Chipre diferente

Chipre es una de esas economías que pasan desapercibidas hasta que tienen graves problemas, saltan a la actualidad y se hacen todo tipo de especulaciones sin fundamento. Por eso hay que analizarla, aunque sea brevemente. 

Para empezar, Chipre es una economía pequeña. Es una economía de 1,2 millones de habitantes (algo menos del 2,6% de la población española), con un PIB de unos 15.000 millones de euros (alrededor del 1,5% del PIB español) y una renta per cápita un 75% de la española. Una economía cuyo funcionamiento se ha basado en dos pilares: un sector servicios sobredimensionado, por un excesivo sistema financiero y de transporte marítimo, y en ser un paraíso fiscal para las empresas. Chipre (hablamos siempre de la zona sur de la isla, la greco-chipriota) es, pues, una economía pequeña que vive del turismo, del comercio, del transporte marítimo y de la intermediación financiera, con una administración pública poco interventora. 

Una economía pequeña con una gigantesca crisis financiera que tiene su origen en la forma en la que ha crecido y funcionado su sistema financiero y su economía. Y es que el sistema financiero chipriota trabaja en la Eurozona con regulaciones británicas (fue colonia hasta 1960), sin la supuesta "honorabilidad" de la City, lo que hace que sus sistemas de contabilización y contratos sean muy flexibles y las operaciones opacas, sin demasiados registros. Si a este sistema financiero se le suma un sistema fiscal con un impuesto de sociedades del 10%, un puerto de mar sin reglas y una marina mercante de las más grandes del mundo (tiene 838 barcos mercantes registrados, por 132 de España), tenemos una economía más allá de lo razonablemente legal en Europa. Por eso, Chipre fue el lugar ideal para el tráfico de armas y las finanzas de las guerras de los Balcanes en los 90 y lo es para las eternas guerras de Oriente Próximo (Líbano, Siria, etcétera), para las operaciones de blanqueo de dinero y comercio de droga turco, para las operaciones de inversión de los oligarcas rusos. Un flujo de dinero ilegal al que hay que sumar el de empresas legales (petroleras, etcétera) que se aprovechan del bajo impuesto de sociedades y de las compensaciones impositivas internacionales. El resultado es un inmenso flujo de dinero que los bancos chipriotas (con activos 7 veces superiores a su PIB, frente a sólo las 2,8 veces de España) han colocado en deuda griega (y egipcia, libanesa, etcétera) incluso en plena crisis. Hundido el valor de las deudas griega y egipcia, los chipriotas tuvieron que pedir ayuda en julio pasado y, ahora, aceptar la quiebra total de su sistema financiero porque sus activos no valen, su sector público no tiene capacidad para garantizar los depósitos y todo el mundo reclama el dinero (legal o ilegal) que les depositó. 

La solución de un rescate bancario europeo sin más, al estilo español, era imposible, no solo por el tamaño absoluto (mayor que el español), sino porque los chipriotas nunca podrían pagarlo. Obligar a los acreedores a una quita de sus préstamos, bajo legislación británica, es enzarzarse en pleitos de incierto resultado. Imponer un "impuesto sobre los depósitos de más de 100.000 euros" ha sido una solución más razonable, porque, aun siendo confiscatoria, no tiene porqué afectar a la inmensa mayoría de la población (¿quién con un nivel de renta de 18.000 euros tiene una cuenta de ahorro con más 100.000 euros de saldo?); es rápido (solo subir el impuesto de sociedades implicaría tener que esperar un año); y se recauda sobre una base muy amplia (casi 4 veces el PIB). De paso se destroza el sistema financiero chipriota, pagan los rusos, y se desbarata una economía en el borde de la ley. 

Si no hubiera sido por la tontada inicial de gravar los depósitos de menos de 100.000 euros, hubiera pensado que la solución era genial, por lo atrevida, y, por sus implicaciones, digna de una película de James Bond. 

La igualdad importa

Hace años que vengo diciendo que para analizar de forma más completa la situación de una economía habría que estudiar algún índice de igualdad o desigualdad. Describir una economía sólo por el crecimiento del PIB, la tasa de paro, la inflación y el resto de medidas de demanda, oferta y equilibrios es incompleto. Añadir la renta per capita y su evolución mejora la posibilidad de valoración, pero no deja de ser una media que no sirve más que para hacer comparaciones. Incluir en el análisis un índice de desigualdad que refleje cómo se distribuye personalmente o familiarmente la renta y cómo evoluciona esta distribución permitiría tener una imagen más completa de la situación. 

Disponer, además, de un índice de desigualdad con la misma periodicidad que el PIB o el paro nos permitiría comprender mejor la dinámica del crecimiento económico, porque la distribución de la renta, la igualdad o desigualdad de la distribución, el que haya más o menos ricos y pobres y más o menos clase media, influye de forma determinante en el ritmo de crecimiento económico. Por eso, en la mayoría de las economías, es falso el viejo dilema de los ochenta entre crecer o distribuir: todo crecimiento es distribuido. Más aún, en contextos de mucha desigualdad no se crece si no se distribuye más igualitariamente. Y la experiencia latinoamericana es paradigmática en este sentido. De la misma forma que todo empeoramiento de la distribución ralentiza, normalmente, el crecimiento potencial de una economía, como demuestra la experiencia británica. 

Más aún, la desigualdad influye en la política (y ya lo señaló Aristóteles) porque separa a la ciudadanía, genera fractura social, empeora la convivencia, llega a ser la causa de no pocas guerras civiles, y, en democracias, de la radicalización de la política. De hecho, hay una clara correlación entre aumento de la desigualdad y polarización partidista. 

Pero, ¿cuáles son los mecanismos más importantes de distribución y redistribución de una economía? En las economías modernas, el mecanismo más importante de distribución es el mercado de trabajo, pues de la distribución de salarios y de la tasa de paro depende la distribución general de la renta. Y, de ambas variables, la más significativa es la tasa de paro porque es dual: no tener trabajo es, en muchos casos, no tener renta. Por su parte, los mecanismos de redistribución que mejor funcionan son dos: el gasto público, especialmente el social, y un sistema impositivo progresivo. 

Por eso, porque la desigualdad importa, hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer, por ejemplo, una política de ajuste fiscal o reformar o no el mercado de trabajo. Así, basar el ajuste fiscal en una subida del IVA (sin sustitución de cotizaciones sociales) y no en el IRPF es, además de injusto, más ineficaz para salir de la crisis. Como lo es recortar en pensiones antes que hacerlo en gasto corriente. Como es peor un mercado de trabajo rígido porque provoca paro. Uno de los modelos más exitosos de crecimiento económico es, como han demostrado los escandinavos y los centroeuropeos, la combinación de una economía flexible (con mucha competencia en los mercados de bienes y servicios), con un mercado de trabajo también flexible y un Estado del bienestar con un buen nivel de gasto público (especialmente en educación, sanidad y protección social), financiado por un sistema fiscal fuertemente progresivo. La experiencia de los países escandinavos en sus crisis en la segunda mitad del siglo XX y las enseñanzas de las políticas alemanas y austríacas de este siglo avalan esta idea. 

En medio de la urgencia de la coyuntura, de los chismes de corrupción y de los mismos y aburridos debates políticos alejados de la realidad no estaría mal que, tanto el Gobierno como la oposición sensata, hicieran una nueva reflexión sobre la igualdad y su dinámica y la introdujeran de forma rigurosa y sin tópicos en su discurso. Posiblemente saldríamos antes de la crisis y evitaríamos abismos que son muy peligrosos. 

Italia, eterna

La imagen que tenemos de un país los ciudadanos de otro depende en no poca medida de lo que publican los periódicos y vemos en los telediarios. Los viajes, los documentales, los reportajes de vida cotidiana (tipo "españoles por el mundo"), las visitas turísticas y los amigos y conocidos naturales de ese país nos ayudan a conformar un poco más la imagen, pero, en muchos casos, los estereotipos persisten. Si al ciudadano medio español se le pregunta por Italia tiene una imagen folklórica que se resume, además de en los nombres de ciudades eternas o míticas, en cuatro o cinco palabras clave: Berlusconi, mafia, Ferrari, pizza. 

Berlusconi es, y más tras su dulce derrota de la semana pasada, el símbolo de la compleja política italiana. Se subraya mucho ahora la "ingobernabilidad" de Italia por los resultados electorales de la semana pasada. Según parece nadie se explica la victoria por la mínima de Bersani, el segundo puesto de Berlusconi, el ascenso de Beppe Grillo y el fracaso sin paliativos de Monti. Sin embargo, cuando analizamos con una cierta perspectiva histórica lo que ha ocurrido, se puede concluir que, en Italia, ha ocurrido lo de siempre, lo que prácticamente viene ocurriendo desde hace décadas, incluso desde antes que se refundara la República allá por los primeros años 90, con la transformación del viejo Partido Comunista y la defenestración de toda su clase política por la corrupción. Ha ocurrido que los italianos son mayoritariamente gente pragmática, con sensibilidad social, con un punto moderno en medio de un gran apego a lo tradicional, que admiran el descaro, son escépticos, tolerantes y... están hartos. Un pueblo al que le gusta la política, su teatro y sus juegos, pero que ya está cansado de sus políticos, a los que, sin embargo, sigue eligiendo porque no tiene mucho donde elegir y porque cree que "son todos iguales". Una ciudadanía para la que la política es un arte (porque les emociona), un espectáculo (que les entretiene), un deporte (que les da una bandera y una competición). Italia es una sociedad tan potente, intelectual y económicamente, que se permite el lujo de tener una democracia imperfecta con problemas de gobernabilidad, corrupción, inestabilidad y mafia. Y ha podido permitírselo, hasta ahora, porque la economía italiana es Ferrari y pizza, es Finmeccanica y el Carnaval de Venecia, es Armani y Barilla.... La economía italiana es una potente economía, con casi un 30% de su PIB en la industria, lo que le permite tener una balanza de pagos relativamente equilibrada (por eso su deuda exterior es relativamente pequeña) y una envidiable (para parámetros españoles) tasa de paro del 11%, lentamente creciente. En la actualidad está sufriendo una recesión, más motivada por los fuertes ajustes fiscales de Monti (ha cerrado el año 2012 con un déficit de poco más del 3% --la mitad que nosotros--), que por la debilidad de su demanda. Italia, además, no ha tenido burbuja inmobiliaria, ni sus familias y empresas están altamente endeudadas (su nivel de endeudamiento global es 80 puntos menor que el nuestro). El problema de la economía italiana son sus cuentas públicas, el alto nivel de gasto público (parte de él improductivo y manejado corruptamente) y un sistema impositivo complejísimo con un alto nivel de fraude (que han colaborado a acrecentar sucesivas amnistías fiscales). Una política fiscal que ha acumulado en los últimos años un 123% de deuda pública sobre PIB, que es insostenible. El problema de Italia es Berlusconi y lo que significa, no Ferrari, es su política, no su economía. De hecho, el único problema económico de Italia es lo cara que le sale ese arte, ese espectáculo, ese deporte que es su política. Una política que tendrán que reformar porque no creo que puedan mantenerla. Lo bueno es que, pueblo viejo y sabio como son, ellos lo saben. Lo malo es que los que han escogido (Bersani, Berlusconi y Grillo) no creo que sean los más adecuados para hacerlo. 

Desafecto

He de confesarlo. Si mañana se celebrasen elecciones no iría a votar. Me quedaría en casa, incumpliendo lo que llevo defendiendo más de treinta años: que el voto es la forma democrática de manifestar la preferencia y no la calle. Por eso, no estando de acuerdo en muchas cosas con los partidos que he votado, siempre he ido a votar. Alguna vez, de joven, voté convencido; otras según el criterio de la opción menos mala; últimamente sólo por una genérica razón de alternancia. Hoy, sencillamente, no iría. Porque ya no confío en los políticos que nos representan, incluso me cuestiono la utilidad de muchas de nuestras instituciones. 

No es ya que los líderes políticos no cumplan sus promesas electorales y nos mientan. No es ya que estén más preocupados por su parcela de poder que por los problemas reales de la ciudadanía. No es ya que no tengan análisis y discurso y que nos quieran hacer comulgar con ruedas de molino. No es, ni siquiera, que tengan unas orejeras ideológicas que les impiden juzgar la realidad moderadamente, y se peleen como adolescentes. No es ni siquiera que nos crean tontos, y nos traten más como súbditos que les debemos pleitesía, que como ciudadanos libres con derechos. No es que los ciudadanos paguemos con nuestros impuestos una administración discrecional, ineficaz, que nos ahoga. No es ya que la democracia formal que nos reconoce la Constitución esté lejísimos de la democracia real que tenemos. 

No, no es por esto por lo que dejaría de ir a votar. Porque comprendo que los políticos construyan sus campañas sobre eslóganes, en las que lo que importa no es tanto ofrecer algo razonable, sino ofrecer algo mejor que el otro, por lo que puedo llegar a entender que hagan promesas que no van a cumplir. Como comprendo que sólo atiendan a lo que les llega y tengan una visión parcial de lo que pasa, que cometan errores y que tengan diferencias de pensamiento, incluso llego a comprender que crean que saben más que nosotros y que nos traten con soberbia y distancia, porque todo esto está en la naturaleza humana. Como llego a explicarme la imperfección del sistema de partidos, la de elección de candidatos, la de representación política y la ineficacia de la administración, porque no existen democracias perfectas y las burocracias son entidades pesadas, costosas e ineficaces. Todo esto lo comprendo porque está en la lógica de las limitaciones humanas: hay muchas cosas que no sabemos y todos tenemos diferentes conocimientos, intereses, valores e información. Soy consciente de que todo es perfectible, porque todo es inevitablemente imperfecto. 

Por lo que no iría a votar es por esa manifiesta falta de ética (y estética) pública que la clase política española, desde la Familia Real hasta algunos cargos públicos medios y en todos los partidos e instituciones, está mostrando. Tráfico de influencias y enriquecimiento, sobresueldos con dinero negro, financiación ilegal, sobornos, reparto ilegal de dinero público, malversación, dilapidación, comisiones ilegales e inmorales, transfuguismo, espionaje, traiciones, etc. Me avergüenza (¿qué estamos diciéndole al mundo?), me escandaliza (¿qué ejemplo estamos dándole a nuestros hijos?), me indigna y me hace desconfiar de las instituciones la corrupción que padece nuestra democracia. Como me hace desconfiar que no haya políticos que la enfrenten, que los partidos amparen a los corruptos por ese sentido "mafioso" que hace más importante el carnet que principios éticos o políticos elementales. Porque si los políticos honrados (que los hay y alguno conozco) no se enfrentan a la corrupción, ¿quién lo hará?, ¿tendremos que salir a la calle pidiendo que "se vayan todos"? La clase política española está jugando con fuego, porque crisis y corrupción es una mezcla altamente explosiva. 

Por eso no quiero que haya elecciones ahora. No iría a votar porque no sabría a quién. Y, puestos a confesar, no quiero elecciones ahora porque... aún habita en mí una débil esperanza de que algo se mueva. Aunque no sé bien qué. 

Cinco retos para el 2013

El conjunto de retos que tiene la sociedad española en este 2013 es tan impresionante que su mera enumeración es abrumadora. 

El primer reto al que se enfrenta España es una profunda crisis económica, ya en su sexto año, con una pérdida relativa de bienestar que nos lleva a la renta per cápita del 2002. España no solo no crece, es que decrece, corrigiendo muy lentamente los desequilibrios y generando, al mismo tiempo, una masa de paro de casi 6 millones de personas. La crisis que enfrenta España es tan profunda que solo una muy decidida política de reformas y el tiempo podrá revertirla haciendo que la economía española vuelva a una senda de crecimiento que cree empleo. 

El segundo es una consecuencia del paro y de las políticas de ajuste en el Estado del Bienestar. La sociedad española está viviendo la profundización de sus problemas sociales. De una sociedad con problemas de marginación enquistados, pero relativamente "controlados", se está pasando a una sociedad dual en la que se acrecienta el abismo entre los que sufren la crisis directamente (parados, inmigrantes, jóvenes con bajo nivel de formación) y los que la viven desde un puesto de trabajo estable, con niveles de renta confortables. El problema social en España se manifiesta en los desahucios, en el deterioro de las condiciones de los barrios, en la depauperación de la clase media. Un problema que se mantiene relativamente latente, porque la desigualdad y la distribución personal de la renta no están en la agenda política, pero que puede estallar en cualquier momento. 

El tercer reto al que se enfrenta España es, como consecuencia de la misma crisis y de sus errores de diseño, la reestructuración de su administración pública. La economía española, dado su nivel de ocupación y el de productividad, no puede sostener una administración pública tan costosa como la que tiene. No es posible, como ha ocurrido, mantener déficits públicos en el entorno del 6% durante muchos años, ni aumentar (hasta el 2012 en 277.000 puestos de trabajo según la EPA) el nivel de empleo público, cuando se han perdido 3 millones de puestos de trabajo en el sector privado y se dispara el gasto en prestaciones por la crisis. No se trata de reducir el gasto social o de recortar el gasto educativo o sanitario, se trata de hacer mucho más eficiente la administración pública española para hacerla menos costosa. 

El cuarto reto es de orden político. Y es que la política española está viviendo un momento muy complejo porque al reto soberanista catalán, grave en sí mismo por lo que implica de fractura (más en Cataluña que en el resto de España y con el resto de España), se une el inmenso desprestigio de la clase política por los escándalos de corrupción y falta de ejemplaridad en sus comportamientos. Un desprestigio que afecta a todos los niveles, empezando por la Familia Real hasta el último partido político que ha tocado algo de poder, y que está pasando del desafecto a la deslegitimación del sistema representativo. Una deslegitimación que puede ser muy peligrosa si la mezclamos, además, con estancamiento económico, paro y dualidad social. 

Y, por si fuera poco, España se enfrenta, en un momento de extrema debilidad, a un convulso e incierto proceso de construcción europeo (con parálisis por las elecciones en Italia y Alemania y el órdago británico), una amenaza difusa (pero real) en su seguridad por la inestabilidad que viven los países del Sur del Mediterráneo (Libia, Egipto, Siria) y del Sahel, y una permanente zozobra con las inversiones de sus empresas en Latinoamérica. 

Estos son los cinco retos, en mi opinión, a los que nos enfrentamos los españoles en estos tiempos. Cinco problemas que no siempre percibimos en medio del ruido de la actualidad. Cinco problemas que hemos de abordar decididamente para no caer en el caos. Cinco problemas que son "lo que está cayendo". 

Comparaciones

He de reconocer que no me gustan las comparaciones históricas. Comparar la actual crisis mundial con la de 1929 es, en mi opinión, de una utilidad muy limitada. El mundo de 2013 es tan diferente al de 1929 que cualquier comparación es poco significativa. Creo que las interacciones, que eso es la economía y la política, de 7.000 millones de personas (3 veces más que en 1930), con una edad media 5 años mayor, 10 veces más ricas, con un nivel tecnológico muy superior y en el mundo globalizado y postmoderno del siglo XXI no puede ser la misma que la de 1930. 

Más interesante, sin embargo, es analizar casos de un solo país y más cercanos en el tiempo porque hay menos variación en las condiciones. Así, si queremos hacer una comparación de la crisis que estamos viviendo en España con alguna, quizás la más interesante sea con la crisis de los setenta, aunque sólo sea porque muchos de nosotros la vivimos. 

De esa crisis hay varias cuestiones interesantes. En primer lugar, fue una crisis originada por una crisis sectorial, en este caso, el de la industria, que había sido motor de desarrollo en el periodo anterior (1961-74). Es decir, el origen de aquella crisis, como la actual, fue el exceso de inversión en un sector protegido de la competencia exterior que no pudo soportar el choque de costes del petróleo, ni la dinámica salarial de la economía española, lo que se había traducido en una inflación diferencial excesiva y en un déficit de balanza de pagos inmanejable. En segundo lugar, la dinámica de aquella crisis, como la de ahora, fue la trasmisión al sector bancario, lo que daría lugar a intervenciones públicas y fusiones, congeló el crédito a la actividad productiva y al consumo y condenó a la economía española al estancamiento. Finalmente, la política económica con la que se encaró aquella crisis se basó en una fuerte devaluación (monetaria entonces) que recompuso la competitividad exterior, una rigurosa política monetaria, una expansión del gasto público (creación del Estado del Bienestar) con subidas impositivas y un proceso de liberalización de mercados por la integración en la Unión Europea. Eso sí, todo ello al coste de perder el 10% del empleo, con tasas de paro cercanas al 20%, en un mercado laboral en el que sólo trabajaban 11,3 millones de personas. Y en medio de un complicado marco político de democracia recién estrenada, terrorismo etarra y golpismo. 

Frente a esta crisis de los setenta, la que ahora vivimos es más profunda, aunque las condiciones reales sean mejores. La crisis actual es más profunda porque mientras que, entre 1978 y 1984, la renta per cápita se estancó, entre 2007 y este año, la renta per cápita española ha caído un 8,8%. Más aún, mientras que en aquella crisis se perdieron el 10% de los puestos de trabajo, ahora llevamos una pérdida del 15% del empleo. Sin embargo las condiciones que tenemos ahora, aunque dramáticas, son mejores, pues tenemos una renta per cápita un 90% superior (en términos reales) a la de 1977, una tasa bruta de ocupación (ocupados/población total) del 37,2%, frente a1 29,8% de 1980, un estado del bienestar que, a pesar de los recortes, sigue funcionando y un marco de apertura exterior. 

Eso sí, ahora estamos mucho más endeudados, por lo que, esta vez, además de devaluar (ahora vía salarios), hemos de volver a recomponer nuestro sistema bancario para hacer que funcione la política monetaria, y reformar la fiscal porque no puede funcionar por las deudas acumuladas. 

No podemos, pues, aplicar las mismas políticas concretas que nos ayudaron a salir de la crisis de los ochenta. Pero sí podemos aprender de la actitud con la que se enfocó aquella crisis. Porque de la crisis de los setenta se salió con realismo, credibilidad, esfuerzo, generosidad, solidaridad, políticas coherentes y liderazgo. O sea, todo lo que ahora nos está faltando. 

Abismo fiscal (aplazado)

Estas navidades, las noticias económicas que han acaparado más portadas han sido eso que los periodistas han bautizado con el sonoro y contradictorio nombre de "abismo fiscal" (fiscal cliff), y las negociaciones contrarreloj que culminaron el día de Año Nuevo con un acuerdo que parece, por la sensación de alivio que han producido, un puente sobre el abismo. Un puente que, por desgracia, sólo va durar dos meses, si otras negociaciones no lo remedian. 

Se está llamando "abismo fiscal", usando una imagen que no es intuitiva, aunque sí da sensación de peligro, a la posible situación en que se encontraría el crecimiento de la economía norteamericana si no se hubieran prorrogado, con algunas modificaciones, leyes de rebajas de impuestos y leyes de mantenimiento del gasto público que se habían aprobado como transitorias en años pasados. Y es que el presidente Bush (republicano), con la crisis ya en marcha el año 2008, en su último año de mandato y con elecciones a la vista, logró que el Congreso norteamericano aprobara una reducción de impuestos sobre la renta, que venía a sumarse a reducciones previas, como una medida transitoria para estimular el consumo de las familias norteamericanas y le puso fecha de caducidad el mandato siguiente, o sea, hasta finales del 2012. Por su parte, el presidente Obama (demócrata), que ha tenido que batallar en su primer mandato con la crisis, logró que el Congreso aprobara, también transitoriamente hasta 2012, una expansión del gasto para el salvamento de los bancos y las empresas, al tiempo que ampliaba la cobertura del desempleo, como una medida para estabilizar el crecimiento económico. 

El resultado de los dos paquetes de medidas ha sido que Estados Unidos ha podido capear la crisis con tasas de crecimiento positivas (2,4 en 2010, 1,8 en 2011, 2,1 en 2012) que le han permitido mantener su nivel de desempleo por debajo del 10%. Eso sí, al coste de déficits públicos superiores al 8%, lo que le ha llevado a una deuda pública bruta del 112% (90% en niveles netos) del PIB, la más alta en toda su historia. Una deuda que gravita sobre la economía norteamericana, de una forma diferente de como lo hace la nuestra sobre nosotros, y a la que tienen que hacer frente inmediatamente. Entre otras cosas porque también tienen una ley de limitación de esa deuda y ese límite, según los cálculos de la misma oficina presupuestaria norteamericana (que a diferencia de la nuestra, depende del Congreso y no del Gobierno), se alcanzará en el próximo trimestre. Los acuerdos de fin de año no han resuelto el problema, sólo lo han aplazado un par de meses. 

¿Por qué, si esto se sabía desde hace tiempo, no se ha resuelto el problema antes? La razón ha sido que 2012 ha sido año electoral completo. Eso significa que en las elecciones de noviembre pasado no sólo se renovó la presidencia, con segundo mandato para el presidente Obama, sino que se renovó la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, lo que implica que ninguno de los grandes partidos ha tenido interés este año pasado en llegar a ningún acuerdo, pues ambos son responsables de una parte del déficit público y los dos tienen visiones totalmente antagónicas de la solución. Los republicanos, que controlan la Cámara baja, sostienen que la estrategia adecuada es reducir el gasto público, mientras que para los demócratas, que controlan el Senado y la Presidencia, la solución es una subida de impuestos. 

En las próximas semanas es probable que los legisladores norteamericanos lleguen a un acuerdo para reducir su déficit público, porque las alternativas son o caer en un "abismo fiscal" o entrar en un "tornado de deuda" (una espiral insostenible de deuda pública). Instrumentos para evitar ambas alternativas tienen porque su nivel impositivo es bajo, para parámetros europeos, y gastos públicos para recortar, empezando por defensa, también. Lo que necesitan, ellos también, es voluntad para el acuerdo.