Epidemia nacionalista

No hace mucho, en la gala de presentación de TVE, coincidieron sobre el escenario Lorenzo Milá, Rosa María Sardá y Julia Otero. Y este televidente, en vez de escuchar lo que decían, pensó que los tres son catalanes. Más aún, se me ocurrió decir que hay un cierto imperialismo catalán en la vida política, económica y mediática de nuestro país, pues Maragall y el tripartito quieren marcar la reforma de la Constitución, la Caixa tiene la mayor cartera de participaciones industriales de España, y periodistas catalanes controlan el entretenimiento e información de las televisiones. Lo peor fue que me pasé el resto del programa calculando cuántos andaluces hay en las primeras líneas de cada profesión, y preguntándome porqué en las series televisivas el acento andaluz sólo se oye en boca de chismosas chachas o divertidos porteros. Confieso que he pasado, desde entonces, unos días con una cierta fiebre nacionalista, porque me ha enfadado el presupuesto regionalizado de inversiones para el año que viene. He padecido, pues, los primeros síntomas de una enfermedad que recorre España: la enfermedad nacionalista. Síntomas que, por ser una enfermedad del pensamiento, se manifiestan en frases que se deslizan en cualquier conversación. Frases, que siempre incluyen el ellos y el nosotros, sobre la historia mitológica de nuestra sociedad, sobre la superioridad de la raza, sobre la gran diferencia cultural, sobre la opresión y los agravios que permanentemente soportamos, sobre los símbolos. Frases que van contagiando la percepción de las diferencias, hasta que realmente las vemos. El origen de esta enfermedad en Europa es muy antiguo, casi dos siglos, pero, en su variante española y actual empezó en el País Vasco, ha tenido, hasta hace poco, una versión benigna en Cataluña, y se está generalizando por todos sitios ante la caída de las defensas, por debilidad intelectual de unos y política de otros. Y está llegando a afectar a gente como Pimentel o Clavero. 

De cualquier forma, el virus se ha formado y reproducido por el problema del encaje de las autonomías en la gobernación de España. Y es que la forma en que los políticos autonómicos han tenido de legitimarse ha sido el demostrar, frente al enemigo común del Gobierno de Madrid y ante la competencia de otros, que ellos eran mejores captores de fondos y competencias. Puesto que afirmar la unidad de España se identificaba con un discurso franquista, se cedieron, desde el Gobierno central, los espacios simbólicos, mediáticos y educativos, por lo que, en aquellas regiones con un mayor grado de diferenciación cultural, ha cristalizado un discurso de superioridad y victimismo permanente. De cualquier forma, para que, en este caldo de cultivo, la enfermedad se extienda entre la población, es necesario que un político o un partido, con la enfermedad desarrollada, la contagie. Y de estos hay cada vez más. 

El nacionalismo, en su variante más virulenta, genera regresión política y moral y, en casos extremos, puede ser mortal (como en Yugoslavia). Pero tiene cura. Una cura que empieza por desmontar las falacias históricas, por desarmar con datos el victimismo, por generar iniciativas de conocimiento y de igualdad. Una cura que pasa por implicar realmente, y de forma igualitaria, a los subsistemas políticos de las comunidades autónomas en la gobernabilidad de España. Una cura, en definitiva, que empieza por ver a todos como iguales y por pensar que podemos compartir el mismo espacio político de derechos y obligaciones. 

Y para garantizar la cura es conveniente seguir el tratamiento de viajar y leer que prescribió Pío Baroja contra el nacionalismo de Sabino Arana. Por eso, para curarme los síntomas de enfermedad que ya iba teniendo, me he recetado un viaje a San Sebastián, me he comprado unos libros de historia, veo al Barsa y he empezado a dar clases de catalán (en privado). Y estoy experimentando una gran mejoría. Igual Ibarretxe y Maragall se curan si Chaves los invita al Rocío, leen algo en castellano y se hacen del Betis. O del Córdoba, que necesita ahora apoyo. 

El precio de los principios

El convenio entre el Ayuntamiento de Córdoba y Arenal 2000 es una piedra de toque de la calidad de nuestra democracia municipal. De la mala calidad de nuestra democracia municipal, porque el convenio supone la venta de tres principios que infunden el Plan de Ordenación Urbana a cambio de tres cines. El precio, pues, de la legitimidad del PGOU es de un cine de verano por principio. El primer principio que ha puesto a la venta Rosa Aguilar es el de nuestro modelo de ciudad. Y es que hay, aunque ella lo ignore, una estrecha relación entre la ordenación de las viviendas en el territorio y la estructura social, así como en la forma en la que organiza una ciudad y la manera en la que la gente se interactúa. Es por esta íntima relación entre ciudad y sociedad, por lo que no es bueno que haya ghettos de ricos y pobres si una sociedad que quiere ser integrada, con valores compartidos y con igualdad de oportunidades. Porque los ghettos son, en sí mismos, sociedades cerradas, inamovibles e impermeables al progreso social y político. Las sociedades de ciudades con ghettos son sociedades de capas superpuestas que no se mezclan unas con otras y con parálisis vital. Y de eso sabemos mucho en las viejas ciudades andaluzas. Para romper esa tendencia de barrios marginados, de ricos y de pobres, es por lo que las normas de la Vivienda de Protección Oficial obligan a que, en cada actuación urbanística, ha de construirse un porcentaje de VPO. Este principio es, desde luego, discutible y matizable, pero, en mi opinión, no es un mal principio para orientar el PGOU de nuestras ciudades. Olvidarse de este principio vale, hoy, un cine de verano. 

Pero, siendo grave la venta de este principio, más grave me parece la venta de los otros dos principios. Porque valen dos cines de verano olvidarse de dos cimientos en los que se asienta nuestra democracia, y que se resumen en uno, el principio de la igualdad de todos ante la ley. Es un atentado contra un cimiento de la democracia que sobre las normas puedan hacerse excepciones, por la influencia o el poder de una persona o una empresa, porque salta por los aires el primer acuerdo tácito de toda democracia, que es el reconocernos todos iguales ante la ley. Honradamente, ¿está dispuesto el Ayuntamiento a negociar siempre el cupo de VPO? ¿Se hubiera llegado al acuerdo con una empresa que no fuera cordobesa o propiedad de quién es? Si la respuesta a ambas preguntas es no, mucho me temo que se vulnera el principio de igualdad ante la ley por parte del Ayuntamiento. 

De igual forma, es un atentado contra otro cimiento de nuestra democracia el que se puedan hacer excepciones porque una persona o empresa aporte algo a cambio, aunque sean tres cines de verano o lo que sea. Porque supone que la ley tiene un precio, que el dinero o el poder social pueden modificar la ley. Y aceptar que la ley tiene un precio es dinamitar un segundo pilar de toda democracia, el pilar del Estado de Derecho, porque toda democracia deja de serlo en el momento en el que una norma deja de ser de aplicación para todos por igual, o puede ser comprada por algunos. Y el hecho de que todos los grupos políticos de la Comisión de Urbanismo estén de acuerdo con el Convenio entre el Ayuntamiento y Arenal 2000 no convalida democráticamente la situación: sólo refleja el miedo que todos ellos le tienen a Rafael Gómez. 

En poco valoramos nuestros principios políticos cuando un Ayuntamiento pone a la venta tres principios en los que se asienta la legitimidad del PGOU. Y es muy poco lo que valemos todos juntos cuando quienes nos representan se doblegan al poder de uno de nosotros. Y en nada valora Rosa Aguilar nuestra inteligencia cuando justifica la operación con la obviedad de que lo hace por el interés de la ciudad. Lástima de principios democráticos que nada duran al contacto con el poder de la construcción. Miedo me da pensar lo que debe de estar siendo de nuestro Estado de Derecho cuando recuerdo que la construcción es el motor de nuestra economía. 

Precios del petróleo

El precio del petróleo ha subido espectacularmente en los últimos meses. El precio medio del petróleo brent, referencia en Europa, ha pasado de costar 25 dólares/barril a principios de año a valer más de 40 dólares estos días, lo que supone una subida del 60%. 

Las causas coyunturales de este encarecimiento del petróleo están claras. Cinco grandes países productores de petróleo han tenido problemas este verano. En Arabia Saudí, el mayor productor de petróleo del mundo, los atentados terroristas de los últimos meses se han dirigido, en primer lugar, contra los técnicos occidentales que operan en el país y, en segundo lugar, contra algunas de las gigantescas instalaciones de distribución y refino, dificultando así las operaciones y reduciendo, por unas semanas, su capacidad productiva. En Rusia, el segundo mayor productor y el primero no OPEP, la lucha por el control del grupo Yukos ha producido la práctica bancarrota de la mayor petrolera rusa y la paralización de su producción. En Venezuela, el mayor productor sudamericano y uno de los proveedores de los Estados Unidos, el referéndum para la revocación del presidente Chávez ha causado una profunda inestabilidad política y social. En Nigeria, el mayor productor africano, los problemas de violencia étnica y religiosa han llevado al sabotaje de sus oleoductos y de sus puertos de embarque. Mientras que en Irak, tanto en el norte (Kirkuk), como en el sur (en Basora), la inacabada guerra se traduce en permanentes ataques a la infraestructura productiva. Hasta un pequeño país como Bolivia ha planteado problemas al mercado, lo mismo que las dificultades de dos de las grandes petroleras, Shell y Repsol-YPF. Y a estos problemas de oferta hay que sumar el fuerte crecimiento de la demanda motivado por la reactivación de Japón y las ya importantes, demandas internas de China, India y Brasil. Con estos hechos, y conocidos los intereses en juego, lo extraño no es que el petróleo haya llegado a valer 40 dólares, lo raro es que no haya sobrepasado los 50. 

De cualquier forma, lo preocupante del mercado de petróleo no son los 40 dólares barril, ni siquiera sus consecuencias a corto plazo sobre nuestras economías. Lo preocupante son los procesos políticos que hay debajo de estos precios y las consecuencias de estos procesos. Y es que los 40 dólares/barril ponen de manifiesto dos hechos que no por sabidos son menos importantes: la inmensa dependencia que las economías occidentales tienen del petróleo y profunda inestabilidad de los países productores. Lo que hace frágil el mercado de petróleo y volátil la evolución de sus precios. Dicho de otra forma, los países ricos y fuertes necesitan mucho algo que depende de la voluntad de un país semifeudal atrasado, de un par de dictadores y de unas caóticas y conflictivas sociedades. Para reducir esta fragilidad y la volatilidad caben dos estrategias contradictorias. Una estrategia de control directo de las reservas de petróleo, bien militarmente, bien con regímenes tutelados, y una segunda estrategia, de más largo plazo, de reducción de la dependencia, con el desarrollo de nuevas fuentes de energía (renovables y no contaminantes, por ejemplo), al tiempo que se procura la estabilización de los países productores, mediante su desarrollo económico y social. Y ambas estrategias son contradictorias, porque para que sean rentables las inversiones que hay que hacer para transformar la estructura productiva, es necesario que los precios del petróleo sean estables y ligeramente crecientes en el largo plazo. Algo que aquéllos que sigan la primera estrategia no quieren y no podrían conseguir. Es indudable que la primera es la estrategia de los Estados Unidos y de la mayoría de los países occidentales. Y es indudable que la segunda es la estrategia más inteligente. Pero, para optar por ésta es necesario tener visión de largo plazo, algo de sentido común y, a ser posible, no tener intereses familiares en el petróleo. O sea, ser ligeramente inteligente. Algo que no son nuestros líderes mundiales. Y lo malo es que esta falta de inteligencia nos está llevando a una dinámica histórica que algunos llaman choque de civilizaciones, pero que es sólo fruto de la eterna y estúpida codicia humana. 

Las muertes de África

África se está muriendo. Muere de bala y de metralla, por las heridas de las guerras, por la omnipresente violencia. Muere de hambre, de sed, de miseria. Muere de enfermedad, de todas las enfermedades. Muere de explotación y de esclavitud. Muere en patera. Muere de desidia. Muere en silencio. Sencillamente, muere. 

África muere de bala y de metralla en las largas y olvidadas guerras que se extienden por todo el continente. África muere en la guerra civil de Sudan. Una guerra civil de más de cincuenta años, que se mezcla con una limpieza étnica de mayor violencia que aquella que tanto nos impactó en los Balcanes. Agravada, además, por una larga tradición esclavista y la ausencia absoluta de información. El Gobierno de Sudán, por sí o por las milicias paramilitares que ha ido armando, mantiene una guerra con su propia población en el Sur y en Dafur, expulsa a su gente hacia países vecinos, permite el tráfico de esclavos en su territorio y amenaza a los países vecinos con extender el conflicto. Todo ello con el telón de fondo de una guerra étnica y religiosa en la que está presente, ¡cómo no!, la existencia de yacimientos de petróleo y conexiones con el islamismo integrista internacional. Y África muere en la guerra larvada de los Grandes Lagos. Porque la guerra de los noventa, esa guerra que nos escandalizó por sus más 800.000 muertos y otros tantos desplazados, no resolvió el fondo de la cuestión: el de las de demasiadas armas y demasiadas ambiciones sobre demasiadas divisiones raciales y unos demasiado bien colmados yacimientos de diamantes y minerales. Todo ello en la nebulosa y montañosa zona fronteriza entre el Congo, Uganda, Ruanda y Burundi. Y parecida sigue siendo la situación en Sierra Leona o en Liberia. Y no llega a ser lo mismo, pero es explosiva, la situación en Nigeria, Etiopía y Somalia. África muere de violencia. 

África se muere de hambre, de pura miseria. Porque las guerras generan pobreza y los Estados resultantes de ellas generan corrupción, ausencia de derechos y pequeños déspotas que esquilman a sus propios conciudadanos en Guinea Ecuatorial, en Angola, en Namibia, en Lagos, en Kenia, en Botsuana, en el Congo, en Camerún, etc. Y eso en el caso que haya algo que esquilmar, porque hay países en los que la sequía, la desertización y la estúpida ayuda occidental ha arruinado su agricultura condenándolos a un hambre eterna. Los ejemplos del Chad, de Malí, de la República Centroafricana, de Etiopía, de Eritrea, etc. son sólo una muestra. E incluso hay países con suficientes recursos para que su población viva decentemente, pero cuyos gobiernos se han endeudado, sin que la población se haya beneficiado, y a los que Occidente obliga a pagar y a ajustarse con políticas que nosotros no soportaríamos de nuestros gobiernos. Y hablo de Mozambique, Senegal, Mauritania, Gabón, Kenia, Tanzania, etc. África muere de hambre, de corrupción, de sequía, de deudas. 

África se muere de enfermedades, de todas las enfermedades. Porque se muere de enfermedades que tienen prevención con simples saneamientos y conducciones de agua, de enfermedades que tienen cura con antibióticos, de enfermedades que tienen solución con sólo asepsia en la asistencia médica, de enfermedades que pueden resolverse con prevención e información. África se muere de tifus, de malaria, de gripe, de parto, de Sida. 

Y muere ante la indiferencia de todo el mundo. Mientras los ciudadanos de los países ricos estamos de vacaciones, disfrutamos de las Olimpiadas y nos preocupamos del precio del petróleo, los de África están, sencillamente, muriéndose. África agoniza en silencio, sin aspavientos, sin ruido, en la misma forma en la que su gente, cada uno de ellos, lo hace. De la misma forma que un hambriento, un enfermo de Sida, una pobre mujer sedienta, un niño desnutrido no tienen fuerzas, ni medios para protestar, para rebelarse, para llamar la atención. Porque África no tiene ni organizaciones, ni agencias de noticias, ni televisiones propias que nos hagan llegar su sufrimiento, sus heridas, su agonía. África se desangra, agoniza en silencio. África, sencillamente, se muere. 

Multinacionales españolas

Sé que es una contradicción el título de artículo. Y no sólo porque lo que es de una nación no puede ser de muchas, aunque esa nación sea tan plurinacional como algunos pretenden que es España, sino porque una de las clásicas características de nuestra economía ha sido el de no tener empresas de tamaño mundial, con sede central dentro de nuestras fronteras y controladas por directivos españoles. Pero esta característica ha ido cambiando en la última década, y la compra del Abbey National Bank por parte del Santander Central Hispano es la última, y la más importante, de las operaciones que han ido haciendo converger, también en esto, nuestro tejido empresarial con el de cualquier economía desarrollada. 

En unos años hemos asistido a un proceso de expansión internacional de las empresas españolas en dos oleadas sucesivas. La primera oleada del proceso de creación de empresas multinacionales españolas se inició, a principios de los noventa, con la privatización de los viejos monopolios públicos y la liberalización de algunos mercados. Repsol (antigua CAMPSA), Telefónica y los Bancos, etc. iniciaron su aventura latinoamericana con la compra de también viejos monopolios y bancos en los países de nuestro antiguo Imperio. Y tras Latinoamérica, la expansión por Extremo Oriente, esencialmente en China, de empresas como Alsa, Nutrexpa o Mongragón, y en el Magreb, donde se han instalado Agbar, FCC, etc. La segunda oleada de este proceso ha sido el desembarco en el mundo desarrollado con los dos hitos en este verano: la ya dicha compra del Abbey y la toma de control por parte de Ebro-Puleva de la mayor empresa de arroz de los Estados Unidos. El resultado final de este proceso es que España ya tiene sus multinacionales. 

El desencadenante de este proceso fue el Tratado de Maastricht. Y es que el proceso de convergencia forzó a la privatización de los monopolios públicos (para cumplir el criterio de deuda pública) y a la liberalización de los mercados (para reducir la inflación y cumplir con las normas de competencia del Mercado Único). Estas circunstancias supusieron que los antiguos monopolios públicos (teléfonos, carburantes) y los semi-monopolios privados (banca, electricidad), que operaban en mercados protegidos y muy regulados, tuvieran una fuerte disminución del margen y unas expectativas de caída de su demanda. 

Caída del margen y disminución de la cuota de mercado mucho más acusada en el caso de la Banca, por la caída de los tipos de interés en el proceso de convergencia y por la fuerte competencia interna con las cajas de ahorro, que compiten deslealmente. 

Para poder hacer frente a estos dos hechos, las grandes empresas españolas, presionadas además por los grupos financieros que controlaban su capital que no querían ver reducidos su beneficio y su cotización, iniciaron la expansión hacia mercados que cumplieran cuatro condiciones: mercados emergentes con fuertes expectativas de crecimiento; tecnológicamente menos avanzados que el mercado español; relativamente protegidos; y, finalmente, cultural o idiomáticamente próximos (dada la escasa preparación internacional de nuestros cuadros directivos). Portugal, primero, y, Latinoamérica después, han sido las economías que ofrecían mejores oportunidades para la expansión de nuestras empresas y, de ahí, la expansión en ellas, que ha llevado a que la inversión directa española en estos países fuera la de mayor volumen. Las grandes empresas españolas empezaron a ser mundiales, de la misma forma que la economía española empezó a ser exportadora neta de capital como corresponde a su nivel de desarrollo relativo. Porque lo que no era normal es que la novena economía industrial de planeta no tuviera empresas multinacionales de origen propio. 

La compra del Abbey por el Santander, pues, no es una locura de verano. Es un hito más en el proceso para hacer de la economía española una economía desarrollada normal. Porque en esto no somos, ya, diferentes. España tiene multinacionales. Aunque igual al final tenemos multinacionales sin España. 

Des-Igualdad

La igualdad es, conceptualmente, algo simple. Dos cosas, dos consideraciones, dos colores, dos lo que sea, son iguales si son absolutamente indistinguibles, si, para un elector racional, es absolutamente indiferente uno u otro. Si su elección la determina el puro azar. Así de simple y así de absoluto. Y así se entiende en matemáticas y en economía, en lógica y en política. 

La igualdad ha sido, y es, una de las grandes utopías de la humanidad: Utopía de la que nació una de las más importantes tendencias políticas de la historia de la civilización occidental, el igualitarismo. Un igualitarismo que lo han encarnado, dentro de los límites de cada época, el partido demócrata en la Atenas clásica, el populista republicano en Roma, los movimientos campesinos en la Edad Media, los parlamentaristas de la Inglaterra del XVII, los revolucionarios e ilustrados franceses y americanos de finales del XVIII, los socialistas utópicos, los social-liberales de Mill y los marxistas socialdemócratas y comunistas de distintas escuelas. Incluso los conservadores modernos, no siendo su ideología igualitarista en origen, han aceptado esa igualdad básica entre los sujetos políticos. El resultado de esta tendencia es que, en las democracias occidentales, siendo todos nosotros diferentes hacemos el supuesto de que somos, en términos políticos y jurídicos y ante la ley, radicalmente iguales. 

Soy radicalmente igualitarista en política y, por eso, no puedo compartir las iniciativas de discriminación (mal llamada) positiva, ni para las minorías, ni para los géneros. Estoy en contra de todas las discriminaciones positivas, porque estoy en contra de todas las discriminaciones negativas. Toda discriminación, per se, es una desigualdad, por eso hacer una discriminación positiva es hacer, al mismo tiempo, una discriminación negativa. Una discriminación positiva implica una discriminación negativa para el que no tiene esa característica: favorecer a unos implica, necesariamente, perjudicar a otros. Y si no entiendo que a alguien se le pueda negar la igualdad de condiciones para acceder a un puesto de trabajo, educativo o en el ejercicio de un derecho, tampoco puedo entender que a nadie se le pueda favorecer para acceder a un puesto de trabajo, educativo o en el ejercicio de un derecho, por la simple razón de tener una determinada raza, una determinada religión, un determinado género o una determinada orientación sexual. Porque ni el color de la piel, las creencias, ni el género, ni la orientación sexual son relevantes para determinar las capacidades o cualificación de las personas. Lo siento, pero las políticas de discriminación positiva, me resultan anti progresistas, porque me parecen venganzas infantiles contra la historia, que responden al criterio de que, puesto que se ejerció la desigualdad durante mucho tiempo en un sentido, hay que seguir ejerciéndola, pero en el contrario. Y de igual forma estoy en contra de esos cupos de las paridades de género o de los equilibrios territoriales. No creo que el género de una persona determine la cualificación para ejercer una determinada responsabilidad política, como no me parece que el lugar de nacimiento tenga tampoco nada que ver con ella. A mí me parecería denigrante el ocupar un determinado puesto político o de trabajo por ser hombre o andaluz y no por mi capacidades y experiencia. Y, a la inversa, me parecería una injusticia que estas circunstancias me perjudicaran. Y creo que lo mismo puede ocurrirle a las mujeres o a los naturales de determinadas zonas (aunque no a todos). Lo siento, pero estoy en absoluto desacuerdo con la manera de formar gobierno del presidente Zapatero o del presidente Chaves, y con la discriminación que se introduce en la ley contra la violencia de género. Y lo que más me sorprende es que no se den cuenta de que protegiendo una discriminación rompen con la idea esencial que le dio sentido a su opción política, pues la igualdad fue la bandera de la identidad socialista. Con razón dicen que la izquierda tiene una crisis ideológica. Ahora ya ni siquiera sabe lo que significa una palabra tan simple como la palabra igualdad. 

Balanzas fiscales

Hay, en la vida política española, algunas simplezas que, a fuerza de repetirse, se ponen de moda, y se aceptan como si fueran conceptos bien cimentados. Una de las últimas, aportada por el Tripartito catalán hace unos meses, es el de las balanzas fiscales. 

La idea de las balanzas fiscales ya surgió en la época de Pujol, y la apoyaron economistas importantes como Mas-Colell o Sala-i-Martín. Su esencia es comparar los impuestos recaudados en un territorio y los gastos públicos realizados en él. La diferencia será el déficit o superávit de ese territorio con el resto. Calculando estos saldos para todas las comunidades españolas, las habrá que tienen crónico superávit fiscal, las generosas y solidarias (como Madrid o Cataluña), y comunidades que tienen déficit crónico, las necesitadas (huelga decir cuáles). Incluso se puede calcular el saldo fiscal per cápita, para ver lo solidaria que es la gente, y en porcentaje de su Producto Regional Bruto, para ver lo que transfiere a otras comunidades. El problema es que estos números, aparentemente objetivos, no significan nada por un par de pequeñeces contables que les afectan. 

La primera pequeñez contable es que los impuestos en cada territorio, al igual que el valor de su producción, están afectados por el efecto Sede Social. Este efecto se produce porque en el valor de la producción de un territorio se imputa la totalidad de la producción de las empresas que tienen en él su sede. Lo que implica que todo lo que producen las empresas con sede en Madrid o Cataluña, pero que operan en el resto de España, se imputa a Madrid o a Cataluña. Y, como derivación de este criterio, también se imputan a ese territorio, los impuestos que pagan esas empresas: el Impuesto de Sociedades, el IVA e, incluso, si las nóminas se hacen centralizadamente, las cotizaciones a la Seguridad Social. 

Dicho de otra forma, todo lo que generan Caja Madrid o la Caixa, Renault o Nestlé, Carrefour o Axa se imputa en Madrid y en Barcelona. Esto explica una parte de las diferencias entre la renta producida y la consumida en cada comunidad y del porqué en unas se pagan, per cápita, más impuestos que en otras. 

La segunda pequeñez influye sobre la asignación de los gastos públicos, que se realiza de la siguiente forma: los gastos transferidos (Sanidad o Educación) se imputan directamente a cada comunidad; los gastos generales indivisibles (Defensa, Interior, etc.) se asignan según criterios de población; y, finalmente, los gastos territorializados indivisibles (Infraestructuras, etc.) se suman en cada territorio. Estos criterios dan lugar a algunas distorsiones curiosas. Por ejemplo, del AVE Madrid-Barcelona hay una parte que se imputa a Castilla-León porque atraviesa esa comunidad. Pero, a pesar de que se le imputa, esta infraestructura no le producirá nada, porque no habrá parada de ese AVE en su territorio. No, tampoco son buenos los criterios para imputar los gastos. Máxime si la comparación se hace con otros ratios de gasto. 

Así, cuando se analiza el gasto por habitante (por ejemplo, en sanidad o en educación), o el coste por servicio (coste medio de la cama hospitalaria o del alumno universitario) o, por último, la dotación de infraestructura pública por unidad de PIB resulta que las comunidades solidarias gastan más por habitante, tienen mayores costes por servicio y tienen más infraestructuras por unidad de PIB. 

No, me temo que las balanzas fiscales de las comunidades autónomas no son útiles para formarse opinión sobre las finanzas autonómicas. Sin embargo, esta simpleza puede llevarnos a tomar, sin querer queriendo, decisiones equivocadas sobre la financiación autonómica, porque está calando en los catalanes la errónea idea de que ellos pagan, injustamente, muchos impuestos, de que son excesivamente solidarios. Alguien del Gobierno o del PSOE debiera decirle a Maragall que sus maragallerías y las de sus socios no hacen gracia en otros territorios, en los que, para humor catalán, preferimos el de Tricicle que, además, es mudo.