Lecciones básicas de Hacienda Pública

Partido Socialista de Cataluña y Ezquerra Republicana incluye un decálogo sobre la financiación autonómica, que merece más que algún comentario y aclaración. Y es que, entre los diez puntos que se han dado a conocer, hay algunos que sólo pueden ser explicables desde la ignorancia, pues suponen un profundo desconocimiento de la más elemental Hacienda Pública, es decir, de la más básica teoría de la imposición y del gasto público. 

Lección primera: los impuestos no los pagan los territorios, los pagan las personas que son las que generan y poseen la renta. Y, cuando existe progresividad, como es el caso español a pesar de los intensos esfuerzos del Partido Popular por limarla, los más ricos pagan en porcentaje, y necesariamente también en valor absoluto, más que los pobres. Y cuando sólo existe proporcionalidad unos y otros pagan lo mismo en valor relativo y más en valor absoluto los que más tienen. Puesto que los residentes en Cataluña son más ricos, en media, que los residentes en el resto del país, los impuestos recaudados de estas personas son mayores, en valor relativo y en valor absoluto, que los de otras comunidades. Dicho de otra forma, los residentes en Cataluña pagan más de media más no porque sean catalanes, sino porque son más ricos y los impuestos en España son progresivos. 

Lección segunda: los impuestos no se pagan según lo que se recibe sino porque son impuestos, y basta mirar la etimología de la palabra para saberlo. Es decir, los impuestos son una exacción que recibe el poder político basada en la coacción y, en cierto sentido, en el convencimiento moral. Por eso los impuestos no son un precio que pagamos por los gastos públicos. Pensar en que uno recibe lo que paga es no saber que hay bienes públicos indivisibles (como la seguridad o la justicia, las infraestructuras, etc.) que hacen que cada uno reciba más que la parte que ha puesto. Y es, además, suponer que son una especie de contribuciones voluntarias al bien común, lo que es totalmente falso. Ni los impuestos son un precio, ni una cuota voluntaria a una asociación, sino que son exacciones de pago obligatorio con sanciones que pueden llevar a penas de cárcel. 

Lección tercera: la inversión pública en infraestructuras ha de hacerse, y es un criterio casi más elemental, donde sea mayor su beneficio, es decir, en aquellas comunidades en las que la diferencia entre lo que aumenta la renta y lo que cuesta la infraestructura sea mayor. Asignar infraestructuras según el PIB, como se propone, es lo mismo que creer que es mejor una tercera autovía entre Marbella y Sotogrande que una primera entre Antequera y Lucena, por el mero hecho de que las dos primeras ciudades tienen más renta que las segundas. Esta lección se basa en la ley de los rendimientos decrecientes que es de economía elemental. 

Lección cuarta: si los impuestos no los pagan los territorios y los gastos no se pueden asignar a las personas que los pagan, carece de sentido hablar de "déficit fiscal" de Cataluña. Y no vale el ejemplo de la Unión Europea por dos razones: primera, porque en la UE no hay los mismos impuestos en todos los países; y, segunda, porque efectivamente se aporta por países y no por residentes. 

En definitiva, disponer de los ingresos según el criterio de población, exigir gastos en infraestructuras en función del PIB y reducir esa simple cuenta que llaman déficit fiscal de Cataluña a cero es reconocer, públicamente, que no se tiene ni idea de por qué se pagan los impuestos y son progresivos, cómo se asigna el gasto público y a qué se llama saldo de las cuentas públicas. 

O sea, no saber los fundamentos de hacienda pública. Y lo que es más grave, supone, para gentes que se autocalifican de izquierda, no tener un análisis ideológico coherente. Mucho me temo que el PSOE va a tener que abrir una academia nocturna el próximo trimestre en la que impartir asignaturas básicas de Economía, Hacienda Pública, Filosofía política e, incluso, Historia del Partido, porque la ignorancia de algunos de sus líderes no se cura con un par de horas de Jordi Sevilla. Y mucho tienen que estudiar porque, si no, en los exámenes finales de marzo van a tener un suspenso que sólo podrían recuperar dentro de cuatro años. 

Errores pactados

Cuando se lean estas líneas ya habrá habido diversas reacciones de políticos, economistas, periodistas y opinantes sobre la ruptura del Pacto de Estabilidad consumada la semana pasada. Ya se habrán buscado y hallado culpables, ya se habrá elevado el Pacto a la categoría de mito o de verdad inmutable, ya se habrá utilizado su ruptura como pecado, traición o moneda de cambio en las negociaciones de la Constitución, ya se habrá analizado política y económicamente y se habrán proyectado catastróficas consecuencias futuras. Sin embargo, y sin negar la gravedad de lo ocurrido (pues siempre que se falta la palabra dada se pierde un trozo de dignidad y confianza), es conveniente valorarlo sosegadamente. Hay que empezar diciendo que el Pacto de Estabilidad estaba mal diseñado. Aunque lo diseñaran los técnicos de los Bancos Centrales de Alemania y Francia. Y estaba mal diseñado por su objetivo, por las relaciones económicas que suponía y por su duración. El Pacto de Estabilidad estaba mal diseñado porque se diseñó sólo para dar credibilidad a la política monetaria en los primeros años de lanzamiento y consolidación del euro. Y, precisamente en eso, que suponía subordinar la política fiscal, aquella que manejan los políticos y es la esencia de la política, a la política monetaria, estaba su primer error. Un grave error que se basaba, a su vez, en otras ideas no menos erróneas: que la política económica es una cuestión técnica y no política, es decir, que los políticos, que dependen de los votos y de la opinión pública, iban a subordinar sus intereses a lo que dictaran los técnicos monetaristas de los Bancos Centrales; que la política monetaria es más importante y efectiva que la política fiscal; y, finalmente, y es un error muy típico de la muy laureada escuela de Chicago, que la política fiscal es una especie de caja negra que funciona sin lógica y sin conexión con la actividad real, siendo sólo relevante el resultado final, y el que se llegue a ella con leyes de hierro inmutables. 

Pero más aún, además de los errores de concepto, tanto de política como de economía, el pacto estaba mal diseñado porque no estaba pensado para Europa. Y es que, frente a lo que ocurre en los Estados Unidos, el peso del Sector Público en las economías europeas es muy grande, las economías familiares reciben servicios del sector público financiados con impuestos y ahorran de una forma diferente a las norteamericanas y, finalmente, el tejido empresarial, y los mercados financieros y de trabajo, aún son muy localistas. En este contexto, la política monetaria europea tiene una eficacia relativamente menor que la que tiene en los Estados Unidos y unos efectos sobre las economías nacionales mucho más dispersos. Más aún, la ausencia de un gobierno federal fuerte, como el norteamericano, determina una lógica política muy diferente. 

Pero el Pacto no sólo era erróneo en su concepto, sino excesivo en su fundamentalismo y dogmatismo. Y era fundamentalista porque exigía el mismo trato para economías avanzadas que para las atrasadas y dogmático porque sacralizaba el equilibrio presupuestario como una verdad inmutable, con lo que obligaba a las economías a invertir con ahorro propio o a no invertir. 

Por todas estas razones no creo que sea un trauma para Europa la ruptura del Pacto. También se rompió el pacto de coordinación del Sistema Monetario Europeo en las tormentas monetarias del 92, y España fue una de las culpables, y nadie se acuerda ahora. Lo que sí tenemos que aprender son las lecciones y repetir el método para hallar las soluciones de encontramos entonces: que no basta coordinar resultados (déficit o cotizaciones) sino los fundamentos (impuestos y gastos e inflación y tipos); que, aunque tengan muchos premios Nobel, los norteamericanos y sus discípulos no tienen ni idea de economía europea y basta recordar cómo tres premios Nobel como Becker, Modigliani o Buchanan nos dijeron, en Córdoba, que el euro no nacería por ser una locura. Y, finalmente, que no podemos olvidar que la política económica es sólo una parte de la política. Y, mal que nos pese, la política se basa en la fuerza, sea ésta lo que sea, y en el uso racional de la fuerza. Por eso, la lógica de la fuerza es la lógica de la política. Convertirla en la fuerza de la razón es el don de los políticos. Un don que parece no tienen nuestros líderes europeos. Aunque sí tienen el de la inoportunidad. 

Nacionalismo

Lo siento. Pero no puedo ser nacionalista. Ni vasco, ni catalán, ni andaluz, ni español, ni europeo. Y no puedo ser nacionalista por ser kantiano: no puedo encontrar la norma general que sea de aplicación a todos. Pues, ¿qué sería ser universalmente nacionalista? ¿que todos fuéramos nacionalistas de nuestra ciudad, o de nuestra región, y cada uno de la suya y no pudiera haber superposiciones? ¿qué criterio deberíamos seguir, el étnico, el lingüístico, el territorial, el religioso, un criterio medieval de limpieza de sangre? Desde luego, no me quiero imaginar un mundo en el que la norma fuera que he de pertenecer a una determinada nación o estado por el color de mi piel, por mi rh negativo (que lo es), o por el idioma en el que me nombran (que, en mi caso, es el hebreo por el Gabriel y el María, hispano-romano por el Pérez y árabe por el Alcalá). Y no me quiero imaginar un mundo así, porque un mundo así sería un mundo de conflictos y negaciones de unos y otros, de limpiezas étnicas y de mentiras educativas, con guerras de prestigio y de superioridad. Un mundo de infinitas incomprensiones y fronteras. No, no puedo ser nacionalista. 

Y no puedo serlo a fuer de racionalista. Porque el nacionalismo apela a mi emotividad, no a mi racionalidad, a mi sentimiento de pertenencia a un grupo humano, no a las razones de esta pertenencia. Y hacer política desde la emotividad no es hacer buena política. Porque las leyes no se pueden hacer desde el sentimiento, sino desde la razón. Una ley no es buena porque esté hecha por uno de los nuestros, sino porque el comportamiento que induce es bueno para el individuo y para el conjunto de la sociedad. Ni puede ser un mérito para la administración o la universidad el ser de un determinado pueblo o tener unos apellidos. No quiero que pueda interesarme ser nacionalista. No, no puedo ser nacionalista. Y no puedo ser nacionalista porque soy liberal. Y es que creo en la individualidad de cada persona y en su libertad. Y no puedo concebir que por tener unas características contingentes tengamos, o dejemos de tener, determinados derechos. Aceptar que la historia la hacen los pueblos, y no los individuos que los conforman, que una comunidad determinada de personas, por sentirse diferentes, hablar diferente o tener una historia diferente, tienen determinados derechos, privilegios, obligaciones o responsabilidades es aceptar la tesis de la subordinación de los individuos a los pueblos, de la supremacía de la comunidad sobre el individuo. 

No, no quiero que me obliguen a ser nacionalista. No, no puedo ser nacionalista. Y no puedo ser nacionalista a fuer de igualitarista. Porque el nacionalismo, en su raíz, implica hacer distinciones entre los que somos iguales, los seres humanos, una distinción por un criterio, el que sea, que nos clasifica. No, no puedo ser nacionalista vasco, ni catalán, ni andaluz, ni español porque no me considero un ser humano diferente a un indio, un chino o a un africano. Ni puedo encontrar en mi diferente color, lengua, religión o costumbres una razón para que tengamos diferentes derechos. 

No, no puedo ser nacionalista. Y no puedo serlo a fuer de demócrata. Porque la democracia moderna, la que hemos construido desde la revolución inglesa del XVI, la que gritó en los Estados Unidos que todos los hombres nacen libres e iguales, la que habló en Francia de Igualdad, Libertad y Fraternidad, tiene, a pesar de su praxis, vocación universalista. Y, por eso, puede evolucionar cediendo soberanía y ampliando derechos a todos sin distinción, para hacer Estados más amplios, hasta poder llegar, algún día, a construir una utopía de democracia mundial. No, no puedo ser nacionalista. 

Y no puedo serlo a fuer de moderno. Porque si la modernidad se basa en las ideas ilustradas de la razón, la igualdad y la libertad, ideas que abolieron el mito y las leyendas de los pueblos escogidos, las desigualdades de los privilegios y la limpieza de sangre, la modernidad no puede ser nacionalista. No, no puedo ser nacionalista. Pero estoy dispuesto, a fuer de kantiano, de liberal, de igualitarista, de demócrata moderno, a debatir el plan Ibarretxe y otros tantos planes como el suyo. Porque él tiene la misma libertad y derechos que para mí quiero. Aunque, por la letra de su plan, sé que me negaría alguno de ellos en la nacionalista sociedad que pretende. 

El fracaso de la política económica

El presidente Lula, en la entrega de los Premios Príncipe de Asturias, se preguntaba el porqué del fracaso, en la década de los noventa, de las políticas económicas en los países pobres. Y hablaba de fracaso, sin matices, pues prometieron crecimiento y sólo han traído pobreza. Lo que Lula planteaba, desde la realidad del país que gobierna, no es otra cosa que preguntarse por el fracaso de la política de corte "neoliberal", de "ajuste global", de "consenso de Washington" o de ortodoxia "estabilizadora", que todos estos apodos ha tenido. Y la pregunta es muy relevante porque nos lleva a cuestionarnos las políticas que hemos estado recetando los economistas y que los políticos han aplicado. Sin ánimo de ser exhaustivo, creo que el fracaso de las políticas económicas en numerosos países se debe, sencillamente, a la confluencia de cuatro factores relevantes. 

El primero, que podemos llamar el error de diagnóstico, ha sido que la economía que sustentaba esa política económica es errónea. Y es errónea porque, en economías de subsistencia (y la mayoría de las pobres lo son), los consumidores y los productores no se comportan como dicen los libros de textos americanos que han de comportarse. Porque los mercados son muy limitados y asimétricos, porque las familias son unidades de consumo y de producción que, en algunos casos, viven al margen del mercado, porque la información está mal repartida. En definitiva, porque la microeconomía de las economías desarrolladas no capta el comportamiento de los agentes de estas economías y, consecuentemente, porque los modelos macroeconómicos no tienen en cuenta sus matices. Hablar de liberalización en Mozambique, en el Congo o en cualquier país africano es una tontada. 

El segundo origen del fracaso de estas políticas hay que buscarlo en los objetivos de la política económica. Y es que, en la mayoría de los casos, la política económica que se ha diseñado para los países pobres no iba encaminada tanto al crecimiento de éstos, como a garantizar la posibilidad de cobro de las deudas previas que tenían. Al Fondo Monetario Internacional y la banca mundial no han evaluado el éxito de las políticas por las tasas de crecimiento de un país, sino por la mejora en su solvencia. Lo cual es significativo, pues si bien es cierto que, normalmente una alta tasa de crecimiento tiene un positivo efecto sobre las deudas, esto no es siempre cierto, pues puede crecerse aumentando el endeudamiento. Más aún, es curioso observar cómo el FMI ha elogiado la política económica de países que no crecían o que estaban en recesión, pero que mejoraban sus cuentas con la banca internacional. Y basta mirar los elogios a México o a Indonesia poco después de las crisis de los noventa. 

La tercera causa del fracaso está, según mi criterio, en los instrumentos. En economías sin Estado o sin instituciones económicas, con amplia corrupción y escasa administración, con alto fraude fiscal o, simplemente, de trueque amplio, se han recetado medidas que sólo con administraciones eficaces se pueden llevar a cabo. La subida de impuestos en Rusia a mediados de los noventa tuvo como efecto el aumento del trueque, con la consiguiente reducción de la base imponible, y el aumento de la corrupción y el fraude. La bajada de gastos trajo una inmensa pérdida de bienestar. 

Y, finalmente, la cuarta causa del fracaso es que no se tuvo en cuenta a la población, no se calcularon los efectos sociales y políticos. Porque en los manuales de política económica no se tiene en cuenta que cualquier decisión económica redistribuye renta, y que toda redistribución, especialmente si se hace más desigualitaria, polariza a la población y esto lleva al malestar social, a la protesta y a la inestabilidad. Y Venezuela, Ecuador, Perú, Argentina, Bolivia, México, Indonesia, etc... son ejemplos de esta idea. 

Estas cuatro ideas son, al menos en mi opinión, los ejes de una respuesta a la pregunta de Lula. Una respuesta que no sé si él conoce, aunque intuyo, por los pasos que va dando, que sí. Lo cual es, al menos, un soplo de esperanza en un mundo de arrogancia. Y no lo digo por la clase de economía que ha pretendido darle Aznar. Aunque también. 

Fuimos a la guerra

Fuimos a la guerra en Irak porque queríamos acabar con un tirano. Depuesto Sadam, no ha mejorado la seguridad en Irak: ahora está la tiranía de esos miles de tiranos que tienen armas. Les hemos cambiado la inseguridad de un régimen totalitario por la inseguridad de miles de pequeños regímenes totalitarios. Del secuestro y asesinato de Estado al secuestro y asesinato económico. Pero todavía por esto, lo hubiera entendido. Por la soberbia de creernos mejores, hubiera entendido ir a Irak a luchar. 

Fuimos a la guerra en Irak porque era un nido de terroristas. Y hasta ahora no hemos encontrado ninguno que la guerra no haya creado. Porque la guerra y la ocupación militar los ha fabricado y los justifica. Y aun por esto, lo hubiera entendido. Por el miedo al terrorismo fanático hubiera entendido luchar y morir en Irak. 

Fuimos a la guerra en Irak porque sus armas de destrucción masiva suponían una amenaza para sus vecinos y para la estabilidad internacional. Pero las armas no aparecen, e incluso sospechamos que Sadam mentía, y hemos logrado que otros dictadores y países se armen con la bomba atómica. Más aún, sabíamos que, tras los bombardeos selectivos, era improbable que tuvieran armas, ni siquiera para defenderse. Y la prueba está en lo que duró la guerra. Y hubiera entendido que, por un temor racionalmente fundado a esas armas, hubiera que ir a morir y a matar en Irak. 

Fuimos a la guerra en Irak porque tenía petróleo. Un petróleo que es útil para nuestras ricas economías de Occidente. Pero ahora resulta que tardaremos años en acceder a ese petróleo. Un petróleo que no es nuestro y que ellos estaban dispuestos a vendernos libremente, como, de hecho, hacían. Y ahora resulta que, para poder robárselo, hay que invertir en instalaciones que hemos destruido con la guerra. Mientras, de paso, empobrecemos a la ya pobre gente irakí. Y porque la codicia es, también, un pecado humano, que ha llevado a lo largo de la historia a morir y matar, lo hubiera entendido. 

Fuimos a la guerra en Irak porque íbamos a resolver el problema de Oriente Próximo, porque íbamos a mover a Israel hacia la paz. Pero Israel incendia Siria y Líbano y sigue masacrando a los palestinos ante el culpable silencio de la coalición internacional. Y lo hace incumpliendo sistemáticamente las normas de las Naciones Unidas, y no hay coalición que pueda obligarles a cumplirlas. Pero aun la hipocresía y la doble moral puedo llegar a entenderlas. 

Fuimos a la guerra en Irak sin la cobertura de las Naciones Unidas, erosionando fuertemente su legitimidad y autoridad, porque había que desmontar la amenaza de Sadam de inmediato. Y destrozamos el multilateralismo y el consenso, y celebramos la proclamación del nuevo Imperio americano. Y aun por la vanidad de ir con los más fuertes, lo hubiera entendido. Porque también el servilismo es parte de nuestra naturaleza interesada. Se nos dijo que íbamos a la guerra en Irak porque así nos ayudarían los norteamericanos con nuestro terrorismo nacional, con lo que sosteníamos la bajeza moral de su gobierno que sólo ayuda a cambio de algo. 

También se nos dijo que íbamos a la guerra en Irak para tener un mayor papel en Europa, pero británicos e italianos nos están ninguneando según sus intereses. E, incluso, se nos ha justificado que estamos en Irak porque así tenemos presencia entre la comunidad hispana norteamericana, futura minoría clave en el Imperio, cuando esta minoría no sabe, ni le importa, dónde está España. 

Y pronto se nos dirá que la verdadera razón de estar en Irak es que nos concedan el ITER, el megareactor de fusión nuclear, una tecnología que somos incapaces de generar con nuestra política de investigación. Y, también por estas razones, tan triviales, podría entender que fuéramos a la guerra en Irak. Porque también es de nuestra naturaleza el excusar todas nuestras acciones. 

Lo malo es que sabíamos que de nada servía acabar con el tirano, que no tenía armas de destrucción masiva, que no financiaba terroristas, que no iba a cambiar la política de Israel, que íbamos a perjudicar a Europa, que no nos iban a ayudar más contra ETA, que no íbamos a ser más populares en América y que, al final, igual no nos dan el ITER. 

O sea que fuimos a la guerra en Irak porque nos mentimos a nosotros mismos. Fuimos a la guerra por nada. Sin ninguna razón para ir. Por pura estupidez. Y eso, aunque humano, sí que no puedo entenderlo. 

La no política económica de Europa

Los datos de crecimiento de las principales economías europeas certifican su estancamiento. Al menos de la mayoría. Estos datos certifican, también, el estancamiento de la economía europea: Porque la economía de la Unión es, por el momento, la suma de quince economías dispares, asimétricamente integradas unas con otras. Y, sin embargo, la economía de la Unión podría ser mucho más que esta suma. 

Es cierto, porque es una verdad de Perogrullo, que este estancamiento de la economía europea tiene su origen en las dificultades que tienen para crecer dos de las grandes economías europeas, Alemania y Francia. Pero decir esto desenfoca, en mi opinión, el origen del problema e imposibilita pensar en sus soluciones. Porque supone que seguimos viendo a nuestra economía como una suma de distintas economías nacionales, de territorios, y no como una agregación de mercados bajo instituciones similares. Y esta perspectiva, que también es la que se está imponiendo en el ámbito político, es una parte del problema, pues nos lleva a que Europa, la segunda economía del planeta, no tiene una política económica coherente para su economía. Mejor dicho, tiene una no política económica. En un proceso de integración económica entre economías caben tres opciones para articular una política económica conjunta y no depredadora. La primera opción es la de seguir una política económica centralizada y única, al menos en tres aspectos esenciales: la política monetaria, la política fiscal y la política común de regulación de los mercados (de bienes y servicios, de trabajo, de dinero). Esto implica tratar a la economía de la Unión con la misma lógica de política económica que se utiliza en un país determinado. Las dos grandes ventajas de esta opción, que podríamos etiquetar como la opción unionista, son la coherencia y la eficacia. Y ahí está la historia de la economía norteamericana para demostrarlo. Por el contrario, su gran inconveniente es que para articularse se necesita una cesión de soberanía política, algo que los políticos de los distintos países, y no pocos de sus ciudadanos, no están, normalmente, dispuestos a hacer. Las condiciones para llevar a cabo una política de este tipo son dos: que haya un poder político central que tenga legitimidad para establecer esta política y que existan mecanismos para hacerlas cumplir. La segunda opción, que podríamos llamar federalista, es la de políticas económicas nacionales coordinadas a través de acuerdos. Se trata de negociar reglas de funcionamiento de las grandes líneas de política económica tales como bandas de fluctuación de las monedas, topes máximos de déficit público y deuda pública, y reglas básicas de mercado que no limiten la competencia. La gran ventaja de esta opción es su flexibilidad, la posibilidad de adaptación para cada economía y su amplia aceptación por parte de los políticos de cada país, pues si bien supone una limitación de la soberanía, ésta no se cede, se comparte. Los dos inconvenientes de esta forma son, en primer lugar, esta misma no cesión de la soberanía, y, en segundo lugar, la posibilidad de no pocas incoherencias en la aplicación de la política dentro de cada economía, pues no todas las economías son iguales y cada una vive circunstancias políticas diferentes. 

La tercera opción es una mezcla de las dos opciones anteriores. Es decir, centralizar alguna política económica y coordinar otras. El resultado no es la suma de las ventajas de los modelos anteriores, sino la anulación de éstas y la acentuación de los inconvenientes. Y es esta opción, más por miopía, dejadez e inconsciencia que por malicia, la que estamos siguiendo los europeos. Tenemos una política cuasicentralizada en asuntos monetarios, una política fiscal que debiera de haber sido de coordinación y es descoordinada, y una política de regulaciones inflexible según para quién (y ahí está el caso Alstrom o del mercado eléctrico para corroborarlo). O sea que hacemos lo peor de lo que, teóricamente al menos, podríamos hacer. Y lo malo es que aún hay gobiernos y ciudadanos europeos que piensan que cuanto peor le vaya a su vecino, mejor se pueden justificar ellos. 

Autonomías

La organización institucional de un Estado tiene una clara influencia en la evolución política, en la estructura económica y en la articulación social de cualquier comunidad humana. Basta hacer un estudio comparativo de Francia y Alemania para corroborar este hecho. 

Como es sabido, la estructura institucional del Estado español siguió el modelo centralizado francés hasta que la Constitución de 1978 abrió un proceso dinámico de descentralización, cuyo objetivo final no se estableció, que nos podría llevar a un estado descentralizado, no necesariamente federal, que se adaptara a las peculiaridades españolas. El proceso, prudentemente, se dejó con no pocas ambigüedades, aunque en el momento de iniciarlo hubo que tomar una decisión relevante que lo condicionaría determinantemente y fue el de establecer los ámbitos territoriales de los entes autonómicos. Para ello se siguieron, y me parece que este tema lo tenemos muy olvidado, varios criterios, algunos de ellos muy coyunturales, otros muchos más profundos y la mayoría sólo racionales en aquel momento histórico. Así, la delimitación de Galicia, País Vasco, Navarra, Cataluña, Aragón y Valencia y las comunidades insulares respondió a un racional criterio histórico y geográfico, mientras que, de haberse seguido este mismo criterio, Castilla hubiera sido el resto de España, por ser la Castilla de Isabel la Católica (o sea, con una historia común de cinco siglos). Para evitar el problema de la asimetría de esta estructura territorial, asimetría territorial y poblacional evidente pues esta Castilla así constituida hubiera sido mucho más grande que la suma del resto, se descompuso Castilla en diversos territorios que no respondieron a ningún criterio histórico ni geográfico, sino esencialmente poblacional. 

Así, se unieron los viejos reinos al sur de Despeñaperros (Jaén, Córdoba, Sevilla y Granada) en la Comunidad Autónoma de Andalucía, quitando a Castilla su peso poblacional y convirtiendo a Andalucía en el estabilizador del proceso; se separó a Asturias, a Cantabria y a Murcia como entes diferenciados (lo que no se hizo con León); se dio autonomía a la Rioja por las viejas disputas entre Castilla y Aragón; se desprendió a Extremadura; se aisló a Madrid por sus pecados de haber sido la capital del Imperio y, finalmente, el resto se dividió, para quitar el peso territorial, en dos trozos que hoy llamamos Castilla-León y Castilla-La Mancha. Y lo más curioso es que siendo Castilla tan territorio histórico como Cataluña o Galicia se la trató como una enemiga advenediza. 

Este reparto fue el resultado de múltiples intereses que, en el momento de realizarlo, confluyeron: los de los nacionalistas vascos y catalanes, tanto en su objetivo primario de afirmar su identidad como el secundario de debilitar al centro; los de los socialistas de diferenciarse claramente del modelo centralizado franquista; los de algunos comunistas; y los de las élites locales, integradas algunas en la UCD, que querían tocar poder. Intereses que confluyeron y se entendieron porque el consenso democrático estuvo por encima de todos y cada uno de los particulares. 

Veinticinco años después de iniciado el proceso de descentralización, y tras el juego que han seguido los poderes autonómicos de acentuar las diferencias en un lógico proceso de legitimación, es, en mi opinión, el momento de cerrarlo. Y lo es porque ya se han transferido la inmensa mayoría de las competencias que se pretendían; porque la sociedad y la democracia española están maduras como para no temer que lleguemos a una balcanización; porque en el mundo globalizado y multicultural al que caminamos, la construcción del Estado federal europeo es un reto más importante que las reivindicaciones localistas y nacionalistas; porque, en definitiva, a fuer de racionales, no tienen que ser más justas las instituciones y las leyes hechas por uno de mi pueblo que por uno nacido lejos. Porque, a la postre, más o menos autonomía no nos resuelve mejor los problemas que tenemos planteados. Por eso no entiendo el error del PSOE este verano. El error Maragall. Un error al menos para mí que soy un andaluz europeo.