Ocurrencias

He de confesarlo. Lo que me desespera de estos tiempos que vivimos no es el pensar que el mundo es algo caótico, que solo podemos llegar a entender muy parcialmente, porque esto solo es reconocer la limitación del conocimiento, no su imposibilidad. Ni siquiera me desespera el velo que la urgencia de la crisis está poniendo sobre los profundos problemas que tiene la Humanidad, porque la vida es un tiempo limitado y, para todos, lo que puede ocurrir mañana es más importante que lo que puede ocurrir a largo plazo. No me desespera tampoco, aunque me preocupa mucho, la grave crisis que está viviendo nuestra sociedad, porque sé que tiene solución. Lo que realmente me desespera y enfada es la ración diaria de ocurrencias de nuestros políticos, de distinto signo y calado, que no resuelven los problemas. Y me enfadan, tanto por lo que suponen de incompetencia, como por ser un insulto al sentido común. 

Porque es una triste ocurrencia de profundo calado la propuesta independentista del Sr. Mas. ¿O es que piensa el Sr. Mas que los problemas de crecimiento o deuda de Cataluña se resolverían más eficientemente en un pequeño país independiente fuera de la Unión Europea? ¿O es que hay una relación causa efecto entre independencia y mejora de la sanidad, la educación o las infraestructuras? Me temo que la independencia tiene muy poco que ver con los problemas reales, de hoy y de mañana, de los catalanes y mucho con un oportunismo insultante. 

Como es una ocurrencia la ley de tasas judiciales. Se argumenta que hay que pagar por la justicia porque así se reducirían el número de procesos, al tiempo que se financia más equitativamente el servicio de la justicia al recaer el coste del servicio sobre el que lo usa. Pero se olvida que la justicia es un bien primario del Estado y que la justicia no es un servicio público que solo sirve a aquellos que lo usan, sino un bien social, pues, sea cual sea la naturaleza del pleito, la justicia sirve al conjunto de la sociedad al establecer una interpretación de los principios contenidos en las leyes. Si el problema que se quiere resolver con esta medida es de recaudación, refórmense los impuestos; si el problema que se quiere atajar es el exceso de procesos por denuncias falsas, refórmense las leyes de las infracciones contra la Justicia; si el problema es el atasco de la justicia, modifíquese los procedimientos judiciales; si el problema es de eficiencia de la justicia, reorganícese. Me temo que los problemas de nuestra justicia merecen más reformas que una simple ley de tasas. 

Como merece otra reforma profunda nuestra sanidad, en la que hay ocurrencias como la propuesta de que el copago de los medicamentos se haga en función de la renta. ¿O es que la enfermedad de una persona es más enfermedad porque tenga más o menos renta? ¿Es que acaso el derecho básico a la salud se debe prestar de una forma diferente según la cantidad de renta? ¿No es ya el sistema tributario progresivo? Me temo que para resolver el problema de los crecientes costes de la sanidad pública hay que reformar muchas más cosas y conocer mejor los efectos distributivos del gasto público, porque si no, todo son ocurrencias. 

Como es una otra ocurrencia la del Ministerio de Economía de sugerir ligar el permiso de residencia a la compra de una casa de más de 160.000 euros. Lo que me lleva a preguntarme si no tienen otra cosa en que pensar sus economistas, con 5,8 millones de parados y con los problemas financieros que tenemos, que en esto. 

Y así podríamos seguir hasta el infinito. En medio de la crisis, nuestros políticos, de todas las administraciones y partidos, nos dan todos días, en vez de soluciones, una ración de ocurrencias. Tantas, que hay días que me pregunto ¿en manos de quién estamos? Una pregunta cuya respuesta mejor no escribo. 

Un mercado de trabajo enfermo

Según la última Encuesta de Población Activa, en España había 17,3 millones de personas ocupadas (la misma cifra que en 2004) y 5,8 millones de personas desempleadas, la cifra de paro más alta jamás alcanzada por la economía española. Esto significa que, desde el primer trimestre de 2008, momento de inicio de la crisis, hasta la fecha, se han perdido unos 3 millones de puestos de trabajo, lo que supone una caída del 15,1% del empleo. Mientras, en el mismo periodo, la actividad ha caído "solo" un 6,5%. Este hecho, la sobredestrucción de empleo, refleja, de una manera sintética, que algo funciona muy mal en el mercado de trabajo español para que, en un tiempo en el que se reducen los salarios reales, el paro crezca. Porque si no fuera así, y la caída del empleo hubiera sido aproximadamente igual que la de la actividad, ahora estaríamos hablando de 4 millones de parados, 1,75 millones menos, de una tasa de paro del 17,4%, de 19 millones de puestos de trabajo. Más, aún, si no fuera así, con una caída de salarios reales, la sangría del paro debería haberse frenado en los 3,5 millones de personas. 

Todo ha fallado en nuestro mercado de trabajo. Porque decimos que un mercado de trabajo funciona bien si facilita una ocupación digna, adecuada a la cualificación y experiencia, con un salario coherente con lo anterior para todos aquellos que quieran trabajar. Hay, pues, cuatro medidas cuantificables del funcionamiento de un mercado de trabajo: la tasa de paro; el respeto a los derechos de las personas; la adecuación de los empleos a la dotación de capital humano; y, finalmente, la coherencia y proporcionalidad de las retribuciones entre sí y con la aportación al proceso productivo. Teniendo esto en cuenta, hemos de concluir que el mercado de trabajo español está profundamente enfermo: porque produce paro; porque se están deteriorando las condiciones laborales; porque se está generalizando el subempleo; porque, en algunos sectores, como el sector público, se está perdiendo la coherencia salarial. 

Las causas de estos problemas son muchas y variadas. Tantas, que se puede decir que el mercado de trabajo español casi concentra el conjunto de todas las etiologías laborales posibles. Una pésima regulación laboral de raíces corporativas (falangistas) muy rígida que ahuyenta la contratación indefinida y dualiza el mercado, convierte a los comités de empresa en pseudo-direcciones paralelas y al poder judicial en una variable a tener en cuenta en la gestión de los recursos humanos. Una institucionalización centralizada de las relaciones laborales que ha propiciado a los agentes sociales un papel en la vida política que va más allá de lo genuino de su función, al tiempo que ha provocado un alza de salarios política muy por encima del crecimiento de la productividad. Un débil tejido empresarial con pocas empresas, de escaso tamaño, mal organizadas, con baja productividad y en sectores muy maduros y con exceso de regulación, lo que hace que el empleo español pivote demasiado sobre microempresas tradicionales y sobre el sector público y poco sobre empresas internacionalizadas y en sectores de alto valor añadido. Una oferta de trabajo desequilibrada en su formación media, por una crónica carencia de titulados medios y de formación profesional y una preocupante tasa de personas sin cualificación. Una fiscalidad del trabajo que encarece el trabajo nacional impidiendo su competitividad internacional. Incluso, una ideologización excesiva que, a fuerza de clichés, oscurece el análisis. Y, a todo esto que ya estaba en el mercado de trabajo español de antes de 2008 y nos provocaba los 2 millones de parados que teníamos entonces, hay que añadir las circunstancias que ahora tenemos de caída de la demanda, los problemas de financiación- la crisis. 

El mercado de trabajo español está enfermo, profundamente enfermo. Y porque en esta frase hay 5,78 millones de personas en paro es por lo que deberíamos reformarlo en profundidad. Una reforma profunda que, de no hacerse, convertirá sus enfermedades en crónicas. 

El PSOE necesario

Las pasadas elecciones vascas y gallegas han tenido un resultado que, no por esperado, es menos preocupante para la estabilidad política de España. Un resultado que se puede resumir en tres hechos complementarios: un auge del nacionalismo independentista, el hundimiento del PSOE y, como corolario, la fragmentación del voto de izquierdas. Y, siendo preocupante el primer hecho, más me preocupa el segundo, pues el hundimiento del PSOE radicalizará las posturas de todos. 

España necesita al PSOE de la misma forma que la España de los 80 necesitó a la Alianza Popular de Fraga y la de los noventa al PP de Aznar: para generar alternativa de gobierno; para aglutinar y moderar la voz que llega desde su lado ideológico; para dar continuidad a las grandes políticas de estado; para concitar los pactos de reforma que necesitamos. España, la democracia española, necesita al PSOE. Por eso, no siendo socialista, me atrevo a escribir este artículo. Y, llevado de mi atrevimiento, me arriesgo a aconsejar que si el PSOE quiere volver a ser una opción de gobierno en el medio plazo, necesita una profunda renovación de ideas y de personas. Una renovación que bien podría seguir los cuatro ejes de sus siglas. 

Porque lo primero que necesita el PSOE es volver a ser un partido. O sea, un grupo de personas que, con diversos matices, tenga un relato coherente y homogéneo sobre la realidad, comparta un conjunto de valores y criterios sobre cómo juzgarla, y articule un discurso de propuestas realista de cómo cambiarla. No puede ser que el PSOE tenga análisis divergentes sobre la crisis o la organización territorial, tenga distintos discursos sobre los mismos temas y propuestas contradictorias según los territorios, y se haya reducido a una simple maquinaria electoral, cuando no de poder. 

Lo segundo que, en mi opinión, necesita el PSOE es regenerar sus ideas y renovar su socialismo. Hace años que del estatismo marxista y revolucionario del siglo XIX, los socialistas españoles evolucionaron hacia posiciones en las que aceptaban la economía de mercado, moderada por la actividad del Estado y con mecanismos de redistribución de la renta. Sin embargo, el socialismo español tiene aún un estatismo acentuado, por el que consideran que solo lo público es social, y mantienen una alta propensión a la regulación y a la intervención. Es curioso que, siendo los adalides de la liberación social, no hayan ocupado el espacio social-liberal en economía, ni hayan desarrollado con profundidad propuestas ecológicas. Una mirada a los programas socialdemócratas suecos o alemanes y un estudio de las propuestas demócratas norteamericanas actualizarían un discurso ideológico muy anticuado, dándole un aire del siglo XXI. 

Lo tercero que debería hacer el PSOE si quiere renovarse es recuperar su ética obrerista. Frente a la ética de los derechos sin obligaciones, del todo gratis y sin esfuerzo, el PSOE debería recuperar, en mi opinión, los viejos valores del obrerismo: la austeridad y la sencillez, el esfuerzo y el ahorro, la meritocracia y la exigencia, la solidaridad. Una reflexión sobre los valores que subyacen en sus propuestas de los últimos años le llevaría a ser consciente de cuánto se han alejado de las esencias que le hicieron un partido que, al menos en su pretensión, se veía como una referencia moral. 

Finalmente, el PSOE debería, siempre según mi opinión, recuperar la E de España sin complejos y proyectarla en una E de Europa más amplia. Porque si quiere volver a ser un partido de gobierno no puede tener un ambiguo y superficial discurso de articulación del Estado español, como no puede no tener en cuenta la realidad a la que inexorablemente nos lleva la política europea y liderar la proyección de España en ella. 

No soy, ni he sido, socialista. Pero valoro a un viejo partido de más de 130 años al que todos le debemos tanto. Por eso animo a mis amigos socialistas a que se levanten y se reinventen. Aunque discrepemos. Porque España les necesita. 

Independencia (vista desde Castilla)

Visto desde Córdoba, o desde cualquier otro de los viejos reinos de Castilla, el discurso independentista catalán es relativamente simple. 

Los nacionalistas dicen, en primer lugar, que quieren la independencia porque los demás no los apreciamos. Para demostrarlo suelen aportar que, desde Pi y Margall (1873), no ha habido ningún presidente catalán. Y quizás la causa, más que en la desafección, esté en que casi todos los que nos gobernaron, hijos de la burguesía provinciana, emigraron a Madrid a estudiar y allí empezaron su carrera política, mientras que los catalanes no lo hacían. Quizás porque tenían otros intereses. 

En segundo lugar, los nacionalistas catalanes quieren la independencia porque, según ellos, pagan más impuestos que los demás. Y eso es falso. Porque ni el IVA, ni las Contribuciones Sociales, ni el Impuesto de Sociedades son más altos en Cataluña que en el resto de España. Y, en el IRPF, el tramo estatal es el mismo para todos, y sólo su tramo autonómico es más alto porque así lo ha decidido la Generalitat. Si la familia catalana media paga más impuestos, en términos absolutos, no es por ser catalana, sino porque tiene salarios y rentas más altas. O sea, porque el sistema tributario es progresivo y ellos más ricos. 

En tercer lugar, los nacionalistas catalanes se quieren ir porque dicen que reciben menos gasto público per capita que los demás. Lo que es sólo una media verdad. Los catalanes tienen un nivel de servicios públicos mucho mejor que la media. De hecho, per capita, el gasto en sanidad y educación es de los más altos del país (más de un 10 y un 13% por encima del andaluz) por la sencilla razón de que sus funcionarios están mejor pagados que la media. Si el gasto público total per capita es similar a la media nacional es porque la otra componente del gasto, las transferencias, son mayores a otras regiones, como Andalucía, porque tienen una tasa de paro que es el doble que la catalana. 

El cuarto argumento para la independencia es que lo que aportan (por impuestos) es más de lo que reciben (por gastos). Lo cual es lógico en un estado del bienestar en el que los impuestos son progresivos, por lo que los ricos pagan más en porcentaje, y los gastos públicos son generalizados, con transferencias a los más débiles, por lo que los pobres reciben más. La desproporción se produce, y es tanto mayor, cuanto mejor sea la función distributiva del Estado. El que en Cataluña se recaude más y se gaste menos de lo que se recauda es fruto de un estado del bienestar redistributivo y no de una discriminación por ser Cataluña. 

O sea, que, en esencia, los nacionalistas (de cualquier ideología) quieren la independencia por puro interés económico. Ante esto, que es legítimo, los demás tendríamos que hacer como ellos y defender nuestros intereses, sin sentimentalismos. Y lo que nos interesaría más, conscientes de que perdemos todos mucho, es minimizar las pérdidas, con una Cataluña fuera de la Unión Europea (y del euro). Así, sus productos tendrían que pagar aranceles para entrar en el mercado español y obligaríamos a muchas empresas, nacionales y multinacionales, radicadas hoy en Cataluña, a escoger entre un mercado de 40 millones de consumidores (con salarios más bajos, sin aranceles en Europa y moneda estable) y otro de 7,3 fuera de la Unión y sin moneda propia, pero a la que no pueden renunciar a corto por las deudas en euros. Puestos a perder busquemos una solución que nos perjudique a nosotros menos. Por lo demás, y a título personal, estoy ya tan harto del permanente victimismo de una región rica, que no creo que merezca la pena negociar y, menos, cambiar la Constitución, salvo para posibilitar la independencia. Por eso sugiero que hagan el referéndum y, si ganan los independentistas, se vayan. Seríamos todos mucho más pobres, pero- se habría resuelto el viejo problema catalán. 

Unos presupuestos increibles

El viernes pasado, el Gobierno aprobó el proyecto de presupuestos generales del Estado para el año 2013. Unos presupuestos cuyo objetivo final, según compromiso con Bruselas, es alcanzar un déficit público del 4,5%. Unos presupuestos que, en una primera lectura, me parecen, sencillamente, increíbles. 

Estos primeros presupuestos completos del Gobierno Rajoy me parecen increíbles, en primer lugar, porque las previsiones macroeconómicas sobre las que se basan son todo un ejercicio de voluntarismo, algo que llevamos viendo en todos los presupuestos que se han aprobado desde 2008. Y lo es porque no hay ningún analista que crea que la economía española vaya a decrecer en 2013 sólo el -0,5%, pues la mayoría de los modelos predicen una caída en el entorno del -1%. Como nadie se puede creer tampoco que este -0,5% sea el resultado de una caída de la demanda nacional del -2,9% (una cifra casi realista) que, según el Gobierno, se compensará con un crecimiento de las exportaciones del ¡6%! Más ilusorias aún son las cifras del mercado de trabajo, pues con una caída del -0,5 del PIB, el Gobierno prevé que el empleo sólo caiga el -0,2%, y, ¡al mismo tiempo!, se reduzca la tasa de paro hasta el ¡24,3%! Algo que sólo es posible si se produce una caída de la población activa en unas 360.000 personas. Finalmente, el Gobierno cree que, con una recesión como la que se dibuja y un déficit público del 4,5% del PIB, la economía española es capaz de autofinanciarse y de pagar deudas exteriores, de tal forma que la posición financiera exterior mejore el 0,6% del PIB. 

De un cuadro macroeconómico increíble se deduce, en segundo lugar, una previsión de ingresos más increíble todavía. Así, el Gobierno prevé un crecimiento de la recaudación por IVA del 13,2%, sobre una disminución de la base imposible de un -2,9%, lo que supondría una efectividad total de la subida de tipos de este año y una importante caída del nivel de fraude. Lo que contradice la evidencia empírica de los últimos años de que la recaudación por IVA disminuye más que proporcionalmente a la caída del consumo. Peor aún es la optimista previsión del IRPF: ¿realmente cree el Gobierno que en un contexto de congelación o disminución de salarios y con una tasa de paro que será de casi el 26% (a pesar de sus previsiones), la recaudación va a subir el 2,2%? Eso sólo sería posible si se hiciera una profunda reforma del impuesto tocando las rentas empresariales, algo que dudo que este Gobierno se atreva a hacer por ser parte de su base electoral. 

Y si los ingresos de este presupuesto son increíbles, en la vertiente del gasto, además de increíbles, se hacen contradictorios. ¿Cómo puede ser que con una subida del gasto en pensiones del 1% y previendo que no va a aumentar la protección por desempleo (pues prevé una reducción de la tasa de paro y estabilidad en la ocupación, según su cuadro macro) tenga que aumentar la aportación a la Seguridad Social un ¡74,9%!? ¿Por qué, además, presupuesta un 33,8% (un punto de PIB) más de intereses? ¿Es que cree tan poco en su política que calcula que los intereses medios de la deuda del Estado van a estar todo el 2013 en el ¡6,45%!? Si estos son los intereses que prevé el Gobierno, ¿por qué no pide el rescate? Esto no cuadra. Como no cuadra que con una congelación salarial de los empleados públicos y la hibernación de la inversión pública, el gasto de unos presupuestos que se autocalifican de austeros suba un ¡5,6%! 

Con estos presupuestos, el Gobierno está diciendo a gritos, no sólo que no ha diagnosticado correctamente nuestros problemas y que está pendiente siempre de elecciones, sino que se hace trampas en el solitario y que no está dispuesto a tomar decisiones de calado. O sea, que, un año después, tenemos otro Gobierno metido en una burbuja. 

Independencia (vista desde Cataluña)

La relación entre Cataluña y el resto de España es una cuestión lo suficientemente compleja como para que dirimirla en una manifestación, o para que la simplifiquemos en un diálogo de titulares. Creo, además, que situar el debate en el plano ideológico, historicista, cultural o victimista es erróneo. Porque todas las ideologías no extremistas (incluso las nacionalistas) son argumentables; porque toda discusión historicista es estéril, ya que lo que se hizo en el pasado solo explica nuestro presente, pero no debe condicionar nuestro futuro; porque no hay una lengua materna superior a otra; porque un memorial de agravios no lleva a nada constructivo. El análisis de una eventual independencia de Cataluña debería hacerse, en mi opinión, desde sus consecuencias, desde una perspectiva de teoría de juegos. Analicemos en este artículo la situación desde Cataluña. 

Si Cataluña fuera independiente, el primer hecho relevante es que no sería miembro de la Unión Europea. Esto supondría que tendrían que crear una moneda que podría valer igual que el euro a corto plazo (aunque tendría que cotizarse). Fiscalmente, la Generalitat ingresaría todo lo que se recaudara en Cataluña y tendría que hacer frente a todos los gastos públicos que allí se generaran. En cuanto a sus ingresos, éstos serían mayores que los que ahora tienen, pero no excesivamente, porque si bien recaudaría la totalidad del IRPF y del Impuesto de Sociedades, la recaudación actual de IVA y la de cotizaciones sociales sería compartida con el resto de España, porque las ventas de las empresas catalanas en el resto de España se considerarían como importaciones, por lo que el Gobierno español recaudaría su IVA de esas ventas, de la misma forma que las cotizaciones sociales de los trabajadores ocupados por empresas catalanas en el resto de España tendrían que pagarse también aquí. Por su parte, tendrían que hacerse cargo de los gastos de la Seguridad Social (pensiones, desempleo, etcétera) de los que queden en su territorio. No he hecho las cuentas con detalle, pero el déficit público estaría más o menos como ahora, puesto que empeoraría su gasto, aunque mejoraría su recaudación. Mejor se quedan en cuanto a deudas públicas: solo tendrían que pagar las suyas (el 22% de su PIB), absorbiendo el resto de España la totalidad de la que tiene hoy el Estado (cuya ratio pasaría del 75,9 al 97,2%). Pero habría que llegar a un acuerdo por las propiedades de titularidad estatal que están en Cataluña. Desde un punto de vista fiscal, la independencia es, a corto plazo, una solución a sus problemas. 

Mucho más sufriría el tejido empresarial catalán y su mercado de trabajo. No es solo que muchas empresas tendrían que duplicar sedes, sino que muchas multinacionales trasladarían sede y operaciones a Madrid para estar dentro de la Unión. Peor aún sería la pérdida temporal de aprecio de muchas de sus empresas (además del Barça), con consecuencias en su cuenta de resultados, y de inversión extranjera. Es muy probable que el PIB catalán sufriera, a corto plazo, un fuerte retroceso, con incremento del paro, porque también la economía catalana está muy endeudada exteriormente y tendría problemas de acceso a los mercados financieros. 

Desde un punto de vista político, además de hacerse republicana, no creo que en Cataluña se produjera un cambio de la estructura de partidos. Más imprevisibles serían las consecuencias sociales sobre las relaciones entre las distintas comunidades lingüísticas o los movimientos migratorios, lo que tampoco añadiría confianza para salir de la crisis. 

Vista desde Cataluña, la independencia es en realidad una opción, si fuera rápida, para resolver los problemas financieros de la Generalitat, pero no es demasiado deseable por lo arriesgado. Por eso, en el fondo, y como siempre, es solo una baza de negociación para que el rescate de Cataluña no tenga condiciones políticas. Lo malo es que para algo tan prosaico se incendian las emociones. Pero ya se sabe que los políticos son pirómanos bomberos y la buena gente... manipulable. 

Rescate suave para otoño

En medio del ruido de las declaraciones de las últimas semanas, la situación de la economía española parece, al menos en mi opinión, aclararse. Y me arriesgo. Creo que para la cumbre europea del 18-19 de octubre (o a más tardar para diciembre), el Gobierno español solicitará una refinanciación de parte de la deuda pública española al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), a lo que seguirá una intervención del Banco Central Europeo en el mercado de deuda. Es decir, creo que España será, este otoño, "suave" y parcialmente rescatada. 

Las razones económicas de este rescate son casi evidentes. La primera es que nuestra deuda exterior es excesiva (977.000 millones de euros, un 95% del PIB) y tenemos demasiada a corto plazo (casi un 20%). La segunda es que nuestra economía está muy dañada, con expectativas de crecimiento negativas a corto plazo, porque nuestras empresas dependen demasiado del estancado mercado interior, tienen problemas de competitividad que están ajustando lentamente, están muy endeudadas y dependen de una difícil financiación bancaria con un sistema bancario en plena reconversión. Y, finalmente, porque no tenemos posibilidades de hacer una política económica creíble con resultados a corto plazo ya que, al margen de los errores, de fondo y forma, del propio Gobierno, tenemos un marco político-administrativo en el que más del 50% del gasto lo gestionan las Comunidades Autónomas, que no responden al gobierno central, estando, además, las dos más pobladas gobernadas por partidos diferentes al del Gobierno central, y con dinámicas de oposición (Andalucía) y ruptura (Cataluña). En estas condiciones, el tipo de interés al que nos estamos financiando es superior al 6% (más de 500 puntos de prima de riesgo), lo que hace imposible reactivar la economía (espiral depresiva), al tiempo que podríamos entrar en riesgo de impago (espiral de deuda explosiva). 

Ante esta situación, creo que el Gobierno está dispuesto a pedir ayuda en forma de rescate, parcial y más suave que el griego o el portugués, porque no podemos seguir así y ha descontado que es más fácil imponer las reformas que hay que hacer, tanto a sus barones como a los ajenos, amparado en unas condiciones exteriores y una situación de emergencia, que batallarlas política y jurídicamente sin apoyo exterior. Más aún, tiene todavía la posibilidad de echarle la culpa al Gobierno anterior, cuenta con un líder de la oposición débil y corresponsable del desastre y tiene tiempo de legislatura suficiente como para recuperar el voto si la economía española se activa en el 2014. 

Por su parte, los gobiernos europeos están dispuestos a refinanciar, a través del MEDE (si el Tribunal Constitucional alemán lo autoriza en septiembre), parte de nuestra deuda pública y a permitir al Banco Central Europeo a intervenir en los mercados financieros para estabilizar los tipos, siempre que se pida formalmente y cumplamos unas condiciones de política económica, porque se eliminan incertidumbres en España y se puede abordar el problema de Italia. 

El rescate de la economía española será, pues, parcial y más "suave", por el tamaño de nuestra economía y el absoluto de nuestra deuda, la menor profundidad relativa del problema y por nuestro mayor potencial de crecimiento. Y se hará en dos fases: una primera ya en marcha con el rescate bancario (un crédito de hasta 100.000 millones); y una segunda, el rescate público (de unos 150.000-180.000 millones). De hacerse así, en unos meses se resolvería parte del problema de la deuda pública y del tipo de interés, se eliminarían incertidumbres y se ganaría tiempo para las reformas estructurales de la gobernanza y la economía españolas que tenemos que hacer para salir de la crisis. Unas reformas estructurales que exigirán casi reinventarnos. 

Y, mientras, la Sra. Merkel se presentará a sus elecciones de septiembre del 2013 fiel a sus principios y habiendo salvado el euro. O sea el marco alemán de este siglo. Una moneda que conllevaba una responsabilidad que no quisimos ver y que ahora se nos exige.