Problemas educativos

Ahora que termina el curso, que hace ya meses del famoso informe PISA sobre la educación (en el que no salen nada de bien parados los adolescentes españoles) y que la universidad española está soliviantada por la adaptación al Espacio Universitario Europeo, es un buen momento para preguntarnos qué estamos haciendo con la educación en España. Porque algo pasa en nuestro sistema educativo. Y mucho me temo que lo que pasa es que en esto de la educación, de todos los niveles, hemos cometido todos, padres, profesores y políticos de todos los partidos, algunos errores de bulto en los últimos veinte años. En primer lugar, no hemos establecido un marco legal educativo estable, sino que hemos hecho de los fundamentos de la educación un campo de batalla político. Por eso tenemos una legislación educativa en reforma permanente en casi todos los niveles, que se ha ido, además, enmarañando con legislación autonómica. Hemos sido torpes con la educación porque no hemos tenido una política de Estado educativa. La educación española, en todos los niveles, no tiene, así, ni fundamentos, ni objetivos, ni planificación. 

El segundo error ha sido la cesión, sin coordinación, de las competencias educativas a las Comunidades Autónomas. Porque hemos usado las escuelas para el adoctrinamiento político y la construcción nacional de tal forma que sorprenden leer algunos contenidos autonómicos de geografía, lengua o ciencias sociales. Tan natural parece esta orientación de la educación que, en una entrevista, Maragall soltó que soñaba con que los niños de las escuelas catalanas recitaran el Estatut, pero no dijo que soñara con una buena escuela. La educación española, en todos los niveles, es localista, cateta, cerrada. 

Un tercer error es que hemos olvidado que el aprendizaje, esencia de la educación, ha de ser exigente. Todos estamos olvidando el valor del propio esfuerzo y la responsabilidad de educarnos y educar. En el sistema educativo español la calidad es un mito retórico, pero nadie exige una educación de calidad. Y es que hay muchos pactos tácitos entre los distintos agentes para cargar la responsabilidad en el otro: los alumnos no estudian, según ellos, porque los profesores no los motivan; los profesores no están motivados, según ellos, porque la sociedad, padres y alumnos, no valoran su trabajo; los padres delegan la educación en los profesores porque, según ellos, para eso les pagan; los gestores no pueden hacer más, según ellos, porque no tienen recursos suficientes; y, los políticos ven frustradas sus reformas porque, según ellos, los profesores se resisten. O sea, que hay un juego a varias bandas en el que nadie asume la responsabilidad de exigir que se hagan las cosas bien. La educación española es, en todos sus niveles, de baja calidad, porque no exigimos, ni asumimos, responsabilidades. 

Un cuarto error ha sido el diseño curricular y la coherencia entre los contenidos y los métodos. Y es que hemos sumado contenidos en las enseñanzas básicas, sin sustituir ninguno y, además, manteniendo los viejos métodos pedagógicos. Y, encima, hemos empezado con nuevos métodos para contenidos en los que no son adecuados. Seguimos memorizando cosas absurdas, pero ponemos ordenadores para enseñar a sumar. Los niños no hablan inglés (y mal escriben castellano), pero metemos un segundo idioma extranjero. O pretendemos tener colegios bilingües como si lo mejor para aprender inglés fuera dar clases de matemáticas. La educación española no tiene ni coherencia de contenidos, ni lógica de métodos pedagógicos. La educación española es incompleta e incoherente porque no aplicamos los estudios que los pedagogos han elaborado, sino que tenemos ocurrencias y seguimos modas, copiando métodos sin sentido. 

Teniendo esto en cuenta, y algunas otras cosas que no caben en una página, mucho me temo que si las generaciones futuras nos examinaran de la educación que les estamos dando, todos los que ahora tenemos alguna responsabilidad sobre el tema recibiríamos un suspenso profundo. Y lo malo es que éste no es recuperable en septiembre. 

Una política económica para Europa

Que la economía europea no va bien desde hace años es un hecho que no se termina de aceptar. Y basta el simple dato de crecimiento y su comparación con la de las principales economías del planeta para corroborar lo que nadie parece quiere reconocer y, mucho menos, de lo que nadie quiere responsabilizarse. En el decenio que va de 1996 hasta el presente, la economía norteamericana ha crecido en tasa media interanual al 3,4%, mientras que la economía europea lo ha hecho sólo al 2%, y Japón, esa economía de la que decimos que está en crisis desde hace más de una década, lo ha hecho al 1,6%. No, la economía europea no va bien. 

Y posiblemente no va bien porque la economía europea no tiene un sujeto decisor responsable, un verdadero gobierno federal europeo, que vele por el funcionamiento del conjunto y que responda de él ante el electorado, sino un sujeto decisor difuso, las cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno o los Consejos de Ministros de Economía, que no es responsable del conjunto, sino de cada una de las partes, y responde sólo a los intereses nacionales. El primer problema de la economía europea es que no tiene instituciones que piensen en los intereses del conjunto y sepan que éste es más que la suma de las partes. Una lección que, valga el símil, igual debiéramos de pensar mejor para el proceso de descentralización que vivimos en España. 

Pero, además, Europa no va bien, porque nadie ha definido su objetivo, empezando por reconocer sus carencias. La primera idea que tendrían que tener nuestros políticos sobre la economía europea es que ha de funcionar como una economía competitiva e integrada. Competitiva porque Europa no puede ser una economía cerrada. Esto la obliga a ser una economía mundialmente competitiva. Y puesto que la competitividad de una economía se consigue, a igualdad de calidad, con costes unitarios de los bienes y servicios establemente bajos, la economía europea, si no quiere reducir sus salarios medios, ha de invertir en tecnología para que sus productos sean cada vez de más calidad y sus trabajadores más productivos por hora. Y para que sea posible esta inversión en tecnología, las empresas han de tener un mercado interior amplio, con competencia leal entre las empresas y regulaciones estables y claras. Por eso necesitamos instituciones comunes y políticas económicas comunes y no sólo coordinadas. 

Desde esta perspectiva, las líneas de política económica que habría que seguir son relativamente sencillas. En primer lugar todas las monedas europeas, empezando por la libra, deberían desaparecer para integrarse en el Euro. Porque no es posible tener un mercado único integrado y con competencia si hay empresas que pueden estar protegidas por el tipo de cambio de su país. Un mercado único europeo exige que las empresas y los consumidores puedan tomar sus decisiones sin distorsiones de tipo de cambio o diferencias de tipos de interés. En segundo lugar, ha de producir la armonización fiscal europea. El primer paso sería que, al igual que el IVA, se definan impuestos sobre las personas físicas y sobre las personas jurídicas (sociedades) de contenido europeo y tipos máximos y mínimos. 

El segundo paso debería ser que los ingresos de la Unión se definan sobre un porcentaje de esta cesta de impuestos. Se reequilibra la carga de los ciudadanos, puesto que aportarían según su nivel de renta y gasto y no según su nacionalidad como ahora. En tercer lugar, hay que redefinir las políticas de gasto y su territorialización. Y, finalmente, habría que armonizar las condiciones laborales europeas y definir salarios mínimos en el conjunto de una forma gradual para evitar artificiales competencias entre países. 

Con este programa, igual echamos a andar la economía europea y evitamos las perennes crisis políticas de cada discusión presupuestaria como la que se avecina en el próximo año. Y podríamos aprender mucho en esto de los americanos. 

Pero dudo que este programa ni siquiera se esté discutiendo en Europa, cuando en algunos países como el nuestro de lo que se trata ahora es de destruir las instituciones comunes que tenemos. 

Un proceso erróneo

Estamos inmersos en un proceso de reforma constitucional de enorme calado. Un proceso que se inició en la investidura del Presidente Zapatero, que ha seguido con el Plan Ibarretxe y tiene su última etapa en el borrador del Estatuto de Cataluña. Un proceso del que saldrá, al final, un conjunto de instituciones que regirán nuestra vida política y del que dependerá, en no poca medida, nuestro bienestar futuro. Por eso el proceso en el que estamos inmersos es tan importante y crucial. Pero, y he aquí lo preocupante, el proceso es erróneo. 

El primer error del proceso es de legitimidad política, de quiénes lo están liderando. Y es que, en realidad, no ha habido una demanda mayoritaria de los ciudadanos de una reforma de los Estatutos y de la Constitución. Hace sólo dos años, y al margen de Ibarretxe, de reforma estatutaria sólo hablaban algunos altos cargos, algunos senadores y algunos juristas. Es cierto que siempre se dijo que el Senado no funcionaba, que las Comunidades Autónomas no participaban suficientemente en el Estado, pero siempre pensó que se podían resolver esos problemas con reformas parciales de los Reglamentos de las Cortes, de algunas leyes orgánicas y de los Estatutos. El proceso, pues, no se inicia desde la opinión pública, se ha iniciado por impulso de los nacionalistas, secundados por el PSOE para conseguir erosionar al PP en dos comunidades en las que éste tiene baja implantación. Pero los nacionalistas representan sólo al 10% del total de los españoles y no son ni el 50% en sus comunidades. ¿Cómo puede, entonces, ser legítimo en democracia un proceso en el que se ignora al 37,64% de los votantes representados por el Partido Popular, y a una parte importante de ese 42,64% que votó al PSOE? ¿Cómo puede ser legítimo un proceso que sólo se inicia para contentar a un grupo de políticos radicales de dos comunidades? ¿Cómo puede ser legítimo un proceso que obligará a cambiar la Constitución por una ley aprobada por un Parlamento autónomo? El proceso tiene, pues, un error de legitimidad política de inicio. Y de este error primero, el segundo. 

El segundo error es el foro del debate. Y es que este debate se está haciendo en la calle, que es el terreno de los radicales. El debate se está haciendo ante la opinión pública de una forma inconexa y deslavazada: Maragall dice una tontería, Bono o Ibarra le responden, Montilla templa, Sevilla acerca y los radicales de ERC o del PNV amenazan. Y, mientras, nadie dialoga con el PP y Zapatero nada dice. Nadie sabe, realmente, lo que opina sobre el tema el PSOE como organización, porque nadie sabe realmente si Zapatero tiene poder, ideas o liderazgo suficiente para poner orden en su propio partido. Parece como si la corriente del debate iniciado tuviera su propia dinámica interna, una dinámica de río desbordado, una dinámica que favorece a los más radicales, los que más vociferan, no a los que mejores ideas aportan. Y del segundo error, el tercero. 

El tercer error del proceso es de lógica. Porque un debate sin cauces lleva a un proceso sin criterios. Y es que el proceso se ha iniciado sin un análisis de los problemas de las instituciones. ¿Dónde hay un informe de expertos en diseño institucional que diga qué funciona mal y que aporte alternativas de soluciones? De hecho, en lo que se está discutiendo no se habla de eficacia en la prestación de los servicios públicos, no se están asignando las competencias según un criterio de qué puede hacer mejor para el ciudadano la Administración Central, qué las Comunidades Autónomas, qué los Ayuntamientos, sino que se sigue un simple criterio de qué constituye el núcleo del Estado para desmontarlo según las ambiciones independentistas de algunos. No se están pidiendo competencias para mejorar la vida de los ciudadanos, sino aquellas que llevan más directamente a una independencia irreversible. 

Sin legitimidad, ni orden jurídico, sin lugar de debate, sin lógica, el proceso constituyente es un desastre, un cúmulo de errores de consecuencias imprevisibles. Un cúmulo de errores que, Dios no lo quiera, no se sintetice en los libros de historia dentro de equis años como el "error Zapatero". Y es que, entonces, tendrá difícil solución y habremos pagado sus consecuencias. 

Se buscan líderes para Europa

La cumbre de Bruselas del Miércoles Santo ha sido de las más breves de la historia de la Unión. Y al mismo tiempo de las más reveladoras de los tristes tiempos que se viven en el proyecto europeo. Tristes porque Europa no tiene líderes, ni ideas nuevas sobre política económica. 

Europa no tiene líderes que tengan talla política o ideológica como para marcar la agenda de la Unión y fijar objetivos en ella. Nuestros políticos viven una crisis de ideología y de pensamiento que los incapacitan para ser algo más que pequeños alcaldes de sus propias naciones. Crisis de ideología y de pensamiento sobre el mundo y Europa, sobre las libertades y sobre la economía. Y para certificarlo basta una sencilla mirada a nuestro alrededor. 

Los líderes socialistas europeos, Blair, Schröeder y Zapatero a la cabeza, no son referentes ideológicos de la izquierda, ni del proyecto europeo, ni de casi nada. Tony Blair, en otro tiempo líder emergente de la izquierda más civilizada de Europa, ha perdido casi completamente su prestigio porque su política exterior de apoyo a Bush mal casa con aquella cacareada ideología de la Tercera Vía superadora de los dogmatismos de mercado, porque ha sido incapaz de gestionar las crecientes desigualdades en el Reino Unido y porque, como mal británico, no tiene ningún interés en que Europa funcione más allá de una zona de libre comercio con la libra fuera del euro. Por su parte, Schröeder es un político de impulsos, capaz de generar ilusión por unas semanas, pero es incapaz de ejercer el poder a lo largo del tiempo: tras más de cuatro años en la cancillería, teniendo claro las reformas que necesita su país, aún no ha encontrado la forma de convencer a los alemanes de su necesidad y no ha encontrado el coraje suficiente para llevarlas a cabo. Finalmente, nuestro presidente, Zapatero, no sólo es que carezca de ideas de qué hacer con Europa, es que no puede tener prestigio y liderazgo político un presidente del Gobierno que está destrozando su propia base de poder y que es incapaz, tras más de un año en el poder, de decir siquiera qué es lo que quiere hacer para poner orden institucional en su propio país. 

Y si los líderes de la izquierda causan tristeza por su incapacidad, peor parados salen los de la derecha. Porque los dos principales, Chirac y Berlusconi, suman a su desconcierto ideológico, su deriva autoritaria y conservadora y un cierto tufillo antieuropeo, el estigma de tener cuentas pendientes con la justicia, el primero por su corrupta gestión del Ayuntamiento de París y el segundo por la corrupta gestión de sus negocios no sólo en Italia, sino también en España. 

Con estos líderes, y con otros veinte como ellos, más el débil Durao Barroso como Presidente de la Comisión, es normal que una reunión en Bruselas sobre la política económica europea dure sólo cinco horas: es el tiempo que necesitan sólo para saludarse y acordar que en la rueda de prensa se repiten las ideas de hace diez años. Y esto por la sencilla razón de que la mayoría de ellos no sabe nada de política económica, porque ninguno de ellos tenía nada nuevo que decir, porque estaban todos deseando irse de vacaciones, porque están todos esperando la batalla de los fondos en los próximos meses,... porque son unos pobres hombres a los que les viene muy grande el cargo que tienen y, ni todos juntos, son capaces de cargar con la responsabilidad de tomar decisiones y gestionar la segunda, de momento, economía del planeta. 

Europa, como institución política, necesita nuevos líderes. Y la economía europea los demanda imperiosamente. Por eso, los ciudadanos europeos debiéramos poner algunos anuncios en los periódicos en los que sólo digamos: para cubrir diversos puestos de alto nivel en varias capitales europeas se buscan personas dinámicas, honradas, sociables y creativas. Conocedoras del mundo y con capacidad para la toma de decisiones. Sueldo y status remunerador. Los interesados deben contactar con los partidos políticos para que los escojamos en las próximas elecciones. En esta selección del personal nos jugamos mucho. 

Desordenada, injusta y fea

Una competencia clave en cualquier Ayuntamiento es la de urbanismo. Y lo es porque el entorno urbano en el que se desarrolla la vida de la comunidad condiciona, de una forma determinante, la vida y el bienestar de cada uno de los ciudadanos. Por eso la norma máxima que regula la actuación de los ciudadanos en este tema, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), es una de las normas esenciales en la vida de una ciudad. Una norma esencial que tiene tres dimensiones que no debemos olvidar nunca. 

La primera dimensión del PGOU es la dimensión política. Y es que al ser un PGOU una norma que establece la forma de la ciudad, ésta determina un orden en el que se posibilitan las relaciones sociales: un orden en la edificación, en los espacios, en los servicios, en la forma en la que nos movemos. Un orden que facilita el que nos veamos como comunidad o como simple suma de barrios. De ahí que la incompletitud, la incoherencia o el incumplimiento del Plan generen desorden. Para que sea completo y coherente basta con que el PGOU sea lógico y factible. Pero para que, además, no se genere desorden es necesario que se cumpla. Por eso, cuando un Ayuntamiento permite el incumplimiento del PGOU, el resultado final es una ciudad caótica y desordenada, sin servicios esenciales e incómoda. 

Una segunda dimensión de un PGOU es la dimensión económica. Porque un PGOU es una norma que crea y distribuye rentas. Y es que el PGOU determina el valor de mercado de esos pequeños monopolios que son los solares. Un valor de mercado que depende de la situación y la calificación que el Plan confiere a cada solar. Un valor que genera, para el propietario, rentas de plusvalías que se producen por la mera voluntad de la comunidad representada en el Ayuntamiento. De ahí que el PGOU sea un instrumento de distribución de rentas. Pero, para que se puedan conjugar los intereses de la comunidad que crea el monopolio, con los de los propietarios, es necesario que el PGOU sea transparente en su tramitación, democrático en su promulgación y estable a lo largo del tiempo. Y que se complete con cesiones de espacios a la comunidad o con impuestos sobre las plusvalías. Porque si no se cumplen estos requisitos, se están distribuyendo, entre unos pocos, rentas que crea la comunidad por el hecho de determinar qué suelo es urbanizable o no y qué coeficiente de edificabilidad tiene cada metro cuadrado. Y si el desorden creado por el incumplimiento de un Plan es malo por antisocial, la injusticia económica creada por el oscurantismo en la gestión de un Plan o de los impuestos de plusvalías es peor porque se da a unos pocos lo que crean todos. 

La tercera dimensión de un PGOU es la dimensión estética. Porque si la arquitectura es el arte del espacio y de las formas visto desde el interior y el exterior de la obra de arte que es un edificio, el urbanismo es el arte de conjugar armoniosamente esas posibles obras de arte en el reducido espacio de una calle, una plaza, una ciudad. Por eso, un PGOU ha de tener, también, un criterio estético. Un criterio estético que sea coherente con el alma de la ciudad y de sus gentes y, desde luego, que permita enlazar armoniosamente su pasado con su futuro. Un criterio estético que al vulnerarse da como resultado una ciudad inhóspita, inhabitable, fea. 

Estas son las tres claves esenciales de cualquier decisión sobre urbanismo. Tres claves que han olvidado todos nuestros alcaldes, empezando por Julio Anguita y terminando por Rosa Aguilar, cuando han hecho dejación de sus funciones permitiendo las parcelaciones ilegales que coartan el crecimiento de la ciudad, que estropean la Sierra o que atentan contra Medina Azahara; cuando no han querido ver el impacto de los adosados en la Sierra o los fraudes en la edificabilidad en el Centro; cuando promueven algunas modificaciones al Plan, y la última es la del Meliá, que generan rentas para algunos sin que quede claro a quién benefician y a quién perjudican. Por eso, por este olvido y esta dejación de funciones estamos haciendo, y por mucho tiempo, una ciudad cada vez más desordenada, más injusta,... y, además, más fea. 

Financiación andaluza

Uno de los problemas de la opinión pública es que el debate se produce sobre hechos que ya se han realizado o sobre ideas que ya están asentadas. Discutimos sobre cosas que ya han pasado, no sobre las que han de ocurrir. Así, hablamos de las reformas impositivas o sobre los tratados europeos, sobre la reforma de los Estatutos o de la Constitución europea cuando ya se han tomado las decisiones. Unas veces es por opacidad de los poderes públicos en su intento de controlar la agenda política, pero otras, la mayoría de las veces, es porque los ciudadanos no somos conscientes de que los hechos políticos y económicos son el resultado de procesos que maduran con el tiempo. Este control de los temas y esa inconsciencia del tiempo hacen que la opinión pública sólo participe pasivamente en la acción de gobierno. 

En los próximos meses se van a tomar algunas decisiones clave para nuestro futuro político y económico. Y es que, a lo largo de este año, se van a tomar decisiones en Bruselas sobre el Marco Presupuestario de la UE para el periodo 2007-2013, al mismo tiempo que, con la reforma de los Estatutos, empezando por el catalán, se quieren tomar decisiones sobre la financiación de las Comunidades Autónomas. 

Para tomar conciencia de cuánto nos jugamos en estos dos debates que se avecinan basta con tener en cuenta que en Andalucía el peso del Sector Público autonómico andaluz es más del 20% de nuestra renta regional y que somos la región española que más ayudas recibe de Europa. Pero estamos hablando de mucho más que de dinero, estamos hablando al hilo del dinero de las instituciones que van a gobernar nuestra vida en el futuro. 

En el debate europeo están en juego tres cuestiones económicas esenciales: en primer lugar, la cantidad de dinero que cada país miembro ha de aportar, tema en el que hay un grupo de países, liderado por Alemania, que quieren reducir sus aportaciones hasta el 1% del PIB; en segundo lugar, los criterios de asignación de los fondos, cuestión en la que el informe Sapir abría el debate, hace más de un año, sobre la pertinencia de los actuales criterios y sus efectos, y en el que hay una tendencia, por múltiples razones, a reducir los fondos agrarios y los de cohesión; y, finalmente, la cuestión política del reparto por países y regiones, con la derogación del "cheque británico" y la pérdida de subvenciones en los países mediterráneos por el efecto de la ampliación al Este como ejes de la discusión. 

Pero también está en juego la construcción de Europa, pues si priman los intereses económicos y políticos de los Estados en detrimento del conjunto, y se reducen los fondos europeos y se asignan con un criterio de poder entre países, podemos encontrarnos que se dinamita el proceso de ese sueño de un Estado Europeo. 

De que nuestros políticos sean capaces de tener en cuenta los problemas de Europa como conjunto, de que tomen decisiones adecuadas sobre los criterios y de que seamos capaces de negociar a múltiples bandas y con múltiples criterios dependerá lo que recibamos hoy, pero también de lo que hagamos mañana como ciudadanos europeos en el mundo. 

En el debate sobre la financiación autonómica hay también, y además de dinero, mucho de debate político, incluso ideológico. Porque al debatir la financiación autonómica, con ese engendro intelectual de las balanzas fiscales, estamos discutiendo de dinero, sí, pero también de la arquitectura institucional del Estado. Y aquí el debate tiene un fondo ideológico porque algunas de las realidades que sufrimos desde hace tiempo, los regímenes forales, y algunas de las propuestas que se están realizando mal se casan con los principios de igualdad que recoge el artículo 1 de nuestra Constitución, con el de solidaridad del artículo 2 o el de "equilibrio adecuado y justo" al que alude en el 138, y que son pilares básicos de nuestra democracia. 

De que el Gobierno central y nuestro gobierno autonómico no cedan a las presiones nacionalistas, Maragall incluido, depende también lo que recibamos en el futuro, pero más aún, depende la convivencia futura como ciudadanos españoles. 

Mucho nos jugamos como ciudadanos andaluces, españoles y europeos en los próximos meses. Mucho nos jugamos y es bueno que empecemos a reflexionar hoy, en el día de esta nuestra patria pequeña que llamamos Andalucía. Sobre todo porque no nos tengamos que arrepentir de las decisiones que se tomen. 

Autocríticas

En unos días estamos llamados a las urnas en un referéndum consultivo sobre el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa. Y, a pesar del aparente desinterés con el que la ciudadanía se ha tomado esta consulta, hay un debate, relativamente superficial, que es sano que se produzca. La pena es que el debate de fondo que sería entrar en debatir si es necesario construir un Estado federal europeo, para qué y cómo, se está viendo contaminado por pequeñas críticas que, al final, son las que moverán o no a votar en uno u otro sentido a una mayoría. 

Se dice que el texto que vamos a votar tiene una ilegitimidad de base por la forma en la que se ha elaborado. Lo cual es una inmensa inexactitud. Porque los que lo han elaborado, la Convención, son parlamentarios de todos los países de la Unión, elegidos democráticamente. Más aún, en el proceso de elaboración hemos podido cada uno de nosotros, así como organizaciones civiles, participar enviando nuestras sugerencias bien a nuestros representantes, bien a la comisión. Si lo que se entiende por "poco democrático" es que no se ha discutido su articulado en asambleas populares, es cierto que en este sentido no ha sido debatido el texto como lo fue la primera Constitución francesa, pero todos coincidiremos que es poco menos que una quimera irrealizable el hacerlo en un cuerpo electoral como el del conjunto de la UE de 25 miembros. Los que sólo creen que es democrático un proceso directo desconocen muchas dimensiones de lo que es una democracia. 

Se dice que el texto que vamos a votar es sólo un Tratado y no es una constitución, como si así la decisión tuviera menos importancia. Y puede que formalmente los que así argumentan lleven razón. Pero es un Tratado constituyente por tres razones. En primer lugar, porque en el artículo I-7, se dice que "la Unión tendrá personalidad jurídica". En segundo lugar, porque en el texto se regulan las tres cuestiones esenciales que caracterizan cualquier constitución de un estado democrático: la forma política de los instrumentos jurídicos y su obligatoriedad; la definición de ciudadanía y los derechos inherentes a ella; y finalmente, el conjunto de instituciones que regulan la representación de los ciudadanos y el control sobre el poder político. Y, por último, este texto es más que un tratado porque con él cedemos soberanía en algunos aspectos de nuestra vida política para crear un ente supraestatal al que nos obligamos. No sé si será el texto una Constitución, pero creo que se le parece bastante. 

Se dice que el texto contiene un modelo neoliberal de economía y política. Y lo que demuestran lo que esto dicen es que ni han leído este texto, ni saben lo que es el liberalismo. Porque, en primer término, este texto es un instrumento político que regula instituciones políticas que afectan a la economía, como afectarán a otros ámbitos de nuestra vida. Y, porque, en segundo lugar, el texto hace referencia reiteradamente en infinidad de artículos a una "economía social de mercado" y hay un conjunto importante de derechos sociales que se recogen en distintos artículos. Si el texto tiene muchos artículos y hay algunas partes muy detalladas dedicadas a la economía no es porque sea esto más importante, sino porque este es un texto que refunde Tratados anteriores y muchos de ellos sólo tenían en su articulado objetivos económicos. Pero no por eso es menos social. Una política económica saneada y equilibrada es condición sinequanom para la cohesión social y la solidaridad intergeneracional. 

Se dice que esta Constitución no es cristiana, y es cierto que no se escribe en ningún lugar ese adjetivo, pero tampoco en la nuestra de 1978 se escribe, así como en otras muchas, y han sido valores cristianos, como también laicos e ilustrados, los que la han inspirado. 

Se dice que esta constitución consagra la guerra preventiva, y quienes eso dicen no han leído bien el artículo I-41. 

Se dice que... creo que se están diciendo muchas cosas, y es bueno que se digan, mientras se digan sobre el texto que hemos de votar. Pero no se dice que es una clara irresponsabilidad no ir a votar o votar en contra por castigar de alguna forma al gobierno que ha convocado el referéndum o por fastidiar a los franceses. Eso es confundir lo que votamos. Y ahora toca votar por Europa. Y, desde luego, y por muchas otras razones, yo voy a votar sí.