Otra oportunidad perdida

Los Presupuestos Generales del Estado para 2011, a presentar en las Cortes a mediados de septiembre, son una magnífica oportunidad para que el Gobierno haga un nuevo planteamiento de la política económica. Una nueva oportunidad para que el presidente Zapatero explique lo que pretende hacer para sacar a la economía española de la crisis. La orientación de qué hacer para estabilizar el deterioro de la economía española ya la sabe, porque los mercados y los socios comunitarios le han enseñado qué reformas hacer: hoy el Gobierno sabe que, como mínimo, ha de hacer una consolidación fiscal, una reforma laboral y una reestructuración bancaria. Lo malo es que no está haciendo bien ninguna de las tres y, lo peor, es que aún no sabe que para volver a una buena senda de crecimiento y creación de empleo, además, ha de emprender otras reformas (del sistema educativo, del sector energético y de la política industrial) y contar con un entorno exterior favorable. 

La consolidación fiscal que se inició en mayo está mal hecha, con algún acierto como la bajada del sueldo de los funcionarios, por varias razones. En la vertiente del gasto, porque el ajuste no está tocando la estructura del gasto (en qué se gasta el dinero), mientras que se reduce la inversión. Para hacerlo bien habría que empezar por cuestionar la insostenible estructura administrativa del Estado de las Autonomías, reducir las administraciones paralelas de entes autónomos y empresas públicas (empezando por las televisiones) y por reformar los sistemas de protección social (tanto las pensiones como la protección al desempleo) y racionalizar el gasto en subvenciones a las empresas. Mientras no hagamos esto tendremos un gasto público creciente, imposible de financiar. Reducir o congelar el gasto educativo y la inversión en obra pública, como se ha hecho, es, en mi opinión, peor opción. En la vertiente de los ingresos es necesaria también una profunda reforma fiscal: reducir cotizaciones sociales y sustituirlas por IVA; profundizar el IRPF aumentando la progresividad, eliminando los módulos y los privilegios de las rentas de capital; recuperar el impuesto de patrimonio; y, crear nuevas figuras sobre actividades nocivas o contaminantes. Hay, pues, un amplio margen para una profunda reforma fiscal que haga más justo el reparto de la carga de la consolidación fiscal. 

La reforma laboral, ahora con el trámite parlamentario mejorándose, será poco útil porque sigue sin modificar a fondo los tres problemas graves de nuestra legislación laboral: negociación colectiva, tipos de contratos y costes de despido. Y sin esto, y sin reactivación de la demanda, no crearemos empleo a corto plazo, por lo que sufriremos un largo periodo de alto paro, con paro de larga duración. No bajaremos significativamente la tasa de paro hasta que, mediante congelaciones salariales, adecuemos nuestro nivel salarial nominal a nuestra productividad real y se reactive la demanda. Según mis cálculos, que deseo equivocados, hasta mediados del año 2012. 

Finalmente, la reestructuración bancaria, clave para aprovechar la expansiva política monetaria, también se está haciendo regular porque, a base de fusiones frías para minimizar el impacto laboral, no estamos haciendo entidades más eficientes, sino sólo más grandes. 

El debate de Presupuestos debiera ser una oportunidad para que el Gobierno plantee, de una vez por todas, un plan de política económica coherente. O para que la oposición responda con una alternativa razonable. Mucho me temo, sin embargo, que ninguno de los dos hará nada de esto, que será otra oportunidad perdida. Perdida por el Gobierno porque su proyecto está ya muerto y se conformará con sacar adelante los presupuestos para pasar el año. Y por el PP porque sólo piensa en su ventaja en las encuestas y, posiblemente, porque tampoco tiene alternativa. Mientras, vamos por el tercer año de crisis, tenemos problemas fiscales y de deuda externa, la enésima guerra catalana, una preocupación por Cuba y una campaña en Marruecos. O sea, que tras estar en el siglo XX, nuestros políticos nos llevan al XIX. 

Malos políticos

Cuando medio país anda de vacaciones, el Centro de Investigaciones Sociológicas divulga los resultados de su Barómetro político en los que refleja cómo el Partido Popular va tomando ventaja (de 6,3 puntos) sobre el PSOE en el apoyo popular. Un dato que, siendo importante, me parece menos relevante que otro del mismo estudio: todos los políticos suspenden en la valoración de los ciudadanos (de 0 a 10 solo Rubalcaba se acerca al 4,5), mientras que un ¡78,9%! no confía en Zapatero y un ¡84,6%! no lo hace en Rajoy. 

Me temo que debajo de esta pésima valoración lo que subyace no es solo la crisis económica (y de la culpa de los políticos en ella hablaremos otro día) sino que los ciudadanos perciben, aunque no lo expresen claramente, que nuestros políticos son malos profesionales, que no están haciendo lo que tienen que hacer y, por eso, les retiran su confianza. Y los políticos no están haciendo lo que tienen que hacer, en mi opinión, porque nuestra clase política ha olvidado que su razón de ser no es ganar unas elecciones, sino la producción de orden político y social, y, consiguiéndolo, concitar el apoyo de los ciudadanos. Es decir, los políticos ya no saben que están para producir leyes y gestionar recursos que nos den bienestar económico, bienes públicos (seguridad, justicia, educación, sanidad, infraestructuras, etc.), igualdad de oportunidades, etc., no para tener ocurrencias populistas con el dinero de todos, como hace el Gobierno, o para alegrase de los errores del contrario (que empeoran la situación de todos) como hace el Partido Popular. 

La producción de orden político y social, que es lo sustantivo del poder político, está estancada en nuestro país por varias razones. La primera es que debaten más sobre quién es el sujeto administrativo que tiene que proveerlo que sobre la provisión en sí misma del bien. Así, llevan más tiempo determinando si es la Administración central o la autonómica la que debe hacer qué, que analizando cuál de las dos sería más eficaz en su provisión. De hecho, el criterio de eficacia nunca ha estado en las discusiones sobre las competencias transferidas. En el tema, por ejemplo, del Estatuto de Cataluña nunca estuvo presente, sino que se fue a dotar a la Generalitat de todas las competencias de un miniestado, sin tener en cuenta, no ya si era posible jurídicamente o no, sino si era factible económicamente para el conjunto de España. 

La segunda razón por la que la producción de servicios públicos y sociales está estancada es por la mala gestión, mejores que los públicos de otros países, pero, en general, despilfarradores. Entre otras cosas porque no tenemos profesionales entrenados al frente de los mismos, sino cargos políticos de confianza (o sea, del partido del que gobierna). 

Finalmente, la tercera razón por la que la producción de bienes sociales está estancada es, indudablemente, por la crisis: menos recursos, peor provisión. 

Si nuestros políticos supieran para qué les pagamos estarían dirimiendo de una vez por todas (al menos por muchos años) la arquitectura institucional de nuestra administración, estarían preocupados por el crecimiento de la violencia de género, los robos, el fracaso escolar y los problemas económicos y buscarían formas de gestión más eficientes para nuestros hospitales, escuelas, cajas de ahorros, instituciones, etc. Estarían haciendo política económica de verdad para intentar salir cuanto antes de la crisis. En vez de esto viven en un mundo irreal de personalismos, corruptelas, declaraciones y poses que nada interesa a la ciudadanía. Y porque viven en un mundo irreal es por lo que ésta, que sí sufre la realidad y la paga, los suspende. De hecho, hasta los consideran el tercer problema del país. Por eso lo importante del Barómetro del CIS no es si el PP ganaría unas hipotéticas elecciones al PSOE, sino que todos los políticos están suspendiendo. Lo malo es que el sistema de partidos español produce malos políticos. Lo que nos condena a sufrirlos eternamente.

Prueba de esfuerzo bancaria

La semana pasada, justo el viernes, se publicaron los resultados de los test de estrés, pruebas de resistencia, de la banca europea y, por supuesto, española. 91 entidades financieras europeas, de las que 27 han sido las españolas, se han sometido a las pruebas de las que una mayoría ha salido airosa. España ha sometido casi el 90% de su sistema financiero al examen, mientras que el resto de economías grandes no ha examinado ni el 50% de sus entidades. Los resultados son muy buenos para el conjunto del sistema financiero español: solo cinco grupos pequeños de cajas no han pasado las pruebas, mientras que nuestros grandes bancos las han superado con holgura. Una buena noticia que es necesario contextualizar para valorarla. 

¿Qué son estas pruebas de resistencia? Sencillamente simulaciones de las ratios básicas del balance de las entidades ante los posibles impactos sobre ellas de malos datos macroeconómicos. Es decir, es responder a preguntas como, por ejemplo, ¿estaría en quiebra el banco tal o la caja cual, y por tanto habría que intervenirlo, si cae el PIB un 3%, caen los precios de los pisos un 28% y, además, el paro aumenta en 5 puntos? ¿Qué pasaría? Sobre los datos reales de la entidad a diciembre de 2009 se han proyectado dos escenarios diferentes, o sea, dos conjuntos de distintas posibilidades. El primero, con una probabilidad media y una cierta dosis de realismo, es el que se ha llamado de referencia: caída moderada de la actividad bancaria por estancamiento de la actividad, incremento de la morosidad por aumento del paro o alargamiento de éste, problemas de déficit público en la mayoría de los países, caída del precio de los pisos de alrededor de un 25%, etc. El segundo, mucho más improbable, es mucho más dramático, pues todas las hipótesis son más negativas. Los resultados proyectados sobre los ejercicios de 2010 y 2011 nos dicen, sencillamente, que las entidades españolas, con la salvedad de cinco pequeños grupos de cajas, soportarían sin problemas de balance estos escenarios, incluso el más improbable. Tenemos, pues, un sistema sólido en su conjunto, algo que ya sabíamos, pero que estas pruebas vienen a corroborar. Para el lector interesado: en la página web del Banco de España se puede leer toda la metodología y los resultados. La importancia de estas pruebas radica en eliminar, al menos en el próximo año, los rumores y tontadas que no pocos analistas internacionales (algunos de ellos de bancos con intereses en publicar malos datos del sistema) y periodistas de medios antes prestigiosos (hoy de la misma altura que la prensa del corazón) han publicado sobre la solvencia del sistema financiero español, lo que redundará en la facilidad para mejorar la financiación de nuestras entidades. De la misma forma, ha sido un buen instrumento para hacer comparaciones con nuestros competidores europeos y alejar algunos fantasmas sobre nuestra economía. 

De cualquier forma, tampoco hay que sacralizar los resultados. Los problemas de financiación de la economía española, como ya escribí hace dos semanas, no están precisamente en nuestro sistema financiero. Como tampoco los problemas de nuestro sistema financiero están en las ratios básicas del balance, especialmente después de las fusiones y de las ayudas públicas del FROB. En absoluto. El problema de nuestro sistema financiero es de exceso de capacidad, de tamaño de algunas entidades, de viabilidad económica de su cuenta de resultados, de sostenibilidad a largo plazo. El problema de nuestro sistema financiero es el de un sistema que no cumple hoy, porque no puede, con su misión básica de financiar el crecimiento de la economía española. 

Quizás la simulación habría que hacerla ahora en otra dirección, es decir, ¿puede soportar la economía española un sistema financiero que solo mantiene buenas ratios de balance, pero que no posibilita financiación? 

Dicho de otra forma, estas pruebas de estrés lo que nos han dicho es que nuestro cardiólogo está, este año, bien; lo que no nos dicen es si pasa consulta. 

Deudas españolas

Por las declaraciones de nuestros políticos, los análisis de algunos opinantes y las preguntas que me han hecho mis estudiantes en Alemania, donde se sigue este tema con más interés que en España, creo que hay un cierto desconocimiento sobre la preocupante situación financiera de la economía española. Un desconocimiento que impide un discurso coherente a algunos y una opinión razonable a otros. 

Para empezar digamos que el monto total de deuda bruta, de todos los agentes de la economía española (hogares, empresas no financieras, administraciones públicas y bancos), según datos de diversos organismos internacionales, es de alrededor del 343% del PIB. En porcentaje de PIB, o sea, en términos relativos, es la tercera deuda más grande del mundo, después de la de el Reino Unido y Japón, y muy alejada, por ejemplo, de la de Estados Unidos (290% del PIB) o Alemania (273%). En euros, el cálculo es relativamente fácil si se tiene en cuenta que el PIB español es de alrededor de 1 billón de euros. De ahí podemos deducir que los españoles tenemos deudas por valor de casi 3,5 billones de euros, mientras que la deuda norteamericana es de casi 27 billones de euros. Tenemos una de las deudas más importantes del mundo, aunque, por nuestro tamaño, no sea de las más mayores en términos absolutos. 

Esta deuda se reparte, aproximadamente, de la siguiente forma: las familias deben 85 puntos de los 343; las empresas no financieras, 140; las Administraciones públicas, 55; mientras que la banca tiene deudas de 63 puntos. En términos absolutos, se puede hacer el cálculo de la misma forma que antes. Sobre esta distribución es necesario hacer cuatro comentarios: la deuda de los hogares es demasiado alta; la de las empresas no financieras es excesiva; la deuda del sector público es, aún, relativamente pequeña; y, finalmente, nuestro sistema financiero no plantea problemas de deuda. Por tamaño, el problema no es el sector público, como se ha venido señalando los últimos meses, sino la gran deuda de las familias, lo que impide el crecimiento del consumo, y de las empresas, lo que impide el crecimiento de la inversión. 

Sin embargo, mientras que las deudas de las familias y empresas plantean problemas de tamaño, es el crecimiento de la deuda del sector público lo que nos preocupa por la rapidez con la que se está acumulando. Y debe preocuparnos más porque el crecimiento de la deuda del Estado depende de muy pocos agentes decisores. Dicho de otra forma, que esos 55 puntos se van a convertir en casi 65 solo en este año por las decisiones erróneas de nuestro Gobierno. Y, previsiblemente, crezcan otros 5 o 6 puntos el año que viene, con lo que solo en dos años, nuestros gobiernos (también los autonómicos) serán los responsables del crecimiento global de la deuda en casi 15 puntos. De la deuda de los bancos, lo preocupante no es el tamaño, sino su inmediatez y que está ligada a la de familias y empresas. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es que una parte grande de esta deuda global es deuda externa, especialmente con países europeos. En total les debemos el 172,3% de nuestro PIB, siendo el tercer país del mundo por deuda externa global. Una deuda externa que seguirá creciendo porque ni las familias, ni las empresas, ni el Gobierno ahorran lo suficiente. 

Porque tenemos una deuda total relativa gigantesca, las familias y empresas están muy endeudadas y solo con años se bajará ese nivel de deuda, porque nuestro sector público ha sido muy irresponsable y ha perdido la credibilidad, porque nuestro sistema financiero tiene que hacer un ajuste inevitable y porque necesitamos el ahorro extranjero, es por lo que los mercados, esos "entes diabólicos", nos piden más interés y planes creíbles para prestarnos dinero. Nuestro crecimiento se hizo acumulando deuda. Mientras no la bajemos no volveremos a crecer. Por eso sabemos que la crisis será muy larga. Y esto es lo que hay. 

Grecia (I)

La crisis griega tiene tantos matices y planos que, en mi opinión, es necesario desbrozar el mucho ruido que está teniendo en los medios para hacernos una idea de lo que ocurre y sus implicaciones en nuestro futuro. Porque en la solución de la crisis griega los europeos nos jugamos mucho, como agentes económicos y como ciudadanos. 

La situación de la economía griega es de extrema gravedad. La economía griega tuvo en 2009 unas cifras de infarto: -3,1% de caída del PI B, una inflación del 1,3%, un déficit público del 11,3%, con una deuda pública del 115% del PIB. Solo la tasa de paro, del 9,4%, suponía un punto positivo. Para 2010, la situación se está agravando: la caída del PIB se espera que sea del -5%; la inflación está prevista en el 3,9%, el déficit público tiene una inercia que, sin profundos recortes de gastos y subidas de impuestos, llegaría al 15%, mientras que el paro está subiendo alarmantemente. La deuda pública llegará este año a ser superior al 125% del PIB. 

En esta situación, lo más urgente es controlar la explosiva situación de las finanzas públicas. Con una deuda pública del 125% y unos tipos de interés del 8%, los griegos han de destinar el 10% de su PIB, o sea, el 25% de sus impuestos, a pagar los intereses de la deuda que han acumulado. Dado que tienen, además, un déficit público no financiero del 5%, los griegos han de encontrar la forma de reducir su déficit al 5% máximo, so pena de no salir nunca del estancamiento. Tres líneas básicas de política fiscal son las que van a seguir. La primera es un profundo recorte de los gastos públicos, empezando por las pensiones y los sueldos de los funcionarios. Junto a este recorte de las transferencias y del consumo público, hay un durísimo plan de austeridad que implica la congelación de prácticamente todas las inversiones públicas. En segundo lugar, el Gobierno griego va a hacer un profundo ajuste fiscal con subidas generalizadas de impuestos. Y, finalmente, el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea van a canjear deuda pública griega actual por deuda garantizada de tal forma que los intereses a pagar por los griegos, por la mayor garantía que ahora se aporta, sean mucho menores que aquellos que tendrían si esta ayuda no se produjera. El que tanto el FMI como la UE exijan un duro ajuste fiscal no sólo es para garantizarse el pago, es para reforzar la credibilidad del gobierno griego en las dos primeras líneas de actuación política, lo que reduce, a su vez, el coste de la deuda griega no incluida en la ayuda, generando así un ahorro para los ciudadanos tanto griegos como europeos. El resultado de estas políticas es, indudablemente, un empobrecimiento de los griegos. Y, lo siento, pero no queda más remedio, porque han vivido demasiado tiempo por encima de sus posibilidades, haciendo obras faraónicas (para las olimpiadas, por ejemplo) que no han tenido rentabilidad, consintiendo un alto nivel de fraude fiscal, con derechos crecientes, reivindicaciones crecientes y... una montaña de mentiras sobre sus finanzas públicas que ahora pasan factura. 

Esta situación sería solo un problema griego si Grecia no fuera parte de la Unión Europea y del euro. Porque, al serlo, debilita la situación de todos los demás. Más aún, al ser los europeos, especialmente los bancos alemanes, los principales acreedores del Gobierno griego, la caída de la economía griega puede retrasar la salida de la crisis europea. Además, al no poder expulsar a los griegos de la moneda única, ni hacer una devaluación parcial, Europa se encuentra en una encrucijada política y económica: o da los pasos hacia adelante que la unión monetaria exige, o da el paso atrás de su desintegración. Grecia es la clave. Pero estas implicaciones se merecen un análisis más detallado que será objeto de un próximo artículo. 

4 de mayo de 2010 

Corrupción

Una de las lacras políticas y económicas más nefastas es, sin duda, la de la corrupción. De hecho, la mera existencia de la corrupción es un problema grave porque supone siempre la vulneración de los derechos de alguien, la materialización de una injusticia. Cuando un político favorece a una determinada empresa o un funcionario da ventaja a un ciudadano sobre otro, no sólo beneficia a unos pocos, es que perjudica con su acción a todos los demás. Las alteraciones corruptas de un plan de ordenación urbana, por ejemplo, enriquecen a unos pocos perjudicando a muchos. Y la costa española está llena de pruebas. La corrupción es, pues y sobre todo, una inmensa injusticia. 

Pero es, también, un problema político porque tiene como consecuencia una permanente desconfianza de los ciudadanos en su administración y en su clase política. Esta pérdida de confianza implica una seria pérdida de legitimidad del sistema, la desafección de los ciudadanos del debate político y de la participación ("¿para qué votar si todos son iguales"?), la pérdida de posibles candidatos que no quieren manchar su imagen (con lo que no siempre se puede escoger entre los mejores), la inestabilidad política y, a la postre, el deterioro de todo el sistema democrático. La correlación entre corrupción e inestabilidad social y política es clara; como lo es entre grado de democracia y transparencia. 

Así mismo, la corrupción tiene, también, y aunque algunos no lo vean, consecuencias económicas, no sólo distributivas. Una administración corrupta es una rémora para el crecimiento porque supone sobrecostes, pérdida de participantes, ineficiencia, etc. La corrupción es, en no pocas ocasiones, una de las causas de pérdida de inversiones por la inseguridad jurídica que genera. La desconfianza en la administración pública es, sin duda, una de las principales causas de atraso económico. 

Las causas de la corrupción son muchas. La ausencia del concepto del servicio público, la pérdida de valores, la permisividad social, etc. Pero, sobre todo, y como con la mayoría de las leyes, la corrupción es fruto de la posibilidad de impunidad. Dicho de otra forma, de los controles que se realicen y de las sanciones que se apliquen. Un sistema que no se controla y/o unas sanciones muy escasas implican un alto nivel de corrupción. Si Roldán sólo ha estado unos años en la cárcel o todo el lío de Marbella se salda con 10 o 12 años de cárcel después de todo el daño causado, la corrupción no sólo no se erradicará, sino que se enquistará permanentemente en nuestros partidos, en nuestra administración, en todo nuestro sistema democrático. 

Teniendo todo esto en cuenta no entiendo la actuación de Mariano Rajoy y del Partido Popular en el caso "Gürtel". Máxime si recuerdo cómo la corrupción, que salpicó al PSOE en los 90, fue una de las causas de la victoria de Aznar. No he seguido con detalle el caso, porque me aburre esa manera de dosificar las noticias que tienen los periódicos, pero tengo claro, al margen de lo que digan después los tribunales, que hubo una mafia empresarial que, a cambio de regalos para algunos y de financiación para el partido, se enriqueció con contratos públicos en los que había sobrecoste. Ante esto, la actuación de Rajoy y de su partido ha sido la de siempre: negar los hechos, desviar la atención, atacar al PSOE, armar un embrollo jurídico, para, finalmente, acusar a la policía con juegos de palabras absurdas. Todo, menos lo que había que hacer: expulsar a los corruptos inmediatamente (Camps, Bárcenas y compañía), colaborar lealmente con la Justicia y rechazar estas prácticas mafiosas. O sea, que me temo que Rajoy ha actuado ante este problema con la misma falta de liderazgo y de ideas que él achaca a Zapatero ante la crisis. Zapatero perdió mi apoyo hace años, Rajoy todavía no lo ha ganado. Y por el camino que va, dudo mucho que lo gane. 

20 de abril de 2010 

Reconversión bancaria

Unas de las medidas más urgentes de política económica que ha de tomarse es la reconversión del sistema financiero. Y ha de hacerse porque sin un sistema financiero eficiente no es posible canalizar los flujos de ahorro hacia la inversión y el consumo, y, sin crecimiento de la inversión y del consumo, no se puede crecer y crear empleo. Necesitamos, pues ajustar nuestro sistema financiero, reequilibrando sus balances y mejorando su eficiencia, y hemos de hacerlo ahora porque dentro de unos meses, cuando cambien las condiciones de la política monetaria (que cambiarán poco después del verano en cuanto terminen los ajuste de sistemas financieros que resistieron peor los primeros embates de la crisis), nos encontraremos con que hemos perdido la oportunidad de los impulsos de la política monetaria de bajos tipos de interés y facilidades de financiación al sistema. 

Las razones por las que el sistema financiero español necesita una profunda reconversión es que, aun siendo en su conjunto relativamente fuerte, está muy sobredimensionado, al tiempo que tiene la debilidad de necesitar una fuerte financiación exterior a corto plazo con que recomponer sus balances. Es decir, dado el volumen de actividad que va a tener en los próximos años (nada que ver con la alegría de los años 2004 a 2006), la estrechez de márgenes por los bajos tipos de interés y la ineficiencia de algunas entidades, es necesario reajustar la capacidad productiva. Esta reducción de capacidad productiva, con reducción de costes, es necesaria porque las entidades financieras han de tener beneficios, pues en caso contrario no pueden acceder a la financiación de su pasivo en los mercados financieros. No debemos olvidar, y se suele olvidar, que una institución financiera capta recursos a muy corto plazo (nadie hace un depósito a más de tres años) y los presta a muy largo plazo (las hipotecas son de hasta 50 años), por lo que un banco o una caja siempre necesitan tener la posibilidad de endeudarse. Algo que solo es posible si los agentes tienen la seguridad de que la entidad va a poder hacer frente a los pagos, que tiene beneficios y que sus activos son sólidos. Por eso, un banco o caja no puede tener pérdidas so pena de tener que ser intervenida o quebrada. 

El problema es que, dado que la capacidad productiva de una entidad financiera es el personal, la reconversión bancaria implica, necesariamente, la reducción de oficinas y, correlativamente, la pérdida de puestos de trabajo. Más aún, dado que la eficiencia media de todas las entidades no es la misma, han de desaparecer las menos eficientes. En este sentido, se calcula que el ajuste supondrá, sobre las cifras que había en 2007, el cierre de unas 3.000 oficinas, la pérdida de entre 15.000 y 20.000 puestos de trabajo y la desaparición de alrededor de 15 entidades. Un ajuste que algunas entidades, especialmente los grandes bancos empezaron a hacer hace meses, y que otras, especialmente las cajas que más lo necesitan, ni siquiera han comenzado. 

El retraso en hacer el ajuste ha sido motivado por dos hechos importantes: por una parte, porque se prefirió (en mi opinión, correctamente) aplazarlo para ir diluyendo en varios ejercicios los problemas de balance de las entidades; y, por otra, (en mi opinión, errónea) porque, aunque el Banco de España es el regulador del sistema, las cajas de ahorros, las entidades que deben hacer frente al grueso del ajuste, dependen de las Comunidades Autónomas, y éstas están atrasándolo, por razones políticas, buscando salidas poco lógicas como las "fusiones frías". Lo siento, pero no es posible tener un sistema financiero eficiente que nos ayude a salir de la crisis si no aceptamos ahora su ajuste, exactamente como se ha aceptado el ajuste en otros sectores, empezando por la construcción. 

Algo que también se hizo en los primeros años ochenta. Claro que, entonces, el Banco de España era el Banco de España y no el de una confederación de mini-estados. 

6 de abril de 2010