido los precios en los últimos años ha sido el de la vivienda. Este hecho era conocido, pero no fue, como tantas cosas, hasta que el Banco de España publicó el trabajo de su servicio de estudios, en septiembre del año pasado, que no empezó a preocupar el tema a la población y a los responsables políticos. Y ha llegado a estar tan de moda, que no hay análisis de la coyuntura de la economía española que no dedique unas líneas al tema de la "burbuja inmobiliaria", con lo que ha ido creciendo la simplificación del análisis del problema y se van oyendo bastantes inexactitudes. 

El término de "burbuja" se usa, desde finales de los ochenta, para denotar aquella situación de un mercado en el que los precios suben, rápida, generalizada y caóticamente, terminando la situación, o sea, pinchándose la "burbuja", cuando se produce un descenso vertiginoso de estos mismos precios. El término se usó por primera vez para caracterizar la situación de subida, y posterior desplome, de las cotizaciones de la Bolsa norteamericana en el otoño de 1987 y, posteriormente, se usó, esta vez con el calificativo de inmobiliaria, para explicar las razones económicas de la crisis bancaria japonesa de los noventa. Alan Greenspan, el presidente de la Reserva Federal norteamericana, volvió a usar el término, en 1999, al hablar, entonces, de la posibilidad de estar en una nueva "burbuja bursátil" por el espectacular crecimiento de las cotizaciones de las punto.com. Y, ahora, se está utilizando otra vez la expresión en el Reino Unido y España para reflejar la evolución de los precios de la vivienda. El término, pues, se ha aplicado a situaciones muy dispares lo que lo hace tan impreciso que casi carece de significado. ¿Estamos, entonces, en España, viviendo una "burbuja inmobiliaria"? Comparada nuestra situación con la norteamericana tendríamos que decir que, en algunos sentidos sí, y en otros no. Comparado lo que estamos viviendo con la "burbuja inmobiliaria" japonesa tendríamos que decir rotundamente que no. La subida de precios de la vivienda en España se parece a las burbujas financieras norteamericanas en dos aspectos: en que la escalada de precios se produce en un contexto de bajada de los tipos de interés, y en que se produce impulsada por un fuerte endeudamiento de las familias. Y, en cierto sentido, se parece a la irracional subida de los precios de las punto.com, pues, en España, están subiendo muchos precios de pisos por efecto contagio, no porque realmente todos los pisos valgan, o puedan valer en el futuro, lo que se está pagando. Sin embargo, y a pesar de la similitud financiera, no estamos ante la misma situación porque, a pesar de todo, los pisos existen, mientras que, en sus dos crisis financieras, los norteamericanos compraron expectativas de beneficio futuro. Nosotros compramos ladrillos, ellos compraron palabras y promesas. De ahí que, mientras que una burbuja financiera se puede esfumar como una pompa de jabón y dejar a muchas familias endeudadas, una posible burbuja inmobiliaria deja tras de sí viviendas que se pueden habitar. Las cotizaciones pueden bajar hasta ser cero, el precio de una vivienda no. 

Si comparamos la situación española con la japonesa, nos encontramos que hay dos diferencias esenciales que hacen tan dispar la situación que toda similitud es mera coincidencia. En primer lugar, porque los que realmente especularon con los precios en Japón, a través de los mercados de deuda hipotecaria, fueron los bancos, algo impensable en España; y, en segundo lugar, porque los precios de la vivienda en Japón subieron, en no poca medida, por el efecto riqueza de las subidas bursátiles, de ahí que desinflada la burbuja financiera se desinflara también la inmobiliaria, poniendo en serios aprietos, de los que aún no han salido, a todo el sistema financiero japonés. 

No, no estamos, pues, ni ante una burbuja financiera a la norteamericana, ni ante una burbuja inmobiliaria a la japonesa. Pero el que no lo nombremos así no quiere decir que no haya peligros en el mercado de la vivienda en España que puedan afectar al conjunto de la economía. Peligros que existen aunque no encontremos el nombre justo para llamarlos. 

Comparaciones y contrastes de renta

Pocos datos económicos son más llamativos que los que reflejan comparaciones de renta. Los informes de la Caixa o del BBVA sobre la distribución provincial de la renta, las comparaciones sobre la renta per cápita regional, las estadísticas de la convergencia real de una economía (también en renta per cápita) o los datos de la pobreza en el mundo del PNUD son, normalmente, y con mucho más detalle que los demás datos económicos, analizados, debatidos, utilizados y manipulados con ahínco por economistas, políticos y tertulianos de toda calaña. Que la renta media de la provincia de Córdoba aparezca en los últimos lugares de entre las provincias españolas, que Andalucía esté un 60% por debajo de la renta de Madrid, que España tenga el 82,4% de la renta per cápita de la UE-15, o que Marruecos tenga sólo un 20% de la renta española, son hechos importantes y polémicos que dan para no pocos análisis brillantes y debates de múltiples niveles. Y, sin embargo, se olvida lo más importante. Porque con estas comparaciones, con ese territorializar los datos de la renta, nos olvidamos de lo esencial, de lo obvio, de que toda distribución de la renta es, sencillamente, una relación entre esa misma renta, lo que se produce, lo que se consume, y las personas de una comunidad. Nos olvidamos que toda distribución de la renta responde a la pregunta cuánto recibe quién, y no a la pregunta de dónde se produce qué, lo que, siendo relevante, no es tan importante. Y es que la renta, ese conjunto de bienes y servicios que producimos para satisfacer nuestras necesidades, la poseemos, por múltiples razones, las personas, no los territorios. Es decir, no es Córdoba la que consume la renta, somos los cordobeses los que gastamos en consumir. Y no es Córdoba la que está mal ubicada en la lista de provincias, es la media de los cordobeses. Córdoba no tiene renta, la tenemos los cordobeses. 

Por eso, si es preocupante el estar en los puestos finales de la distribución provincial de la renta, más me parece que debiera preocuparnos el que, a pesar de que España va bien según Aznar, Andalucía se esté modernizando por segunda vez como sostiene Chávez, y Córdoba es de todos/as los/as cordobeses/as según Rosa Aguilar, las personas pobres de esta ciudad viven en medio de la basura, el descuido y la marginación en los mismos pisos de principios de los 60 y con los servicios similares a los de hace cuarenta años, mientras que las personas ricas de esta ciudad pagan precios astronómicos por pisos de inversión en el plan RENFE. Lo preocupante no es lo que dice la Caixa o el BBVA, sino el creciente contraste que cualquiera puede observar entre el Cerro y el Brillante. ¿Cuáles son las causas de este contraste? ¿Por qué percibimos que crecen las distancias entre los ricos y los pobres en nuestra ciudad, en todas las ciudades, entre las regiones, entre los países del mundo? Muchas, y muy complejas, son las causas de esta situación. Sin embargo, he de apuntar tres que pueden explicar, provisionalmente y a falta de un análisis más profundo, el crecimiento en los contrastes en nuestra sociedad: las diferencias en el crecimiento de la oportunidades de empleo, las diferencias en el crecimiento de los salarios y las diferencias en las posibilidades de ahorro y crédito. Y es que no tiene la misma probabilidad de estar ocupado un joven de uno de nuestros barrios marginales que un joven de uno de nuestros barrios de clase media, pues su tasa de paro es cuatro veces más alta, y la proporción crece: a principios de los 90 la tasa de paro de los pobres no llegaba a ser tres veces la de los ricos. Y una evolución parecida han sufrido los salarios: en 1995 la proporción entre el sueldo medio de un directivo y el Salario Mínimo Interprofesional era de 7,8 veces, mientras que hoy es de 11 veces. Y como las posibilidades de ahorrar están beneficiando a los que más tienen, la evolución de estas disparidades se acentuarán en el futuro. No sé si estas causas lo son y si son únicas. Lo que sí es seguro es que el problema que tenemos como sociedad no es si tenemos más o menos en media que los madrileños, los alemanes o los marroquíes sino si entre nosotros todos vivimos razonablemente. 

Mentiras fiscales

Todos los años, por estas fechas, hablamos de impuestos. Todos los años, por estas fechas, se dicen las mismas cosas y se hacen las mismas declaraciones. Y todos los años, por estas fechas, se cuenta una misma media verdad que se quiere hacer pasar por dogma de fe. Esa maldita media verdad que se viene repitiendo desde la reforma fiscal de 1998, no para de salir en los medios de comunicación, la sostiene todo responsable político del PP y, lo más curioso, está calando tanto que todo el mundo la afirma como axioma de política fiscal, aunque los datos le demuestren lo contrario, y que reza que en los últimos años han bajado los impuestos. 

Y es cierto que han bajado, pero sólo los impuestos directos, porque los demás, es decir, los indirectos, las tasas y las cotizaciones sociales, que suponen más del 60% del total de los impuestos, no sólo no han bajado sino que han subido. Se miente, pues, cuando se omite el adjetivo "directos" en la frase. Basta con mirar la serie de datos que el mismo Ministerio de Hacienda ofrecía hasta hace poco (y que ahora sólo facilita con cuentagotas) para comprobar la mentira: en 1985, la presión fiscal fue del 28,8%; en 1990 subió al 34,4%; en 1995, fue del 33,4%; subió al 34,2% en 1998 y ha llegado, en el año 2001, al 35,6%. Puesto que la presión fiscal es el cociente de todas las cargas tributarias (directas e indirectas) entre el Producto Interior Bruto, y puesto que, por otro lado, toda la actividad económica se puede asignar a cada uno de los miembros de una comunidad, podemos concluir que cada uno de nosotros, cada español, paga, hoy y de media, algo más del 35% de todo lo que produce para el sostenimiento del Estado y de los Servicios Públicos. Dado que 35,6 es un número mayor que 33,4, hemos de concluir que hoy pagamos, en media, más impuestos que en 1995. 

Pero hay una segunda mentira implícita en la machacona y escueta frase. Y que al decir que se han bajado los impuestos e intentar demostrarlo sólo considerando los directos, los responsables de Hacienda están haciendo una sinécdoque políticamente hábil, pero peligrosa. Porque en ese tomar el todo por las partes, ese considerar que sólo son impuestos que se pagan los impuestos directos, hay implícita la negación de otra realidad, la de que los ciudadanos, todos y cada uno de nosotros, somos los que soportamos el resto de los impuestos, aunque no seamos conscientes de ellos. El IVA y las Cotizaciones Sociales, que son más de 20 billones de pesetas al año, los pagamos los consumidores en los precios de los productos, aunque sean las empresas las que los recaudan, los declaran y liquidan. Y lo mismo pasa con las tasas, más de 2 billones de pesetas anuales, y los impuestos especiales (tabaco, alcohol, hidrocarburos, etc.), otros tantos billones de pesetas. Y esta sinécdoque es políticamente hábil porque al oscurecer la importancia de los impuestos indirectos (más del 60% de la recaudación) se está obviando el debate sobre la distribución de la carga tributaria y se hace parecer a las dos reformas fiscales del IRPF como reformas progresistas y más igualitaristas. En la primera reforma se bajó el tipo medio de las rentas del trabajo del 15,12% al 13,34%, es decir, el 11,7% de reducción, mientras que a las rentas altas se le redujo en un 10% de media. Sin embargo, si consideramos que las rentas bajas gastan en consumo toda su renta, lo que perdió Hacienda por la reducción del Impuesto de la Renta, lo recuperó, en parte, por la recaudación del IVA, con lo que las rentas del trabajo pasaron de pagar un 26,83% de impuestos entre Renta e IVA a un 25,3%, es decir, una reducción combinada de sólo el 5,7%. Mientras que a las rentas más altas, que no gastan toda su renta sino que pueden ahorrar el exceso de renta disponible, la reducción de ese 10% de impuestos es neta. Luego, ha habido gente a la que los impuestos le han subido más que a otros. Y esto es política y socialmente peligroso porque tiene el efecto perverso de aumentar las diferencias de renta. Así pues, ni los impuestos han bajado, ni han bajado todos los impuestos, ni han bajado para todos por igual. 

Mark Twain clasificó las mentiras en tres tipos, las mentiras, las malditas mentiras y las estadísticas, posiblemente porque no pensó que se podían decir muchas mentiras en una sola frase, posiblemente porque no llegó a conocer las mentiras fiscales.