Política económica superficial

La política española es asombrosamente superficial, casi infantil. Nuestros políticos mantienen debates de adolescentes, y se dirigen a la opinión pública como si fuéramos una multitud de niños ignorantes e inmaduros. Y el debate sobre política económica, del que el del Estado de la Nación ha sido solo un hito, es un perfecto ejemplo de esta superficialidad. 

El conjunto de medidas que viene proponiendo el Gobierno, y que concretó en el Debate sobre el Estado de la Nación, tiene tres graves problemas: parte de un diagnóstico superficial, es incompleto y es ineficaz. 

Es un diagnóstico superficial porque el Gobierno aún no sabe que lo que ha fallado en nuestra economía es la manera en la que hemos ahorrado, nos hemos endeudado y hemos invertido. Y para hacer eso lo primero es reconocer que nos hemos estado financiando con ahorro externo (tenemos una deuda externa del 80% del PIB), y que ese ahorro externo que hemos captado lo hemos invertido mal. Además, arrastramos un viejo problema de productividad sectorial y de capital humano. Tan superficial es el análisis del presidente Zapatero que las dos medidas que propuso que afectan al capital humano pasman por su simpleza. ¿Realmente cree que el problema de nuestra educación básica se resuelve con ordenadores para niños de 9 años? ¿Qué sesudo asesor cree que el problema de formación de nuestros parados, la mayoría no universitarios, se resuelve con másters universitarios a los que solo pueden acceder los universitarios? Dos botones de simple ignorancia y demagogia electoral. 

El paquete es incompleto porque nada se dijo de reforma fiscal profunda, pues, aunque van en la dirección correcta las propuestas sobre el impuesto de sociedades y la deducción por vivienda, no tocan el problema de fondo de nuestro sistema fiscal: los impuestos sobre el trabajo y progresividad del sistema. También es incompleto porque, bajo el mantra de "diálogo social", nada se dijo de importancia sobre las reformas que necesita nuestro mercado de trabajo. Como es incompleto en sus medidas de recorte del gasto al no exigir recortes serios en las autonomías. Desde el punto de vista sectorial debería haber dicho mucho sobre la importante reestructuración que se avecina en nuestro sistema financiero, y haber planteado un paquete de incentivos temporales a sectores emergentes. Demasiadas lagunas, demasiados olvidos. 

De los dos problemas anteriores se puede deducir fácilmente que el paquete de medidas, como las anteriores, será sencillamente ineficaz. La economía española se estabilizará en tasas de crecimiento en el entorno del cero, a finales de año o principios del que viene, pero no será gracias a las medidas del Gobierno, sino a pesar de él. Empezar a crecer será ya otra cosa. 

La oposición, por desgracia para España, tampoco está mucho mejor. Rajoy presentó un diagnóstico correcto, pero también superficial. Y, después, ni siquiera se atrevió a enunciar un plan coherente, seguramente porque no lo tiene o por razones electorales. El hecho es que la "hoja de ruta" del PP tampoco es un plan de política económica. En mi opinión, mal enfocan la reforma fiscal (con rebajas de IVA, cuando el problema son las cotizaciones sociales), poco dicen de la reforma del mercado de trabajo y no se atreven a sugerir medidas sectoriales. Miedo me dan si toda la economía que saben es la que nos quiere vender Aznar en su libro, porque es una simple reactualización de ideas norteamericanas de los cincuenta. Mal anda también el PP de análisis y de ideas, tanto como de liderazgo. 

Superficial, terriblemente superficial, es esta clase política que tenemos. Tan superficial me parece que propongo que las noticias sobre sus actuaciones y declaraciones las den las revistas y programas del corazón, y dejen de ocupar espacios en los medios serios. Así al menos su superficialidad estaría donde corresponde y, ¿quién sabe?, igual ganan en glamur. 

25 de mayo de 2009 

Distribución personal de la renta

Desde hace años vengo proponiendo que, entre las variables económicas que deben definir la situación de una economía, debiera figurar algunos índices que reflejen la distribución de la renta y su evolución. Más aún, propongo que cada vez que se tome alguna medida de política económica, macro o micro, se explicite también a quién afecta y en qué medida mejora o empeora la distribución de la renta. Y cuando hablo de distribución de la renta no me refiero a esa idea de la distribución territorial de la renta (que da lugar, por ejemplo, a engendros intelectuales como las "balanzas fiscales"), sino a la distribución personal o familiar de la renta que es la base para explicar la pobreza y la estructura social. 

La propuesta tiene un fundamento casi evidente: la renta la producen y se distribuye entre las personas. Es decir, los pobres o ricos son personas. Por otra parte, hay un principio en buena estadística según el cual, después de calculada la media, el segundo parámetro que describe un conjunto de datos es alguna medida de dispersión. Más aún, en la moderna economía, y esto se está ya reconociendo con modelos de agentes heterogéneos, se sabe que el comportamiento de dos economías, con la misma renta per capita, pero diferente distribución, es también diferente. La distribución influye en el crecimiento a largo plazo, y los mecanismos de redistribución determinan el desempeño de una economía. Sabemos, incluso, por la conjetura de Kuznets, que distribuciones muy desiguales de la renta son una rémora para el crecimiento. 

Hay mecanismos "naturales" de distribución del crecimiento. Así, una disminución de la tasa de paro supone, normalmente, una mejora de la distribución, como también una transformación sectorial (pasar de la agricultura a la industria, por ejemplo). Hay veces que una política, sin saberlo, tiene mejoras en la igualdad a largo plazo; como las políticas educativas de mejora de la educación básica. Pero también hay veces que políticas, pensadas en principio para redistribución de la renta, suponen, a la larga, un empeoramiento de la distribución (como las políticas indiscriminadas de subvenciones). Este ámbito de la evaluación de las políticas públicas desde los aspectos distributivos está aún verde en la literatura económica, pero, cuando se plantea a nivel político y de debate público, el tema está tan contaminado de ideologías y mitos que es un trabajo de Hércules intentar hacerse oír. Y, en España, nuestra prensa y la contaminación nacionalista lo hacen más difícil. Peor aún, ni siquiera queremos saber. Por eso no llega a la opinión pública que, en los últimos diez años, hemos empeorado nuestra distribución de la renta porque se ha deteriorado mucho la distribución de los salarios; o que, tras las tres últimas reformas fiscales, nuestro sistema fiscal ha perdido mucha progresividad. 

Estas ideas, quizás demasiado teóricas, son relevantes en la situación en la que nos encontramos. Demandamos más políticas públicas porque suponemos sus beneficiosos efectos y, sin embargo, los que las proponen no saben sus efectos distributivos. 

Es curioso que uno de los aspectos menos resaltados de la economía keynesiana sea su aspecto distributivo. Las propuestas de Keynes, ahora tan recordadas y mal interpretadas, tenían un fuerte componente distribuidor, aunque Keynes no lo supiera. 

En mi opinión, y sería objeto de muchas más palabras, la economía del siglo XXI será la economía de la distribución o, sencillamente, no será. Posiblemente la solución de la crisis de la economía mundial será ayudar a los pobres a salir de la pobreza. Algo que se consigue no tanto creciendo como distribuyendo. Me temo que esta crisis encierra muchas paradojas y no es la menor que la avaricia de los ricos nos ha metido en ella, pero solo saldremos con ayuda de los pobres. 

11 de mayo de 2009 

Clases de paro

La semana pasada se publicaron los datos de la Encuesta de Población Activa del primer trimestre del año. La cifra de parados sobrepasó los 4 millones, con una tasa de paro del 17,3%. 

Este paro español tiene, como expliqué en un artículo anterior, una parte clásica, o sea, debida al alto coste laboral en relación con nuestra productividad, y otra parte keynesiana, es decir, debida a la debilidad de nuestra demanda de trabajo. A su vez, el paro keynesiano puede ser de dos tipos: un paro keynesiano estructural debido a la falta de tejido productivo (como es, en parte, el paro andaluz); y un paro keynesiano puro causado por falta de demanda efectiva para la capacidad productiva instalada (como es, ahora, parte del paro catalán). Hay, pues, tres grandes causas macroeconómicas del paro, mutuamente interrelacionadas, y que es necesario distinguir porque la clave de su solución está en cuantificar cuánto es de cada clase en cada coyuntura. 

A nivel político estas causas se simplifican ideológicamente. Para los partidos de izquierdas y los sindicatos, casi todo el paro es siempre keynesiano puro; para los partidos de derechas y los empresarios, casi todo el paro es siempre neoclásico. De ahí el debate sobre lo que hay que hacer. 

Para unos, los keynesianos puros, basta un estímulo fiscal de gasto público para que se "cebe la bomba", en expresión de Keynes, funcionen los multiplicadores de la renta y vuelva el crecimiento y la creación de empleo. Y no se dan cuenta de que, como nuestro paro es también estructural porque no hay empresas y clásico porque los salarios son altos, el estímulo de demanda crea puestos de trabajo en otra economía, pero no en la española. Por su parte, para los neoliberales lo esencial es el permanente ajuste de costes laborales de tal forma que las empresas acompasen salarios reales a productividad, lo que hace que la recuperación de la competitividad perdida impulse una senda de alto crecimiento. Pero éstos no se dan cuenta de que sin expectativas de crecimiento de la renta y de la demanda (como ahora) no hay inversión y, por lo mismo, crecimiento. 

Una política keynesiana mantiene, a corto plazo, la renta de las familias, evita deterioros profundos del tejido productivo y suele concitar el apoyo popular. Como contrapartida genera altos déficits insostenibles en el tiempo; en condiciones normales (no en las actuales), inflación; y, en economías abiertas con paro estructural, déficit exterior. Más aún, su eficacia depende mucho de cómo se articulen y en qué se gaste el dinero y, en economías pequeñas y abiertas como la española, es muy limitada. Por eso, las políticas keynesianas de estímulo de la demanda han de ser limitadas en el tiempo y estar más orientadas a luchar contra el paro estructural reforzando el tejido productivo que a los consumidores finales. En una economía como la española y en la coyuntura actual, seguir una política keynesiana pura (como la que se está haciendo) es necesario, pero no es suficiente. 

Por su parte, las políticas neoliberales de ajuste duro tienen la virtud de que adaptan el coste real a la productividad, permitiendo purgar los excesos y equilibrando el crecimiento a largo plazo. Pero generan tres problemas graves: paro con riesgo de profundizar en la recesión; desigualdades en la distribución de la renta; e inestabilidad política. Por esto, si se sigue esta política, aunque imprescindible por los excesos anteriores, hay que articularla con cuidado, compensando sus efectos negativos, y siempre acompañada de políticas keynesianas, porque tampoco son suficientes. 

Porque nuestro paro tiene los tres orígenes (no siempre en la misma proporción y no siempre establemente) es por lo que, para resolverlo, es necesario combinar pragmáticamente medidas de política de uno y otro signo y hacerlo con claridad y decisión. Lo siento, pero para mí, analizar el paro es una cuestión de hechos empíricos, no de ideología, y es demasiado seria como para frivolizarlo en un debate cargado de calificativos. 

27 de abril de 2009 

Salarios y paro

Según los últimos datos publicados, los salarios medios en España siguen creciendo por encima del 2%. Los datos de convenios fijan, para este año, una subida salarial del 2,7%, por lo que el coste laboral, que incluye también las cotizaciones y deslizamientos, tendrá una subida superior al 3%. Como la inflación interanual está en el entorno del 0%, estas cifras suponen que los costes laborales medios están subiendo, en términos reales, por encima del 3%. Unas subidas pactadas que son una de las causas de parte del paro que ya tenemos y del que vamos a generar este año. Con estas subidas salariales es probable que sobrepasemos la cifra de los 4 millones largos de parados y, lo que es peor, que este paro se enquiste. 

Esta subida salarial, muy por encima de la inflación prevista, es fruto de un juego en el que participan los sindicatos y las organizaciones empresariales. Un juego que vienen jugando desde 1980, que nos ha dado una de las mayores tasas de paro de los países desarrollados. Un juego en el que los sindicatos, con bajas tasas de afiliación y baja representatividad real, piden subidas salariales por encima de la inflación con la justificación del aumento de la productividad y bajo la amenaza de conflicto laboral. Los empresarios, por su parte, aceptan la subida de los salarios medios, pero, para mantener el coste laboral total controlado, contratan menos gente o, en situación de contracción de la demanda como la actual, despiden a parte de la plantilla. Los dos jugadores consiguen lo que querían: los sindicatos, la subida salarial para los trabajadores a los que representan (normalmente fijos indefinidos con altas indemnizaciones); los empresarios, la paz social y el control de los costes laborales, aumentando la productividad media de los que se quedan en la empresa a posteriori. Este es el juego que produce nuestro paro neoclásico. Un paro que crece entre 150.000 y 180.000 parados más por cada punto de coste laboral superior a la inflación. O sea, que al ritmo que vamos los convenios colectivos van a ser culpables de casi medio millón de parados más. Este juego perverso tiene, además, tres efectos colaterales muy graves. En primer lugar, hace más difícil la salida de la crisis, pues, en contra de lo que dicen algunos libros viejos de macroeconomía, la subida de salarios medios, al menos en España, no favorece el crecimiento del consumo, pues los trabajadores que mantienen sus puestos de trabajo tienen una propensión marginal a consumir menos que los que lo pierden. Además, dado que en otros países hay congelación salarial, esta subida hace perder competitividad a nuestros productos. En segundo lugar, este juego acentúa la dualización de nuestro mercado de trabajo, es decir, separa a los trabajadores entre aquellos que están protegidos por convenios y contratos antiguos (con altas indemnizaciones) de los recién contratados, por lo que el paro se ceba en jóvenes, mujeres e inmigrantes que son los que han llegado más tarde al mercado laboral. Y, finalmente, y es un efecto raramente subrayado, acentúa los problemas distributivos de la renta: el paro distribuye peor la renta personal y, al concentrarse en determinados territorios, también empeora la distribución territorial. 

Si realmente la nueva ministra de Economía quiere luchar contra el paro, lo primero que tiene que hacer es lanzar un mensaje de congelación salarial (empezando por los funcionarios) y sentarse a reformar profundamente las instituciones de nuestro mercado laboral, superando viejas ideologías y trasnochadas teorías económicas. Más adelante, podrá demostrar que sus políticas de reactivación van más allá del fracasado miniplan de obritas municipales. Lo siento, pero me temo que para luchar contra una tasa de paro que se acercará al 20% el año que viene no valen esta vez recetas fáciles llenas de retórica, gasto e infraestructuras, sino unas reformas dolorosas políticamente. Pero eso es gobernar en tiempos difíciles y no lo que se viene haciendo. 

13 de abril de 2009 

Fallos de sistemas

A estas alturas de la crisis, es de sobra conocido que uno de los mecanismos que han fallado más estrepitosamente es el sistema financiero, tanto los mercados como los agentes dentro de él. Por supuesto, el fallo no ha sido el mismo en todos los países, ni dentro de cada economía todos los agentes se han portado de la misma forma. Pero, al fallar el sistema financiero, lo que ha fallado en todos las economías es la forma en la que el ahorro se canaliza hacia la inversión. Por eso sabemos que la crisis va a ser larga. 

El fallo de nuestro sistema financiero ha sido doble: por una parte, de los bancos y cajas por sí mismos; y, por otra parte, del sistema en su conjunto. Los bancos y cajas han fallado en la asunción de riesgo también por partida doble, porque no han calculado bien su inversión y porque no ha coordinado correctamente su financiación con esta inversión. Y, como conjunto, el error ha ido más allá, porque macroeconómicamente lo que ha fracasado ha sido la excesiva concentración de la inversión en un sector, la construcción, sin que los reguladores del sistema hayan detectado que no había inversión en otros sectores clave. Los reguladores, el Banco de España y el Gobierno (y no sólo el de Zapatero), porque mientras el primero es el responsable del sistema financiero, el segundo lo es de que binomio ahorro-inversión funcione. La crisis financiera y económica en la que nos encontramos es, pues, fruto de la suma de los errores de los bancos y de los reguladores. Como lo fueron otras crisis anteriores. 

Para saber lo que habría que hacer, la crisis de los setenta es, en este sentido, mucho mejor ejemplo para aprender, especialmente en el caso de España, que el de la de los veinte, que España no la vivió de la misma forma que los Estados Unidos. La crisis de los setenta tuvo uno de sus orígenes en un exceso de inversión en industria básica. Unas de las obsesiones del régimen franquista fue el crecimiento industrial, por eso España llegó a tener algunas de las producciones mayores del mundo en algunos subsectores como astilleros, acero, química básica, etc. Para apoyar y financiar estos sectores, el Gobierno no sólo tenía el Instituto Nacional de Industria, sino un grupo de bancos públicos especializados y, además, asignaba a las cajas de ahorros y a la banca coeficientes de inversión obligatoria en estos sectores. El resultado fueron unos sectores industriales sobredimensionados y poco competitivos. Por eso, cuando la crisis se hizo más cruda, no solo se llevó parte de nuestra industria, sino al sector bancario español. Sólo una decidida reconversión industrial, conocida por todos, y una profunda reconversión bancaria, mucho menos conocida, reordenaron nuestra economía para salir de la crisis. De aquella experiencia, con fusiones y quiebras de bancos y cajas, viene la solidez de nuestro sistema financiero. Lo que no supimos hacer tan bien después fue la política industrial que se dejó de lado. 

De esta crisis podríamos extraer muchas enseñanzas. Una es que la inversión total hay que vigilarla para tener crecimientos equilibrados, evitando subvenciones excesivamente largas para un sector (como hemos hecho, por ejemplo, con la vivienda en propiedad o con la agricultura). Otra es que tan mala es intervención excesiva como la ausencia de regulaciones claras y coherentes. Una más es que para salir de cualquier crisis de exceso de inversión en un sector, es necesaria una reordenación de la estructura productiva. Otra más es que para hacer esta reordenación se necesita, además de un buen diagnóstico, un plan de política, tanto macro como microeconómica. Y, por encima de todo, es importante liderazgo político. Algo que a Felipe González y a Miguel Boyer les sobraba y que ahora brilla por su ausencia. 

30 de marzo de 2009 

La maldición del paro

El paro es el principal problema económico causado por la crisis y, al mismo tiempo, es y será una de las causas de la duración de la crisis. Un paro, el nuestro, que es siempre elevado, el más elevado de los países industrializados y, al mismo tiempo, el que más rápidamente crece ante cualquier deterioro de la situación. Tanto que parece que la economía española tiene una especie de maldición con su paro. 

La explicación de porqué el paro ha crecido tanto últimamente, y crecerá más este año es muy sencilla. Puesto que el sector que más mano de obra ha absorbido en los últimos años ha sido la construcción y sus contratos son, normalmente, temporales, la paralización de la actividad ha puesto en la calle a casi un millón de ocupados en el sector. Si, además, tenemos en cuenta que el otro sector estrella de nuestra economía es el turismo y que este año, por la crisis internacional y la cotización de la libra, se espera una menor afluencia de visitantes, la contratación en el sector turístico será muy inferior a lo normal. Dado el efecto multiplicador de estos mercados en otros que dependen de ellos se deduce que veremos incrementarse significativamente la tasa de paro en los próximos meses. Casi con seguridad rozaremos los cuatro millones de parados a finales de este año, con una tasa de paro superior al 18%. O sea, en menos de dos años habremos destruido casi 2 millones de puestos de trabajo. 

Las razones de porqué nuestra tasa de paro es siempre más alta que la media de los países desarrollados es mucho más compleja. Nuestro paro es, desde hace años, dual. Tiene una parte keynesiana, es decir, debida a la debilidad de nuestra demanda y de nuestro tejido productivo (falta de empresas) ante una oferta de trabajadores creciente, y otra parte clásica, o sea, debida al alto coste laboral en relación con nuestra productividad. Dicho de otra forma, hay una parte del paro, casi dos millones de personas, que lo están porque no hay crecimiento, pero hay otros dos millones, los que teníamos parados antes de la crisis, que lo están porque no teníamos empresas competitivas a los salarios medios corrientes. Más grave aún, una parte importante de estos cuatro millones de parados son personas con bajo nivel de cualificación y con baja movilidad geográfica por lo que sus posibilidades de colocación son escasas. Aquellos territorios en los que el tejido empresarial sea más débil y tengan un nivel de formación más bajo serán, como Andalucía, los que concentren una mayor parte de los parados. 

Ante esta situación, que merece una más extensa y matizada explicación, no hay políticas sencillas, ni de corto plazo. Por eso, hay que actuar en muchos frentes a la vez: en primer lugar, reactivando la inversión empresarial en nuevos sectores productivos con incentivos fiscales y desregulación de sectores de servicios e industriales; en segundo lugar, acoplando el coste laboral a la productividad real de nuestras empresas, con bajadas de las cotizaciones sociales a cargo de las empresas y congelando salarios (mientras haya caída de actividad y estabilidad de precios); en tercer lugar, haciendo una reforma en profundidad de nuestro sistema educativo, especialmente intensa en la Formación Profesional; y, finalmente, reformando el marco legal de nuestro mercado de trabajo de tal forma que permita a nuestras empresas tener a los trabajadores más productivos (aspecto este del que me ocuparé más extensamente en otro artículo). 

Las políticas para luchar contra el paro han de responder a un plan general más amplio porque no hay salida al paro si no se vuelve a crecer, pero no se vuelve a crecer si no logramos ocupar a más gente. El problema es que este plan "ni está, ni se le espera". Por lo que seguiremos sufriendo por muchos años la maldición del paro. 

16 de marzo de 2009 

Una propuesta de política fiscal

En los últimos meses se viene usando la política fiscal, en su doble vertiente de incremento del gasto y de reducción de impuestos, para combatir la crisis. En algunos países es la única política que se está implementando, incluso a tientas como es el caso de España, mientras que en otros acompaña a las operaciones de salvamento del sistema financiero y a políticas monetarias muy expansivas, como por ejemplo en los Estados Unidos. La política fiscal es la estrella de las políticas anticrisis por muchas razones, pero para articularla de una forma razonable es necesario tener propuestas claras para debatir. Algo que no parece que tengan ni nuestro Gobierno, ni nuestra oposición. 

En España, una política fiscal expansiva, con un déficit público en el entorno del 5% este año y alrededor del 4% en los próximos, no es, per se, negativa. Eso sí, hay que saber que no se pueden sostener déficits más profundos durante muchos años porque llegaríamos a sobrepasar el 65-70% de deuda pública sobre el PIB, y eso haría que la política fiscal perdiera su eficacia. Peor aún, entraríamos en espirales de deuda pública que serían insostenibles. Hay que usar, pues, la política fiscal, pero sabiendo que es un instrumento temporalmente limitado. 

En la vertiente del gasto hay que evitar, como se viene haciendo, gastar por gastar. El gasto, en sí mismo, no es eficaz contra la crisis. Para articular una política de gasto público eficiente habría que orientar el gasto en tres direcciones: en primer lugar, hay que ser austeros en los gastos administrativos generales, pues ni crean empleo estable, ni mejoran el crecimiento de la economía; en segundo lugar, hay que mantener durante un tiempo las transferencias de renta a las familias o las subvenciones a determinados sectores, pero no más allá de un tiempo tasado, porque impiden el normal ajuste de los mercados de bienes y factores de producción (de la locura de ampliar el tiempo del desempleo escribiré otro día); y, finalmente, hay que ampliar la inversión en infraestructuras y educación. Austeridad administrativa, ayudas temporales e inversión pública componen, en mi opinión, una política de gasto prudente. Ir más allá nos llevaría a un gasto público insostenible a largo plazo y a serias ineficiencias en el funcionamiento de las administraciones y de la economía productiva. El crecimiento del gasto debe ser contenido, porque los multiplicadores del gasto, siguiendo estudios empíricos recientes, son menores que los de los impuestos en las economías desarrolladas. 

La opción más eficiente es, entonces, la reducción de impuestos. En este sentido, habría que hacer tres reformas de calado, sin perder de vista ni los efectos recaudadores, ni los distributivos (tan olvidados en las últimas reformas): en primer lugar, hay que reformar el IRPF, dotándolo de mayor progresividad y equiparando todas las fuentes de renta, ajustando la reforma para que fuera casi neutral desde el punto de vista de la recaudación; en segundo lugar, habría que hacer una reducción significativa de las cotizaciones sociales porque son un impuesto que grava el trabajo y distorsiona los costes laborales unitarios relativos frente a nuestros competidores (esto se debería de plantear junto con la reforma del mercado de trabajo de la que escribiré próximamente); y, finalmente, hay que hacer reducciones selectivas del Impuesto de Sociedades porque aumentarían las expectativas de rentabilidad a largo plazo de las inversiones. El IVA es, a pesar de su regresividad y por su efecto recaudador, mejor no tocarlo ahora. El objetivo de estas líneas de reforma es la de reforzar el tejido productivo y relanzar la inversión, porque, ante un enfriamiento, los estímulos al consumo son eficaces, pero para luchar contra una recesión hay que estimular la inversión. Lo anterior es solo una propuesta para simular y debatir serenamente. Algo que ya debieran haber hecho nuestros políticos si les diera, por una vez, un simple ataque de sensatez. 

2 de marzo de 2009