Nacionalismo

Lo siento. Pero no puedo ser nacionalista. Ni vasco, ni catalán, ni andaluz, ni español, ni europeo. Y no puedo ser nacionalista por ser kantiano: no puedo encontrar la norma general que sea de aplicación a todos. Pues, ¿qué sería ser universalmente nacionalista? ¿que todos fuéramos nacionalistas de nuestra ciudad, o de nuestra región, y cada uno de la suya y no pudiera haber superposiciones? ¿qué criterio deberíamos seguir, el étnico, el lingüístico, el territorial, el religioso, un criterio medieval de limpieza de sangre? Desde luego, no me quiero imaginar un mundo en el que la norma fuera que he de pertenecer a una determinada nación o estado por el color de mi piel, por mi rh negativo (que lo es), o por el idioma en el que me nombran (que, en mi caso, es el hebreo por el Gabriel y el María, hispano-romano por el Pérez y árabe por el Alcalá). Y no me quiero imaginar un mundo así, porque un mundo así sería un mundo de conflictos y negaciones de unos y otros, de limpiezas étnicas y de mentiras educativas, con guerras de prestigio y de superioridad. Un mundo de infinitas incomprensiones y fronteras. No, no puedo ser nacionalista. 

Y no puedo serlo a fuer de racionalista. Porque el nacionalismo apela a mi emotividad, no a mi racionalidad, a mi sentimiento de pertenencia a un grupo humano, no a las razones de esta pertenencia. Y hacer política desde la emotividad no es hacer buena política. Porque las leyes no se pueden hacer desde el sentimiento, sino desde la razón. Una ley no es buena porque esté hecha por uno de los nuestros, sino porque el comportamiento que induce es bueno para el individuo y para el conjunto de la sociedad. Ni puede ser un mérito para la administración o la universidad el ser de un determinado pueblo o tener unos apellidos. No quiero que pueda interesarme ser nacionalista. No, no puedo ser nacionalista. Y no puedo ser nacionalista porque soy liberal. Y es que creo en la individualidad de cada persona y en su libertad. Y no puedo concebir que por tener unas características contingentes tengamos, o dejemos de tener, determinados derechos. Aceptar que la historia la hacen los pueblos, y no los individuos que los conforman, que una comunidad determinada de personas, por sentirse diferentes, hablar diferente o tener una historia diferente, tienen determinados derechos, privilegios, obligaciones o responsabilidades es aceptar la tesis de la subordinación de los individuos a los pueblos, de la supremacía de la comunidad sobre el individuo. 

No, no quiero que me obliguen a ser nacionalista. No, no puedo ser nacionalista. Y no puedo ser nacionalista a fuer de igualitarista. Porque el nacionalismo, en su raíz, implica hacer distinciones entre los que somos iguales, los seres humanos, una distinción por un criterio, el que sea, que nos clasifica. No, no puedo ser nacionalista vasco, ni catalán, ni andaluz, ni español porque no me considero un ser humano diferente a un indio, un chino o a un africano. Ni puedo encontrar en mi diferente color, lengua, religión o costumbres una razón para que tengamos diferentes derechos. 

No, no puedo ser nacionalista. Y no puedo serlo a fuer de demócrata. Porque la democracia moderna, la que hemos construido desde la revolución inglesa del XVI, la que gritó en los Estados Unidos que todos los hombres nacen libres e iguales, la que habló en Francia de Igualdad, Libertad y Fraternidad, tiene, a pesar de su praxis, vocación universalista. Y, por eso, puede evolucionar cediendo soberanía y ampliando derechos a todos sin distinción, para hacer Estados más amplios, hasta poder llegar, algún día, a construir una utopía de democracia mundial. No, no puedo ser nacionalista. 

Y no puedo serlo a fuer de moderno. Porque si la modernidad se basa en las ideas ilustradas de la razón, la igualdad y la libertad, ideas que abolieron el mito y las leyendas de los pueblos escogidos, las desigualdades de los privilegios y la limpieza de sangre, la modernidad no puede ser nacionalista. No, no puedo ser nacionalista. Pero estoy dispuesto, a fuer de kantiano, de liberal, de igualitarista, de demócrata moderno, a debatir el plan Ibarretxe y otros tantos planes como el suyo. Porque él tiene la misma libertad y derechos que para mí quiero. Aunque, por la letra de su plan, sé que me negaría alguno de ellos en la nacionalista sociedad que pretende. 

El fracaso de la política económica

El presidente Lula, en la entrega de los Premios Príncipe de Asturias, se preguntaba el porqué del fracaso, en la década de los noventa, de las políticas económicas en los países pobres. Y hablaba de fracaso, sin matices, pues prometieron crecimiento y sólo han traído pobreza. Lo que Lula planteaba, desde la realidad del país que gobierna, no es otra cosa que preguntarse por el fracaso de la política de corte "neoliberal", de "ajuste global", de "consenso de Washington" o de ortodoxia "estabilizadora", que todos estos apodos ha tenido. Y la pregunta es muy relevante porque nos lleva a cuestionarnos las políticas que hemos estado recetando los economistas y que los políticos han aplicado. Sin ánimo de ser exhaustivo, creo que el fracaso de las políticas económicas en numerosos países se debe, sencillamente, a la confluencia de cuatro factores relevantes. 

El primero, que podemos llamar el error de diagnóstico, ha sido que la economía que sustentaba esa política económica es errónea. Y es errónea porque, en economías de subsistencia (y la mayoría de las pobres lo son), los consumidores y los productores no se comportan como dicen los libros de textos americanos que han de comportarse. Porque los mercados son muy limitados y asimétricos, porque las familias son unidades de consumo y de producción que, en algunos casos, viven al margen del mercado, porque la información está mal repartida. En definitiva, porque la microeconomía de las economías desarrolladas no capta el comportamiento de los agentes de estas economías y, consecuentemente, porque los modelos macroeconómicos no tienen en cuenta sus matices. Hablar de liberalización en Mozambique, en el Congo o en cualquier país africano es una tontada. 

El segundo origen del fracaso de estas políticas hay que buscarlo en los objetivos de la política económica. Y es que, en la mayoría de los casos, la política económica que se ha diseñado para los países pobres no iba encaminada tanto al crecimiento de éstos, como a garantizar la posibilidad de cobro de las deudas previas que tenían. Al Fondo Monetario Internacional y la banca mundial no han evaluado el éxito de las políticas por las tasas de crecimiento de un país, sino por la mejora en su solvencia. Lo cual es significativo, pues si bien es cierto que, normalmente una alta tasa de crecimiento tiene un positivo efecto sobre las deudas, esto no es siempre cierto, pues puede crecerse aumentando el endeudamiento. Más aún, es curioso observar cómo el FMI ha elogiado la política económica de países que no crecían o que estaban en recesión, pero que mejoraban sus cuentas con la banca internacional. Y basta mirar los elogios a México o a Indonesia poco después de las crisis de los noventa. 

La tercera causa del fracaso está, según mi criterio, en los instrumentos. En economías sin Estado o sin instituciones económicas, con amplia corrupción y escasa administración, con alto fraude fiscal o, simplemente, de trueque amplio, se han recetado medidas que sólo con administraciones eficaces se pueden llevar a cabo. La subida de impuestos en Rusia a mediados de los noventa tuvo como efecto el aumento del trueque, con la consiguiente reducción de la base imponible, y el aumento de la corrupción y el fraude. La bajada de gastos trajo una inmensa pérdida de bienestar. 

Y, finalmente, la cuarta causa del fracaso es que no se tuvo en cuenta a la población, no se calcularon los efectos sociales y políticos. Porque en los manuales de política económica no se tiene en cuenta que cualquier decisión económica redistribuye renta, y que toda redistribución, especialmente si se hace más desigualitaria, polariza a la población y esto lleva al malestar social, a la protesta y a la inestabilidad. Y Venezuela, Ecuador, Perú, Argentina, Bolivia, México, Indonesia, etc... son ejemplos de esta idea. 

Estas cuatro ideas son, al menos en mi opinión, los ejes de una respuesta a la pregunta de Lula. Una respuesta que no sé si él conoce, aunque intuyo, por los pasos que va dando, que sí. Lo cual es, al menos, un soplo de esperanza en un mundo de arrogancia. Y no lo digo por la clase de economía que ha pretendido darle Aznar. Aunque también. 

Fuimos a la guerra

Fuimos a la guerra en Irak porque queríamos acabar con un tirano. Depuesto Sadam, no ha mejorado la seguridad en Irak: ahora está la tiranía de esos miles de tiranos que tienen armas. Les hemos cambiado la inseguridad de un régimen totalitario por la inseguridad de miles de pequeños regímenes totalitarios. Del secuestro y asesinato de Estado al secuestro y asesinato económico. Pero todavía por esto, lo hubiera entendido. Por la soberbia de creernos mejores, hubiera entendido ir a Irak a luchar. 

Fuimos a la guerra en Irak porque era un nido de terroristas. Y hasta ahora no hemos encontrado ninguno que la guerra no haya creado. Porque la guerra y la ocupación militar los ha fabricado y los justifica. Y aun por esto, lo hubiera entendido. Por el miedo al terrorismo fanático hubiera entendido luchar y morir en Irak. 

Fuimos a la guerra en Irak porque sus armas de destrucción masiva suponían una amenaza para sus vecinos y para la estabilidad internacional. Pero las armas no aparecen, e incluso sospechamos que Sadam mentía, y hemos logrado que otros dictadores y países se armen con la bomba atómica. Más aún, sabíamos que, tras los bombardeos selectivos, era improbable que tuvieran armas, ni siquiera para defenderse. Y la prueba está en lo que duró la guerra. Y hubiera entendido que, por un temor racionalmente fundado a esas armas, hubiera que ir a morir y a matar en Irak. 

Fuimos a la guerra en Irak porque tenía petróleo. Un petróleo que es útil para nuestras ricas economías de Occidente. Pero ahora resulta que tardaremos años en acceder a ese petróleo. Un petróleo que no es nuestro y que ellos estaban dispuestos a vendernos libremente, como, de hecho, hacían. Y ahora resulta que, para poder robárselo, hay que invertir en instalaciones que hemos destruido con la guerra. Mientras, de paso, empobrecemos a la ya pobre gente irakí. Y porque la codicia es, también, un pecado humano, que ha llevado a lo largo de la historia a morir y matar, lo hubiera entendido. 

Fuimos a la guerra en Irak porque íbamos a resolver el problema de Oriente Próximo, porque íbamos a mover a Israel hacia la paz. Pero Israel incendia Siria y Líbano y sigue masacrando a los palestinos ante el culpable silencio de la coalición internacional. Y lo hace incumpliendo sistemáticamente las normas de las Naciones Unidas, y no hay coalición que pueda obligarles a cumplirlas. Pero aun la hipocresía y la doble moral puedo llegar a entenderlas. 

Fuimos a la guerra en Irak sin la cobertura de las Naciones Unidas, erosionando fuertemente su legitimidad y autoridad, porque había que desmontar la amenaza de Sadam de inmediato. Y destrozamos el multilateralismo y el consenso, y celebramos la proclamación del nuevo Imperio americano. Y aun por la vanidad de ir con los más fuertes, lo hubiera entendido. Porque también el servilismo es parte de nuestra naturaleza interesada. Se nos dijo que íbamos a la guerra en Irak porque así nos ayudarían los norteamericanos con nuestro terrorismo nacional, con lo que sosteníamos la bajeza moral de su gobierno que sólo ayuda a cambio de algo. 

También se nos dijo que íbamos a la guerra en Irak para tener un mayor papel en Europa, pero británicos e italianos nos están ninguneando según sus intereses. E, incluso, se nos ha justificado que estamos en Irak porque así tenemos presencia entre la comunidad hispana norteamericana, futura minoría clave en el Imperio, cuando esta minoría no sabe, ni le importa, dónde está España. 

Y pronto se nos dirá que la verdadera razón de estar en Irak es que nos concedan el ITER, el megareactor de fusión nuclear, una tecnología que somos incapaces de generar con nuestra política de investigación. Y, también por estas razones, tan triviales, podría entender que fuéramos a la guerra en Irak. Porque también es de nuestra naturaleza el excusar todas nuestras acciones. 

Lo malo es que sabíamos que de nada servía acabar con el tirano, que no tenía armas de destrucción masiva, que no financiaba terroristas, que no iba a cambiar la política de Israel, que íbamos a perjudicar a Europa, que no nos iban a ayudar más contra ETA, que no íbamos a ser más populares en América y que, al final, igual no nos dan el ITER. 

O sea que fuimos a la guerra en Irak porque nos mentimos a nosotros mismos. Fuimos a la guerra por nada. Sin ninguna razón para ir. Por pura estupidez. Y eso, aunque humano, sí que no puedo entenderlo. 

La no política económica de Europa

Los datos de crecimiento de las principales economías europeas certifican su estancamiento. Al menos de la mayoría. Estos datos certifican, también, el estancamiento de la economía europea: Porque la economía de la Unión es, por el momento, la suma de quince economías dispares, asimétricamente integradas unas con otras. Y, sin embargo, la economía de la Unión podría ser mucho más que esta suma. 

Es cierto, porque es una verdad de Perogrullo, que este estancamiento de la economía europea tiene su origen en las dificultades que tienen para crecer dos de las grandes economías europeas, Alemania y Francia. Pero decir esto desenfoca, en mi opinión, el origen del problema e imposibilita pensar en sus soluciones. Porque supone que seguimos viendo a nuestra economía como una suma de distintas economías nacionales, de territorios, y no como una agregación de mercados bajo instituciones similares. Y esta perspectiva, que también es la que se está imponiendo en el ámbito político, es una parte del problema, pues nos lleva a que Europa, la segunda economía del planeta, no tiene una política económica coherente para su economía. Mejor dicho, tiene una no política económica. En un proceso de integración económica entre economías caben tres opciones para articular una política económica conjunta y no depredadora. La primera opción es la de seguir una política económica centralizada y única, al menos en tres aspectos esenciales: la política monetaria, la política fiscal y la política común de regulación de los mercados (de bienes y servicios, de trabajo, de dinero). Esto implica tratar a la economía de la Unión con la misma lógica de política económica que se utiliza en un país determinado. Las dos grandes ventajas de esta opción, que podríamos etiquetar como la opción unionista, son la coherencia y la eficacia. Y ahí está la historia de la economía norteamericana para demostrarlo. Por el contrario, su gran inconveniente es que para articularse se necesita una cesión de soberanía política, algo que los políticos de los distintos países, y no pocos de sus ciudadanos, no están, normalmente, dispuestos a hacer. Las condiciones para llevar a cabo una política de este tipo son dos: que haya un poder político central que tenga legitimidad para establecer esta política y que existan mecanismos para hacerlas cumplir. La segunda opción, que podríamos llamar federalista, es la de políticas económicas nacionales coordinadas a través de acuerdos. Se trata de negociar reglas de funcionamiento de las grandes líneas de política económica tales como bandas de fluctuación de las monedas, topes máximos de déficit público y deuda pública, y reglas básicas de mercado que no limiten la competencia. La gran ventaja de esta opción es su flexibilidad, la posibilidad de adaptación para cada economía y su amplia aceptación por parte de los políticos de cada país, pues si bien supone una limitación de la soberanía, ésta no se cede, se comparte. Los dos inconvenientes de esta forma son, en primer lugar, esta misma no cesión de la soberanía, y, en segundo lugar, la posibilidad de no pocas incoherencias en la aplicación de la política dentro de cada economía, pues no todas las economías son iguales y cada una vive circunstancias políticas diferentes. 

La tercera opción es una mezcla de las dos opciones anteriores. Es decir, centralizar alguna política económica y coordinar otras. El resultado no es la suma de las ventajas de los modelos anteriores, sino la anulación de éstas y la acentuación de los inconvenientes. Y es esta opción, más por miopía, dejadez e inconsciencia que por malicia, la que estamos siguiendo los europeos. Tenemos una política cuasicentralizada en asuntos monetarios, una política fiscal que debiera de haber sido de coordinación y es descoordinada, y una política de regulaciones inflexible según para quién (y ahí está el caso Alstrom o del mercado eléctrico para corroborarlo). O sea que hacemos lo peor de lo que, teóricamente al menos, podríamos hacer. Y lo malo es que aún hay gobiernos y ciudadanos europeos que piensan que cuanto peor le vaya a su vecino, mejor se pueden justificar ellos. 

Autonomías

La organización institucional de un Estado tiene una clara influencia en la evolución política, en la estructura económica y en la articulación social de cualquier comunidad humana. Basta hacer un estudio comparativo de Francia y Alemania para corroborar este hecho. 

Como es sabido, la estructura institucional del Estado español siguió el modelo centralizado francés hasta que la Constitución de 1978 abrió un proceso dinámico de descentralización, cuyo objetivo final no se estableció, que nos podría llevar a un estado descentralizado, no necesariamente federal, que se adaptara a las peculiaridades españolas. El proceso, prudentemente, se dejó con no pocas ambigüedades, aunque en el momento de iniciarlo hubo que tomar una decisión relevante que lo condicionaría determinantemente y fue el de establecer los ámbitos territoriales de los entes autonómicos. Para ello se siguieron, y me parece que este tema lo tenemos muy olvidado, varios criterios, algunos de ellos muy coyunturales, otros muchos más profundos y la mayoría sólo racionales en aquel momento histórico. Así, la delimitación de Galicia, País Vasco, Navarra, Cataluña, Aragón y Valencia y las comunidades insulares respondió a un racional criterio histórico y geográfico, mientras que, de haberse seguido este mismo criterio, Castilla hubiera sido el resto de España, por ser la Castilla de Isabel la Católica (o sea, con una historia común de cinco siglos). Para evitar el problema de la asimetría de esta estructura territorial, asimetría territorial y poblacional evidente pues esta Castilla así constituida hubiera sido mucho más grande que la suma del resto, se descompuso Castilla en diversos territorios que no respondieron a ningún criterio histórico ni geográfico, sino esencialmente poblacional. 

Así, se unieron los viejos reinos al sur de Despeñaperros (Jaén, Córdoba, Sevilla y Granada) en la Comunidad Autónoma de Andalucía, quitando a Castilla su peso poblacional y convirtiendo a Andalucía en el estabilizador del proceso; se separó a Asturias, a Cantabria y a Murcia como entes diferenciados (lo que no se hizo con León); se dio autonomía a la Rioja por las viejas disputas entre Castilla y Aragón; se desprendió a Extremadura; se aisló a Madrid por sus pecados de haber sido la capital del Imperio y, finalmente, el resto se dividió, para quitar el peso territorial, en dos trozos que hoy llamamos Castilla-León y Castilla-La Mancha. Y lo más curioso es que siendo Castilla tan territorio histórico como Cataluña o Galicia se la trató como una enemiga advenediza. 

Este reparto fue el resultado de múltiples intereses que, en el momento de realizarlo, confluyeron: los de los nacionalistas vascos y catalanes, tanto en su objetivo primario de afirmar su identidad como el secundario de debilitar al centro; los de los socialistas de diferenciarse claramente del modelo centralizado franquista; los de algunos comunistas; y los de las élites locales, integradas algunas en la UCD, que querían tocar poder. Intereses que confluyeron y se entendieron porque el consenso democrático estuvo por encima de todos y cada uno de los particulares. 

Veinticinco años después de iniciado el proceso de descentralización, y tras el juego que han seguido los poderes autonómicos de acentuar las diferencias en un lógico proceso de legitimación, es, en mi opinión, el momento de cerrarlo. Y lo es porque ya se han transferido la inmensa mayoría de las competencias que se pretendían; porque la sociedad y la democracia española están maduras como para no temer que lleguemos a una balcanización; porque en el mundo globalizado y multicultural al que caminamos, la construcción del Estado federal europeo es un reto más importante que las reivindicaciones localistas y nacionalistas; porque, en definitiva, a fuer de racionales, no tienen que ser más justas las instituciones y las leyes hechas por uno de mi pueblo que por uno nacido lejos. Porque, a la postre, más o menos autonomía no nos resuelve mejor los problemas que tenemos planteados. Por eso no entiendo el error del PSOE este verano. El error Maragall. Un error al menos para mí que soy un andaluz europeo. 

Lecciones de economía

En cualquier manual de economía se enseña que la principal magnitud para medir la actividad económica de una comunidad de personas es el Producto Interior Bruto (PIB). La definición del PIB, a precios de mercado, es muy simple: el Producto Interior Bruto es el valor del conjunto de bienes y servicios finales que produce una comunidad determinada, por ejemplo, los residentes en un país o en una región, en un plazo de tiempo también determinado que, normalmente, suele ser un trimestre o un año. En el PIB, por tanto, se incluye el valor de todos los bienes y servicios que consumimos, invertimos y usamos colectivamente a través del Sector Público, que nos permiten satisfacer nuestras necesidades individuales y colectivas. 

De igual forma, también se enseña en todas las facultades de economía que en las economías de mercado monetarias, y hoy todas lo son en mayor o en menor grado, el valor de cada bien se determina en esa institución que llamamos mercado. Un mercado es, sencillamente, el conjunto de todos los intercambios que se producen de un bien o servicio. Y todo intercambio es, como su nombre indica, la permuta de una determinada cantidad de bien por una cantidad determinada de dinero que llamamos precio. El valor de un mercado en un año será el resultado de sumar el producto de todas las cantidades de bienes o servicios por el de todos los precios al que han sido intercambiados. Es evidente, entonces, que, si sumamos todos los valores de todos los mercados de bienes y servicios finales, el resultado ha de ser igual al PIB. Y que la composición del PIB, el peso que cada mercado tiene en el conjunto de la actividad económica de una comunidad, estará determinada tanto por las cantidades que se produzcan de este bien o servicio como de los precios que se les asignen. 

Lo que también enseñamos, y eso ya no es tan sencillo, es que los agentes económicos, consumidores y empresarios, se comportan en los mercados siempre racionalmente. Con lo que queremos decir que aquellos intercambios que se producen y al precio al que se producen son los que mejor satisfacen lo que las familias y las empresas quieren, desean, prefieren. Y si esto es así, con esos millones de votaciones que hacemos los consumidores comprando o no los bienes y servicios que se nos ofrecen, estamos determinando continuamente lo que socialmente queremos producir. Dicho de otro modo, la composición del PIB, lo que una sociedad asigna a cada uno de los mercados en los que se gasta lo que produce con el esfuerzo de todos, es, gracias a la institución del mercado, lo que la sociedad quiere, porque es el resultado de un proceso libre, desagregado y racional. Y, al ser consistente con las preferencias de la sociedad, esta composición es, también, racional, es decir, la mejor posible. 

Si esto es cierto, y nada hay en el razonamiento que nos diga lo contrario, tendremos que aceptar que, por ejemplo, los españoles nos comportamos racionalmente al gastar más dinero y recursos, como de hecho hacemos, en cosmética que en sanidad, en fútbol más que en investigación básica, o en televisión más que en universidad. Y tendremos que ver como completamente racional que paguemos más a una modelo que a un médico, a un futbolista que a un científico, a un Dinio cualquiera que a un catedrático. Y consideraremos, también, que es perfectamente racional que importemos galácticos de todos los países del mundo mientras nuestros mejores talentos científicos se van a las galácticas universidades americanas. Es posible que esta realidad no nos guste con lo que tendríamos que plantearnos que quizás los agentes económicos no seamos tan racionales, o que es probable que el mercado no asigne de una forma óptima socialmente los recursos. O que lo mejor sea cambiar la definición del PIB para que en vez de ser la medida del conjunto de bienes que satisfacen las necesidades de una sociedad, sencillamente nos dé la medida del valor de mercado de las irracionalidades de las sociedades satisfechas. Quizás tengamos, algún día, que replantearnos las primeras lecciones de economía. 

Burbujas financieras e inmobiliarias

Todos sabemos que el mercado en el que más rápidamente han crecido los precios en los últimos años ha sido el de la vivienda. Este hecho era conocido, pero no fue, como tantas cosas, hasta que el Banco de España publicó el trabajo de su servicio de estudios, en septiembre del año pasado, que no empezó a preocupar el tema a la población y a los responsables políticos. Y ha llegado a estar tan de moda, que no hay análisis de la coyuntura de la economía española que no dedique unas líneas al tema de la "burbuja inmobiliaria", con lo que ha ido creciendo la simplificación del análisis del problema y se van oyendo bastantes inexactitudes. 

El término de "burbuja" se usa, desde finales de los ochenta, para denotar aquella situación de un mercado en el que los precios suben, rápida, generalizada y caóticamente, terminando la situación, o sea, pinchándose la "burbuja", cuando se produce un descenso vertiginoso de estos mismos precios. El término se usó por primera vez para caracterizar la situación de subida, y posterior desplome, de las cotizaciones de la Bolsa norteamericana en el otoño de 1987 y, posteriormente, se usó, esta vez con el calificativo de inmobiliaria, para explicar las razones económicas de la crisis bancaria japonesa de los noventa. Alan Greenspan, el presidente de la Reserva Federal norteamericana, volvió a usar el término, en 1999, al hablar, entonces, de la posibilidad de estar en una nueva "burbuja bursátil" por el espectacular crecimiento de las cotizaciones de las punto.com. Y, ahora, se está utilizando otra vez la expresión en el Reino Unido y España para reflejar la evolución de los precios de la vivienda. El término, pues, se ha aplicado a situaciones muy dispares lo que lo hace tan impreciso que casi carece de significado. ¿Estamos, entonces, en España, viviendo una "burbuja inmobiliaria"? Comparada nuestra situación con la norteamericana tendríamos que decir que, en algunos sentidos sí, y en otros no. Comparado lo que estamos viviendo con la "burbuja inmobiliaria" japonesa tendríamos que decir rotundamente que no. La subida de precios de la vivienda en España se parece a las burbujas financieras norteamericanas en dos aspectos: en que la escalada de precios se produce en un contexto de bajada de los tipos de interés, y en que se produce impulsada por un fuerte endeudamiento de las familias. Y, en cierto sentido, se parece a la irracional subida de los precios de las punto.com, pues, en España, están subiendo muchos precios de pisos por efecto contagio, no porque realmente todos los pisos valgan, o puedan valer en el futuro, lo que se está pagando. Sin embargo, y a pesar de la similitud financiera, no estamos ante la misma situación porque, a pesar de todo, los pisos existen, mientras que, en sus dos crisis financieras, los norteamericanos compraron expectativas de beneficio futuro. Nosotros compramos ladrillos, ellos compraron palabras y promesas. De ahí que, mientras que una burbuja financiera se puede esfumar como una pompa de jabón y dejar a muchas familias endeudadas, una posible burbuja inmobiliaria deja tras de sí viviendas que se pueden habitar. Las cotizaciones pueden bajar hasta ser cero, el precio de una vivienda no. 

Si comparamos la situación española con la japonesa, nos encontramos que hay dos diferencias esenciales que hacen tan dispar la situación que toda similitud es mera coincidencia. En primer lugar, porque los que realmente especularon con los precios en Japón, a través de los mercados de deuda hipotecaria, fueron los bancos, algo impensable en España; y, en segundo lugar, porque los precios de la vivienda en Japón subieron, en no poca medida, por el efecto riqueza de las subidas bursátiles, de ahí que desinflada la burbuja financiera se desinflara también la inmobiliaria, poniendo en serios aprietos, de los que aún no han salido, a todo el sistema financiero japonés. 

No, no estamos, pues, ni ante una burbuja financiera a la norteamericana, ni ante una burbuja inmobiliaria a la japonesa. Pero el que no lo nombremos así no quiere decir que no haya peligros en el mercado de la vivienda en España que puedan afectar al conjunto de la economía. Peligros que existen aunque no encontremos el nombre justo para llamarlos.