Contradicciones

En estos días se están debatiendo en tres foros diferentes algunas cuestiones esenciales que determinarán, con diferente importancia, nuestra economía en los próximos años. Estos tres foros son la reunión de la Organización Mundial de Comercio en Hong-Kong, la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea en Bruselas y el Congreso de los Diputados en Madrid en el que se está negociando la financiación autonómica al hilo del proyecto de reforma del Estatuto de Cataluña. En Hong-Kong, en Bruselas y en Madrid se van a tomar decisiones que nos van a afectar, para bien o para mal, en los próximos años. 

En Hong-Kong no se está hablando de desarrollo o de pobreza, sencillamente se están debatiendo reglas de comercio internacional, es decir, aranceles, subvenciones, subsidios a la exportación e intereses de determinados colectivos y empresas de determinados países. En Bruselas, mucho más cercana, no se está hablando de criterios de política económica, sino del reparto de dinero por países, de qué corresponde a quién (y no el por qué) en este entramado de intereses políticos y económicos en que hemos dejado a la Unión Europea. Y en Madrid se está discutiendo no sólo de qué nivel del Estado es el que gasta qué, sino de cuánto va a recaudar quién. Al final, en las tres negociaciones no se habla de otra cosa que de dinero, de mucho dinero, obviándose cualquier referencia, que no sea meramente retórica, no ya a principios éticos elementales, sino ni siquiera a una lógica económica o política básica. 

Y no se debaten los principios y no se argumentan los instrumentos porque los que están reunidos son representantes de países o regiones, de colectividades humanas que se asientan en un determinado territorio, y no representantes del conjunto de la humanidad, del conjunto de los ciudadanos de la Unión o del conjunto de todos los españoles. Los que se sientan en las mesas de negociación son representantes de países, en los dos primeros casos, y de un determinado territorio en el segundo. Nadie representa en ninguno de los dos primeros foros al interés general respondiendo ante una mayoría de los ciudadanos del planeta o de la Unión, sino ante una pequeña porción de ellos. Y, por lo que parece, tampoco en la negociación de la financiación autonómica nadie parece representar los intereses generales del conjunto de los españoles. De ahí que sea muy difícil que se llegue a soluciones que fueran satisfactorias de principios generales de igualdad, solidaridad o eficacia. 

De ahí que los resultados sean, normalmente, un monumento a la contradicción, un atentado contra la misma humanidad, contra el más elemental sentido común, contra la más sencilla economía. Contradicciones como que los europeos pagamos para el mantenimiento de cada una de nuestras vacas casi dos dólares diarios, mientras hay casi 600 millones de personas en el mundo que malviven con menos de un dólar. Contradicciones como que Europa está dispuesta a dar 2000 millones de ayuda al desarrollo, mientras que por la protección de su agricultura le hace perder a los países pobres más de 5.000 millones. Contradicciones como que el Reino Unido pretende no aportar casi nada a las arcas comunitarias y España seguir recibiendo como hasta ahora, mientras se les restringe a los países del Este las ayudas para su propio desarrollo. Contradicciones como que mientras un 32% de los andaluces vive, según la Encuesta de Condiciones de Vida, por debajo del umbral de pobreza relativa española, se discute que haya menos aportaciones de las regiones ricas a la solidaridad interterritorial o se sugiere una bajada de impuestos. Contradicciones, contradicciones, contradicciones. Contradicciones que son, paradójicamente al mismo tiempo, humanas e inhumanas. Quizás porque, a fuer de contradictorios, seguimos pensando en el reparto de la renta en términos de territorios, y no de personas que, al final, son las que son pobres. 

19 de diciembre de 2005 

La lógica del Estatuto

La "Propuesta de Reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña", que se ha empezado a debatir en el Congreso de los Diputados, plantea cinco cuestiones básicas, entrelazadas con una lógica política aplastante. Estas cinco cuestiones son: la definición de Cataluña como nación, las competencias de la Generalitat, la financiación, el poder judicial catalán y las relaciones bilaterales "resto de España-Cataluña". Las tres primeras se implican de tal forma que la consecución de alguna de ellas lleva aparejada la de las otras dos, mientras que las últimas son consecuencia lógica de las anteriores. 

La definición de Cataluña como nación en el Estatuto no es una cuestión semántica, sino política, porque al reconocerse en una ley que Cataluña es una nación se está reconociendo que hay, en el conjunto de España como cuerpo político, un conjunto de personas, los catalanes, que son diferentes de los demás, y, por lo mismo, posibles sujetos de derechos y obligaciones diferentes, al tiempo que se reconoce la existencia de un sujeto político nuevo, Cataluña. Es decir, lo grave no es reconocer que Cataluña es un conjunto de personas con una cultura o una lengua diferente (lo que es un hecho), sino que, porque existe esta diferencia, puedan constituir un cuerpo político diferenciado del resto de España más allá de esa diferencia. Pero el proyecto de Estatuto va más allá, pues, coherentes con esta premisa de que Cataluña es una nación, sus redactores han llenado de contenido esta definición y, sin nombrarlo, se han dado, a través de las competencias que pretenden asumir, un Estado. Y es que de las 32 competencias exclusivas que recoge el artículo 149 de la Constitución de 1978, que mañana celebramos, sólo ¡6! quedarían para el Estado. Y de estas seis (los números 1, 4, 10, 12, 13, 26 y 31) sólo la cuarta, Defensa, es sustantivamente importante. O sea, de aceptarse el régimen competencial del Estatuto, y generalizarse para el resto de las comunidades autónomas, el Gobierno de España estaría compuesto por poco más que un ministro de Defensa, la directora del INE, y un conjunto de coordinadores, sin poder efectivo alguno. De ahí que, en este contexto competencial, núcleo de la propuesta, el control de la financiación por parte de la Generalitat sea necesario, porque no se pueden gestionar las competencias sin recursos. Y, de igual forma, la creación de un poder judicial independiente es coherente con lo anterior porque el cuerpo jurídico que resulte con el tiempo, con la continuidad de las leyes hasta ahora vigentes para no generar inseguridad jurídica, será, en un plazo no muy lejano, diferente del que se aplique en el resto de España. Siendo, igualmente lógico y muy pragmático, por razones de derecho internacional y por el tenor literal de los Tratados constitutivos de la Unión Europea, que no se declare, al menos de momento, Cataluña, como estado independiente. 

Planteada la situación con esta lógica y siendo conscientes de que es imposible negar a los parlamentarios catalanes los cinco temas que reclaman, las negociaciones que se han iniciado se desarrollarán con un guión relativamente claro. Lo más probable es que cedan un poco en lo simbólico de la definición de nación, que no haya, por ahora, un poder judicial separado, y que haya una cierta subordinación en las relaciones entre lo que quede que sea España y la Generalitat, pero no rebajarán sus pretensiones de competencias, que es la clave, y tendrán, tarde o temprano, la financiación que necesitan para ellas. Y todo será perfectamente constitucional sin más que aplicar con profusión el artículo 150.2 de la Constitución. 

Alcanzado el acuerdo, Zapatero, que nos metió estúpida e ingenuamente en este lío, nos venderá que siendo Cataluña cuasi-independiente, España gana. Lo siento, pero mucho me temo que los que ganan son Maragall y Carod-Rovira, porque todos los demás perderemos. Así pues, felicitémosles por su hermosa lección de política, que para exigir responsabilidades ya habrá muchas oportunidades en las muchas próximas elecciones. Aunque, por desgracia, eso ya no resolverá nada. 

5 de diciembre de 2005 

El nuevo mercado de trabajo español

A pesar de que los datos de paro publicados recientemente son aparentemente contradictorios el hecho es que estamos en unos niveles de empleo y paro que la economía española no ha conocido nunca. Y digo nunca porque es cierto que hemos tenido cifras de paro menores, pero con tasas de actividad femenina mucho más bajas y, hoy tenemos, además, más de dos millones de inmigrantes en nuestra población activa. Por eso, porque el mercado de trabajo español es un mercado de trabajo nuevo, es por lo que es necesario analizar qué es lo que ha cambiado en él para poder explicar por qué hoy tenemos una tasa de paro menor a la media europea. 

El primer cambio importante en nuestro mercado de trabajo surge como consecuencia del cambio en los comportamientos demográficos que se iniciaron hace tres décadas. Y es que el mercado laboral registra, con un retraso de casi veinte años, las tendencias demográficas de una población ya que la evolución de la natalidad determina la cantidad de personas que se incorporarán al mercado laboral. Así, en la década de los ochenta entraron en el mercado laboral los nacidos en pleno boom económico de los sesenta, con lo que, a pesar del millón y medio de puestos de trabajo, la tasa de paro se mantuvo muy alta. Por el contrario, la natalidad española ha registrado, desde principios de los ochenta, un continuo descenso, hasta estabilizarse en una de las tasas más bajas de Europa, con lo que el número de españoles que vienen entrando en el mercado laboral en los últimos años es cada vez menor. Dado que al mismo tiempo se empiezan a jubilar cohortes numerosas y que se retrasa la edad de entrada por la mayor escolarización, los nacionales españoles en la población activa se mantienen estables y con tendencia a la baja. Por eso la mayoría de los puestos de trabajo que se crean han de ser ocupados por inmigrantes y necesitamos de la entrada de nacionales de otros países para mantener la actividad. 

El segundo motor de cambio de nuestro mercado laboral ha sido económico. Y es que el modelo de crecimiento de la economía española también ha cambiado. El ciclo de crecimiento de los ochenta se basó en una fuerte expansión del sector público, por la construcción del estado del bienestar y la descentralización administrativa, y en las expectativas derivadas de la entrada de España en la Unión Europa, que hacían que se instalaran en España empresas multinacionales industriales y de servicios. El empleo que se creaba entonces fue en el sector público, la industria (en menor cuantía) y los servicios básicos. Por el contrario, el ciclo de crecimiento actual se basa en la construcción, en la industria auxiliar y en los servicios destinados a la venta y se financia con endeudamiento de las familias. El empleo que se crea es, lógicamente, en estos sectores, pero es de menor cualificación que el creado en el anterior ciclo, es más inestable y, normalmente, de menor productividad unitaria y salarios medios más bajos. 

Y, finalmente, el tercer motor de cambio de nuestro mercado laboral ha sido de índole institucional. Y es que la política seguida con respecto al mercado de trabajo, fruto del consenso entre los distintos gobiernos, sindicatos y empresarios e iniciada ya hace más de una década, ha sido de una lenta flexibilización, lo que ha permitido transformar en puestos de trabajo y disminución de la tasa de paro el crecimiento económico. Sin esta flexibilización, que se ha concretado, por ejemplo, en nuevas formas contractuales, la existencia de las Empresas de Trabajo Temporal, la reducción de las indemnizaciones por despido, la articulación de sistemas retributivos ligados a la productividad, etc. nada de lo conseguido hubiera sido posible. 

Así pues, si hoy tenemos una tasa de paro baja y en descenso y si tenemos un mercado laboral que, a pesar de sus problemas, es fuerte es porque la realidad demográfica y económica española ha cambiado y, no menos importante, porque la política seguida y mantenida ha sido lo suficientemente pragmática y consensuada. Lo que en los tiempos que corren no es poco. 

7 de noviembre de 2005

Modelo español

El modelo de crecimiento económico español, desde prácticamente 1998 hasta la fecha, es relativamente simple. La economía española crece, significativamente por encima de la media europea, porque las familias españolas, escasamente endeudadas en los noventa y propensas a convertir sus ahorros en casas, mantienen y amplían su consumo. Como, paralelamente, ha mejorado la situación laboral, con una fuerte disminución del paro (fruto de la flexibilización del mercado laboral de los noventa) y se ha ampliado la población por la inmigración, la economía española crece a un fuerte ritmo. El consumo de las familias es el motor del crecimiento de la economía española en los últimos años. Y, junto a él y relacionado con él, la inversión en vivienda. 

Pero este crecimiento sólo ha sido posible porque las familias se están endeudando fuertemente. Una deuda de las familias que es lógica si tenemos en cuenta que los tipos de interés reales son cercanos al cero, pues tenemos una inflación por encima del 3%, mientras que los tipos de interés generales del mercado están en el entorno del 3%. Dicho de otra forma, las familias se están endeudando porque el dinero no les está costando prácticamente nada, con lo que adelantamos renta futura para consumirla o invertirla hoy. Un juego que permiten los bancos porque, con pocas opciones de colocación del dinero por los bajos tipos de interés de la deuda y las incertidumbres en no pocos mercados, prefieren financiar la compra de casas y el consumo de bienes duraderos con la garantía del valor esperado de los inmuebles en el futuro. Como nuestra oferta interna crece más lentamente, por falta de competitividad, el resultado de esta situación es un fuerte déficit en la Balanza de Pagos. 

El modelo de crecimiento, pues, de la economía española tiene su origen en la disminución de los tipos de interés que el euro ha propiciado, en el escaso nivel de endeudamiento de los españoles en los noventa y en las expectativas que tenemos de que la construcción va a seguir manteniendo su valor. El comportamiento del sector público, la política fiscal, es, en este contexto, relativamente neutral, porque mantiene el equilibrio en las cuentas públicas. 

Pero esta pauta de crecimiento tiene dos límites. El primer límite de nuestro modelo de crecimiento basado en la construcción viene dado por la capacidad de absorción de la vivienda nueva. A finales de 2004 había en España tres millones de viviendas vacías por lo que, al ritmo actual de construcción, puede producirse un exceso de oferta que paralice el crecimiento de los precios. El segundo límite es el del máximo nivel de endeudamiento de las familias permitido por el sistema financiero. Y es que el nivel de endeudamiento que los bancos pueden financiar depende de la capacidad de pago de las familias, por lo que llegado a un nivel alto, la financiación se vuelve escasa. Precisamente para no sobrepasar este límite es por lo que la autoridad monetaria, el Banco de España, vigila el comportamiento del Sistema Financiero. Y porque existen estos dos límites es por lo que los economistas sabemos que el modelo de crecimiento de la economía española se agota. No sabemos cuándo, pero es un modelo insostenible en un largo plazo. 

Y junto a los límites, un peligro: una subida de tipos. Y es que habiéndonos endeudado tanto y a tipos de interés variables, los españoles hemos hecho muy sensible nuestra economía a los tipos de interés. Demasiado sensible. Por eso la inflación no nos debe de dejar indiferentes. Porque una subida de inflación en Europa podría motivar una subida de tipos y jugarnos nuestro crecimiento. 

Para esquivar este peligro y no llegar a los límites es por lo que hay que cambiar el modelo de crecimiento. En ello nos va nuestro bienestar en los próximos años. 

Estatuto de Cataluña, una lectura desapasionada

He leído la "Propuesta de Reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña" y son tantas las cuestiones de fundamentos políticos, las trampas jurídicas, las pequeñas ambigüedades, las grandes falacias y los clamorosos silencios, que es difícil sintetizar las alegaciones. Así que lo mejor, ante lo que nos jugamos, es que seamos ciudadanos responsables y leamos el proyecto de Estatuto (que se puede conseguir en castellano en www.parlament-cat.net), cotejándolo con nuestra vigente Constitución. Y para esta lectura, desapasionada, quiero aportar dos ideas. 

Dejando aparte el Preámbulo, que es una extraña mezcla de ignorancia histórica, revanchismo y desaires, lo primero que se puede decir del proyecto de Estatuto es que es una Constitución por la que se crea un Estado Catalán con una vaga forma republicana. Y es una Constitución completa porque tiene los cuatro elementos esenciales de cualquier Constitución: incluye, en primer lugar, una definición del cuerpo político (arts. 1 a 14), la nación catalana, del territorio de soberanía y de los símbolos; sigue, en segundo lugar, con una declaración de derechos (arts. 15 a 54); define, en tercer lugar, la estructura por la que se va a ejercer el poder legislativo y ejecutivo (arts. 55 a 94) y la completa (arts 95 al 109) con la creación del poder judicial; y, finalmente, y lo hace en dos momentos, recoge el conjunto de competencias que dan contenido a la soberanía (arts 116 a 173), que son todas la de cualquier Estado (salvo curiosamente Defensa), dejando para el final las competencias de Hacienda pública (art. 202 a 225) por la que todos los recursos recaudados en Cataluña, también los de la Seguridad Social (ambiguamente dicho en el art. 165), se atribuyen al nuevo Estado. El Estatuto es, pues, una Constitución de un cuerpo político, de su forma de Gobierno, de sus competencias y recursos, que vacía de contenido, para los ciudadanos de Cataluña, la Constitución Española vigente. Pero el Estatuto va más allá y es también un Tratado. Un Tratado porque regula la forma en la que se han de transferir estas competencias con el fin de no caer en un vacío legal (arts. 110 a 115 y disposiciones transitorias) y las relaciones con las demás comunidades autónomas, lo que sea, después de esto, España y la Unión Europea (arts. 179 a 201). Y es un Tratado porque, aceptada la primera parte que constituye a Cataluña como un Estado soberano, ésta se relaciona con lo que quede de España de igual a igual en una Comisión Bilateral; participa en las instituciones españolas con derecho de veto (y el art. 176 es taxativo); exige su participación en todos los organismos del Estado (Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal de cuentas, Agencia Tributaria, Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores, etc.), aunque la recíproca no se contemple; y, por último, y por razones jurídicas internacionales, regula su representación a través de lo que quede de España en la Unión Europea en todos los asuntos "que afecten a sus competencias o intereses" (art. 184), o sea, en todo. Para terminar de perfilar su Política Exterior, obliga a una coordinación (art. 197) exigiendo que la política exterior del conjunto esté supeditada, a las decisiones soberanas de la Generalitat. El Estatuto es, así, también un Tratado. Pero un Tratado asimétrico, sin reciprocidad, por el que Cataluña hace oír su voz en lo que quede de España, la Unión Europea y el mundo. Un Tratado de relación entre Cataluña y lo que sea España más asimétrico incluso que los vigentes tratados constitutivos de la Unión Europea entre estados soberanos. 

La propuesta de Estatuto catalán es, en síntesis (y se puede comprobar sin más que leer los artículos referenciados), una reforma constitucional encubierta que tendrá, como primera consecuencia, la creación de Estados y la conversión de España en una Confederación de, como mínimo cuatro o cinco, Estados Independientes. Pero las consecuencias políticas, económicas y sociales deben ser, también, objeto de otra reflexión desapasionada. De cualquier manera, si esto es lo que quieren Zapatero y el PSOE, que lo digan claramente, porque Maragall ya ha hablado presentando la propuesta. Y si no, que obren en consecuencia. 

Elementos para gobernar

El clamoroso fracaso de la Asamblea de la ONU de las últimas semanas, la profunda parálisis en la que está sumida la Unión Europea desde hace meses y la desastrosa gestión de los daños del Huracán Katrina nos deben hacer reflexionar sobre la esencia de la acción del gobierno, sobre la aplicación de la política a los problemas de las personas. Y es que para resolver problemas, ampliar los derechos de los ciudadanos (que es lo mismo que ampliar la libertad), dotar a las personas de al menos un mínimo para vivir dignamente y resolver los conflictos son necesarios cuatro elementos clave e isojerárquicos: instituciones eficaces, objetivos claros, recursos humanos y materiales suficientes y poder político (que, a la postre, es poder de coacción). Cuatro elementos tan esenciales e interrelacionados que de faltar alguno es imposible llevar a cabo políticas que sirvan a los ciudadanos. Cuatro elementos que constituyen la arquitectura de ese edificio abstracto que podemos llamar Estado. 

Así, la ONU no puede cumplir con sus claros y cuantificados objetivos, como por ejemplo los del Milenio de Lucha contra la Pobreza, porque es una institución muy débil, no puede movilizar suficientes recursos para alcanzar sus objetivos y carece absolutamente de poder político. De hecho, es una institución en la que las decisiones, por derecho de veto de los cinco vencedores de la 2ª Guerra Mundial y la composición del Consejo de Seguridad, no se toman pensando en el conjunto de la Humanidad, sino en los intereses de los "Grandes", que, además, pueden castigarla sin recursos, como hizo Estados Unidos, y desafiar sus normas o leyes, como hacen abiertamente todos los grandes. Desde esta perspectiva está claro que si no hay una profunda reforma de la ONU, democratizando su funcionamiento, aportando recursos para su funcionamiento y políticas y cediendo poder soberano para que pueda implementarlas, nunca cumplirá ningún papel relevante en los sangrantes problemas del mundo. 

La Unión Europea, por su parte, tiene una institucionalidad compleja, aunque alejada de los ciudadanos por la ausencia de interés de los Estados en ceder soberanía. Sin embargo, esta sólida (y mejorable) institucionalidad está siendo lentamente vaciada de contenido, porque hay interés en impedirle tener unos objetivos políticos ambiciosos, hay una tendencia a recortar sus recursos y, desde luego, se hacen esfuerzos para limitar su poder coactivo. De ahí viene la incapacidad de gobernar la política económica de la Unión, de obligar al cumplimiento del Pacto de Estabilidad, de oponerse a las veleidades económico nacionalistas de algunos países, o de poner en marcha ambiciosos proyectos como la Agenda de Lisboa. 

Los Estados Unidos sí son un Estado. Tienen instituciones sólidas, objetivos claros, recursos suficientes y poder político. Su problema es que, desde la llegada al poder de los ultraliberales neocons han debilitado sus instituciones federales, han desviado recursos para el servicio de intereses particulares y han usado tarde en la emergencia el poder coactivo del Gobierno, lo que ha puesto de bruces a su opinión pública ante la realidad del deterioro institucional que han ido viviendo sin saberlo. 

De esta incompleta e inconclusa reflexión se pueden extraer algunas lecciones sobre nuestra realidad política, sin más que preguntarse si el proceso constitucional en el que estamos inmersos refuerza las instituciones políticas comunes, tiene objetivos claros, genera más recursos para el conjunto o permite un más eficaz ejercicio del poder. Pero no sé si es demasiado técnica o desalentadora para nuestro, de momento, común Gobierno. 

Inglés y ordenadores

La semana pasada, el presidente Chaves, en un rasgo de sensatez y oportunidad que le honra, fijó, ante su partido y la opinión pública andaluza, las dos prioridades para el curso político que se inicia: la primera, la reforma del Estatuto; la segunda, la enseñanza en Andalucía. Y si de la primera habló con una cierta ambigüedad calculada, de la segunda habló con una precisión que me preocupa por su ignorancia. Y digo ignorancia, porque, para empezar, confundió los objetivos de la política educativa con los instrumentos para alcanzarlos. De la misma forma que presentó propuestas voluntaristas alejadas de las posibilidades y de las necesidades reales del sistema educativo que tenemos. Tanto que parece que con inglés y ordenadores se resuelven todos los problemas de nuestra enseñanza. 

Nadie puede discutir que, en el mundo del siglo XXI, es bueno hablar inglés y manejar las tecnologías de la información. Como tampoco es discutible que la forma más fácil de que nuestros hijos cumplan el objetivo de aprender un buen inglés es mandarlos a Eton. El problema es que como eso no es posible para todos, la solución que han encontrado nuestros políticos es traer los colegios británicos aquí. De ahí los colegios bilingües. Pero esta solución, altamente inviable por la escasez de profesores en el Reino Unido y la dificultad de formar rápidamente a los profesores ya existentes, denota lo poco que se ha reflexionado sobre el porqué en España no se hablan idiomas y sobre cómo resolverlo. En España la mayoría de la población no habla idiomas porque se enseñan mal. En primer lugar, porque no tenemos suficientes buenos profesores de idiomas, que además de hablar perfectamente, sepan pedagogía de los idiomas. En segundo lugar, porque usamos una anticuada pedagogía basada en la gramática. Y, en tercer lugar, porque tenemos, en inglés, como en todas las asignaturas, demasiados alumnos por aula. Si nuestros políticos se hubieran preguntado cómo es posible que en el norte de Europa se hable inglés al final de la enseñanza secundaria, hubieran encontrado que estos tres factores son más esenciales que sus escasos colegios bilingües. No, no creo que tener colegios bilingües sea, hoy, y en Andalucía, más importante que tener todas las asignaturas en todos los colegios con menos ratio de alumnos o que, por dar las clases en inglés, se resuelvan los problemas de motivación, buenos modales y disciplina entre nuestros alumnos. 

Como tampoco creo que tener muchos ordenadores en el aula favorezca necesariamente la enseñanza. Al contrario, es muy probable que, en no pocas materias y para determinadas edades, sea contraproducente. Porque el ordenador es sólo un instrumento para el manejo de la información, del saber, pero no puede sustituir el mismo saber. El que un alumno pueda dar la solución de un problema de física usando el ordenador no quiere decir que el alumno sepa resolver el problema, sino que ha encontrado la solución que otro, que sí sabe, metió en el ordenador. El ordenador debe ser un instrumento para el aprendizaje, pero no puede, como de hecho ocurre con la mayoría de las tecnologías en el aula, sustituir lo verdaderamente importante en el aprendizaje: el esfuerzo de pensar y aprender. No, realmente no creo que tener más ordenadores haga que nuestros profesores estén más motivados, nuestros alumnos aprecien el valor del esfuerzo y sepan más en el futuro. Al contrario, mucho me temo que con los ordenadores vamos a hacer personas tecnodependientes, que serán incapaces de pensar si no tienen una pantalla delante y que se tragarán cualquier información como cierta por el mero hecho de haberla visto escrita en internet. 

Que la educación sea parte del debate político me parece una gran idea. Pero habría que haber empezado por una descripción de la realidad de nuestro sistema educativo y de sus problemas, en vez de por unas propuestas frívolas y dictadas por la moda. Pero eso pasa en muchos ámbitos de nuestra vida política. En demasiados.