Desordenada, injusta y fea

Una competencia clave en cualquier Ayuntamiento es la de urbanismo. Y lo es porque el entorno urbano en el que se desarrolla la vida de la comunidad condiciona, de una forma determinante, la vida y el bienestar de cada uno de los ciudadanos. Por eso la norma máxima que regula la actuación de los ciudadanos en este tema, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), es una de las normas esenciales en la vida de una ciudad. Una norma esencial que tiene tres dimensiones que no debemos olvidar nunca. 

La primera dimensión del PGOU es la dimensión política. Y es que al ser un PGOU una norma que establece la forma de la ciudad, ésta determina un orden en el que se posibilitan las relaciones sociales: un orden en la edificación, en los espacios, en los servicios, en la forma en la que nos movemos. Un orden que facilita el que nos veamos como comunidad o como simple suma de barrios. De ahí que la incompletitud, la incoherencia o el incumplimiento del Plan generen desorden. Para que sea completo y coherente basta con que el PGOU sea lógico y factible. Pero para que, además, no se genere desorden es necesario que se cumpla. Por eso, cuando un Ayuntamiento permite el incumplimiento del PGOU, el resultado final es una ciudad caótica y desordenada, sin servicios esenciales e incómoda. 

Una segunda dimensión de un PGOU es la dimensión económica. Porque un PGOU es una norma que crea y distribuye rentas. Y es que el PGOU determina el valor de mercado de esos pequeños monopolios que son los solares. Un valor de mercado que depende de la situación y la calificación que el Plan confiere a cada solar. Un valor que genera, para el propietario, rentas de plusvalías que se producen por la mera voluntad de la comunidad representada en el Ayuntamiento. De ahí que el PGOU sea un instrumento de distribución de rentas. Pero, para que se puedan conjugar los intereses de la comunidad que crea el monopolio, con los de los propietarios, es necesario que el PGOU sea transparente en su tramitación, democrático en su promulgación y estable a lo largo del tiempo. Y que se complete con cesiones de espacios a la comunidad o con impuestos sobre las plusvalías. Porque si no se cumplen estos requisitos, se están distribuyendo, entre unos pocos, rentas que crea la comunidad por el hecho de determinar qué suelo es urbanizable o no y qué coeficiente de edificabilidad tiene cada metro cuadrado. Y si el desorden creado por el incumplimiento de un Plan es malo por antisocial, la injusticia económica creada por el oscurantismo en la gestión de un Plan o de los impuestos de plusvalías es peor porque se da a unos pocos lo que crean todos. 

La tercera dimensión de un PGOU es la dimensión estética. Porque si la arquitectura es el arte del espacio y de las formas visto desde el interior y el exterior de la obra de arte que es un edificio, el urbanismo es el arte de conjugar armoniosamente esas posibles obras de arte en el reducido espacio de una calle, una plaza, una ciudad. Por eso, un PGOU ha de tener, también, un criterio estético. Un criterio estético que sea coherente con el alma de la ciudad y de sus gentes y, desde luego, que permita enlazar armoniosamente su pasado con su futuro. Un criterio estético que al vulnerarse da como resultado una ciudad inhóspita, inhabitable, fea. 

Estas son las tres claves esenciales de cualquier decisión sobre urbanismo. Tres claves que han olvidado todos nuestros alcaldes, empezando por Julio Anguita y terminando por Rosa Aguilar, cuando han hecho dejación de sus funciones permitiendo las parcelaciones ilegales que coartan el crecimiento de la ciudad, que estropean la Sierra o que atentan contra Medina Azahara; cuando no han querido ver el impacto de los adosados en la Sierra o los fraudes en la edificabilidad en el Centro; cuando promueven algunas modificaciones al Plan, y la última es la del Meliá, que generan rentas para algunos sin que quede claro a quién benefician y a quién perjudican. Por eso, por este olvido y esta dejación de funciones estamos haciendo, y por mucho tiempo, una ciudad cada vez más desordenada, más injusta,... y, además, más fea. 

Financiación andaluza

Uno de los problemas de la opinión pública es que el debate se produce sobre hechos que ya se han realizado o sobre ideas que ya están asentadas. Discutimos sobre cosas que ya han pasado, no sobre las que han de ocurrir. Así, hablamos de las reformas impositivas o sobre los tratados europeos, sobre la reforma de los Estatutos o de la Constitución europea cuando ya se han tomado las decisiones. Unas veces es por opacidad de los poderes públicos en su intento de controlar la agenda política, pero otras, la mayoría de las veces, es porque los ciudadanos no somos conscientes de que los hechos políticos y económicos son el resultado de procesos que maduran con el tiempo. Este control de los temas y esa inconsciencia del tiempo hacen que la opinión pública sólo participe pasivamente en la acción de gobierno. 

En los próximos meses se van a tomar algunas decisiones clave para nuestro futuro político y económico. Y es que, a lo largo de este año, se van a tomar decisiones en Bruselas sobre el Marco Presupuestario de la UE para el periodo 2007-2013, al mismo tiempo que, con la reforma de los Estatutos, empezando por el catalán, se quieren tomar decisiones sobre la financiación de las Comunidades Autónomas. 

Para tomar conciencia de cuánto nos jugamos en estos dos debates que se avecinan basta con tener en cuenta que en Andalucía el peso del Sector Público autonómico andaluz es más del 20% de nuestra renta regional y que somos la región española que más ayudas recibe de Europa. Pero estamos hablando de mucho más que de dinero, estamos hablando al hilo del dinero de las instituciones que van a gobernar nuestra vida en el futuro. 

En el debate europeo están en juego tres cuestiones económicas esenciales: en primer lugar, la cantidad de dinero que cada país miembro ha de aportar, tema en el que hay un grupo de países, liderado por Alemania, que quieren reducir sus aportaciones hasta el 1% del PIB; en segundo lugar, los criterios de asignación de los fondos, cuestión en la que el informe Sapir abría el debate, hace más de un año, sobre la pertinencia de los actuales criterios y sus efectos, y en el que hay una tendencia, por múltiples razones, a reducir los fondos agrarios y los de cohesión; y, finalmente, la cuestión política del reparto por países y regiones, con la derogación del "cheque británico" y la pérdida de subvenciones en los países mediterráneos por el efecto de la ampliación al Este como ejes de la discusión. 

Pero también está en juego la construcción de Europa, pues si priman los intereses económicos y políticos de los Estados en detrimento del conjunto, y se reducen los fondos europeos y se asignan con un criterio de poder entre países, podemos encontrarnos que se dinamita el proceso de ese sueño de un Estado Europeo. 

De que nuestros políticos sean capaces de tener en cuenta los problemas de Europa como conjunto, de que tomen decisiones adecuadas sobre los criterios y de que seamos capaces de negociar a múltiples bandas y con múltiples criterios dependerá lo que recibamos hoy, pero también de lo que hagamos mañana como ciudadanos europeos en el mundo. 

En el debate sobre la financiación autonómica hay también, y además de dinero, mucho de debate político, incluso ideológico. Porque al debatir la financiación autonómica, con ese engendro intelectual de las balanzas fiscales, estamos discutiendo de dinero, sí, pero también de la arquitectura institucional del Estado. Y aquí el debate tiene un fondo ideológico porque algunas de las realidades que sufrimos desde hace tiempo, los regímenes forales, y algunas de las propuestas que se están realizando mal se casan con los principios de igualdad que recoge el artículo 1 de nuestra Constitución, con el de solidaridad del artículo 2 o el de "equilibrio adecuado y justo" al que alude en el 138, y que son pilares básicos de nuestra democracia. 

De que el Gobierno central y nuestro gobierno autonómico no cedan a las presiones nacionalistas, Maragall incluido, depende también lo que recibamos en el futuro, pero más aún, depende la convivencia futura como ciudadanos españoles. 

Mucho nos jugamos como ciudadanos andaluces, españoles y europeos en los próximos meses. Mucho nos jugamos y es bueno que empecemos a reflexionar hoy, en el día de esta nuestra patria pequeña que llamamos Andalucía. Sobre todo porque no nos tengamos que arrepentir de las decisiones que se tomen. 

Autocríticas

En unos días estamos llamados a las urnas en un referéndum consultivo sobre el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa. Y, a pesar del aparente desinterés con el que la ciudadanía se ha tomado esta consulta, hay un debate, relativamente superficial, que es sano que se produzca. La pena es que el debate de fondo que sería entrar en debatir si es necesario construir un Estado federal europeo, para qué y cómo, se está viendo contaminado por pequeñas críticas que, al final, son las que moverán o no a votar en uno u otro sentido a una mayoría. 

Se dice que el texto que vamos a votar tiene una ilegitimidad de base por la forma en la que se ha elaborado. Lo cual es una inmensa inexactitud. Porque los que lo han elaborado, la Convención, son parlamentarios de todos los países de la Unión, elegidos democráticamente. Más aún, en el proceso de elaboración hemos podido cada uno de nosotros, así como organizaciones civiles, participar enviando nuestras sugerencias bien a nuestros representantes, bien a la comisión. Si lo que se entiende por "poco democrático" es que no se ha discutido su articulado en asambleas populares, es cierto que en este sentido no ha sido debatido el texto como lo fue la primera Constitución francesa, pero todos coincidiremos que es poco menos que una quimera irrealizable el hacerlo en un cuerpo electoral como el del conjunto de la UE de 25 miembros. Los que sólo creen que es democrático un proceso directo desconocen muchas dimensiones de lo que es una democracia. 

Se dice que el texto que vamos a votar es sólo un Tratado y no es una constitución, como si así la decisión tuviera menos importancia. Y puede que formalmente los que así argumentan lleven razón. Pero es un Tratado constituyente por tres razones. En primer lugar, porque en el artículo I-7, se dice que "la Unión tendrá personalidad jurídica". En segundo lugar, porque en el texto se regulan las tres cuestiones esenciales que caracterizan cualquier constitución de un estado democrático: la forma política de los instrumentos jurídicos y su obligatoriedad; la definición de ciudadanía y los derechos inherentes a ella; y finalmente, el conjunto de instituciones que regulan la representación de los ciudadanos y el control sobre el poder político. Y, por último, este texto es más que un tratado porque con él cedemos soberanía en algunos aspectos de nuestra vida política para crear un ente supraestatal al que nos obligamos. No sé si será el texto una Constitución, pero creo que se le parece bastante. 

Se dice que el texto contiene un modelo neoliberal de economía y política. Y lo que demuestran lo que esto dicen es que ni han leído este texto, ni saben lo que es el liberalismo. Porque, en primer término, este texto es un instrumento político que regula instituciones políticas que afectan a la economía, como afectarán a otros ámbitos de nuestra vida. Y, porque, en segundo lugar, el texto hace referencia reiteradamente en infinidad de artículos a una "economía social de mercado" y hay un conjunto importante de derechos sociales que se recogen en distintos artículos. Si el texto tiene muchos artículos y hay algunas partes muy detalladas dedicadas a la economía no es porque sea esto más importante, sino porque este es un texto que refunde Tratados anteriores y muchos de ellos sólo tenían en su articulado objetivos económicos. Pero no por eso es menos social. Una política económica saneada y equilibrada es condición sinequanom para la cohesión social y la solidaridad intergeneracional. 

Se dice que esta Constitución no es cristiana, y es cierto que no se escribe en ningún lugar ese adjetivo, pero tampoco en la nuestra de 1978 se escribe, así como en otras muchas, y han sido valores cristianos, como también laicos e ilustrados, los que la han inspirado. 

Se dice que esta constitución consagra la guerra preventiva, y quienes eso dicen no han leído bien el artículo I-41. 

Se dice que... creo que se están diciendo muchas cosas, y es bueno que se digan, mientras se digan sobre el texto que hemos de votar. Pero no se dice que es una clara irresponsabilidad no ir a votar o votar en contra por castigar de alguna forma al gobierno que ha convocado el referéndum o por fastidiar a los franceses. Eso es confundir lo que votamos. Y ahora toca votar por Europa. Y, desde luego, y por muchas otras razones, yo voy a votar sí. 

Mercado de trabajo e inmigración

El mercado de trabajo español ha vivido, en los últimos tiempos, un profundo cambio. En pocos años, España ha creado empleo, ha disminuido la tasa de paro hasta el 10,3% y ha absorbido un flujo creciente de inmigrantes. 

Con una población activa total cercana a los 19 millones de personas, hay más de un millón de inmigrantes legales en nuestro suelo que suponen, según los datos oficiales, más del 6,3% de la fuerza laboral española. A este millón hay que sumar otro millón de inmigrantes ilegales, muchos de los cuales se legalizarán en los próximos meses, con lo que el total de inmigrantes es más del 10% de la población activa. Los inmigrantes que proceden de la UE, un 20% del total de legales, suelen ocupar puestos de trabajo de alta cualificación, bien en sus propias empresas, bien en empresas multinacionales. Por el contrario, los inmigrantes de otras áreas geográficas (Europa del Este, África y Latinoamérica), casi el 75% de los legales y la práctica totalidad de los ilegales, ocupan puestos de trabajo de baja cualificación, especialmente en la agricultura, la construcción, el servicio doméstico y el sector turístico. 

Esta inmigración, tanto la legal como la ilegal, tiene indudables efectos sobre el mercado de trabajo español, en particular, y sobre la economía, en general. El primer efecto es el de aumentar la competencia y flexibilidad en el mercado de trabajo. Una competencia que se produce porque el trabajador extranjero, normalmente, no tiene preferencia geográfica y no tiene ninguna rigidez ocupacional, pues lo que quiere es, sencillamente, trabajar. 

Los inmigrantes, así, encuentran trabajo porque son más flexibles, y están social y políticamente menos protegidos, que los trabajadores españoles, por lo que el paro español se explica por nuestra menor adaptación, geográfica y funcional. Esta competencia, fuerte en el mercado laboral de baja cualificación, produce una moderación en la evolución de los salarios, lo que genera una disminución de los costes empresariales y, en los mercados abiertos a la competencia, una moderación en la tasa de inflación. El resultado de esta situación es que las empresas aumentan sus beneficios, mientras que los trabajadores nacionales abandonan en manos de los extranjeros determinadas actividades, máxime si tienen algún grado de protección social. Pero hay un segundo efecto importante más, que aflora si los trabajadores son legales: la mano de obra inmigrante, si es legal y está contratada legalmente, genera un fuerte incremento de los ingresos públicos, tanto por las cotizaciones sociales, como por impuestos. La inmigración, pues, aumenta la competitividad de las empresas, mejora los beneficios empresariales, aumenta la recaudación y, puesto que los inmigrantes también son consumidores, aumenta la demanda interna. Todo ello, además, manteniendo actividades que, de otra forma, entrarían en crisis. Y estos efectos son fácilmente rastreables en la economía española de los últimos años. 

Pero la inmigración también tiene efectos colaterales. Y el primero de ellos es que, al producirse una competencia sobre los salarios de baja cualificación, las diferencias salariales se amplían, variando la distribución de la renta, si no hay un sistema impositivo progresivo. El segundo es que la inmigración obliga a la flexibilización real del mercado laboral, pues el mantenimiento de un mercado rígido haría aparecer una importante economía sumergida. En tercer lugar, con un grado medio de protección social para los nacionales, la inmigración incide sobre el paro de larga duración. Y, finalmente, la inmigración puede tener, de no hacerse políticas de asimilación, un coste social a partir de un determinado número de inmigrantes concentrados. Y también se pueden observar estos efectos en la economía española. 

Por todo esto hemos de reconocer que la inmigración ha sido uno de los motores del crecimiento y del cambio económico español de los últimos años. Lo mismo que la emigración española lo fue del milagro económico europeo de los 60. No reconocerlo es igual a no reconocer lo que los nuestros hicieron allí. Y, desde luego, también aquí. 

Constitución Europea y Plan Ibarretxe

En el proceso constituyente en el que estamos inmersos hay dos documentos encima de la mesa cuya comparación es interesante. Dos documentos cuyos preámbulos, de una simple página, son tan dispares en su filosofía y por sus consecuencias que sorprende que se refieran ambos a nuestra realidad política. Dos documentos que están escritos desde unas perspectivas tan diferentes que no son compatibles, de aprobarse ambos, de puro contradictorios. El primero es la Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi, el Plan Ibarretxe, el segundo es el Tratado por el que se establece una Constitución Europea. 

El preámbulo del Plan Ibarretxe tiene cinco párrafos y una frase conclusiva. En el primer párrafo se afirman la identidad y singularidad de los vascos y una pretensión territorial que incluye a Navarra y al País Vasco francés. En el segundo y tercer párrafos se establece un supuesto derecho de secesión, que mal nombra derecho de autodeterminación. En el cuarto se manifiesta la voluntad de llevar a cabo la propuesta. Y, finalmente, el quinto sintetiza lo dicho en los anteriores y explicita que lo que se pretende es hacer de España un "estado compuesto, plurinacional y asimétrico". En resumen, se afirma la identidad de unas personas (los vascos y vascas) subrayando su singularidad, su diferencia, se pretende un cierto imperialismo territorial (Navarra y el País Vasco francés), se subraya un victimismo de la historia (por lo que han de autodeterminarse de una supuesta colonización) y, finalmente, se pretende una asimetría, que es necesariamente desigualdad para los demás, sin referencia a la solidaridad con otros. 

Frente a este preámbulo, los seis párrafos del preámbulo la Constitución Europea. En el primero se dice que a Europa la inspira "una herencia cultural, religiosa y humanista" común, a partir de la que se han desarrollado los grandes logros políticos de "los derechos humanos, la democracia, la igualdad, la libertad y el Estado de Derecho". En el segundo y en el tercero se afirma que los europeos estamos convencidos de que hemos de caminar juntos hacia el progreso y el bienestar de todos, que hemos de estar abiertos a la civilización, que pretendemos el bien en el mundo, y que para ello, y sin renunciar a lo que somos, estamos dispuestos a "superar antiguas divisiones y, cada vez más estrechamente unidos, a forjar un destino común". En el cuarto se establece el lema de Europa, "Unida en la diversidad", para en el quinto subrayar que se quiere continuar con lo bueno de los Tratados anteriores, y, finalmente, en el sexto, agradecer a los que han hecho posible el texto su trabajo. En resumen, se afirma lo que nos une a los europeos, se reconoce el doloroso pasado de divisiones, se reitera la voluntad de unidad, se mira al futuro pensando en las generaciones futuras y en papel de los europeos en el mundo, según los criterios de igualdad, libertad y solidaridad con todos. Leídos los preámbulos en los que se sintetizan los pilares del articulado que se desarrollan en los dos documentos, hay un abismo entre ambos. Un abismo de valores y de principios políticos, un abismo de razones y de sentido, un abismo de realidad y de futuro. No soy de los que opinan que los juicios políticos se deban emitir desde los sentimientos, sino desde la razón. Sin embargo, leyendo ambos preámbulos he sentido una inmensa pena con el Plan Ibarretxe y una genuina emoción con el de la Constitución europea. Porque por el primero me siento rechazado, mientras que con el segundo me siento incluido. Porque por el Plan Ibarretxe me rompen la idea de España que había aprendido a amar desde pequeño, mientras que con la Constitución europea me siento orgulloso de ser constructor de un Estado grande y solidario que nos puede hacer bien a nosotros y en el mundo. Porque leyendo el Plan Ibarretxe siento que me quieren quitar algo que es también mío, mientras que con la Constitución me hacen propietario de todo un continente. No, no se debe hacer la política con los sentimientos, pero mi razón y mis sentimientos me llevan a rechazar el Plan etnitista, asimétrico y desigualitario de Ibarretxe y a aplaudir y a apoyar esa Constitución unitaria, solidaria y abierta que me hace parte de Europa. 

Crecimiento con desequilibrios

El año que acabamos de cerrar ha sido, para la economía mundial, uno de los mejores de los últimos veinticinco. Con un crecimiento cercano al 5%, según las previsiones del Fondo Monetario Internacional, un contexto de inflación moderado (no hay ningún país con inflación superior a los dos dígitos, salvo aquellos que están en guerra o con profundas inestabilidades), bajos tipos de interés y contención salarial por la competencia en los mercados de trabajo, la economía mundial se expande a un ritmo poco común. A pesar incluso de la inestabilidad en el Golfo Pérsico, la guerra en Irak y la escalada del precio del petróleo. La economía mundial crece y lo hace, además, más intensamente gracias al impulso que tres países, Estados Unidos, China e India, están viviendo. 

Pero estas buenas noticias sobre la economía mundial en este año que ha terminado no pueden ocultarnos que este crecimiento se ha cimentado sobre algunos desequilibrios que nos van a empezar a causar más de un problema este año de 2005. En primer término y como motores primeros, los dos profundos e importantes desequilibrios, déficit público y déficit exterior, de la economía norteamericana. Y es que la economía norteamericana, que sigue siendo más del 20% de la economía mundial, crece porque está siendo estimulada por un descomunal déficit público. De hecho, si se detrajera de su tasa de crecimiento el déficit público, el crecimiento real norteamericano sería sólo unas décimas superior al cero. Su demanda interna crece a un ritmo significativo porque las familias norteamericanas, al igual que su Gobierno, se están sobreendeudando por los bajos tipos de interés, pero parte de este crecimiento se está filtrando al exterior a través del también descomunal déficit exterior. Estos déficits gemelos implican unas fuertes necesidades de financiación, tanto pública como privada, lo que sumado a los bajos tipos de interés determinan una cotización del dólar a la baja, a pesar de las declaraciones de las autoridades norteamericanas de que desean un dólar fuerte y de las veladas intervenciones del Banco Central Europeo y del Banco de Japón. Y un dólar débil supone que la moneda china también es débil, por estar ligada su cotización al dólar, con lo que los desequilibrios a favor de China siguen aumentando, no se termina de resolver el problema de la balanza de pagos norteamericana y se agrava la situación de Japón y Europa, ante la competencia china y la fortaleza de sus propias monedas. La economía norteamericana crece, pero con serios desequilibrios internos que producen crecimiento en otras economías, a la vez que generan desequilibrios globales. Crecemos, sí, pero con inestabilidades inducidas por la errónea política fiscal del presidente Bush, de aumento del gasto público (especialmente el militar) y de bajadas de impuestos (especialmente para los más ricos). Y crecen, sí, China e India, lo que es bueno en términos globales porque son países de baja renta, aunque eso no quiere decir que disminuyan las desigualdades, porque no sabemos cómo se está repartiendo en el interior de esas economías este crecimiento. Pero crecemos con tan importantes desequilibrios que el peligro de una recesión mundial en un plazo no muy lejano no es impensable. 

El problema es que esta recesión es más probable porque los desequilibrios mundiales que nos pueden llevar a ella los están causando los norteamericanos, y ni se levantan voces para pontificar ahora sobre la bondad del equilibrio, ni Rodrigo Rato, desde el FMI, se atreve más allá de una leve recomendación. Es curioso lo que puede el poder, porque no me quiero ni imaginar lo que dirían los medios económicos internacionales y el FMI si otros tuvieran los mismos desequilibrios. Desequilibrios que serían menos peligrosos. 

Un discurso perfecto

El atentado del 11 de Marzo en Madrid es, sin duda, el acontecimiento político más importante de este año. Como, también sin ningún género de duda, el discurso de la semana pasada de Pilar Manjón, la portavoz de las víctimas del atentado, ha sido el mejor de los discursos políticos que se han pronunciado este año en nuestro país. Un discurso a la medida del acontecimiento que se está investigando, pues si el 11-M marca un antes y un después en la vida política española, era necesario un discurso como el de oímos, para cargar de sentido y de significado lo ocurrido. El discurso fue, por eso, una pieza perfecta de oratoria política, tanto en la forma como en el fondo. 

Las palabras de Pilar Manjón fueron perfectas en la forma porque expresó clara y sencillamente sus pensamientos y sentimientos, porque la estructura rítmica y creciente de su texto, hablando, primero, desde su situación de víctima y, después, desde su condición de ciudadana, describiendo sentimientos y aduciendo razones de sentido común, citando nombres de víctimas y olvidando el nombre de los políticos, argumentando desde los hechos hasta exigir acciones concretas, hizo que nadie pudiera responderle más que pidiendo perdón y suscribiendo todas sus palabras. Hasta la puesta en escena, el luto por su hijo y las demás víctimas, la voz firme y emocionada, la mirada serena y dolorida, fue perfecta. Pocas veces se tiene la ocasión de asistir a un acto político tan auténtico y tan hermoso como el del miércoles pasado en el Congreso. 

Pero si en la forma el discurso fue perfecto, en el fondo no lo fue menos. Pilar Manjón puso en cuestión, a partir del caso concreto de la actuación pública el 11-M y de la comisión que lo investiga, la realidad de nuestro sistema político, la realidad de nuestra democracia. En su discurso dejó al desnudo el funcionamiento de nuestro parlamento y las relaciones entre los partidos, el funcionamiento del gobierno y sus responsabilidades, el funcionamiento de nuestro sistema judicial, el funcionamiento del cuarto poder, el de la prensa. Y dejó patente porqué los ciudadanos desconfían de los políticos, de los partidos, de los jueces y de los medios de comunicación. Pero, fue más allá, pues Pilar Manjón nos hizo ver los problemas de fondo de nuestras instituciones políticas: una democracia de partidos derivada en partitocracia, con políticos que viven en una realidad virtual por ellos fabricada que nada tiene que ver con la realidad de los ciudadanos. Una democracia en la que las ocurrencias de los líderes políticos son los temas a tratar y no las necesidades reales de la ciudadanía. Una democracia en la que lo público se confunde con lo mediático, y en la que el discurso político es un conjunto de titulares, no una reflexión matizada. Una democracia de hooligans más de que responsables hombres y mujeres con sentido de lo común y de lo público. Una democracia virtual en la que los políticos no saben ya distinguir la realidad de la realidad que ellos se fabrican, y en la que carecen de sentido palabras como verdad, dignidad o responsabilidad. Pilar Manjón cuestionó el desvirtuado y virtual funcionamiento de nuestra democracia y nos mostró a todos la desnuda realidad de nuestro sistema. 

El perfecto discurso de Pilar Manjón, en nombre de las víctimas, es también el discurso de los ciudadanos. Y, por eso, por reflejar el sentir de los comunes ante el bochornoso espectáculo al que asistimos cotidianamente, es por lo que es un discurso con corazón y con razón. Un discurso digno y memorable porque constata que hay vida política inteligente fuera de nuestro parlamento, en nuestra sociedad civil, entre nosotros. Gracias, Pilar, por un perfecto discurso.