Mucho por hacer

La reforma laboral que ha puesto en marcha el Gobierno tiene muchas lecturas desde muchos puntos de vista. Puesto que, para los economistas, la ley es sólo un instrumento que regula las posibilidades de acción de los agentes, el análisis de esta reforma, como de cualquier otra medida legal, hay que hacerla desde la perspectiva de qué posibilidades abre. O mejor, de qué problema es el que se pretende atajar y si ataca sus causas. 

Los cuatro ejes de medidas contenidas en la primera parte del decreto (la segunda es de adaptación de normas subsidiarias) pretenden atajar el grave problema del paro mejorando la empleabilidad de los trabajadores y su disposición a contratarse, favoreciendo la contratación indefinida, aumentando la flexibilidad interna de la organización en la empresa y, finalmente, luchando contra la dualidad del mercado laboral. Para ello, el Gobierno modifica y aclara muchas de las posibilidades que ya tenía el Estatuto de los Trabajadores y que bien no se usaban, bien no funcionaban correctamente. 

De todas esas medidas y modificaciones dos son, desde un punto de vista económico, las más importantes. En primer lugar, las que abaratan los costes de despido colectivo, objetivando las causas y estableciendo topes de indemnización más bajos, al tiempo que elimina los trámites administrativos previos, porque permitirán a las empresas realizar los ajustes de plantilla con menos coste y más rápidamente. Y, en segundo lugar, la que posibilitan realmente la modificación de las condiciones laborales por parte del empresario a la realidad económica de la empresa, siendo subsidiario el convenio colectivo (la famosa cláusula de "descuelgue") de las regulaciones dentro de la empresa, porque permitirán acompasar los costes laborales a la productividad real de la empresa. Estas dos medidas lo que van a permitir, desde un punto de vista económico, es hacer más rápido el ajuste de salarios por hora (la devaluación interna) que tiene que hacer la economía española para volver a ser competitiva. Se podría así empezar a atajar el paro clásico (por exceso de salarios nominales frente al exterior) que tiene nuestra economía y bajaría así la cifra mágica (dada por la vieja ley de Okun) del 2,5% al 1,8% de crecimiento para crear empleo neto. 

Las demás medidas son, en mi opinión, de menor calado y efectividad porque nacen de la inercia de pensamiento, cuando no lo hacen del cálculo electoral o son mera retórica. Así, la reforma de la formación dentro de las empresas o los incentivos para la contratación son medidas superficiales que vienen a contentar a las microempresas, pero que no serán efectivas mientras no se reforme de veras la Formación Profesional y el sistema de protección social de los desempleados. De igual forma, dudo mucho que sea posible atajar la dualidad del mercado laboral español sin una más profunda reforma de los derechos de indemnización adquiridos. 

La reforma laboral que ha presentado el Gobierno Rajoy es una reforma importante del ordenamiento jurídico laboral, pero no es una revolución. Es, pues, un primer paso en el buen camino de modificación de nuestro mercado de trabajo, pero aún quedan pasos por dar que son de tanto o más calado: una reforma profunda de la Formación Profesional (más allá de las ocurrencias zapateriles del ministro Wert), una reforma profunda de las prestaciones sociales por desempleo y, sobre todo, un cambio en la financiación de la Seguridad Social que cambie las cotizaciones sociales por impuestos directos e indirectos. Si se hiciera así, probablemente, tendríamos un mercado laboral mucho más eficiente. 

Un mercado laboral más eficiente es sólo una condición necesaria para luchar contra el paro. Pero no es una condición necesaria. Porque la condición necesaria para crear empleo neto y bajar la tasa de paro es que la economía española vuelva a crecer. Queda, pues, mucho por hacer en nuestro mercado de trabajo y vamos tarde. Porque las reformas que se están haciendo ahora son las que tendríamos que haber hecho hace tres años. 

La reforma del sistema financiero

Oculta entre el Congreso del PSOE y las ocurrencias de los ministros de Justicia y de Educación, el Gobierno aprobó el viernes pasado una nueva reforma del sistema financiero español. Una reforma, la tercera desde que empezó la crisis, que no por reclamada y esperada es menos importante. 

La razón evidente de la necesidad de esta reforma es que las dos anteriores promovidas por el gobierno Zapatero no han funcionado, por lo que la situación de las instituciones financieras y, con ellas, de la economía, es más crítica. 

El sistema financiero español necesita una reforma profunda porque no está cumpliendo con su función básica que es financiar a las empresas y familias, lo que profundiza la crisis económica. Más aún, las dificultades de nuestro sistema financiero impiden que la política monetaria de bajos tipos de interés que está siguiendo el Banco Central Europeo, ante la práctica estabilidad de precios que vive la eurozona, no se transmita a la economía española. Se produce así la paradoja de que en plena expansión monetaria no llega el dinero a la economía real porque el sistema financiero está dañado. Tan dañado que el flujo de financiación para el conjunto de nuestra economía sido en 2011 poco más del 20% del que hubo en 2007. Un botón de muestra de este hecho es que el importe mensual medio de hipotecas concedidas en 2007 fue de algo más de 25.000 millones de euros, mientras que la media de los últimos doce meses no llega a 6.300 millones (el 25,3%). La reforma del sistema financiero es, desde un punto de vista macroeconómico, una imperiosa necesidad. 

Una necesidad que, desde la perspectiva de las instituciones financieras, implica sanear el balance y reestructurar su cuenta de resultados. Sanear el balance supone que, puesto que el valor actual de sus activos (lo que poseen) es menor que el valor al que los compraron, tienen que encontrar la forma de financiar este menor valor. Para ello tienen tres opciones básicas o combinaciones de ellas: o bien generan beneficios que, destinándolos a provisiones, compensen; o bien convencen a los mercados (instituciones financieras internacionales porque dentro de España todos están más o menos igual) de que les den financiación para cubrir el agujero con la promesa de devolverles el dinero en unos años; o bien consiguen que los inversores quieran entrar en el capital social de la institución correspondiente con la promesa de los beneficios futuros. 

El problema es que para intentar cualquier opción anterior, las entidades tienen que tener una cuenta de resultados con beneficios, porque si no generan estos beneficios no pueden dotar provisiones, nadie les refinanciaría y, desde luego, nadie invertiría en un negocio ruinoso. Y para conseguir esta cuenta de resultados saneada es por lo que van a empezar las fusiones, porque una fusión permite cerrar oficinas, ajustar los costes de personal, adquirir tamaño y diversificar riesgos territorial y sectorialmente. Todo esto lo podían haber los bancos motu propio, por ellos mismos, pero ninguno, con honrosas excepciones, lo quiso hacer, porque las reformas legales anteriores fueron eran más suaves (las erróneas fusiones frías) en un intento de ganar tiempo, esperando que éste resolviera el problema. La reforma actual endurece la ley y obliga a los bancos a dotar provisiones de los activos dañados, lo que, a su vez, los fuerza a buscar dinero (algo más de los 50.000 millones que dijo el ministro Guindos) especialmente fuera de nuestra economía y reestructurar sus estrategias y actividades. 

El resultado de esta reforma será que el sistema financiero español estará compuesto por pocas entidades de gran tamaño: dentro de un año no tendremos muchas entidades bancarias comerciales con balances menores de 100.000 millones, por lo que el mercado financiero español se lo repartirán entre 15 y 20 instituciones, algunas con distintas marcas comerciales. 

Por cierto, que de las responsabilidades del supervisor del sistema financiero, o sea, del Banco de España, hablaremos otro día. 

Ajuste fiscal sin reformas

El primer problema sobre el que el Gobierno está haciendo mucho hincapié es que la economía española necesita, por urgencia y porque condiciona la solución de todos los demás problemas, resolver su situación financiera. Es decir, reducir el exceso de deuda que tiene el conjunto de la economía y la dependencia que tiene de la financiación exterior. Un exceso de deuda sobre nuestro PIB que implica que, para resolverlo, es necesario o bien reducir esa deuda, o bien que el PIB nominal (incluyendo la inflación) crezca, o bien una mezcla de ambas cosas. Puesto que las expectativas de crecimiento de nuestra economía son muy negativas en los próximos años (en términos reales decreceremos unas décimas y en términos nominales creceremos otras décimas), y las familias y empresas ya están haciendo su particular ajuste financiero, el Gobierno ha puesto en marcha una política drástica de ajuste fiscal, subiendo los impuestos y recortando los gastos. Y digo drástica porque si sumamos las decisiones de política fiscal tomadas por el Gobierno Zapatero, más las del Gobierno Rajoy y le añadimos las tomadas por las Comunidades Autónomas, nos encontramos que, en los dos últimos años, se ha paralizado prácticamente la obra pública y la inversión en I+D, se han subido el IVA y el IRPF, se ha recortado el sueldo de los funcionarios, se están recortando los gastos sanitarios y educativos y se van aplazando los pagos hasta el infinito, todo ello al tiempo que suben todos los impuestos menores y aumenta la voracidad recaudatoria de las sanciones. 

El resultado final de esta política generalizada de todas las administraciones es que la economía española está sufriendo una política fiscal doblemente restrictiva, que afecta, a corto plazo, negativamente al crecimiento económico (y al paro), sin que tengamos claro que esta política vaya a mejorar el crecimiento a medio plazo o a la eficiencia de la administración. Y es ahí donde radica el problema, porque la política fiscal que está haciendo este Gobierno, en la línea con el anterior, es de un ajuste necesario en las grandes cifras de déficit (lo que macroeconómicamente es correcto), pero no está ni siquiera anunciando una reforma profunda de la estructura administrativa y fiscal española que la haga más eficiente en términos de resultados sobre el crecimiento y sostenibilidad económica. Dicho de otra forma, los recortes que estamos haciendo no tienen más efectos que el de aminorar la deuda a corto plazo, lo que es necesario, pero no hacen más eficiente la administración, ni son útiles para el crecimiento, que es el objetivo que realmente tendrían que tener los ajustes. 

La economía española necesita, para que el sacrificio sea útil, una profunda reforma de sus administraciones con una clarificación de su reparto competencial, una simplificación de los trámites y procedimientos, una nueva forma de gestión y de relación con la ciudadanía, una más equilibrada financiación en todos los niveles, una más justa carga fiscal y una más amplia rendición de cuentas. Mantener la misma estructura administrativa con duplicidades, recortar linealmente todas las partidas (¡qué inmenso error el recorte en I+D!), no tocar los obsoletos sistemas de subvenciones, mantener administraciones paralelas o no ir más allá que la mera declaración de intenciones en la lucha contra el fraude fiscal, es hacer una política tan miope como la que venía haciendo el anterior Gobierno. Ajustar los presupuestos para alcanzar unas cifras de déficit y no reformar la estructura de gasto y de ingresos es desaprovechar una oportunidad de reforma que la mayoría absoluta posibilita a este Gobierno. 

Por eso, mejor haría el ministro Montoro en trabajar en un plan de reforma de las administraciones públicas y del sistema tributario que andar con declaraciones inoportunas y ocurrencias, como la de reformar el Código Penal para meter en la cárcel a los que se pasen del presupuesto. Entre otras cosas, porque el ministro de Justicia solo se salvaría por la irretroactividad de nuestras leyes penales. 

Primeras medidas

En las dos semanas que el Gobierno Rajoy lleva en el cargo ha tomado decisiones que es necesario analizar para saber lo que va a hacer, porque la larga enumeración que hizo la vicepresidenta Sáez de Santamaría al presentarlas no fue sino una enunciación de medidas sin análisis ni argumentos con profundidad. No sé si es que el Gobierno se está guardando la explicación para hacerla en el Congreso, pero el hecho es que uno de los más duros ajustes de política fiscal de los últimos años no ha merecido una comunicación clara por parte del Gobierno, un error. 

Dicho lo anterior, la política de anuncios y las medidas tomadas por el Gobierno nos dan indicios de sus preocupaciones. En primer lugar, las declaraciones del ministro de Economía de que vamos a entrar en recesión, así como el anuncio de la desviación del déficit previsto, han sido de manual. Frente a los optimistas anuncios del Gobierno anterior, éste pretende reconocer la situación con mensajes ciertos para ganar credibilidad. De ahí también la firmeza en los anuncios de cumplimiento de los compromisos con la Unión Europea. El Gobierno quiere tener credibilidad, que el anterior perdió en los dos primeros años de la crisis, porque, en una economía basada en las expectativas, la credibilidad es un pilar básico para generarlas. 

En segundo lugar, está claro que el primer objetivo del Gobierno es el de atajar la crisis financiera. Para ello lo primero, siguiendo la estela de lo que el anterior gobierno venía haciendo, es la estabilización de las cuentas públicas y el saneamiento del sistema financiero. Es decir, para que la economía española, altamente endeudada y con problemas de financiación exterior, vuelva a crecer es necesario que se restablezca la confianza en la capacidad de pago de nuestra economía, y esto sólo es posible si cumplimos los compromisos adquiridos y no incrementamos nuestra deuda en los próximos años. Una estrategia de crecimiento con estímulos, como sugieren algunos, no es posible hoy porque no tenemos capacidad de crecimiento de la demanda interna por los problemas de financiación, porque tenemos dañado el sistema financiero y no trasmite la política monetaria y porque nuestra demanda externa es muy limitada y está vinculada al área Euro. 

Para lograr lo anterior, el Gobierno ha tomado medidas de ajuste de gasto y de subida de impuestos de muy diverso calado, siendo, en mi opinión, tres las más importantes: la congelación del sueldo de los funcionarios y del Salario Mínimo y la reforma "temporal" del IRPF. En cuanto a la primera, era una medida evidente porque, comprometida una pequeña subida de las pensiones y el mantenimiento de las prestaciones por desempleo (por razones electorales), el gasto público más importante son los salarios de los funcionarios. La segunda tiene un mensaje implícito para los convenios colectivos, pero, sobre todo, es una medida de ahorro de gasto para congelar las prestaciones que se vinculan al SMI. Finalmente, la reforma "temporal" del IRPF (vicepresidenta dixit) es una medida inmediatamente efectiva y tiene un fundamento político, pues quita argumentos al PSOE, aunque es incompleta porque, al no tocar los módulos, el ajuste recaerá realmente sobre los asalariados. 

Por lo demás, poco sabemos del saneamiento del sistema financiero salvo que nos va a costar 50.000 millones o de la reforma laboral de la que aún no hay noticias. En definitiva, las primeras medidas del Gobierno van en la buena dirección en cuanto a objetivos y son correctas por lo rápidamente efectivas, pero, en mi opinión, no están explicadas, son incompletas, tienen un trasfondo electoral y alguna hay errónea, como la congelación del gasto en I+D+i. Espero que, en las próximas semanas, el Gobierno tome más y mejores medidas porque con sólo anuncios incompletos y ajustes ni cumplimos con Europa, ni reformamos. Y ambas cosas hemos de hacerlas con rapidez y rotundidad. 

El nuevo gobierno económico

Tras el debate de investidura y la toma de posesión del presidente y de los ministros volvemos a tener Gobierno. Porque desde el verano andábamos en una provisionalidad e indefinición exasperantes. El Gobierno Rajoy es, en principio, un gobierno sólido y compacto. Viendo las biografías de los ministros se observa que los criterios de selección de Rajoy son diferentes de los de Zapatero. El equipo que ha compuesto Rajoy parece, a priori, preparado, equilibrado y orientado a un par de objetivos muy claros. Los objetivos que Rajoy presentó, dentro de un tono épico, en su discurso del debate de investidura fueron simples: luchar contra la crisis, haciendo los ajustes y reformas que sean necesarios, desde los presupuestos del Partido Popular y cumpliendo los compromisos adquiridos. Para alcanzar estos objetivos, este Gobierno cuenta con la legitimidad de su mayoría absoluta en las Cortes y en una mayoría de las comunidades autónomas. Una legitimidad que, además, se complementa, con la ausencia de "deudas" previas de Mariano Rajoy. Rajoy será, seguramente, el primer presidente que no debe nada porque en su ascenso no tuvo ayuda concreta de ningún grupo de comunicación, de ningún grupo de empresarios, ni de ningún grupo social (empezando por la Iglesia jerárquica). Ni siquiera tiene deudas con Aznar y, mucho menos, con el ala derecha de su partido. 

Teniendo esto en cuenta, que no hay vicepresidencia económica, que las responsabilidades de la política económica las ha dividido y que la orientación de política exterior está focalizada en Europa, ¿qué es esperable del Gobierno en política económica en los próximos meses? En principio, parece que Rajoy comprende perfectamente que la salida de la crisis exige trabajar en tres direcciones confluyentes: una dirección exterior centrada en la construcción de nuevas instituciones de la zona Euro, según el acuerdo del pasado 9 de diciembre, y para la que Rajoy cuenta con García-Margallo; una dirección de reforma de nuestra administración pública, empezando por el cierre del modelo autonómico, por lo que ha unido Hacienda y Administraciones Públicas, que ha encargado a Cristóbal Montoro; y una dirección de reformas, empezando por el sistema financiero y el mercado de trabajo, cuya responsabilidad recae en Luis de Guindos. Con estas orientaciones estratégicas y este equipo, lo esperable es un plan de acción razonablemente claro y formalizado, con objetivos y plazos, que se concretará dentro de tres o cuatro meses, justo cuando pasen los días de cortesía de la prensa, las elecciones andaluzas y los nuevos cargos hayan tomado el control de sus departamentos. De cualquier forma, la visita a Berlín y París y la próxima cumbre europea de enero serán las primeras señales de Rajoy de nuestra nueva política económica. Por su parte, en el mismo discurso de investidura hizo una primera jugada, que determina un curso de acción, pues al darle a Javier Arenas para las próximas elecciones en Andalucía la baza de la subida de las pensiones, se obligó a congelar el sueldo de los funcionarios, so pena de incumplir los acuerdos con Bruselas, con la justificación de la prórroga de los presupuestos. Como la elaboración de estos presupuestos es obligada, Rajoy aplazó hasta después del verano, y con menos incertidumbre política, el presentar un plan de reforma administrativa y fiscal que necesitamos. Finalmente, y aunque ha puesto fecha del 7 de enero a una reforma laboral pactada, Rajoy sabe que ésta es improbable porque los empresarios prefieren una reforma impuesta, que no podría estar en el BOE hasta- mediados de abril, aunque su debate generaría la sensación de que se está haciendo algo. También para finales de abril se han debido despejar las incógnitas del sistema financiero. 

Así pues, tenemos Gobierno. Hay, en principio, orientaciones claras de lo que hay que hacer y gente con capacidad para hacerlo. Tenemos señales, pues, de esperanza. Ahora lo que queda es esperar unos meses para ver en qué se van concretando. Entonces veremos si la esperanza se transforma en soluciones. 

El cambio en Europa

Mientras los españoles estábamos de puente, en Bruselas, Merkel, Sarkozy y, sin quererlo, Cameron, cambiaban Europa. Porque el acuerdo del 9 de diciembre es un acuerdo que pone las bases de un gobierno diferente de la UE, más unitario, especialmente en el ámbito económico, y que afectará, en principio, a los 17 países de la Zona Euro, y a todos aquellos que se sumen al acuerdo. La vía escogida ha sido la de un nuevo Tratado por el que los países de la Zona Euro se comprometen a una mayor disciplina fiscal y coordinación de las políticas económicas, lo que significa el establecimiento de topes de déficit público y deuda pública, así como la armonización fiscal de algunos impuestos, la coordinación de las políticas económicas (en especial, las de mercado de trabajo, de energía y de sistema financiero) y la supervisión del cumplimiento de estas medidas por parte de todos, de tal forma, que los incumplimientos se sancionen automáticamente. En definitiva, se establecen las bases de un gobierno económico europeo, al menos para los 17 del euro, con reglas que es necesario cumplir. Los países que ya cedieron la soberanía en política monetaria ceden así una parte de su soberanía fiscal y se comprometen a articular una política económica convergente. 

El acuerdo, al que, en principio, se han sumado todos los países menos el Reino Unido, supone un paso adelante y en la dirección correcta para Europa. Es un paso adelante porque se despejan las dudas sobre la viabilidad de la Zona Euro. Con este nuevo Tratado se subraya que Europa es consciente de que el euro es el viejo marco alemán ampliado, aunque menos fuerte, y que Alemania, y con ella el resto de las economías europeas, está dispuesta a hacer lo que sea necesario para salvar al euro haciéndolo tan creíble como lo fue el marco. Aunque con ello tenga que "alemanizar" al conjunto de la economía europea, empezando por Francia. Este acuerdo no despejará los problemas de la deuda de muchos países en el corto plazo, porque la base de estos problemas sigue existiendo, pero sí los estabilizarán, porque a medida que se vaya concretando irán desapareciendo las incertidumbres. Además, la mera existencia del acuerdo permite una cierta mayor flexibilidad en la política del Banco Central Europeo. 

En segundo lugar, el nuevo acuerdo es un paso adelante porque el modelo de política económica que está implícito en él, de rigor presupuestario y de estabilidad fiscal, es, en mi opinión, el más adecuado a largo plazo para Europa. Discrepo profundamente de los economistas, empezando por el Nobel Paul Krugman, que abogan por una expansión fiscal en las economías europeas porque olvidan las profundas diferencias estructurales entre Europa y los Estados Unidos. Hacer una expansión fiscal descoordinada e independiente conlleva el riesgo de que los irresponsables nunca paguen y chantajeen a los países serios por compartir su moneda. Sentada esta base, un gobierno económico europeo sí podría hacer una expansión fiscal del conjunto, esta vez sí, financiada con eurobonos.

Finalmente, el nuevo acuerdo es un paso adelante y en la dirección correcta porque el modelo de Europa que hay en él es el modelo continental de mayor integración económica, con reglas estables y comunes, lo que posiblemente nos haga avanzar hacia una mayor integración política. 

El acuerdo alcanzado es, en mi opinión y con matices, una buena noticia. Aunque un europeísta como yo hubiera preferido que el acuerdo hubiera sido un pacto de fondo para reformar los viejos Tratados, en la senda hacia una Constitución que rebajara el papel de los Estados, y una mayor concreción en algunos aspectos, el hecho es que, al menos, se ha alejado el peligro de una explosión de Europa. Lo que es, en los tiempos que corren, una magnífica noticia. Y más sabiendo que los británicos no podrán hacer más de lo que han estado haciendo desde que entraron: dinamitarla desde dentro. 

Más, mucha más, Europa

Si uno atiende sólo a las declaraciones oficiales de los líderes europeos o a las noticias de prensa, especialmente la salmón, diciendo que la zona Euro está "al borde del abismo", esperaría encontrarse, en los datos financieros, unas cifras catastróficas. Sin embargo, cuando acudimos a ellas nos encontramos que la situación de la zona Euro en su conjunto no es, ni por dónde, un desastre. Según datos del Fondo Monetario Internacional, la deuda pública bruta de Japón es del 230% de su PIB y la de Estados Unidos es del 100,2% frente a la de la zona Euro que está en el 80%. Si hacemos la comparación en niveles netos tenemos que Japón tiene un 130,59% de deuda pública neta sobre PIB, Estados Unidos un 72,61% y la zona Euro no llega al 65%. Si hacemos la comparación sobre la deuda global o la deuda exterior, los resultados son similares. ¿Por qué, entonces, las tensiones de deuda europea en los mercados financieros? ¿Por qué los norteamericanos financian su deuda sin problemas y a algunos países europeos nos están castigando tanto los mercados? 

La respuesta de fondo es sencilla. Porque la zona Euro no es un país con una economía integrada como lo son los Estados Unidos o Japón, sino la suma de diferentes economías, con una moneda común, pero con gobiernos y marcos institucionales diferentes. Dicho de otro modo, los mercados financieros están huyendo de los bonos europeos, también de los alemanes, porque la zona Euro tiene unas expectativas de salida de la crisis menores que la de los Estados Unidos o Japón. Y esas expectativas de una crisis más larga en Europa, tienen su raíz en tres problemas estructurales de la Unión Europea. 

El primero es el complicadísimo sistema de toma de decisiones de la Unión. Un sistema complejo en el que conviven tres instituciones de gobierno (el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo) con los gobiernos de cada país y los grupos de países que participan en según qué decisiones. De este sistema, articulado jurídicamente según tratados entre iguales, se deducen situaciones como la que se está viviendo esta semana en la que decisiones tomadas en ¡marzo! son puestas en cuestión nueve meses después, o que decisiones ¡urgentes! tomadas en octubre, no tendrán concreción hasta mediados del próximo año. La Unión Europea no necesita ya más tratados, sino una verdadera Constitución de un cuerpo político común con un Gobierno europeo real. Un gobierno que pudiera, en el ámbito económico, recaudar impuestos, gastar en políticas comunes, emitir eurobonos y regular la economía en su conjunto con mecanismos coercitivos. 

El segundo problema es de gestión de la crisis. Aun con las instituciones europeas actuales hubiera sido posible otra política económica. Así, para minimizar la crisis actual, hubiera bastado con que el gobierno alemán hubiera tenido una posición menos dogmática en el papel del BCE, o que hubiera permitido la emisión de deuda pública con garantías solidarias del conjunto (eurobonos). Con la contrapartida, eso sí, de una mayor responsabilidad por parte de todos los gobiernos. La crisis económica tendría una más rápida solución si las políticas económicas nacionales fueran una derivación de un marco de política económica común. La suma de intereses individuales no da, necesariamente, un interés común. De la misma forma que la misma política económica no da los mismos resultados en todas las economías. 

El tercer y último problema es la ausencia de flexibilidad en la economía europea. Europa es, aún y a pesar de la moneda única, economía no integrada, con miles de regulaciones nacionales y subnacionales que generan rigideces e impiden la competencia en los mercados de bienes y servicios y la movilidad de factores de producción. 

En definitiva, Europa necesita, en mi opinión, para salir de la crisis, ser más, mucho más Europa. El problema es que esto sólo lo vemos una minúscula e infinitesimal minoría de los que habitamos este viejo continente.