Elecciones norteamericanas

Si hay unas elecciones que marcan la política mundial son las elecciones norteamericanas. Máxime si, como ocurre con las del año que viene, son elecciones en las que tiene que haber necesariamente un cambio en la Casa Blanca. 

La campaña electoral norteamericana empieza realmente con la nominación de los candidatos de los dos principales partidos, el demócrata y el republicano. Sin embargo, desde mucho antes, la política norteamericana es un hervidero electoral. El ciclo electoral norteamericano se inicia con una larga precampaña que culmina con la celebración de primarias (en distintos sistemas según los Estados), para luego pasar a la campaña electoral propiamente dicha. Y es que, aunque ahora nos parezca una novedad en España, fueron los norteamericanos los que inventaron el sistema de primarias, básicamente como una forma de aglutinar los liderazgos de los candidatos dentro de su propio partido, y darlos a conocer a la dispersa e inmensa opinión pública que son los Estados Unidos. 

En el lado demócrata, la campaña de las primarias está dominada por una figura política de primera magnitud como es la señora Clinton. Ya hizo un primer intento en las elecciones de hace ocho años frente a Obama y, tras desempeñar el cargo de Secretaria de Estado en el primer mandato Obama, pasó a una situación de menos desgaste en la política nacional norteamericana. El anuncio, la semana pasada, del vicepresidente Biden de que no va a luchar por la nominación demócrata parece allanar el camino la señora Clinton como candidata del Partido Demócrata. Máxime cuando, también la semana pasada, salió políticamente indemne de la agotadora sesión de investigación en el Congreso sobre algunas de sus actuaciones como Secretaria de Estado. Si Hillary Clinton fuera la candidata demócrata, sería la primera vez que los norteamericanos tienen la posibilidad real de escoger una mujer como presidenta, al tiempo que sería la primera vez que el candidato ha sido pareja de un presidente anterior. En la política americana son clásicas las sagas familiares (las "dinastías presidenciales") como los Monroe, los Rooselvert, los Kennedy o los Bush. La señora Clinton será, salvo sorpresa, la candidata demócrata porque, además de ser mujer, lleva preparándose para ello casi dos décadas, tiene experiencia de gobierno, cuenta con el apoyo de los principales medios de comunicación "liberales", tiene un inmenso presupuesto y, su marido, el expresidente Clinton, es hombre de peso en el Partido Demócrata. 

El lado republicano tiene el panorama menos claro. En la actualidad, la gran atracción, especialmente por sus radicales propuestas, es el multimillonario Donald Trump. A pesar de las absurdas maneras de enemistarse con la minoría hispana (decisiva, por ejemplo, en la crucial elección del año 2000 que ganó George Bush hijo), y de sus populistas propuestas sobre impuestos, gasto público o política exterior (o precisamente por eso) es, de momento, el líder en las encuestas. Sin embargo, su estrella empieza a enfriarse a medida que suben otros políticos republicanos con más experiencia, mejor currículum y propuestas más moderadas. Hay dos que proceden de Florida, el senador Marco Rubio y el gobernador Jeff Bush, ambos haciendo una buena precampaña, experiencia política diferente, y cuentan, además, con el apoyo de una parte importante de las grandes empresas y de los medios conservadores. Por otro lado, desde California, se empieza a postular la exejecutiva Carly Fiorina, y en la costa Este se habla del congresista Boehmer. Aún es pronto para ver qué deparan las primarias republicanas, pero es probable que, a pesar de su dinero, Trump no llegue ser el candidato republicano, lo que no significa que algunas de sus más radicales propuestas no vayan a ir en el programa republicano. 

En España, las elecciones las dirimiremos en un par de meses y de ellas dependen una parte importante de nuestro bienestar. Para las norteamericanas aún queda un año, y de ellas depende el bienestar no solo de los norteamericanos, sino una parte del bienestar del resto del mundo. Estemos atentos a ellas. 

26 de octubre de 2015 

Elecciones en diciembre

Las elecciones generales se acercan y empezamos a hacer conjeturas sobre su resultado. Los partidos políticos ya han hecho sus estudios para fijar la estrategia electoral, y pronto se publicarán encuestas. Todavía es temprano para afinar, porque queda toda la campaña electoral y no se conocen todos los candidatos, pero me voy a atrever a describir el panorama que vislumbro. 

En mi opinión, el PP será el partido más votado en las elecciones del 20-D, pero estará lejos de los 10,8 millones (44,2% de los votos) del 2011 y de la mayoría absoluta de 185 diputados. No solo perderá votos por el normal desgaste del Gobierno, sino porque ha tenido incumplimientos de programa, comunica mal y ha mirado hacia otro lado con la corrupción. No ganará votos con ese mensaje trasnochado "nosotros o el caos" frente a los "radicales" del PSOE, ni con el del "voto útil" frente a Ciudadanos. Y puede perder más por esa ausencia de proyecto y de entusiasmo que es intrínseco del liderazgo de Rajoy. Puede, incluso, hundirse si radicaliza sus propuestas (como sugiere Aznar) o si llenan las listas de gente con sombras de corrupción. 

Es decir, en las próximas elecciones, y en mi opinión, el PP perderá alrededor de 2,5-3,5 millones de votos (un 20-28% menos de los que tuvo en el 2011), lo que, por el sistema D'Hont, le puede llevar a perder alrededor de 35-45 escaños y la mayoría absoluta. 2,5-3,5 millones de votos que irán, seguramente, a la abstención y, en las provincias más pobladas, a Ciudadanos. 

El PSOE no aprovechará la caída del PP. Será, en mi opinión, segunda y recuperará votos respecto del 2011 (7-7,5 millones de votos), pero no los que perdió entonces, ni los que pierda el PP. Su campaña electoral será, posiblemente, estilo ZP, es decir, ligera e insustancial. El PSOE perdió el discurso territorial hace mucho tiempo (lo que le hace no tener apoyos en Madrid, ni en las Castillas, ni en Murcia), no tiene un discurso social potente y sigue sin proyecto de país y de economía. También tiene el estigma de la corrupción de los EREs y no tiene un liderazgo fuerte, pues Pedro Sánchez no controla su partido. 

Ciudadanos será, en mi opinión, la estrella de las generales. Sobre la base del millón de votos de UPyD, se puede llevar otro millón del PP en Andalucía, Madrid y Valencia y otro medio millón o más en Cataluña. Siendo tercera fuerza en Andalucía, en Cataluña, segunda o tercera en Madrid y primera o segunda en Valencia, Ciudadanos podría alcanzar 2,5-3,5 millones de votos que, por el sistema electoral, no se traduciría en muchos escaños, pero que la convertirá en el partido bisagra de la próxima legislatura. Su campaña está siendo inteligente, a pesar de la debilidad de su escasa estructura organizativa y el desconocimiento de sus candidatos. Su ventaja: un discurso centrado, un líder con ideas claras y un partido casi sin pasado. 

Podemos será, salvo que logre un acuerdo con IU, un proyecto fallido. Ya nadie se cree eso de la "transversalidad" (Podemos es un partido a la izquierda del PSOE), como nadie se cree su "nueva forma de hacer política", como se han equivocado en su discurso de "cambio radical" del sistema y de la política, etcétera pues esto ya solo cala en los que estaban previamente convencidos. Incluso han perdido su hilo argumental en los temas territoriales y no le ayuda a centrar su mensaje las ocurrencias simbólicas de sus alcaldes. En mi opinión, la pelea de Iglesias y Garzón no solo le restará votos a ambos, sino que les penalizará en el número de escaños. 

Por lo demás, asistiremos a la descomposición de CiU porque una parte importante de su millón de votos irá a Esquerra Republicana y otra a Ciudadanos. 

Esto es lo que ahora vislumbro en la niebla electoral de estos días. Veremos si esto es lo que se conforma en la realidad. 

12 de octubre de 2015 

Singularidad catalana

Reconozco que a veces no entiendo a los políticos, quizás por torpeza mía, ni algunos de los conceptos que hacen circular y que repiten hasta que se convierten en tópicos. Y uno de ellos es un concepto que está proponiendo el PSOE como solución al problema de Cataluña: el concepto de la "singularidad catalana". 

Este concepto se deriva de la doctrina oficial del PSOE respecto del tema territorial. En el documento Un nuevo pacto territorial: la España de todos (Declaración de Granada de 6 de julio de 2013), se escribe textualmente (página 7): "Necesitamos reformar la Constitución para incorporar los hechos diferenciales y las singularidades políticas, institucionales, territoriales y lingüísticas que son expresión de nuestra diversidad". Lo que, aplicado a Cataluña, supondría reformar la Constitución para reconocer la "singularidad" catalana. 

Pero, ¿eso qué significa? Realmente no sé el sentido político de la palabra, pues para mí, el concepto de singularidad solo tiene significado como concepto científico o tecnológico. Desde un punto de vista científico, "singularidad" es un concepto físico que se refiere a un momento temporal (por ejemplo, el Big-Bang) a partir del cual las leyes de la física serían otras. En el ámbito tecnológico, una singularidad es un momento histórico en el que una tecnología cambia completamente el curso de la historia (por ejemplo, la escritura, la imprenta o internet). Una singularidad es, pues, un punto en el tiempo. Pero no es esto lo que creo que quiere decir el PSOE. 

El Diccionario de la Real Academia nos dice, en la segunda acepción de la palabra, que "singularidad" es la "distinción o separación de lo común". O sea, que en castellano al menos (no sé en catalán) reconocer la "singularidad" de Cataluña sería hacer con esa comunidad autónoma una "distinción o separación" del resto. "Separación" que adjetivada, como lo hace el párrafo de la Declaración de Granada, con los calificativos de "política, institucional, territorial y lingüística" nos estaría diciendo que la Constitución debería reconocer que Cataluña es un sujeto político, institucional, territorial y lingüístico diferente del resto de España. De esto se deduce, en mi opinión, que con este cambio constitucional estaríamos aceptando la independencia de Cataluña, pues cada parte reconocería a la otra diferentes reglas políticas e institucionales, por lo que ya solo faltaría el reconocimiento internacional para que fueran dos Estados independientes. Es decir, reconocer la "singularidad de Cataluña" en la Constitución sería equivalente a reconocer implícitamente la separación de Cataluña, por lo que solo faltaría ponerle fecha a la independencia. 

Pero mis razones para no estar de acuerdo con ese reconocimiento de los "hechos diferenciales" y las "singularidades" es más profundo. Es que creo que es algo intrínsecamente antidemocrático porque es contrario al ideal ilustrado de la igualdad. Uno de los pilares de la democracia liberal es que, a efectos políticos, todos los ciudadanos somos iguales, sin que sea democrático hacer ninguna distinción política o institucional por razones de género, raza, religión, ideología, lengua, origen, lugar de residencia, etcétera. Son los individuos los sujetos de los derechos y no las colectividades con los que ellos que se puedan identificar y, por lo mismo, diferenciar, del resto. Según el principio de los "hechos diferenciales y singularidades", tendríamos que aceptar constitucionalmente leyes (¿electorales?) e instituciones (¿juzgados? ¿escuelas?) diferentes para personas que vivan en distintos territorios o que hablen otra lengua. ¿Por qué no, entonces, aceptar diferencias de raza, por ejemplo, la de los gitanos, o de religión, por ejemplo, los musulmanes? Llevado al extremo, la aceptación constitucional de "hechos diferenciales" y "singularidades" nos llevaría a un régimen parecido al apartheid sudafricano o a una democracia "a la israelí". Para mí, derivar diferencias políticas e institucionales entre la ciudadanía o parte de ella es aceptar una desigualdad que no concuerda con mis ideales democráticos. Quizás por eso no puedo ser nacionalista, porque todo nacionalismo lleva el virus de un totalitarismo. Lo siento, pero cada vez entiendo menos al PSOE y a Pedro Sánchez. 

6 de octubre de 2015 

La crisis china

En los últimos meses hemos empezado a tener noticias alarmantes de la economía china. Noticias que han afectado a las economías occidentales, especialmente a los mercados financieros y a los de materias primas, y, a través de ellos a las principales economías desarrolladas y las de los países emergentes exportadores de materias primas (Latinoamérica y Africa). China, la segunda economía del planeta, tiene problemas y está generando turbulencias en la economía mundial. 

Los síntomas más evidentes de estos problemas son básicamente tres: la ralentización de su tasa de crecimiento desde el 8% previsto hasta el entorno del 6%, la caída de las Bolsas chinas en casi un 40% en menos de tres meses, y las reacciones, precipitadas, de las autoridades chinas cambiando las reglas de intervención en los mercados financieros (prohibiendo las posiciones a corto, autorizando a los fondos de pensiones a comprar acciones y obligando a las empresas a ampliar sus autocarteras) y devaluando el yuan en un 5% en una semana. 

Los problemas de la economía china son, sin embargo, más profundos y han venido estando ocultos tras su tamaño y sus cifras de crecimiento. Y es que China se enfrenta, en mi opinióna a tres desafíos que tendrán efectos mundiales. 

El primer desafío es de origen político, pues el sistema chino ha de resolver tres problemas políticos de primera magnitud: la contradicción que se plantea entre un sistema totalitario (y formalmente comunista) con la emergencia de una clase media, cada vez más potente e informada, que demanda derechos, y hemos tenido una muestra de ello en la "protesta de los paraguas" de Hong-Kong de este pasado año; en segundo lugar, las tensiones territoriales debidas a las diferencias de desarrollo entre la costa y la China interior (con implicaciones, además, étnicas e identitarias); y, por último, la gigantesca corrupción asociada al sistema que genera un profundo malestar en la población. Para enfrentar estos problemas y conseguir legitimarse, el sistema chino ha empezado a construir un incipiente estado del bienestar (especialmente en campo sanitario), lo que le llevará a un crecimiento de su gasto público y una reforma fiscal, porque tiene un déficit público (1,5% del PIB) y una deuda (en un 40% del PIB) aún contenidos. 

El segundo desafío de la economía china es de origen social, pues el modelo de crecimiento chino basado en bajos salarios, fomento del capitalismo ligado al poder y control de los mercados ha generado una muy desigual distribución de la renta y profundos desequilibrios territoriales. Es cierto que el crecimiento chino ha sacado a casi 250 millones de chinos de la pobreza extrema, pero eso solo significa que, en este momento, son impensables hambrunas como las de los cincuenta, en las que murieron más de un millón de personas. Pero no es menos cierto que aún viven en China más de 150 millones personas pobres, especialmente en las zonas rurales y en los cinturones de las zonas industriales. 

El tercer grupo de desafíos son estrictamente económicos. La economía china tiene, por ese irracional juego de las expectativas adaptativas, según el cual el futuro es la proyección directa del pasado inmediato, y por el comportamiento de rebaño de los agentes que actúan en los mercados, varias burbujas económicas: una burbuja inmobiliaria en las zonas de fuerte crecimiento, que aún no se ha desinflado; una burbuja financiera, auspiciada por su propio gobierno, que está siendo controlada con dificultad e impropias intervenciones; y una burbuja industrial, pues su modelo de crecimiento no es equilibrado. Por otra parte, el modelo de crecimiento chino es medioambientalmente insostenible lo que añade presión económica, social y política a los desafíos que enfrenta como sociedad. 

China es una de las locomotoras de la economía mundial y, de la misma forma que el crecimiento mundial de los últimos años ha tenido factura china, es probable que una parte importante de las turbulencias de los próximos años vengan de allí. Es lo que tiene crecer con desequilibrios. 

14 de septiembre de 2015 

¿Cuántos más han de morir?

¿Cuántos más han de morir? ¿Cuántos y de qué forma horrible (ahogados, hambrientos o asfixiados en un camión) han de morir? ¿Es que han de ser niños o mujeres, ancianos o impedidos para que nos pesen más? ¿Cuántos muertos hay que contabilizar para que los europeos nos demos cuenta de que el problema migratorio es un problema también nuestro, que no se soluciona ni con alambre de espino, ni con reuniones eternas? ¿Cuántos muertos hay que llevar a las estadísticas para que tomemos en serio al menos los problemas del África Subsahariana, Libia, Palestina, Siria, Irak, Somalia, Yemen, Afganistán o Pakistán? ¿Es que hemos de esperar a que terminen de estallar de nuevo el Líbano o Argelia, o que Túnez, Marruecos o Egipto se desestabilicen? ¿Cuántas sociedades han de desaparecer para que nos sintamos interpelados? 

Mientras escribo estas líneas hay miles de personas en movimiento hacia Europa. En el instante el que se están leyendo estas líneas, algunas de esas personas han llegado a las fronteras o se han subido a un barco-patera o están en el ferrocarril de Hungría. Algunos han muerto en el mar sin que nadie sepa nada, otros están al punto de la asfixia en un camión, otros están por los campos. Muchos van solos, otros llevan a sus hijos pequeños o a sus mayores. Todos llevan lo justo, algo de dinero, un móvil, mucho miedo y un sólo objetivo. Huyen de la violencia, de la guerra, del hambre, de la destrucción, de las formas impuestas de vida. Como haríamos cualquiera de nosotros en su situación. 

Pero todo esto lo sabemos, lo vemos en televisión, lo leemos en los periódicos. Y los europeos miramos para otro lado, como si no fuera nuestro problema. Nosotros andamos con la "crisis", con nuestras "crisis" y no nos damos cuenta de la inmensa "crisis" que están viviendo esas sociedades. Nuestras crisis son de tasas de crecimiento y paro, pero tenemos un Estado que funciona, seguridad, 20.000 dólares de renta per capita y servicios básicos generales. Y, sobre todo, expectativas y posibilidades de futuro. Las suyas son sociedades de personas pobres y sin libertades, de ciudades destruidas, de instituciones desaparecidas, de cultura reprimida. Las suyas son sociedades sin futuro. Las suyas son sociedades rotas por la guerra y la intolerancia, en manos de unos pocos que si vistieran uniformes marrones y llevaran svásticas reconoceríamos perfectamente. 

Ante esto, ante este horror, los europeos, como los europeos de las grandes potencias en la década de los treinta no estamos haciendo nada. Nada. Discutimos en cumbres (en Viena, ¡qué ironía!), como viejos bizantinos que somos, sobre leyes de inmigración y cómo distinguir a los verdaderos refugiados de los falsos. Construimos campos de concentración donde tienen que esperar que nuestra burocracia funcione o se escapan. Hacemos preciosos discursos de grandes políticas. Pero no hacemos nada más porque esta gente no vota, por lo que no están en la agenda política de los partidos y los gobiernos, más allá del problema de mantenimiento de las fronteras. Nada hacemos, además, porque nadie les presta ahora su voz, ni los partidos de izquierda, ni las organizaciones religiosas, ni las ongs. Ensimismados en nuestras crisis, no vemos las crisis de nuestros vecinos. 

Y, sin embargo, es urgente que hagamos algo. Si no lo hacemos por los valores que decimos tener de caridad cristiana, solidaridad laica, mera humanidad o por el inquietante pensamiento de que cualquiera de ellos es otro yo, hagámoslo por interés, porque esta presión migratoria es insostenible, y porque es mejor, y ellos así lo quieren, que les ayudemos a crear sus propias sociedades con futuro antes que tener que emigrar. 

¿Cuántos más han de morir? ¿Es que no aprendimos nada de las políticas de apaciguamiento y de neutralidad de hace 70 años? En vísperas del aniversario del inicio de la II Guerra Mundial tendríamos que preguntarnos, ¿cuántos más han de morir? 

31 de agosto de 2015 

Eternos debates

España es una sociedad tan tradicional y conservadora que trasmitimos de generación en generación los mismos debates. En España los temas no se zanjan, se agotan durante un tiempo de puro aburrimiento y, al poco tiempo, volvemos a empezar como si fuera la primera vez que se tratan. El fondo no cambia, lo que cambia, a veces, son las formas. 

Las modernas disputas en torno a la Iglesia no son otra cosa que la vieja retórica clericalismo-anticlericalismo de los siglos XVIII y XIX que la sociedad española no ha sabido zanjar. Como el debate República-Monarquía no es un debate nuevo, sino que es el mismo que hubo ya a mediados del XIX, que llevó a la Primera República, volvió a principios del siglo XX, que nos embarcó en la Segunda, y vuelve, con inexorable puntualidad, ahora en el siglo XXI. O el debate territorial: la queja territorial española se arrastra desde hace más de cuatro siglos. Desde el momento en el que América fue un asunto de Castilla y los reinos de la corona de Aragón perdieron papel en el Mediterráneo. Ya en el siglo XVII hay memorial de agravios de aragoneses y catalanes por el tema de los nombramientos en la Corte, como hubo memorial de agravios impositivos en el siglo XVIII, como lo hubo en el siglo XIX por la cuestión de las leyes comerciales (por cierto, sacrificando la incipiente industria exportadora andaluza por la singularidad catalana). Este memorial de ahora, con enfado independentista incluido, es sólo el enésimo episodio de un asunto de siglos. Como es eterna la reforma de la administración local (en todas las crisis fiscales se ha planteado) o las reforma de la educación. O las cuestiones del agua que vuelven a aflorar entre Castilla-La Mancha y el Levante. Es curioso, pero sólo en dos casos importantes hemos zanjado los debates, se han resuelto los problemas y hemos dejado de preocuparnos por ellos: la cuestión del terrorismo etarra y el debate de la política exterior europea (aunque Aznar intentó reeditarlo). 

Quizás los debates se hacen eternos porque las posiciones se fijan desde la ideología y no desde la racionalidad de la situación (lo que es un síntoma de nuestra escasa cultura científica), porque no somos capaces de sentarnos a argumentar atendiendo las razones de los otros (lo que es un síntoma de nuestra escasa cultura filosófica) y, fundamentalmente, porque siempre buscamos las mismas soluciones (lo que es un síntoma de nuestra pereza mental), que empiezan siempre por una reforma de la Constitución. 

Sin negar que la Constitución de 1978 necesita algunas reformas, especialmente la organización territorial del Estado (Título VIII) y el papel del Senado o la igualdad en la sucesión a la Corona, creo que el enésimo debate sobre esta reforma se está planteando de una forma maximalista que no nos llevará a ningún sitio. No creo que sea ni oportuno ni conveniente un proceso constituyente como sugiere Podemos (¿o es que esta vieja Constitución de 1978 no nos ha dado un marco de convivencia democrática suficientemente amplio durante los últimos treinta años?), ni creo que sea necesario que haya que entrar en una redefinición de los derechos fundamentales del Título I, como sugieren algunos socialistas, porque con eso no resolvemos los problemas sociales ya que lo sustantivo es el ejercicio efectivo de los derechos y no su escritura en bronce (y si no que se lo pregunten a los venezolanos que tienen en su Constitución Bolivariana la mayor colección de derechos de todas las constituciones modernas), ni creo que haya que tocar el capítulo VIII para darle "encaje a Cataluña", sino porque, terminado el proceso de acceso a la autonomía, lo que se necesita es darle racionalidad y eficiencia al sistema autonómico. Hay que reformar la Constitución, y sería bueno hacerlo pronto, pero sin fiar en ello la solución a todos nuestros problemas, pues muchos de estos tienen otras causas y otras soluciones. 

17 de agosto de 2015 

Presupuestos electorales

El pasado viernes, mientras medio país iniciaba sus vacaciones, el Gobierno aprobó los Presupuestos Generales del Estado del 2016. Unos presupuestos que, este año, se van a tramitar muy temprano, de tal forma que para finales de noviembre estén ya aprobados, y estén a salvo de las nuevas mayorías que, previsiblemente, se van a configurar a partir de las elecciones generales de finales de año. 

Las razones para estas prisas por aprobar los presupuestos son varias. La primera es objetiva y es que es mejor para el funcionamiento de una economía el tener unos presupuestos aprobados que no prorrogar los del año anterior, máxime si en esos dos años ha habido una cambio significativo en la evolución económica. Las demás son de oportunidad: con estos presupuestos el Gobierno presenta su programa electoral para las elecciones generales, al tiempo que la mayoría absoluta del Partido Popular se prolonga durante el primer ejercicio del Gobierno que surja de las urnas, que puede estar o no liderado por Mariano Rajoy. 

Y si en la forma de tramitarlo está presente el calendario electoral, su contenido es un previsible ejercicio de electoralismo. El objetivo de estos presupuestos es intentar convencer a los españoles de que, gracias a la buena gestión del Gobierno, en esta legislatura se ha pasado de estar al borde del rescate a hacer unos presupuestos que permiten bajar los impuestos, aumentar el gasto social, subirles el sueldo a los funcionarios y, todo ello, cumpliendo con los compromisos adquiridos con nuestros socios europeos de una senda de equilibrio presupuestario que debiera concluir en el 2018. Más aún, se pretende convencer a los votantes del PP del 2011 y, especialmente, a sus votantes más fieles, que el programa electoral de aquel año, a pesar de los incumplimientos de los primeros momentos, se ha cumplido dentro de lo razonable en el conjunto de la legislatura. 

Coherente con este objetivo electoral, perfectamente legítimo, los presupuestos se basan en tres opciones típicas de política económica del Partido Popular: el objetivo de déficit público (en el -2,8% del PIB para el año que viene) es fijo e irrenunciable (lo que es loable); toda mejora en la recaudación debe ser trasladada a la economía en forma de bajada de impuestos; y, finalmente, toda mejora en el gasto corriente estructural debe ser destinada a otras partidas de gasto con mejores rendimientos electorales. 

Aplicando estos principios se explica que la mejora de la recaudación fiscal, ya de este año, en vez de ir a apuntalar el objetivo de déficit de este ejercicio aún por finalizar, se haya transformado en una ligera rebaja del IRPF que se consolidará el año que viene, lo que determina que la previsión de crecimiento de los ingresos para el año que viene sea solo del 0,8% sobre este año, a pesar de que la economía española crecerá en el entorno del 3%. Por otra parte, las mejoras previstas, y aún por ver, en las partidas de gastos por desempleo e intereses de la deuda se aplican a un ligero crecimiento del gasto social (sanidad, educación, etcétera) y a la mejora de las retribuciones de los funcionarios. 

Analizados con un cierto detalle, y a falta de muchas concreciones, los presupuestos para el año que viene son, en realidad y en sus fundamentos, una clara continuación de los de este año, con unos ligeros retoques que la maquinaria de comunicación del Gobierno se encargará de amplificar. 

Estos presupuestos son lo que cree el Partido Popular que necesita para poder justificar su legislatura y poder armar un discurso electoral de gestión que olvide algunos desastres de la gestión política y los incumplimientos electorales. Unos presupuestos que contienen un claro mensaje a la base electoral del Partido Popular, lo que indirectamente es también un mensaje para los demás. Lo que no estoy seguro es si con solo su base el Partido Popular ganará las próximas elecciones, lo que haría estos presupuestos unos presupuestos fallidos. 

3 de agosto de 2015