Más, mucha más, Europa

Si uno atiende sólo a las declaraciones oficiales de los líderes europeos o a las noticias de prensa, especialmente la salmón, diciendo que la zona Euro está "al borde del abismo", esperaría encontrarse, en los datos financieros, unas cifras catastróficas. Sin embargo, cuando acudimos a ellas nos encontramos que la situación de la zona Euro en su conjunto no es, ni por dónde, un desastre. Según datos del Fondo Monetario Internacional, la deuda pública bruta de Japón es del 230% de su PIB y la de Estados Unidos es del 100,2% frente a la de la zona Euro que está en el 80%. Si hacemos la comparación en niveles netos tenemos que Japón tiene un 130,59% de deuda pública neta sobre PIB, Estados Unidos un 72,61% y la zona Euro no llega al 65%. Si hacemos la comparación sobre la deuda global o la deuda exterior, los resultados son similares. ¿Por qué, entonces, las tensiones de deuda europea en los mercados financieros? ¿Por qué los norteamericanos financian su deuda sin problemas y a algunos países europeos nos están castigando tanto los mercados? 

La respuesta de fondo es sencilla. Porque la zona Euro no es un país con una economía integrada como lo son los Estados Unidos o Japón, sino la suma de diferentes economías, con una moneda común, pero con gobiernos y marcos institucionales diferentes. Dicho de otro modo, los mercados financieros están huyendo de los bonos europeos, también de los alemanes, porque la zona Euro tiene unas expectativas de salida de la crisis menores que la de los Estados Unidos o Japón. Y esas expectativas de una crisis más larga en Europa, tienen su raíz en tres problemas estructurales de la Unión Europea. 

El primero es el complicadísimo sistema de toma de decisiones de la Unión. Un sistema complejo en el que conviven tres instituciones de gobierno (el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo) con los gobiernos de cada país y los grupos de países que participan en según qué decisiones. De este sistema, articulado jurídicamente según tratados entre iguales, se deducen situaciones como la que se está viviendo esta semana en la que decisiones tomadas en ¡marzo! son puestas en cuestión nueve meses después, o que decisiones ¡urgentes! tomadas en octubre, no tendrán concreción hasta mediados del próximo año. La Unión Europea no necesita ya más tratados, sino una verdadera Constitución de un cuerpo político común con un Gobierno europeo real. Un gobierno que pudiera, en el ámbito económico, recaudar impuestos, gastar en políticas comunes, emitir eurobonos y regular la economía en su conjunto con mecanismos coercitivos. 

El segundo problema es de gestión de la crisis. Aun con las instituciones europeas actuales hubiera sido posible otra política económica. Así, para minimizar la crisis actual, hubiera bastado con que el gobierno alemán hubiera tenido una posición menos dogmática en el papel del BCE, o que hubiera permitido la emisión de deuda pública con garantías solidarias del conjunto (eurobonos). Con la contrapartida, eso sí, de una mayor responsabilidad por parte de todos los gobiernos. La crisis económica tendría una más rápida solución si las políticas económicas nacionales fueran una derivación de un marco de política económica común. La suma de intereses individuales no da, necesariamente, un interés común. De la misma forma que la misma política económica no da los mismos resultados en todas las economías. 

El tercer y último problema es la ausencia de flexibilidad en la economía europea. Europa es, aún y a pesar de la moneda única, economía no integrada, con miles de regulaciones nacionales y subnacionales que generan rigideces e impiden la competencia en los mercados de bienes y servicios y la movilidad de factores de producción. 

En definitiva, Europa necesita, en mi opinión, para salir de la crisis, ser más, mucho más Europa. El problema es que esto sólo lo vemos una minúscula e infinitesimal minoría de los que habitamos este viejo continente. 

Elecciones

Las elecciones generales que celebraremos la semana que viene son, en mi opinión, casi irrelevantes para los problemas que tenemos en el momento histórico que vivimos. No sólo porque el resultado está decidido desde hace meses, sino porque la naturaleza de los retos es tal que ni los candidatos son los más adecuados, ni los programas responden nada más que a los síntomas de los problemas. Volvemos a tener candidatos de segunda en cuanto a capacidades de análisis, visión y liderazgo, sucedáneos de los verdaderos líderes de sus formaciones, de la misma forma que nos están vendiendo programas electorales suma, uno, de ambigüedades calculadas de sobremesa en un restaurante, y de concreciones superficiales sacadas de una asamblea de indignados, el otro. 

No nos damos cuenta, pero nuestro futuro, la solución a nuestros problemas de financiación, crecimiento, paro, articulación territorial, sanidad o educación no se está jugando en estas elecciones, sino en Europa. Es ahora y en Italia donde nos jugamos nuestro crecimiento económico de los próximos años y con él parte de la solución del problema del paro. Hoy, la solución o no que se le dé a Italia o a la banca europea es más importante para nuestro problema financiero de los próximos meses que el signo del partido que gobierne España a partir de unas semanas. Porque los 800.000 millones de euros que vencen el año que viene a los países de la Unión, o los 126.000 millones que les vencen a los agentes económicos españoles, son más determinantes para las decisiones inmediatas de nuestro futuro gobierno que la ideología que tenga, las siglas que represente o lo que haya prometido en la campaña. 

Más aún, si se le diera una solución institucional seria a Europa (como la que ya se está hablando entre Berlín y París) con modificaciones de los Tratados, cargáramos de contenido la presidencia del Consejo y al representante de Asuntos Exteriores, creáramos un superministerio de economía e hiciéramos una armonización fiscal en la zona euro, la cesión de soberanía que esto implica sería tal que los debates institucionales que tenemos carecerían de sentido. La reforma constitucional que tendríamos que hacer haría que el debate autonómico tuviera unos perfiles radicalmente diferentes. La crisis está tensionando tanto las arquitecturas institucionales que nos hemos dado que están aflorando las profundas contradicciones sobre las que las hemos construido. Dicho de otro modo, los europeos no podemos querer salvaguardar intereses nacionales o apostar por autonomía política o independencia regionales y querer ser, al mismo tiempo, interlocutores de China o Estados Unidos en el concierto mundial. Más aún, creo sinceramente que, en este marco, o abandonamos ideologías nacionalistas trasnochadas (tanto regionalistas como españolistas) para ser europeos cosmopolitas (a lo Ulrich Beck) o estamos abocados a un amargo declive y fracaso políticos. 

Y de cómo manejemos la situación financiera y económica a nivel europeo y de qué arquitectura institucional nos demos para gobernarnos en el futuro dependerán nuestras políticas sociales, empezando por la educación, la sanidad, la seguridad social o la dependencia. ¿O alguien piensa que no habrá cambios en nuestras políticas sociales, como ya los empieza a haber, si tenemos un superministerio europeo de Hacienda con armonización fiscal? ¿No debiéramos estar debatiendo, por ejemplo, qué contenidos, estrategias didácticas y sistemas organizativos eficientes tendríamos que estar montando para que nuestros hijos vivan y puedan trabajar en un mercado de trabajo europeo en vez de fijarnos en un "y-tú-recortas-más"? 

El problema financiero, la política económica, la política exterior, la arquitectura institucional, el debate ideológico, las políticas sociales... todo esto se está jugando en Europa estos meses, no en nuestras elecciones de esta semana. Ante esto, la campaña electoral es, en mi opinión, una manifestación de la superficialidad de nuestra política. Una política en manos de expertos en telegenia. 

Quizás, por eso, estas elecciones son poco relevantes para nuestro futuro. Porque lo relevante es quién tenga el poder en Berlín y París y no tanto quién lo tenga en Madrid. 

Salvar al sistema bancario

En la semana pasada se han producido dos noticias muy relevantes para la economía española que son casi repetición de lo que viene ocurriendo desde el inicio de la crisis: la celebración de la enésima Cumbre Europea, con su carga de precipitación y esterilidad, y la publicación de las cifras de paro, que, al alcanzar los 5 millones de parados, sólo refleja la profunda crisis económica y social que vive España y la ausencia de una adecuada política económica. 

La Cumbre Europea, la "enésima cumbre de solución definitiva", se saldó con lo que era evidente: con el reconocimiento de que el sistema financiero europeo tiene problemas, que es necesario sanearlo y que, para ello, hay que abordar el problema de la deuda soberana y los de regulación bancaria. 

La necesidad de sanear el sistema bancario europeo, y hacerlo ya, radica en el hecho de que la economía europea no puede volver a crecer sin él, ya que de él depende toda la financiación de las familias y una parte de la financiación de las empresas. Sanear el sistema bancario, equilibrar sus balances y que tenga cuentas de resultados positivas, es condición necesaria para volver a crecer, porque así será efectiva la política monetaria expansiva del Banco Central Europeo. Sanear los bancos (y cajas) es, pues, condición necesaria, aunque no suficiente, para salir de la crisis. 

Para sanear el sistema bancario europeo hemos de tener una política fiscal de ajuste por dos razones: porque así la deuda pública que tienen los bancos no se deprecia, por lo que tienen que buscar menos capital para equilibrar sus balances y recuperar sus cuentas de resultados; y porque, al emitirse menos deuda pública, hay más financiación disponible para las empresas, motores de la inversión, con menores tipos de interés. 

Hasta aquí, y con matices, se podría estar de acuerdo con lo tratado en la cumbre del miércoles. Sin embargo, sus resultados son, además de tardíos por la permanente duda alemana y la incapacidad francesa, muy discutibles porque, en mi opinión, lo acordado no reestructurará correctamente el sistema bancario europeo, al tiempo que lo acordado no está pensado como parte de un marco general de política económica para Europa que la saque de la crisis. 

Lo acordado no reestructurará correctamente el sistema bancario europeo porque, siendo grave, no es la deuda soberana el único problema que tiene la banca europea (tiene aún una inmensa cantidad de activos tóxicos inmobiliarios americanos y españoles), ni las reglas contables que se han fijado son las mismas para todos (¿qué pasa con las provisiones genéricas españolas?), ni son estables (¿qué fue de Basilea III?), ni de esta forma se construye un auténtico sistema bancario europeo más allá de la suma de los sistemas de cada país. Las autoridades de supervisión y regulación nacionales (en España, el Banco de España) y europeas (la Autoridad Bancaria Europea) están haciendo un pésimo trabajo del que deberían dar cuentas con muchas dimisiones. El permanente parcheo en este tema, los sesgos regulatorios según nacionalidades, la ausencia de un ambicioso plan de reordenación europeo, harán que la crisis se alargue y que veamos más cumbres en las que se vuelvan a abordar estos temas. 

Y, siendo esto grave, lo peor de esta política es que es una política de permanentes improvisaciones, no parte de un plan de política económica claro y creíble para Europa a medio plazo. 

Me temo que los políticos europeos a fuerza de defender solo sus intereses nacionales, de pensar en el corto plazo y de no ver más allá que lo evidente abordan tan mal los problemas que la crisis será más amplia, profunda y larga de lo que podría ser si tuvieran, por una vez, una idea de cómo controlar los acontecimientos, si supieran cómo liderar su parte del mundo. 

Lo descorazonador, sin embargo, de la Cumbre es que es la enésima ratificación de la ausencia de liderazgo en Europa y, lo malo, es que 5 millones de parados españoles solo pueden cambiar a uno de ellos, no a todos. 

Políticas de ajuste

La política económica que estamos sufriendo, y la que vamos a sufrir en los próximos años gane quien gane las próximas elecciones, tiene dos líneas esenciales que, en expresión de Fuentes Quintana, se podrían llamar "de ajuste" y "de reforma". 

Las políticas de ajuste son aquellas que tienen como objetivo reducir la capacidad productiva o acompasar precios para adaptarlos a las nuevas condiciones económicas. Así, cuando decimos que una empresa o una administración pública se ajusta, lo que estamos diciendo, normalmente, es que reduce producción, cambia su estructura de precios, modifica condiciones laborales y/o reestructura plantilla. Del ajuste de las empresas en un sector depende el ajuste global del sector. Del ajuste de cada uno de los sectores depende la estructura sectorial de una economía, lo que condiciona sus posibilidades de crecimiento. 

La necesidad de realizar ajustes en la economía española era evidente desde antes de la crisis. Teníamos un sector de la construcción excesivo con una capacidad productiva de casi 800.000 viviendas anuales y baja productividad. Como teníamos un sector financiero también excesivo, pues éramos el país desarrollado grande con más oficinas bancarias por 1.000 habitantes. De igual forma, nos estábamos dando un sector público excesivo, no tanto en servicios básicos de sanidad, educación o atención social, como de estructura político-administrativa. Y, junto a esto, tenemos un débil sector industrial, un mal regulado sector energético y un decadente sector agrario. A todo esto, el tamaño relativo de las empresas e instituciones, así como el funcionamiento de los mercados en cada uno de estos sectores, determinaba un bajo crecimiento de la productividad, una formación de precios inflacionaria y, en no pocos casos, una concentración territorial poco adecuada. La carencia de políticas sectoriales, la cesión de competencias a las comunidades y una pésima gestión, como la del ministro Sebastián, han sido los causantes de este caos sectorial. 

Por su parte, la necesidad del ajuste de las administraciones públicas, que empezó con la bajada del sueldo de los funcionarios y la congelación de las pensiones, es también evidente. Y el indicador clave es el déficit de todas ellas. Hoy todas las administraciones públicas están despidiendo interinos o reduciendo sus pagos. El Gobierno central ajusta los presupuestos de defensa y pensiones, mientras que las comunidades autónomas ajustan en sanidad y educación y los ayuntamientos en todas sus actividades. 

La necesidad de una política de ajustes general es, pues, indudable. Lo que no se está diciendo es cómo hacerla, pues una política de ajustes se puede hacer de una forma relativamente ordenada, pensando en el futuro, o, como se está haciendo ahora, desordenada y caóticamente, de lo que resultará una composición sectorial e institucional que lastrará nuestro crecimiento a largo plazo. Y dos botones de muestra son suficientes para sostener lo que digo. En el sector financiero se está produciendo una concentración de tal forma que dos o tres entidades tendrán el control del mercado: la suma del Santander más BBVA es casi tanto como el resto de entidades por activos. Esto, que puede parecer ahora lógico, tendrá para el futuro unas implicaciones que habría que pensar. ¿Sería bueno tener en España entidades financieras tan grandes que la quiebra de una de ellas suponga la quiebra del país? ¿Sería bueno tener tal concentración de poder económico que se derive en político? Si las dos respuestas son que no, el ajuste bancario que tendría que hacerse no es, desde luego, el que se está haciendo. De la misma forma, ¿es en educación donde han de hacerse los recortes en el gasto de las administraciones? ¿Queremos condicionar el crecimiento futuro reduciendo la inversión en capital humano? Si las dos respuestas son también que no, me temo que el ajuste que se está haciendo no es el adecuado. 

Que hay que ajustar está claro, el problema es que nuestros políticos no son conscientes de dónde, ni cómo hacerlo. Y ser inconscientes en este tema nos puede costar demasiado para nuestro futuro.

Nuestra crisis en perspectiva

La actualidad es tan rica en acontecimientos que se necesitaría un periódico casi infinito, borgiano, para hacer un breve comentario sobre lo que ocurre. La coyuntura es tan apasionante que hay cientos de temas a los que dedicarles un artículo. Sin embargo, en medio de la vorágine, creo necesario hacer un alto para mirar nuestra crisis serenamente y tratar de ordenar lo que sabemos de ella. Porque la crisis económica española tiene varias perspectivas desde las que analizarla que se reflejan en las conversaciones y en los periódicos. Varias perspectivas que se relacionan y se mezclan, por lo que los debates sobre la crisis son caóticos, carentes de conclusiones. 

La crisis española es, en primer lugar, una crisis económica, de actividad. La tasa de crecimiento es muy débil y lo seguirá siendo los próximos años. Por el lado de la oferta, tenemos dañados casi todos los sectores, lo que significa que la mayoría de nuestras empresas tienen problemas. Aquellas empresas cuya demanda depende del crédito al consumidor (construcción o automóviles) tienen dependencia de las administraciones públicas (obra civil o actividades subsidiadas) y su actividad no es comercializable exteriormente están sufriendo una profunda crisis que las aboca al ajuste de empleo y, a veces, al cierre. 

Por el lado de la demanda, la situación no es mejor porque una parte importante de las familias españolas, la mayoría de clase media, están altamente endeudadas, mientras que el paro se está cebando en las de clase media baja, por lo que la renta disponible familiar, tras el pago de impuestos y de deuda, está estancada o se ha reducido. Como tienen expectativas de empeoramiento aplazan decisiones y minimizan el consumo. Y sin crecimiento del consumo, se paraliza la inversión, y con ella, la creación de empleo, dando como resultado bajo crecimiento. Las malas expectativas lastran nuestro crecimiento. 

La crisis española es, en segundo lugar, una crisis financiera. La economía española es la tercera más endeudada en términos relativos del planeta: casi el 350% del PIB. Esta cifra implica un sobreendeudamiento de unos 50 puntos del PIB que hay que reducir. Esta reducción puede hacerse mediante al aumento del ahorro (lo que reduciría la tasa de crecimiento y alargaría este ajuste) y/o impulsando el crecimiento (lo que implica a corto plazo ¡más endeudamiento!). De momento, el ajuste financiero se está haciendo caóticamente, sin un plan. El problema es que, además, dependemos de la financiación exterior, lo que hace que nuestra situación esté, hoy, en manos de los mercados internacionales. Sin una política financiera creíble no es posible generar expectativas de crecimiento. 

La crisis española es, en tercer lugar, una crisis social. La tasa de paro española es superior al 20%, o sea, que casi 5 millones de personas quieren trabajar y no pueden. Además, muchas de ellas agotarán pronto su prestación pública, lo que generará pérdida de renta de las familias, especialmente las más desfavorecidas. Como, además, la Ley de Dependencia no se aplica, muchas familias se verán en situaciones límite. La situación social se deteriora también por falta de expectativas. Aumenta la marginalidad, la delincuencia, las drogodependencias, los malos tratos, etc. Vivimos un deterioro social y eso que no metemos, aún, la xenofobia en la ecuación. Hay que analizar seriamente el impacto social de las medidas contra la crisis. 

Finalmente, la crisis española, es una crisis política. La gobernanza difusa, en la que prima la territorialidad sobre la racionalidad, con demasiados intereses superpuestos y con debates superficiales e ideologizados "políticamente" correctos, ha dado como resultado unas instituciones redundantes e insostenibles que están llenas de políticos mediocres, cuando no corruptos, que toman decisiones erróneas. La crisis española es, a tres años de su inicio, también, fruto de nuestras instituciones y de la incompetencia de nuestra clase dirigente. 

Lo siento, pero la situación es grave y compleja. Necesitamos una reflexión seria y unas reformas profundas. Algo que, me temo, ni el ambiente ni las circunstancias permiten. 

Una política monetaria global

La semana pasada, los principales bancos centrales del mundo realizaron una acción coordinada para salvar de la quiebra al sistema financiero europeo, y con él, el del planeta. Una acción coordinada que tiene múltiples lecturas y que, en mi opinión, es necesario explicar, porque me da la impresión que, a fuerza de debatir de política fiscal (la más "política" de las políticas económicas), la opinión pública se olvida de la política monetaria, otro de los pilares de la política económica. 

La actuación de los principales bancos centrales en esta crisis es ahora bastante sensata. Después de haber sido uno de ellos (la Reserva Federal norteamericana) uno de los principales culpables de la crisis financiera por su pésima regulación, escasa supervisión de su sistema (error en el que no es el único culpable) y una política monetaria con tipos de interés reales negativos, el conjunto de los bancos centrales está haciendo, con no poca dificultad y no exento de matices, un buen trabajo. 

Un buen trabajo que consiste en hacer masivas emisiones de dinero que prestan a los bancos. Los bancos, a su vez, van refinanciando los vencimientos de la deuda que habían acumulado, al tiempo que van prestando este dinero a los Gobiernos, para así hacer que su balance, muy "contaminado" por los préstamos al sector privado y a algunos gobiernos de alto riesgo, vaya haciéndose más seguro. 

Todo ello a unos bajos tipos de interés, cercanos al cero, para que, a pesar de la absorción de impagados de los viejos préstamos, los bancos tengan beneficios, de tal forma que vuelva a haber confianza en el sistema bancario. Un sistema que es básico porque, además de ser el que iguala el ahorro con la inversión, es el trasmisor de la política monetaria hacia el sector privado. Sin un sistema financiero sólido, solvente y eficiente, no es posible que la política monetaria sea eficaz, o sea, que llegue a las familias y empresas y se reactive el consumo y la inversión. 

Sin embargo, las dudas sobre esta política no son pocas, sobre todo porque se está salvando a un sistema, el bancario, sin reformarlo en profundidad y sin pedir responsabilidades a los gestores que se han aprovechado de él. Es necesario salvar al sistema financiero, pero no sin exigir una nueva regulación de su actividad y una mayor supervisión y, desde luego, pidiendo responsabilidades y limitando los escandalosos salarios de los que han disfrutado muchos de sus directivos. Más aún, se está lanzando, como se está haciendo con la política fiscal, un mensaje erróneo a los agentes: dada la necesidad y las interrelaciones del sistema y la ausencia de responsabilidades, parece que no importa lo que hagan, porque se va a tratar igual a los que se portaron bien que a los que lo hicieron mal. 

Por otra parte, la acción de la semana pasada fue toda una lección de política económica global con no pocos significados. En primer lugar, porque los bancos centrales demostraron fortaleza institucional e independencia al no gestionar por intereses nacionalistas o electoralistas, evitando el recurso fácil a una guerra de divisas que hubiera perjudicado la recuperación mundial. En segundo lugar, porque se demostró que, ante una crisis global y en mercados globalizados, la solución empieza por ser global: la suma de soluciones parciales no da como resultado una buena solución para todos (algo que deberíamos aprender en Europa). En tercer lugar, porque la política monetaria demostró, una vez más, su rapidez ante las dificultades. 

De cualquier forma, no debemos confiarnos, porque la política monetaria es un instrumento rápido, pero no es la solución a los problemas estructurales de la economía mundial ya que su efecto es limitado en el medio plazo y porque un exceso genera también problemas, especialmente, inflación. 

Así pues, un aplauso, y sin que sirva de precedente, a los bancos centrales. Ahora lo que hace falta es hacer bien y rápido todo lo demás. O sea, casi todo. 

Regla fiscal y constitución

La crisis económica no ha tomado vacaciones. El mes de agosto ha sido muy movido, tanto, que los gobiernos no han parado, manteniendo el ritmo de los meses anteriores. El nuestro, fiel a su estilo, ha improvisado incluso una reforma constitucional express para limitar el déficit público que ha generado, como siempre, más ruido político que efectos económicos. 

La idea de constitucionalizar una regla fiscal de limitación del déficit y/o de la deuda (propuesta del Nobel James Buchanan en los 80) tiene como objetivo dar credibilidad a la política fiscal, pues, de cumplirse, impide derivas demagógicas hacia el déficit a las que son propensos casi todos los políticos, al tiempo que limita la tendencia de las burocracias públicas a su permanente crecimiento (según el modelo de Niskanen en 1971). Limitar constitucionalmente el déficit da consistencia a la política fiscal a corto plazo porque impide el exceso de gasto cada año, mientras que limitar la deuda es una forma de asegurar la financiación a largo plazo porque, sobrepasado el límite, el déficit se tiene que convertir en superávit. Una regla fiscal doble, sobre déficit y deuda, consolida, de cumplirse, la reputación de la política fiscal, derivándose no pocos efectos económicos beneficiosos, empezando por una financiación más barata para la economía y una mayor eficacia en el gasto y en la recaudación. En el fondo, además de reflejar una desconfianza sobre la responsabilidad de los políticos, es una regla que garantiza la sostenibilidad de lo público a lo largo del tiempo, al impedir la traslación a las generaciones futuras de los excesos de gasto de las actuales, y limitar las incertidumbres. 

La eficacia de una regla fiscal constitucional depende de muchos factores. En economías con una buena dotación de capital público y que necesiten financiación exterior y/o quieran mantener la estabilidad exterior de su moneda, pero que tengan sistemas políticos complejos y descentralizados con posibilidades de descoordinación fiscal, las reglas fiscales son útiles, siempre que se diseñen correctamente (con contrapesos suficientes y automáticos) y se cumplan. 

Teniendo esto en cuenta, la reforma constitucional del artículo 135 tiene, en mi opinión, tres elementos positivos: el que se haya hecho, pues es mejor tener la regla que no tenerla; que se haya hecho por consenso entre los dos grandes partidos nacionales; y, finalmente, que se haya hecho rápidamente y ahora, porque nunca el PSOE la hubiera aceptado de estar en la oposición. Sin embargo, la reforma tendrá pocos efectos a corto plazo, pues es ambigua por no incluir cifras, no definir qué es el déficit estructural y no fijar un plazo de cumplimiento. Fiar todo esto a una ley orgánica es rebajar el efecto y podría quedarse en nada como otros preceptos constitucionales. A medio plazo, sin embargo, será útil, pues será una coartada para el ajuste fiscal que habrá que hacer en los próximos años y un precedente para hacerlo con el consenso de los grandes partidos. Pero no sustituye ni orienta todas las reformas estructurales que han de hacerse. 

Políticamente, la reforma ha retratado la crisis política que también sufrimos: un Gobierno terminal que es capaz de reformar la Constitución al dictado de Europa, como último recurso para no ser intervenido (así de grave es la situación), pero que sigue improvisando hiperactivamente, consciente ahora de no haber hecho lo que debía y no tener ya tiempo para hacerlo; una oposición que gobierna a la espera de las elecciones para certificar su victoria ante un contrario desorientado; unos nacionalistas que solo están en Madrid como "embajadores" y no como representantes del pueblo español; una izquierda ideologizada que nada sabe de economía; unos sindicatos y grupos de indignados que, incomprensiblemente, quieren tener que pagar deuda futura... En fin, la reforma la ha hecho una compañía de actores de una comedia del absurdo, aburrida y amarga, en la que late el drama de 5 millones de parados. Un drama que no se va a acabar con un cambio constitucional.