Elegir el político

Max Weber, uno de esos clásicos que debieran ser de lectura casi obligada, decía, en una conferencia publicada como ensayo con el título de "El político", que las cualidades realmente importantes para un político son tres: "pasión, sentido de la responsabilidad y mesura". Y definía la pasión como "la entrega apasionada a una causa, al dios o al demonio que la gobierna", la responsabilidad como "la estrella que orienta la acción", y la mesura como "la capacidad para dejar que la realidad actúe sobre uno sin perder el recogimiento y la tranquilidad, es decir, para guardar la distancia con los hombres y las cosas". Y reconocía que "el problema es el de conseguir que vayan juntas en las mismas almas la pasión ardiente y la mesurada frialdad, pues la política se hace con la cabeza y no con otras partes del cuerpo o del alma". Un poco más adelante, Weber escribe: "sólo hay dos pecados mortales en el terreno de la política: la ausencia de finalidades objetivas (la causa a la que entregarse con pasión) y la falta de responsabilidad. Y es la vanidad, el tercer pecado, la necesidad de aparecer siempre que sea posible en primer plano, lo que más lleva al político a cometer uno de esos dos pecados, o los dos a la vez". 

Si completamos la idea de responsabilidad, y es fácil sin más que acudir al Diccionario de la Real Academia, definiéndola como "la obligación moral que resulta de asumir el posible error en un asunto", las tres virtudes y los tres pecados que señala Weber nos pueden servir de orientación, como una especie de test de personalidad, para juzgar la idoneidad de los políticos para ser Presidente del Gobierno. 

Suárez fue un gran presidente de gobierno mientras mantuvo las tres cualidades y estuvo sin cometer ninguno de los tres pecados. Pero, terminada la Transición y sin un bagaje ideológico fuerte, se quedó sin causa a la que servir con pasión, por lo que "tuvo que retirarse" en un loable ejercicio de su sentido de la responsabilidad. De Calvo Sotelo se puede decir lo mismo que del último Suárez: no tuvo causa por la que luchar. Felipe González fue un excepcional presidente del gobierno mientras tuvo como causa la modernización de España y el camino hacia Europa, mientras fue prudente en restañar heridas y fue responsable en el ejercicio del poder. Y se empequeñeció cuando fue incapaz de asumir su responsabilidad por los desmanes y la corrupción de algunos de sus allegados y cambió su causa por mantenerse en el poder. Aznar fue un magnífico político mientras tuvo como causa la renovación de la derecha española y la denuncia de los abusos anteriores, mientras fue prudente en temas autonómicos y económicos, mientras ejerció el poder con responsabilidad. Pero ha tenido la vanidad de ser "alguien" en el mundo y de ganar una guerra, y su retirada, aunque anunciada con mucha antelación, es la forma de pagar por estos pecados. Mirando hacia atrás, parece como si el electorado español siguiera el test de Weber: exige de los candidatos las cualidades esenciales y no perdona a los presidentes los pecados cometidos en el ejercicio del poder. 

El problema de este año es que ninguno de los candidatos tiene, en mi opinión, las tres cualidades y sí empiezan a cometer los tres pecados. Porque Rajoy no tiene pasión, aunque sí sentido de la responsabilidad y prudencia. Y comete el primero de los tres pecados: no tiene causa objetiva en su mandato, pues es una pobre causa la de ser el administrador del legado de Aznar. Zapatero, por su parte, es la antítesis de Rajoy, pues tiene pasión, pero no tiene sentido de la responsabilidad, ni, desde luego, prudencia. Y es casi más pecador: no tiene más causa que el poder y cae en la vanidad de abanderar todas las causas, hasta aquellas que erosionan su propio objetivo. Desde luego, es descorazonador el panorama de las elecciones, y no sólo por lo descabellado de algunas propuestas. Pero, consolémonos, porque podría ser peor. Podríamos tener como presidente a Bush o a Berlusconi, que no sólo no pasan el test de Weber, sino incluso otros mucho más sencillos. 

Balance económico de la era Aznar

Esta semana que empezamos se convocarán oficialmente las elecciones generales de marzo con las que concluirán los ocho años de presidencia de José María Aznar. Ocho años en los que Aznar habrá estado dirigiendo, con Rodrigo Rato, la economía española. Ocho años de los que es conveniente hacer un balance de los resultados económicos antes de que todo análisis se enturbie por las lecturas electorales. 

Cuatro son, en mi opinión, los activos de la acción de gobierno del Presidente Aznar: una mayor renta per capita, una menor tasa de paro, un fuerte saneamiento de las cuentas públicas y, finalmente, la incorporación de la peseta al euro. 

El primer activo de la era Aznar es, indudablemente, el fuerte ritmo de crecimiento económico. La economía española ha crecido, en este ciclo económico, alrededor del 3,5% en media (sólo algo menos que en el ciclo expansivo de los ochenta), lo que ha posibilitado un acercamiento a la renta media de la Unión Europea hasta alcanzar más del 80%. Paralelamente, este crecimiento ha posibilitado un segundo activo: la mejora en la tasa de paro. 

Así, frente a un paro de alrededor del 20% se ha pasado a una tasa del 11%, creándose cerca de tres millones de puestos de trabajo. Todo ello al tiempo que se ha producido un profundo cambio en el mercado de trabajo: la incorporación de la mujer a la población activa ha seguido un ritmo creciente, de la misma forma que España se ha convertido en una economía receptora neta de inmigración. 

El tercer activo de la era Aznar ha sido el acercamiento de las cuentas públicas a la estabilidad presupuestaria, al ´déficit cero´. Y no sólo porque permitió la incorporación de la peseta al euro, sino porque ha instaurado en España la cultura de la responsabilidad sobre el gasto y ha roto la propensión al déficit. 

Finalmente, el cuarto activo de la era Aznar ha sido la importante transformación de la economía española que permitió a la peseta integrarse en el euro. Y es que gracias a la política de convergencia nominal de los años noventa la peseta fue sustituida por el euro, dando lugar a la bajada de tipos de interés que está posibilitando el crecimiento económico de estos años, al tiempo que fuerza a las empresas española a la internacionalización. 

Pero la era Aznar también tiene cuatro pasivos económicos que deja en herencia: una persistente inflación diferencial, un bajo crecimiento de la productividad, una política tributaria menos progresiva y, desde luego, la mayor asimetría en la distribución de la renta. 

Y es que, y es el primer pasivo, la economía española sigue teniendo problemas con la inflación. Problemas que se derivan de la escasa liberalización de los mercados de bienes y servicios (a pesar de la retórica liberalizadora del Gobierno), de la intensidad de la demanda y la escasa adecuación de la tasa de interés europeo a las condiciones de la economía española. 

El segundo problema sin resolver que deja Aznar es el del bajo crecimiento de la productividad fruto de uno de los mayores fracasos de estos años: la baja penetración de las nuevas tecnologías en las empresas españolas. 

El tercer pasivo es, sin dudarlo, la regresiva política tributaria. Porque, también a pesar de la retórica oficial de bajada de impuestos, la carga fiscal española se reparte, en la actualidad, con una mucho menor equidad que al inicio del mandato Aznar: las dos reformas del IRPF y la revolución de las tasas han dado como resultado que son las rentas más bajas las que más impuestos, en proporción, pagan. 

Consecuencia de lo anterior, de la mayor flexibilidad laboral en forma de contratos menos protegidos y de un espectacular crecimiento de la dispersión salarial (los ejecutivos han visto crecer sus salarios medios reales más de cinco veces el crecimiento de los obreros manuales) es el aumento de las diferencias de renta entre los españoles. Dicho de otra forma, los activos económicos no se están repartiendo de tal manera que no haya pobres. 

Fracaso europeo

He sido un firme partidario del proyecto de Constitución europea. Y no porque me pareciera un buen texto, sino porque suponía un paso adelante en ese sueño político que es la Unión. Por eso, y sin dramatizar lo ocurrido este mes en Bruselas, me parece que los europeos hemos perdido una buena oportunidad de construir nuestro futuro. 

¿Por qué ha fracasado la cumbre de Bruselas? En los medios de comunicación de toda Europa se ha respondido a esta cuestión buscando culpables. Si esta fuera la respuesta, habría que decir que todos somos culpables de este fracaso: los que asistieron a la cumbre como líderes, los parlamentarios de la Convención que redactaron el proyecto, los funcionarios de las delegaciones... los apáticos ciudadanos europeos que elegimos a todos los demás. Pero esta lista no responde a la pregunta. No, señalar culpables no es encontrar las causas del fracaso. 

En mi opinión, la cumbre de Bruselas ha fracasado porque los europeos hemos olvidado algunas palabras esenciales para construir el Estado que ha de plasmarse en una Constitución. Hemos olvidado el significado de palabras como consenso, igualdad, responsabilidad política, separación de poderes, diplomacia. Hemos olvidado partes esenciales de una verdadera Constitución. 

La cumbre de Bruselas ha fracasado, en primer lugar, porque los europeos estamos olvidando, en medio de nuestras disensiones sobre Irak, el Pacto de Estabilidad y los Fondos, el porqué de la Unión. De hecho, ya no hay consenso en la necesidad de una Europa fuerte en un mundo globalizado, pues hay algunos líderes europeos, Aznar entre ellos, para los que la Unión es un simple fondo de dinero, siendo lo importante para el futuro la proximidad política a la hiperpotencia norteamericana. Sin consenso sobre la visión del futuro, la Constitución necesariamente había de fracasar. Porque una Constitución es la expresión de un consenso sobre la visión de la política. 

La cumbre de Bruselas ha fracasado, en segundo lugar, porque los europeos hemos abordado la redacción de la Constitución como un tratado. Es decir, la Constitución europea se parece más a un acuerdo entre grupos de interés y Estados que a un "contrato social" entre ciudadanos iguales. De ahí las dificultades con el reparto del poder en los órganos. Y es que nuestros líderes, Aznar y Miller significativamente, han olvidado que uno de los pilares esenciales de cualquier Estado democrático es que las decisiones se toman por mayoría, y que todos los ciudadanos valemos lo mismo en democracia. Un Estado unido y fuerte sólo es posible si todos somos iguales. Por eso, aferrarse al reparto de poder de Niza ha sido una traición a este principio de igualdad. 

La cumbre de Bruselas ha fracasado, en tercer lugar, porque los europeos nos equivocamos al diseñar la institución que había de redactarla. La Convención estaba mal diseñada porque al estar compuesta por representantes de los representantes de los ciudadanos se ha abusado del principio de representación, evitándose la exigencia de responsabilidades directas. La mezcla de miembros de los poderes ejecutivo y legislativo de cada país ha producido tensiones innecesarias que han colaborado en el fracaso. Sin responsabilidad, no hay poder de representación. 

La Constitución europea ha fracasado, finalmente, porque los europeos estamos olvidando, además de los principios que nos unen, la más elemental educación. Cada vez más estamos sustituyendo la diplomacia por el compadreo, las negociaciones por el cotilleo de cóctel. Una cumbre no es ya una reunión de un club de adultos, sino un botellón de adolescentes acomplejados obsesos del fútbol y del chiste fácil. 

La cumbre de Bruselas ha sido un fracaso. Un rotundo y profundo fracaso de todos los europeos. Porque estamos olvidando algunos conceptos clave sobre los que se asienta nuestro propio sistema político. Extraño olvido que debiera hacernos reflexionar, pues, al fin y al cabo, a los líderes que van a Bruselas los escogemos nosotros. ¿O también esto lo hemos olvidado? 

Lecciones básicas de Hacienda Pública

Partido Socialista de Cataluña y Ezquerra Republicana incluye un decálogo sobre la financiación autonómica, que merece más que algún comentario y aclaración. Y es que, entre los diez puntos que se han dado a conocer, hay algunos que sólo pueden ser explicables desde la ignorancia, pues suponen un profundo desconocimiento de la más elemental Hacienda Pública, es decir, de la más básica teoría de la imposición y del gasto público. 

Lección primera: los impuestos no los pagan los territorios, los pagan las personas que son las que generan y poseen la renta. Y, cuando existe progresividad, como es el caso español a pesar de los intensos esfuerzos del Partido Popular por limarla, los más ricos pagan en porcentaje, y necesariamente también en valor absoluto, más que los pobres. Y cuando sólo existe proporcionalidad unos y otros pagan lo mismo en valor relativo y más en valor absoluto los que más tienen. Puesto que los residentes en Cataluña son más ricos, en media, que los residentes en el resto del país, los impuestos recaudados de estas personas son mayores, en valor relativo y en valor absoluto, que los de otras comunidades. Dicho de otra forma, los residentes en Cataluña pagan más de media más no porque sean catalanes, sino porque son más ricos y los impuestos en España son progresivos. 

Lección segunda: los impuestos no se pagan según lo que se recibe sino porque son impuestos, y basta mirar la etimología de la palabra para saberlo. Es decir, los impuestos son una exacción que recibe el poder político basada en la coacción y, en cierto sentido, en el convencimiento moral. Por eso los impuestos no son un precio que pagamos por los gastos públicos. Pensar en que uno recibe lo que paga es no saber que hay bienes públicos indivisibles (como la seguridad o la justicia, las infraestructuras, etc.) que hacen que cada uno reciba más que la parte que ha puesto. Y es, además, suponer que son una especie de contribuciones voluntarias al bien común, lo que es totalmente falso. Ni los impuestos son un precio, ni una cuota voluntaria a una asociación, sino que son exacciones de pago obligatorio con sanciones que pueden llevar a penas de cárcel. 

Lección tercera: la inversión pública en infraestructuras ha de hacerse, y es un criterio casi más elemental, donde sea mayor su beneficio, es decir, en aquellas comunidades en las que la diferencia entre lo que aumenta la renta y lo que cuesta la infraestructura sea mayor. Asignar infraestructuras según el PIB, como se propone, es lo mismo que creer que es mejor una tercera autovía entre Marbella y Sotogrande que una primera entre Antequera y Lucena, por el mero hecho de que las dos primeras ciudades tienen más renta que las segundas. Esta lección se basa en la ley de los rendimientos decrecientes que es de economía elemental. 

Lección cuarta: si los impuestos no los pagan los territorios y los gastos no se pueden asignar a las personas que los pagan, carece de sentido hablar de "déficit fiscal" de Cataluña. Y no vale el ejemplo de la Unión Europea por dos razones: primera, porque en la UE no hay los mismos impuestos en todos los países; y, segunda, porque efectivamente se aporta por países y no por residentes. 

En definitiva, disponer de los ingresos según el criterio de población, exigir gastos en infraestructuras en función del PIB y reducir esa simple cuenta que llaman déficit fiscal de Cataluña a cero es reconocer, públicamente, que no se tiene ni idea de por qué se pagan los impuestos y son progresivos, cómo se asigna el gasto público y a qué se llama saldo de las cuentas públicas. 

O sea, no saber los fundamentos de hacienda pública. Y lo que es más grave, supone, para gentes que se autocalifican de izquierda, no tener un análisis ideológico coherente. Mucho me temo que el PSOE va a tener que abrir una academia nocturna el próximo trimestre en la que impartir asignaturas básicas de Economía, Hacienda Pública, Filosofía política e, incluso, Historia del Partido, porque la ignorancia de algunos de sus líderes no se cura con un par de horas de Jordi Sevilla. Y mucho tienen que estudiar porque, si no, en los exámenes finales de marzo van a tener un suspenso que sólo podrían recuperar dentro de cuatro años. 

Errores pactados

Cuando se lean estas líneas ya habrá habido diversas reacciones de políticos, economistas, periodistas y opinantes sobre la ruptura del Pacto de Estabilidad consumada la semana pasada. Ya se habrán buscado y hallado culpables, ya se habrá elevado el Pacto a la categoría de mito o de verdad inmutable, ya se habrá utilizado su ruptura como pecado, traición o moneda de cambio en las negociaciones de la Constitución, ya se habrá analizado política y económicamente y se habrán proyectado catastróficas consecuencias futuras. Sin embargo, y sin negar la gravedad de lo ocurrido (pues siempre que se falta la palabra dada se pierde un trozo de dignidad y confianza), es conveniente valorarlo sosegadamente. Hay que empezar diciendo que el Pacto de Estabilidad estaba mal diseñado. Aunque lo diseñaran los técnicos de los Bancos Centrales de Alemania y Francia. Y estaba mal diseñado por su objetivo, por las relaciones económicas que suponía y por su duración. El Pacto de Estabilidad estaba mal diseñado porque se diseñó sólo para dar credibilidad a la política monetaria en los primeros años de lanzamiento y consolidación del euro. Y, precisamente en eso, que suponía subordinar la política fiscal, aquella que manejan los políticos y es la esencia de la política, a la política monetaria, estaba su primer error. Un grave error que se basaba, a su vez, en otras ideas no menos erróneas: que la política económica es una cuestión técnica y no política, es decir, que los políticos, que dependen de los votos y de la opinión pública, iban a subordinar sus intereses a lo que dictaran los técnicos monetaristas de los Bancos Centrales; que la política monetaria es más importante y efectiva que la política fiscal; y, finalmente, y es un error muy típico de la muy laureada escuela de Chicago, que la política fiscal es una especie de caja negra que funciona sin lógica y sin conexión con la actividad real, siendo sólo relevante el resultado final, y el que se llegue a ella con leyes de hierro inmutables. 

Pero más aún, además de los errores de concepto, tanto de política como de economía, el pacto estaba mal diseñado porque no estaba pensado para Europa. Y es que, frente a lo que ocurre en los Estados Unidos, el peso del Sector Público en las economías europeas es muy grande, las economías familiares reciben servicios del sector público financiados con impuestos y ahorran de una forma diferente a las norteamericanas y, finalmente, el tejido empresarial, y los mercados financieros y de trabajo, aún son muy localistas. En este contexto, la política monetaria europea tiene una eficacia relativamente menor que la que tiene en los Estados Unidos y unos efectos sobre las economías nacionales mucho más dispersos. Más aún, la ausencia de un gobierno federal fuerte, como el norteamericano, determina una lógica política muy diferente. 

Pero el Pacto no sólo era erróneo en su concepto, sino excesivo en su fundamentalismo y dogmatismo. Y era fundamentalista porque exigía el mismo trato para economías avanzadas que para las atrasadas y dogmático porque sacralizaba el equilibrio presupuestario como una verdad inmutable, con lo que obligaba a las economías a invertir con ahorro propio o a no invertir. 

Por todas estas razones no creo que sea un trauma para Europa la ruptura del Pacto. También se rompió el pacto de coordinación del Sistema Monetario Europeo en las tormentas monetarias del 92, y España fue una de las culpables, y nadie se acuerda ahora. Lo que sí tenemos que aprender son las lecciones y repetir el método para hallar las soluciones de encontramos entonces: que no basta coordinar resultados (déficit o cotizaciones) sino los fundamentos (impuestos y gastos e inflación y tipos); que, aunque tengan muchos premios Nobel, los norteamericanos y sus discípulos no tienen ni idea de economía europea y basta recordar cómo tres premios Nobel como Becker, Modigliani o Buchanan nos dijeron, en Córdoba, que el euro no nacería por ser una locura. Y, finalmente, que no podemos olvidar que la política económica es sólo una parte de la política. Y, mal que nos pese, la política se basa en la fuerza, sea ésta lo que sea, y en el uso racional de la fuerza. Por eso, la lógica de la fuerza es la lógica de la política. Convertirla en la fuerza de la razón es el don de los políticos. Un don que parece no tienen nuestros líderes europeos. Aunque sí tienen el de la inoportunidad. 

Nacionalismo

Lo siento. Pero no puedo ser nacionalista. Ni vasco, ni catalán, ni andaluz, ni español, ni europeo. Y no puedo ser nacionalista por ser kantiano: no puedo encontrar la norma general que sea de aplicación a todos. Pues, ¿qué sería ser universalmente nacionalista? ¿que todos fuéramos nacionalistas de nuestra ciudad, o de nuestra región, y cada uno de la suya y no pudiera haber superposiciones? ¿qué criterio deberíamos seguir, el étnico, el lingüístico, el territorial, el religioso, un criterio medieval de limpieza de sangre? Desde luego, no me quiero imaginar un mundo en el que la norma fuera que he de pertenecer a una determinada nación o estado por el color de mi piel, por mi rh negativo (que lo es), o por el idioma en el que me nombran (que, en mi caso, es el hebreo por el Gabriel y el María, hispano-romano por el Pérez y árabe por el Alcalá). Y no me quiero imaginar un mundo así, porque un mundo así sería un mundo de conflictos y negaciones de unos y otros, de limpiezas étnicas y de mentiras educativas, con guerras de prestigio y de superioridad. Un mundo de infinitas incomprensiones y fronteras. No, no puedo ser nacionalista. 

Y no puedo serlo a fuer de racionalista. Porque el nacionalismo apela a mi emotividad, no a mi racionalidad, a mi sentimiento de pertenencia a un grupo humano, no a las razones de esta pertenencia. Y hacer política desde la emotividad no es hacer buena política. Porque las leyes no se pueden hacer desde el sentimiento, sino desde la razón. Una ley no es buena porque esté hecha por uno de los nuestros, sino porque el comportamiento que induce es bueno para el individuo y para el conjunto de la sociedad. Ni puede ser un mérito para la administración o la universidad el ser de un determinado pueblo o tener unos apellidos. No quiero que pueda interesarme ser nacionalista. No, no puedo ser nacionalista. Y no puedo ser nacionalista porque soy liberal. Y es que creo en la individualidad de cada persona y en su libertad. Y no puedo concebir que por tener unas características contingentes tengamos, o dejemos de tener, determinados derechos. Aceptar que la historia la hacen los pueblos, y no los individuos que los conforman, que una comunidad determinada de personas, por sentirse diferentes, hablar diferente o tener una historia diferente, tienen determinados derechos, privilegios, obligaciones o responsabilidades es aceptar la tesis de la subordinación de los individuos a los pueblos, de la supremacía de la comunidad sobre el individuo. 

No, no quiero que me obliguen a ser nacionalista. No, no puedo ser nacionalista. Y no puedo ser nacionalista a fuer de igualitarista. Porque el nacionalismo, en su raíz, implica hacer distinciones entre los que somos iguales, los seres humanos, una distinción por un criterio, el que sea, que nos clasifica. No, no puedo ser nacionalista vasco, ni catalán, ni andaluz, ni español porque no me considero un ser humano diferente a un indio, un chino o a un africano. Ni puedo encontrar en mi diferente color, lengua, religión o costumbres una razón para que tengamos diferentes derechos. 

No, no puedo ser nacionalista. Y no puedo serlo a fuer de demócrata. Porque la democracia moderna, la que hemos construido desde la revolución inglesa del XVI, la que gritó en los Estados Unidos que todos los hombres nacen libres e iguales, la que habló en Francia de Igualdad, Libertad y Fraternidad, tiene, a pesar de su praxis, vocación universalista. Y, por eso, puede evolucionar cediendo soberanía y ampliando derechos a todos sin distinción, para hacer Estados más amplios, hasta poder llegar, algún día, a construir una utopía de democracia mundial. No, no puedo ser nacionalista. 

Y no puedo serlo a fuer de moderno. Porque si la modernidad se basa en las ideas ilustradas de la razón, la igualdad y la libertad, ideas que abolieron el mito y las leyendas de los pueblos escogidos, las desigualdades de los privilegios y la limpieza de sangre, la modernidad no puede ser nacionalista. No, no puedo ser nacionalista. Pero estoy dispuesto, a fuer de kantiano, de liberal, de igualitarista, de demócrata moderno, a debatir el plan Ibarretxe y otros tantos planes como el suyo. Porque él tiene la misma libertad y derechos que para mí quiero. Aunque, por la letra de su plan, sé que me negaría alguno de ellos en la nacionalista sociedad que pretende. 

El fracaso de la política económica

El presidente Lula, en la entrega de los Premios Príncipe de Asturias, se preguntaba el porqué del fracaso, en la década de los noventa, de las políticas económicas en los países pobres. Y hablaba de fracaso, sin matices, pues prometieron crecimiento y sólo han traído pobreza. Lo que Lula planteaba, desde la realidad del país que gobierna, no es otra cosa que preguntarse por el fracaso de la política de corte "neoliberal", de "ajuste global", de "consenso de Washington" o de ortodoxia "estabilizadora", que todos estos apodos ha tenido. Y la pregunta es muy relevante porque nos lleva a cuestionarnos las políticas que hemos estado recetando los economistas y que los políticos han aplicado. Sin ánimo de ser exhaustivo, creo que el fracaso de las políticas económicas en numerosos países se debe, sencillamente, a la confluencia de cuatro factores relevantes. 

El primero, que podemos llamar el error de diagnóstico, ha sido que la economía que sustentaba esa política económica es errónea. Y es errónea porque, en economías de subsistencia (y la mayoría de las pobres lo son), los consumidores y los productores no se comportan como dicen los libros de textos americanos que han de comportarse. Porque los mercados son muy limitados y asimétricos, porque las familias son unidades de consumo y de producción que, en algunos casos, viven al margen del mercado, porque la información está mal repartida. En definitiva, porque la microeconomía de las economías desarrolladas no capta el comportamiento de los agentes de estas economías y, consecuentemente, porque los modelos macroeconómicos no tienen en cuenta sus matices. Hablar de liberalización en Mozambique, en el Congo o en cualquier país africano es una tontada. 

El segundo origen del fracaso de estas políticas hay que buscarlo en los objetivos de la política económica. Y es que, en la mayoría de los casos, la política económica que se ha diseñado para los países pobres no iba encaminada tanto al crecimiento de éstos, como a garantizar la posibilidad de cobro de las deudas previas que tenían. Al Fondo Monetario Internacional y la banca mundial no han evaluado el éxito de las políticas por las tasas de crecimiento de un país, sino por la mejora en su solvencia. Lo cual es significativo, pues si bien es cierto que, normalmente una alta tasa de crecimiento tiene un positivo efecto sobre las deudas, esto no es siempre cierto, pues puede crecerse aumentando el endeudamiento. Más aún, es curioso observar cómo el FMI ha elogiado la política económica de países que no crecían o que estaban en recesión, pero que mejoraban sus cuentas con la banca internacional. Y basta mirar los elogios a México o a Indonesia poco después de las crisis de los noventa. 

La tercera causa del fracaso está, según mi criterio, en los instrumentos. En economías sin Estado o sin instituciones económicas, con amplia corrupción y escasa administración, con alto fraude fiscal o, simplemente, de trueque amplio, se han recetado medidas que sólo con administraciones eficaces se pueden llevar a cabo. La subida de impuestos en Rusia a mediados de los noventa tuvo como efecto el aumento del trueque, con la consiguiente reducción de la base imponible, y el aumento de la corrupción y el fraude. La bajada de gastos trajo una inmensa pérdida de bienestar. 

Y, finalmente, la cuarta causa del fracaso es que no se tuvo en cuenta a la población, no se calcularon los efectos sociales y políticos. Porque en los manuales de política económica no se tiene en cuenta que cualquier decisión económica redistribuye renta, y que toda redistribución, especialmente si se hace más desigualitaria, polariza a la población y esto lleva al malestar social, a la protesta y a la inestabilidad. Y Venezuela, Ecuador, Perú, Argentina, Bolivia, México, Indonesia, etc... son ejemplos de esta idea. 

Estas cuatro ideas son, al menos en mi opinión, los ejes de una respuesta a la pregunta de Lula. Una respuesta que no sé si él conoce, aunque intuyo, por los pasos que va dando, que sí. Lo cual es, al menos, un soplo de esperanza en un mundo de arrogancia. Y no lo digo por la clase de economía que ha pretendido darle Aznar. Aunque también.