Singularidad catalana

Reconozco que a veces no entiendo a los políticos, quizás por torpeza mía, ni algunos de los conceptos que hacen circular y que repiten hasta que se convierten en tópicos. Y uno de ellos es un concepto que está proponiendo el PSOE como solución al problema de Cataluña: el concepto de la "singularidad catalana". 

Este concepto se deriva de la doctrina oficial del PSOE respecto del tema territorial. En el documento Un nuevo pacto territorial: la España de todos (Declaración de Granada de 6 de julio de 2013), se escribe textualmente (página 7): "Necesitamos reformar la Constitución para incorporar los hechos diferenciales y las singularidades políticas, institucionales, territoriales y lingüísticas que son expresión de nuestra diversidad". Lo que, aplicado a Cataluña, supondría reformar la Constitución para reconocer la "singularidad" catalana. 

Pero, ¿eso qué significa? Realmente no sé el sentido político de la palabra, pues para mí, el concepto de singularidad solo tiene significado como concepto científico o tecnológico. Desde un punto de vista científico, "singularidad" es un concepto físico que se refiere a un momento temporal (por ejemplo, el Big-Bang) a partir del cual las leyes de la física serían otras. En el ámbito tecnológico, una singularidad es un momento histórico en el que una tecnología cambia completamente el curso de la historia (por ejemplo, la escritura, la imprenta o internet). Una singularidad es, pues, un punto en el tiempo. Pero no es esto lo que creo que quiere decir el PSOE. 

El Diccionario de la Real Academia nos dice, en la segunda acepción de la palabra, que "singularidad" es la "distinción o separación de lo común". O sea, que en castellano al menos (no sé en catalán) reconocer la "singularidad" de Cataluña sería hacer con esa comunidad autónoma una "distinción o separación" del resto. "Separación" que adjetivada, como lo hace el párrafo de la Declaración de Granada, con los calificativos de "política, institucional, territorial y lingüística" nos estaría diciendo que la Constitución debería reconocer que Cataluña es un sujeto político, institucional, territorial y lingüístico diferente del resto de España. De esto se deduce, en mi opinión, que con este cambio constitucional estaríamos aceptando la independencia de Cataluña, pues cada parte reconocería a la otra diferentes reglas políticas e institucionales, por lo que ya solo faltaría el reconocimiento internacional para que fueran dos Estados independientes. Es decir, reconocer la "singularidad de Cataluña" en la Constitución sería equivalente a reconocer implícitamente la separación de Cataluña, por lo que solo faltaría ponerle fecha a la independencia. 

Pero mis razones para no estar de acuerdo con ese reconocimiento de los "hechos diferenciales" y las "singularidades" es más profundo. Es que creo que es algo intrínsecamente antidemocrático porque es contrario al ideal ilustrado de la igualdad. Uno de los pilares de la democracia liberal es que, a efectos políticos, todos los ciudadanos somos iguales, sin que sea democrático hacer ninguna distinción política o institucional por razones de género, raza, religión, ideología, lengua, origen, lugar de residencia, etcétera. Son los individuos los sujetos de los derechos y no las colectividades con los que ellos que se puedan identificar y, por lo mismo, diferenciar, del resto. Según el principio de los "hechos diferenciales y singularidades", tendríamos que aceptar constitucionalmente leyes (¿electorales?) e instituciones (¿juzgados? ¿escuelas?) diferentes para personas que vivan en distintos territorios o que hablen otra lengua. ¿Por qué no, entonces, aceptar diferencias de raza, por ejemplo, la de los gitanos, o de religión, por ejemplo, los musulmanes? Llevado al extremo, la aceptación constitucional de "hechos diferenciales" y "singularidades" nos llevaría a un régimen parecido al apartheid sudafricano o a una democracia "a la israelí". Para mí, derivar diferencias políticas e institucionales entre la ciudadanía o parte de ella es aceptar una desigualdad que no concuerda con mis ideales democráticos. Quizás por eso no puedo ser nacionalista, porque todo nacionalismo lleva el virus de un totalitarismo. Lo siento, pero cada vez entiendo menos al PSOE y a Pedro Sánchez. 

6 de octubre de 2015 

La crisis china

En los últimos meses hemos empezado a tener noticias alarmantes de la economía china. Noticias que han afectado a las economías occidentales, especialmente a los mercados financieros y a los de materias primas, y, a través de ellos a las principales economías desarrolladas y las de los países emergentes exportadores de materias primas (Latinoamérica y Africa). China, la segunda economía del planeta, tiene problemas y está generando turbulencias en la economía mundial. 

Los síntomas más evidentes de estos problemas son básicamente tres: la ralentización de su tasa de crecimiento desde el 8% previsto hasta el entorno del 6%, la caída de las Bolsas chinas en casi un 40% en menos de tres meses, y las reacciones, precipitadas, de las autoridades chinas cambiando las reglas de intervención en los mercados financieros (prohibiendo las posiciones a corto, autorizando a los fondos de pensiones a comprar acciones y obligando a las empresas a ampliar sus autocarteras) y devaluando el yuan en un 5% en una semana. 

Los problemas de la economía china son, sin embargo, más profundos y han venido estando ocultos tras su tamaño y sus cifras de crecimiento. Y es que China se enfrenta, en mi opinióna a tres desafíos que tendrán efectos mundiales. 

El primer desafío es de origen político, pues el sistema chino ha de resolver tres problemas políticos de primera magnitud: la contradicción que se plantea entre un sistema totalitario (y formalmente comunista) con la emergencia de una clase media, cada vez más potente e informada, que demanda derechos, y hemos tenido una muestra de ello en la "protesta de los paraguas" de Hong-Kong de este pasado año; en segundo lugar, las tensiones territoriales debidas a las diferencias de desarrollo entre la costa y la China interior (con implicaciones, además, étnicas e identitarias); y, por último, la gigantesca corrupción asociada al sistema que genera un profundo malestar en la población. Para enfrentar estos problemas y conseguir legitimarse, el sistema chino ha empezado a construir un incipiente estado del bienestar (especialmente en campo sanitario), lo que le llevará a un crecimiento de su gasto público y una reforma fiscal, porque tiene un déficit público (1,5% del PIB) y una deuda (en un 40% del PIB) aún contenidos. 

El segundo desafío de la economía china es de origen social, pues el modelo de crecimiento chino basado en bajos salarios, fomento del capitalismo ligado al poder y control de los mercados ha generado una muy desigual distribución de la renta y profundos desequilibrios territoriales. Es cierto que el crecimiento chino ha sacado a casi 250 millones de chinos de la pobreza extrema, pero eso solo significa que, en este momento, son impensables hambrunas como las de los cincuenta, en las que murieron más de un millón de personas. Pero no es menos cierto que aún viven en China más de 150 millones personas pobres, especialmente en las zonas rurales y en los cinturones de las zonas industriales. 

El tercer grupo de desafíos son estrictamente económicos. La economía china tiene, por ese irracional juego de las expectativas adaptativas, según el cual el futuro es la proyección directa del pasado inmediato, y por el comportamiento de rebaño de los agentes que actúan en los mercados, varias burbujas económicas: una burbuja inmobiliaria en las zonas de fuerte crecimiento, que aún no se ha desinflado; una burbuja financiera, auspiciada por su propio gobierno, que está siendo controlada con dificultad e impropias intervenciones; y una burbuja industrial, pues su modelo de crecimiento no es equilibrado. Por otra parte, el modelo de crecimiento chino es medioambientalmente insostenible lo que añade presión económica, social y política a los desafíos que enfrenta como sociedad. 

China es una de las locomotoras de la economía mundial y, de la misma forma que el crecimiento mundial de los últimos años ha tenido factura china, es probable que una parte importante de las turbulencias de los próximos años vengan de allí. Es lo que tiene crecer con desequilibrios. 

14 de septiembre de 2015 

¿Cuántos más han de morir?

¿Cuántos más han de morir? ¿Cuántos y de qué forma horrible (ahogados, hambrientos o asfixiados en un camión) han de morir? ¿Es que han de ser niños o mujeres, ancianos o impedidos para que nos pesen más? ¿Cuántos muertos hay que contabilizar para que los europeos nos demos cuenta de que el problema migratorio es un problema también nuestro, que no se soluciona ni con alambre de espino, ni con reuniones eternas? ¿Cuántos muertos hay que llevar a las estadísticas para que tomemos en serio al menos los problemas del África Subsahariana, Libia, Palestina, Siria, Irak, Somalia, Yemen, Afganistán o Pakistán? ¿Es que hemos de esperar a que terminen de estallar de nuevo el Líbano o Argelia, o que Túnez, Marruecos o Egipto se desestabilicen? ¿Cuántas sociedades han de desaparecer para que nos sintamos interpelados? 

Mientras escribo estas líneas hay miles de personas en movimiento hacia Europa. En el instante el que se están leyendo estas líneas, algunas de esas personas han llegado a las fronteras o se han subido a un barco-patera o están en el ferrocarril de Hungría. Algunos han muerto en el mar sin que nadie sepa nada, otros están al punto de la asfixia en un camión, otros están por los campos. Muchos van solos, otros llevan a sus hijos pequeños o a sus mayores. Todos llevan lo justo, algo de dinero, un móvil, mucho miedo y un sólo objetivo. Huyen de la violencia, de la guerra, del hambre, de la destrucción, de las formas impuestas de vida. Como haríamos cualquiera de nosotros en su situación. 

Pero todo esto lo sabemos, lo vemos en televisión, lo leemos en los periódicos. Y los europeos miramos para otro lado, como si no fuera nuestro problema. Nosotros andamos con la "crisis", con nuestras "crisis" y no nos damos cuenta de la inmensa "crisis" que están viviendo esas sociedades. Nuestras crisis son de tasas de crecimiento y paro, pero tenemos un Estado que funciona, seguridad, 20.000 dólares de renta per capita y servicios básicos generales. Y, sobre todo, expectativas y posibilidades de futuro. Las suyas son sociedades de personas pobres y sin libertades, de ciudades destruidas, de instituciones desaparecidas, de cultura reprimida. Las suyas son sociedades sin futuro. Las suyas son sociedades rotas por la guerra y la intolerancia, en manos de unos pocos que si vistieran uniformes marrones y llevaran svásticas reconoceríamos perfectamente. 

Ante esto, ante este horror, los europeos, como los europeos de las grandes potencias en la década de los treinta no estamos haciendo nada. Nada. Discutimos en cumbres (en Viena, ¡qué ironía!), como viejos bizantinos que somos, sobre leyes de inmigración y cómo distinguir a los verdaderos refugiados de los falsos. Construimos campos de concentración donde tienen que esperar que nuestra burocracia funcione o se escapan. Hacemos preciosos discursos de grandes políticas. Pero no hacemos nada más porque esta gente no vota, por lo que no están en la agenda política de los partidos y los gobiernos, más allá del problema de mantenimiento de las fronteras. Nada hacemos, además, porque nadie les presta ahora su voz, ni los partidos de izquierda, ni las organizaciones religiosas, ni las ongs. Ensimismados en nuestras crisis, no vemos las crisis de nuestros vecinos. 

Y, sin embargo, es urgente que hagamos algo. Si no lo hacemos por los valores que decimos tener de caridad cristiana, solidaridad laica, mera humanidad o por el inquietante pensamiento de que cualquiera de ellos es otro yo, hagámoslo por interés, porque esta presión migratoria es insostenible, y porque es mejor, y ellos así lo quieren, que les ayudemos a crear sus propias sociedades con futuro antes que tener que emigrar. 

¿Cuántos más han de morir? ¿Es que no aprendimos nada de las políticas de apaciguamiento y de neutralidad de hace 70 años? En vísperas del aniversario del inicio de la II Guerra Mundial tendríamos que preguntarnos, ¿cuántos más han de morir? 

31 de agosto de 2015 

Eternos debates

España es una sociedad tan tradicional y conservadora que trasmitimos de generación en generación los mismos debates. En España los temas no se zanjan, se agotan durante un tiempo de puro aburrimiento y, al poco tiempo, volvemos a empezar como si fuera la primera vez que se tratan. El fondo no cambia, lo que cambia, a veces, son las formas. 

Las modernas disputas en torno a la Iglesia no son otra cosa que la vieja retórica clericalismo-anticlericalismo de los siglos XVIII y XIX que la sociedad española no ha sabido zanjar. Como el debate República-Monarquía no es un debate nuevo, sino que es el mismo que hubo ya a mediados del XIX, que llevó a la Primera República, volvió a principios del siglo XX, que nos embarcó en la Segunda, y vuelve, con inexorable puntualidad, ahora en el siglo XXI. O el debate territorial: la queja territorial española se arrastra desde hace más de cuatro siglos. Desde el momento en el que América fue un asunto de Castilla y los reinos de la corona de Aragón perdieron papel en el Mediterráneo. Ya en el siglo XVII hay memorial de agravios de aragoneses y catalanes por el tema de los nombramientos en la Corte, como hubo memorial de agravios impositivos en el siglo XVIII, como lo hubo en el siglo XIX por la cuestión de las leyes comerciales (por cierto, sacrificando la incipiente industria exportadora andaluza por la singularidad catalana). Este memorial de ahora, con enfado independentista incluido, es sólo el enésimo episodio de un asunto de siglos. Como es eterna la reforma de la administración local (en todas las crisis fiscales se ha planteado) o las reforma de la educación. O las cuestiones del agua que vuelven a aflorar entre Castilla-La Mancha y el Levante. Es curioso, pero sólo en dos casos importantes hemos zanjado los debates, se han resuelto los problemas y hemos dejado de preocuparnos por ellos: la cuestión del terrorismo etarra y el debate de la política exterior europea (aunque Aznar intentó reeditarlo). 

Quizás los debates se hacen eternos porque las posiciones se fijan desde la ideología y no desde la racionalidad de la situación (lo que es un síntoma de nuestra escasa cultura científica), porque no somos capaces de sentarnos a argumentar atendiendo las razones de los otros (lo que es un síntoma de nuestra escasa cultura filosófica) y, fundamentalmente, porque siempre buscamos las mismas soluciones (lo que es un síntoma de nuestra pereza mental), que empiezan siempre por una reforma de la Constitución. 

Sin negar que la Constitución de 1978 necesita algunas reformas, especialmente la organización territorial del Estado (Título VIII) y el papel del Senado o la igualdad en la sucesión a la Corona, creo que el enésimo debate sobre esta reforma se está planteando de una forma maximalista que no nos llevará a ningún sitio. No creo que sea ni oportuno ni conveniente un proceso constituyente como sugiere Podemos (¿o es que esta vieja Constitución de 1978 no nos ha dado un marco de convivencia democrática suficientemente amplio durante los últimos treinta años?), ni creo que sea necesario que haya que entrar en una redefinición de los derechos fundamentales del Título I, como sugieren algunos socialistas, porque con eso no resolvemos los problemas sociales ya que lo sustantivo es el ejercicio efectivo de los derechos y no su escritura en bronce (y si no que se lo pregunten a los venezolanos que tienen en su Constitución Bolivariana la mayor colección de derechos de todas las constituciones modernas), ni creo que haya que tocar el capítulo VIII para darle "encaje a Cataluña", sino porque, terminado el proceso de acceso a la autonomía, lo que se necesita es darle racionalidad y eficiencia al sistema autonómico. Hay que reformar la Constitución, y sería bueno hacerlo pronto, pero sin fiar en ello la solución a todos nuestros problemas, pues muchos de estos tienen otras causas y otras soluciones. 

17 de agosto de 2015 

Presupuestos electorales

El pasado viernes, mientras medio país iniciaba sus vacaciones, el Gobierno aprobó los Presupuestos Generales del Estado del 2016. Unos presupuestos que, este año, se van a tramitar muy temprano, de tal forma que para finales de noviembre estén ya aprobados, y estén a salvo de las nuevas mayorías que, previsiblemente, se van a configurar a partir de las elecciones generales de finales de año. 

Las razones para estas prisas por aprobar los presupuestos son varias. La primera es objetiva y es que es mejor para el funcionamiento de una economía el tener unos presupuestos aprobados que no prorrogar los del año anterior, máxime si en esos dos años ha habido una cambio significativo en la evolución económica. Las demás son de oportunidad: con estos presupuestos el Gobierno presenta su programa electoral para las elecciones generales, al tiempo que la mayoría absoluta del Partido Popular se prolonga durante el primer ejercicio del Gobierno que surja de las urnas, que puede estar o no liderado por Mariano Rajoy. 

Y si en la forma de tramitarlo está presente el calendario electoral, su contenido es un previsible ejercicio de electoralismo. El objetivo de estos presupuestos es intentar convencer a los españoles de que, gracias a la buena gestión del Gobierno, en esta legislatura se ha pasado de estar al borde del rescate a hacer unos presupuestos que permiten bajar los impuestos, aumentar el gasto social, subirles el sueldo a los funcionarios y, todo ello, cumpliendo con los compromisos adquiridos con nuestros socios europeos de una senda de equilibrio presupuestario que debiera concluir en el 2018. Más aún, se pretende convencer a los votantes del PP del 2011 y, especialmente, a sus votantes más fieles, que el programa electoral de aquel año, a pesar de los incumplimientos de los primeros momentos, se ha cumplido dentro de lo razonable en el conjunto de la legislatura. 

Coherente con este objetivo electoral, perfectamente legítimo, los presupuestos se basan en tres opciones típicas de política económica del Partido Popular: el objetivo de déficit público (en el -2,8% del PIB para el año que viene) es fijo e irrenunciable (lo que es loable); toda mejora en la recaudación debe ser trasladada a la economía en forma de bajada de impuestos; y, finalmente, toda mejora en el gasto corriente estructural debe ser destinada a otras partidas de gasto con mejores rendimientos electorales. 

Aplicando estos principios se explica que la mejora de la recaudación fiscal, ya de este año, en vez de ir a apuntalar el objetivo de déficit de este ejercicio aún por finalizar, se haya transformado en una ligera rebaja del IRPF que se consolidará el año que viene, lo que determina que la previsión de crecimiento de los ingresos para el año que viene sea solo del 0,8% sobre este año, a pesar de que la economía española crecerá en el entorno del 3%. Por otra parte, las mejoras previstas, y aún por ver, en las partidas de gastos por desempleo e intereses de la deuda se aplican a un ligero crecimiento del gasto social (sanidad, educación, etcétera) y a la mejora de las retribuciones de los funcionarios. 

Analizados con un cierto detalle, y a falta de muchas concreciones, los presupuestos para el año que viene son, en realidad y en sus fundamentos, una clara continuación de los de este año, con unos ligeros retoques que la maquinaria de comunicación del Gobierno se encargará de amplificar. 

Estos presupuestos son lo que cree el Partido Popular que necesita para poder justificar su legislatura y poder armar un discurso electoral de gestión que olvide algunos desastres de la gestión política y los incumplimientos electorales. Unos presupuestos que contienen un claro mensaje a la base electoral del Partido Popular, lo que indirectamente es también un mensaje para los demás. Lo que no estoy seguro es si con solo su base el Partido Popular ganará las próximas elecciones, lo que haría estos presupuestos unos presupuestos fallidos. 

3 de agosto de 2015 

10 ideas de alemán para los griegos

Grecia lleva viviendo por encima de sus posibilidades, gracias a la generosidad europea, financiada por Alemania, más de 30 años. Desde su incorporación a la Unión, Grecia ha sido el país que más dinero per capita ha recibido de fondos europeos. Se ha beneficiado, además, de unos tipos de interés y condiciones de financiación que nunca había tenido. Su deuda, generada por un exceso de gasto público, se destinó no solo a infraestructuras (algunas infladas como las infraestructuras olímpicas y otras improductivas), sino a gasto corriente en pensiones, sanidad o transporte que, en época de crisis, es insostenible. 

A pesar de todo, Grecia, gracias a los rescates, sigue gastando más de lo que produce. 

La economía griega no funciona porque tiene una estructura sectorial de bajo nivel de productividad, nunca ha tenido industria y tiene un peso excesivo del sector público. El exceso de regulación, generado por el nacionalismo y la demagogia, la han hecho una economía rígida y poco atractiva para la inversión extrajera y la innovación. 

La economía griega es una economía atrasada, en términos europeos, que necesita profundas reformas. La economía griega es una economía muy politizada. La opinión pública griega cree, erróneamente, que la mera voluntad política genera renta. La voluntad política puede expandir el gasto público, pero no hacer crecer la producción, que es la base de los impuestos. La voluntad política puede generar expectativas, pero no que se conviertan en inversiones productivas. 

El euro es el marco alemán con otro nombre. El marco alemán es el núcleo del euro porque los alemanes habían invertido 50 años en hacer una moneda fuerte y creíble. Fuimos los demás, empezando por Francia y terminando por Grecia, los que quisimos que los alemanes compartieran su moneda, y aceptamos que se gobernara desde Frankfurt y con reglas alemanas que son las contenidas en el Tratado de Maastricht. 

Para acceder al euro, mantenerlo y beneficiarnos de él (con estabilidad de precios y bajos tipos de interés), los europeos nos dimos unas reglas claras que están en tratados ratificados por países democráticos. Vulnerar los tratados mintiendo en las estadísticas es el pecado original de los griegos, como no tomar decisiones sobre la realidad económica, sino sobre presupuestos ideológicos y políticos, es la enfermedad griega. 

En una negociación, dos negociadores no son iguales si uno le debe al otro más de una vez su renta, si la negociación es, para uno de ellos, a vida o muerte, y si uno de ellos es quince veces más pequeño. Alemania ha financiado a Grecia en más de 100.000 millones de euros en los dos rescates anteriores, no necesita a Grecia porque es menos del 4% de su saldo exterior y puede vivir sin ella políticamente. 

Cualquier paralelismo de la situación actual con la del final de cualquiera de las guerras mundiales carece de sentido. Ni las rentas per capitas actuales son las de 1918 o 1945, ni Grecia está devastada, ni su deuda es una venganza. Insultar a Alemania es la peor forma de negociar con ellos. 

Votar es la forma suprema de formular la voluntad popular, pero los griegos debieran haber pensado que al votar sobre el tercer rescate no estaban votando sobre su dinero, sino sobre el dinero de otros, que también son demócratas. 

Tsipras ha sido soberbio. Si en vez de apelar al nacionalismo griego, hubiera apelado al europeísmo de los socios; si en vez de desafiar a Alemania, la hubiera convencido; si en vez de dar lecciones de política y democracia, hubiera aceptado alguna de economía y diplomacia; si en vez de coquetear con Rusia, hubiera enamorado al Mediterráneo (Italia, Francia...), posiblemente no hubiera deteriorado la economía griega y las relaciones con los socios como lo ha hecho. 

Europa ha dejado de ser un invento francés para dominar Europa continental que pagaba Alemania, para ser una estructura económica que domina Alemania, sencillamente, porque la lleva pagando demasiado tiempo. 

20 de julio de 2015 

Tres mensajes en griego

Al romper las negociaciones sobre su deuda y convocar un referéndum para el próximo día 5 de julio, el Gobierno griego está lanzando varios mensajes importantes. 

El primer mensaje que se deduce de la ruptura de negociaciones, y del tono con el que se califican las propuestas europeas, es que Tsipras sigue siendo un primer ministro que basa su liderazgo en la agitación, no en su capacidad de gobierno. No ha sido capaz de explicar a su pueblo ni la crítica situación en la que se encuentra su economía, ni la pragmática oferta que están haciendo los socios europeos. Tsipras tiene dificultades de control de su partido (pues es del ala más radical), de su gobierno (pues depende del apoyo de los ultranacionalistas de derecha) y es rehén de sus demagógicas promesas electorales. 

El segundo mensaje que lanza el Gobierno griego es que no han creído nunca en las negociaciones porque su objetivo era la condonación de su deuda antigua y un plan de subvenciones. La decisión de Tsipras de consultar al pueblo griego puede parecer, desde un punto de vista político, impecablemente democrática, pero no es otra cosa que una coartada para romper la negociación. Si Tsipras hubiera creído en la negociación y hubiera querido legitimarse democráticamente, lo que tendría que haber hecho no es hacer la consulta antes del acuerdo, sino haber consultado el acuerdo en sí mismo, explicándolo al pueblo griego y presentando su dimisión si hubiera perdido el referéndum. Al convocar la consulta sólo está revistiendo con un discurso de democracia directa su voluntad de ruptura, pues, por la misma lógica democrática, tendría que haber solicitado que los gobiernos acreedores sometieran a referéndum las condiciones de los dos rescates de Grecia anteriores y las condiciones del nuevo. Si no lo pide es porque sabe que, si se sometieran a referéndum en Alemania, Francia, Holanda o la misma España las condiciones del rescate griego, la opinión pública hubiera sido probablemente negativa, con lo que hubiéramos llegado a un inmenso callejón sin salida. Con su decisión, Tsipras ha manifestado que no quería llegar a acuerdo, que sólo quería ganar tiempo hasta llegar al precipicio. 

El tercer mensaje que está lanzando Tsipras es que no están dispuestos a hacer los sacrificios que han de hacer para salir de su crisis, es decir, que quieren volver a la situación anterior a la crisis en la que hicieron crecer exponencialmente su deuda pública, gastando mucho más de lo que recaudaban, financiándose internacionalmente con apoyo europeo. Parece que Tsipras y los griegos consideran que Europa ha de ayudarles por el mero hecho de ser griegos y que una economía se gobierna por la mera voluntad política, sin tener en cuenta básicos principios económicos. Me temo que ignorando la lógica económica lo único que van a conseguir es forzar la reestructuración de su deuda (uno de sus objetivos básicos), pero a costa de no recibir ayudas y perder completamente la credibilidad internacional. En términos financieros es mucho peor esta situación porque lo que los acreedores pierdan por la condonación del principal, lo van a ganar en forma de intereses de la deuda restante, con el coste añadido de que este coste financiero lo será también para el sector privado, y la vuelta al crecimiento muy lejana. Los griegos no pagarán parte de su deuda, pero tendrán muchas dificultades para poder pagar lo que les reste y lo que necesitan a corto plazo. Y eso considerando que no salgan del euro que es un escenario mucho más grave. 

Parece que el Gobierno griego ha pensado que las negociaciones en Europa eran un típico juego del "gallina", un juego muy peligroso que consiste en ver quién es el que más aguanta jugándose la vida. Y se equivocan, porque lo que se juega el conjunto de Europa con Grecia es relativamente poco, mientras que Grecia se lo juega todo. Lo malo es que no lo quieren ver. 

29 de junio de 2015