Partido Socialista de Cataluña y Ezquerra Republicana incluye un decálogo sobre la financiación autonómica, que merece más que algún comentario y aclaración. Y es que, entre los diez puntos que se han dado a conocer, hay algunos que sólo pueden ser explicables desde la ignorancia, pues suponen un profundo desconocimiento de la más elemental Hacienda Pública, es decir, de la más básica teoría de la imposición y del gasto público.
Lección primera: los impuestos no los pagan los territorios, los pagan las personas que son las que generan y poseen la renta. Y, cuando existe progresividad, como es el caso español a pesar de los intensos esfuerzos del Partido Popular por limarla, los más ricos pagan en porcentaje, y necesariamente también en valor absoluto, más que los pobres. Y cuando sólo existe proporcionalidad unos y otros pagan lo mismo en valor relativo y más en valor absoluto los que más tienen. Puesto que los residentes en Cataluña son más ricos, en media, que los residentes en el resto del país, los impuestos recaudados de estas personas son mayores, en valor relativo y en valor absoluto, que los de otras comunidades. Dicho de otra forma, los residentes en Cataluña pagan más de media más no porque sean catalanes, sino porque son más ricos y los impuestos en España son progresivos.
Lección segunda: los impuestos no se pagan según lo que se recibe sino porque son impuestos, y basta mirar la etimología de la palabra para saberlo. Es decir, los impuestos son una exacción que recibe el poder político basada en la coacción y, en cierto sentido, en el convencimiento moral. Por eso los impuestos no son un precio que pagamos por los gastos públicos. Pensar en que uno recibe lo que paga es no saber que hay bienes públicos indivisibles (como la seguridad o la justicia, las infraestructuras, etc.) que hacen que cada uno reciba más que la parte que ha puesto. Y es, además, suponer que son una especie de contribuciones voluntarias al bien común, lo que es totalmente falso. Ni los impuestos son un precio, ni una cuota voluntaria a una asociación, sino que son exacciones de pago obligatorio con sanciones que pueden llevar a penas de cárcel.
Lección tercera: la inversión pública en infraestructuras ha de hacerse, y es un criterio casi más elemental, donde sea mayor su beneficio, es decir, en aquellas comunidades en las que la diferencia entre lo que aumenta la renta y lo que cuesta la infraestructura sea mayor. Asignar infraestructuras según el PIB, como se propone, es lo mismo que creer que es mejor una tercera autovía entre Marbella y Sotogrande que una primera entre Antequera y Lucena, por el mero hecho de que las dos primeras ciudades tienen más renta que las segundas. Esta lección se basa en la ley de los rendimientos decrecientes que es de economía elemental.
Lección cuarta: si los impuestos no los pagan los territorios y los gastos no se pueden asignar a las personas que los pagan, carece de sentido hablar de "déficit fiscal" de Cataluña. Y no vale el ejemplo de la Unión Europea por dos razones: primera, porque en la UE no hay los mismos impuestos en todos los países; y, segunda, porque efectivamente se aporta por países y no por residentes.
En definitiva, disponer de los ingresos según el criterio de población, exigir gastos en infraestructuras en función del PIB y reducir esa simple cuenta que llaman déficit fiscal de Cataluña a cero es reconocer, públicamente, que no se tiene ni idea de por qué se pagan los impuestos y son progresivos, cómo se asigna el gasto público y a qué se llama saldo de las cuentas públicas.
O sea, no saber los fundamentos de hacienda pública. Y lo que es más grave, supone, para gentes que se autocalifican de izquierda, no tener un análisis ideológico coherente. Mucho me temo que el PSOE va a tener que abrir una academia nocturna el próximo trimestre en la que impartir asignaturas básicas de Economía, Hacienda Pública, Filosofía política e, incluso, Historia del Partido, porque la ignorancia de algunos de sus líderes no se cura con un par de horas de Jordi Sevilla. Y mucho tienen que estudiar porque, si no, en los exámenes finales de marzo van a tener un suspenso que sólo podrían recuperar dentro de cuatro años.
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