Des-Igualdad

La igualdad es, conceptualmente, algo simple. Dos cosas, dos consideraciones, dos colores, dos lo que sea, son iguales si son absolutamente indistinguibles, si, para un elector racional, es absolutamente indiferente uno u otro. Si su elección la determina el puro azar. Así de simple y así de absoluto. Y así se entiende en matemáticas y en economía, en lógica y en política. 

La igualdad ha sido, y es, una de las grandes utopías de la humanidad: Utopía de la que nació una de las más importantes tendencias políticas de la historia de la civilización occidental, el igualitarismo. Un igualitarismo que lo han encarnado, dentro de los límites de cada época, el partido demócrata en la Atenas clásica, el populista republicano en Roma, los movimientos campesinos en la Edad Media, los parlamentaristas de la Inglaterra del XVII, los revolucionarios e ilustrados franceses y americanos de finales del XVIII, los socialistas utópicos, los social-liberales de Mill y los marxistas socialdemócratas y comunistas de distintas escuelas. Incluso los conservadores modernos, no siendo su ideología igualitarista en origen, han aceptado esa igualdad básica entre los sujetos políticos. El resultado de esta tendencia es que, en las democracias occidentales, siendo todos nosotros diferentes hacemos el supuesto de que somos, en términos políticos y jurídicos y ante la ley, radicalmente iguales. 

Soy radicalmente igualitarista en política y, por eso, no puedo compartir las iniciativas de discriminación (mal llamada) positiva, ni para las minorías, ni para los géneros. Estoy en contra de todas las discriminaciones positivas, porque estoy en contra de todas las discriminaciones negativas. Toda discriminación, per se, es una desigualdad, por eso hacer una discriminación positiva es hacer, al mismo tiempo, una discriminación negativa. Una discriminación positiva implica una discriminación negativa para el que no tiene esa característica: favorecer a unos implica, necesariamente, perjudicar a otros. Y si no entiendo que a alguien se le pueda negar la igualdad de condiciones para acceder a un puesto de trabajo, educativo o en el ejercicio de un derecho, tampoco puedo entender que a nadie se le pueda favorecer para acceder a un puesto de trabajo, educativo o en el ejercicio de un derecho, por la simple razón de tener una determinada raza, una determinada religión, un determinado género o una determinada orientación sexual. Porque ni el color de la piel, las creencias, ni el género, ni la orientación sexual son relevantes para determinar las capacidades o cualificación de las personas. Lo siento, pero las políticas de discriminación positiva, me resultan anti progresistas, porque me parecen venganzas infantiles contra la historia, que responden al criterio de que, puesto que se ejerció la desigualdad durante mucho tiempo en un sentido, hay que seguir ejerciéndola, pero en el contrario. Y de igual forma estoy en contra de esos cupos de las paridades de género o de los equilibrios territoriales. No creo que el género de una persona determine la cualificación para ejercer una determinada responsabilidad política, como no me parece que el lugar de nacimiento tenga tampoco nada que ver con ella. A mí me parecería denigrante el ocupar un determinado puesto político o de trabajo por ser hombre o andaluz y no por mi capacidades y experiencia. Y, a la inversa, me parecería una injusticia que estas circunstancias me perjudicaran. Y creo que lo mismo puede ocurrirle a las mujeres o a los naturales de determinadas zonas (aunque no a todos). Lo siento, pero estoy en absoluto desacuerdo con la manera de formar gobierno del presidente Zapatero o del presidente Chaves, y con la discriminación que se introduce en la ley contra la violencia de género. Y lo que más me sorprende es que no se den cuenta de que protegiendo una discriminación rompen con la idea esencial que le dio sentido a su opción política, pues la igualdad fue la bandera de la identidad socialista. Con razón dicen que la izquierda tiene una crisis ideológica. Ahora ya ni siquiera sabe lo que significa una palabra tan simple como la palabra igualdad. 

Balanzas fiscales

Hay, en la vida política española, algunas simplezas que, a fuerza de repetirse, se ponen de moda, y se aceptan como si fueran conceptos bien cimentados. Una de las últimas, aportada por el Tripartito catalán hace unos meses, es el de las balanzas fiscales. 

La idea de las balanzas fiscales ya surgió en la época de Pujol, y la apoyaron economistas importantes como Mas-Colell o Sala-i-Martín. Su esencia es comparar los impuestos recaudados en un territorio y los gastos públicos realizados en él. La diferencia será el déficit o superávit de ese territorio con el resto. Calculando estos saldos para todas las comunidades españolas, las habrá que tienen crónico superávit fiscal, las generosas y solidarias (como Madrid o Cataluña), y comunidades que tienen déficit crónico, las necesitadas (huelga decir cuáles). Incluso se puede calcular el saldo fiscal per cápita, para ver lo solidaria que es la gente, y en porcentaje de su Producto Regional Bruto, para ver lo que transfiere a otras comunidades. El problema es que estos números, aparentemente objetivos, no significan nada por un par de pequeñeces contables que les afectan. 

La primera pequeñez contable es que los impuestos en cada territorio, al igual que el valor de su producción, están afectados por el efecto Sede Social. Este efecto se produce porque en el valor de la producción de un territorio se imputa la totalidad de la producción de las empresas que tienen en él su sede. Lo que implica que todo lo que producen las empresas con sede en Madrid o Cataluña, pero que operan en el resto de España, se imputa a Madrid o a Cataluña. Y, como derivación de este criterio, también se imputan a ese territorio, los impuestos que pagan esas empresas: el Impuesto de Sociedades, el IVA e, incluso, si las nóminas se hacen centralizadamente, las cotizaciones a la Seguridad Social. 

Dicho de otra forma, todo lo que generan Caja Madrid o la Caixa, Renault o Nestlé, Carrefour o Axa se imputa en Madrid y en Barcelona. Esto explica una parte de las diferencias entre la renta producida y la consumida en cada comunidad y del porqué en unas se pagan, per cápita, más impuestos que en otras. 

La segunda pequeñez influye sobre la asignación de los gastos públicos, que se realiza de la siguiente forma: los gastos transferidos (Sanidad o Educación) se imputan directamente a cada comunidad; los gastos generales indivisibles (Defensa, Interior, etc.) se asignan según criterios de población; y, finalmente, los gastos territorializados indivisibles (Infraestructuras, etc.) se suman en cada territorio. Estos criterios dan lugar a algunas distorsiones curiosas. Por ejemplo, del AVE Madrid-Barcelona hay una parte que se imputa a Castilla-León porque atraviesa esa comunidad. Pero, a pesar de que se le imputa, esta infraestructura no le producirá nada, porque no habrá parada de ese AVE en su territorio. No, tampoco son buenos los criterios para imputar los gastos. Máxime si la comparación se hace con otros ratios de gasto. 

Así, cuando se analiza el gasto por habitante (por ejemplo, en sanidad o en educación), o el coste por servicio (coste medio de la cama hospitalaria o del alumno universitario) o, por último, la dotación de infraestructura pública por unidad de PIB resulta que las comunidades solidarias gastan más por habitante, tienen mayores costes por servicio y tienen más infraestructuras por unidad de PIB. 

No, me temo que las balanzas fiscales de las comunidades autónomas no son útiles para formarse opinión sobre las finanzas autonómicas. Sin embargo, esta simpleza puede llevarnos a tomar, sin querer queriendo, decisiones equivocadas sobre la financiación autonómica, porque está calando en los catalanes la errónea idea de que ellos pagan, injustamente, muchos impuestos, de que son excesivamente solidarios. Alguien del Gobierno o del PSOE debiera decirle a Maragall que sus maragallerías y las de sus socios no hacen gracia en otros territorios, en los que, para humor catalán, preferimos el de Tricicle que, además, es mudo. 

Nueva (Vieja) política

Cuando Rodrigo Rato se hizo cargo de la economía española, en abril de 1996, siguió, por convencimiento propio y por imposición de CiU, una política macroeconómica similar a las que había mantenido, y por las mismas razones, Pedro Solbes en el último gobierno de González. Ahora que Solbes vuelve a la dirección de la economía española, los planes que nos está dando a conocer sugieren que vamos, con matices, por la misma senda de política económica. Hay, pues, una continuidad básica en la política macroeconómica española. La nueva política del nuevo gobierno es la misma vieja política del viejo gobierno. Lo cual es una buena noticia, porque las alternativas de política macroeconómica para una economía como la española no son muchas. Y es que una economía de mercado desarrollada, abierta y con una moneda común, no tiene más remedio, para crecer y crear empleo, que intentar controlar su inflación, tener unas finanzas públicas relativamente equilibradas y unos mercados flexibles. Sólo así se puede competir en los mercados integrados y globalizados. 

Este esquema de política económica nos ha dado, en los últimos diez años, buenos resultados: la renta per cápita española ha ido creciendo y convergiendo con la renta europea; la inflación española, aunque más alta que la media europea, está, comparada con nuestra propia historia, en unos niveles soportables; la tasa de paro se ha reducido, en los últimos ocho años, a la mitad; las finanzas públicas son solventes, al tiempo que suficientes, para el razonable estado del bienestar del que nos hemos dotado en los últimos veinte años. Buenos resultados que han sido posibles precisamente por la sensatez de la continuidad en la política macroeconómica española dentro del contexto de la plena integración en la economía europea. Hay continuidad en la política macroeconómica y es, al menos en mi opinión, bueno que la haya. 

Pero la política económica es mucho más que grandes líneas de política macroeconómica. Es también política microeconómica. Esa política que ha fracasado porque estamos viviendo una escalada del precio de la vivienda, porque hay servicios que han aumentado su precio en pocos años al doble, porque nuestros jóvenes se encuentran un trabajo de doce horas por menos del salario mínimo y sin asegurar. La esencia de cualquier política microeconómica es la regulación de un mercado. Y con respecto a la regulación de un mercado pueden darse tres casos que lo hagan funcionar mal: que haya un exceso de regulación que coarte la iniciativa o lleve al sistemático incumplimiento de las normas; que falte una regulación clara e igualitaria; o, finalmente, que haya una regulación obsoleta o mal planteada. Y de los tres casos tenemos en España abundantes ejemplos. El mercado de trabajo, el de vivienda, el de la televisión, el de gas, el de electricidad, el de carburantes, el de las medicinas, el de los servicios profesionales, etc. son sólo algunos ejemplos en los que las regulaciones fallan y dan como resultado un exceso de demanda o de oferta, una falta de competencia real, una espectacular subida de precios o de las subvenciones. También se da una cierta continuidad en la política económica. Porque los ministros socialistas han aprendido a hacer declaraciones para después hacer una peor regulación. Así, la nueva ministra de vivienda promete miles de actuaciones, cuando son los ayuntamientos los que tienen las claves del mercado. Y Caldera, flamante ministro de trabajo, inicia reuniones con los sindicatos, cuando los trabajadores sindicados son, precisamente, los que tienen todos los derechos. O el ministro Montilla habla de regular los horarios comerciales para proteger al pequeño comercio que lo que tiene que hacer es adaptarse a los nuevos usos del tiempo por parte de las nuevas familias. Esta continuidad en las políticas microeconómicas no es, al menos en mi opinión, buena. Porque tiene el riesgo de convertir los microproblemas de siempre en macroproblemas para siempre. El gobierno anterior los conservó, éste no debería hacerlos progresar... haciéndolos crecer. 

Momento constituyente

Lo quiera o no el ministro Jordi Sevilla, el hecho es que estamos en un momento constituyente. Porque en los próximos meses se sustanciará la Constitución Europea, porque se ha abierto la reforma constitucional española en el discurso de investidura del presidente Zapatero, porque hay grupos de trabajo en todas las comunidades haciendo borradores de nuevos Estatutos. Podremos no querer llamarle reforma constitucional, podremos no ser conscientes de ello o no querer debatirlo, pero el hecho es que se está hablando sobre qué límites va a tener el ejercicio del poder político, que eso son los derechos, y, lo que es más llamativo, hemos empezado a hablar de quién o quiénes serán los que regularán en el futuro nuestra vida social, que eso son las competencias. Y porque estos asuntos son sustantivos de un sistema político es por lo que se incluyen en la Constitución Europea, la Constitución española y en los Estatutos. 

El momento histórico no es casual. Las fuerzas desatadas con la globalización han hecho aparecer nuevos agentes políticos que explotan nuevas formas de poder. Las empresas multinacionales, las organizaciones no gubernamentales globales, los nuevos medios de comunicación, los think-tanks creadores de ideología, etc. son agentes de dimensiones mundiales que están desbordando el marco político de los Estado-nación de tamaño medio y pequeño. Para enfrentar con éxito los retos que los nuevos agentes políticos plantean en pos de sus intereses, no siempre legítimos y no siempre sociales, es por lo que han surgido las integraciones regionales, de las que la Unión Europea es, quizás, el ejemplo más acabado. Dicho de otra forma, porque hemos permitido que nazcan con la globalización gigantes económicos y sociales, que pueden transformar su tamaño en poder político y capacidad de influencia, es por lo que es necesario, antes de que se conviertan en monstruos, crear instituciones democráticas que puedan controlarlos. De otra forma nos veríamos abocados a la tiranía de las multinacionales de todo tipo y al vaciamiento real de nuestras democracias. Pero este proceso mina el mismo concepto de Estado. Ese monopolio de violencia sobre una población asentada en un territorio, según la maravillosa definición de Max Weber, empieza a resquebrajarse cuando cede soberanía sobre la economía o la política exterior, cuando sus leyes son meras traducciones de acuerdos intergubernamentales. El Estado, así, va quedando, tras este proceso, en una realidad virtual, con cada vez menos competencias, menos funcionarios, menos recursos, engranaje básico de otro ente multinacional pluricultural. La Constitución Europea es, en este contexto, la expresión legal final del este proceso que los europeos hemos vivido con mayor intensidad. Por eso no es casual que sea ahora, ni que se acelere su redacción ante las amenazas e incertidumbres del mundo post 11-S y M. 

En España, además, está madurando ahora otro proceso que iniciamos hace 25 años con la Constitución. Un proceso paralelo de descentralización política y administrativa. Un proceso que respondía a la diversidad de España y que se acentuó como reacción al centralismo franquista. Un proceso que, en no poca medida, ha permitido hacer más cercano el poder político al ciudadano. Un proceso que, empezado en un contexto político determinado, debe ser replanteado ante la nueva realidad política del mundo, tanto para descentralizar otras funciones, como para volver a centralizar otras que se mal descentralizaron. Y porque estamos cediendo soberanía hacia arriba y hacia abajo, y eso cuestiona el hecho en el que se fundamenta toda nuestra Constitución que se recoge el artículo primero que declara que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, es por lo que, le guste o no al ministro, me guste o no, estamos en un momento constituyente. Un momento del que hemos de ser todos conscientes y en el que todos hemos de hablar. Y no sólo los nacionalistas historicistas o los oportunistas del tipo Maragall, que son a los únicos a los que, de momento, se les oye. 

La política de Bush

Cuando, tras los acontecimientos del 11 de Septiembre, el presidente Bush anunció una generalizada rebaja de impuestos y el presidente de Reserva Federal, Alan Greenspan, decidió una significativa e inmediata bajada de tipos de interés, la mayoría de los analistas de la economía internacional, y este que escribe entre ellos, aplaudieron ambas medidas. Aquel año de 2001 la tasa de crecimiento de la economía norteamericana se venía ralentizado, desde antes de los atentados, por el ajuste de la burbuja financiera de las empresas "punto.com". El golpe que la caída de las Torres Gemelas podría suponer sobre la confianza del consumidor medio norteamericano aconsejó la acción rápida de una política monetaria expansiva (de bajos tipos de interés), y la acción, más lejana en el tiempo, de una política fiscal doblemente expansiva (con reducciones de impuestos y subida del gasto). El resultado de ambas decisiones, siguiendo las enseñanzas de la macroeconomía más ortodoxa, fue un fuerte incremento en la tasa de crecimiento económico que, compensando las fuerzas negativas de la incertidumbre, hicieron que la economía norteamericana volviera a la senda de crecimiento económico. La economía norteamericana ahuyentó así el peligro de una recesión que hubiera sido perniciosa no sólo para ella, sino para el conjunto de la economía mundial. 

Pero, si bien no se entró en recesión, el crecimiento norteamericano de los dos últimos años no ha sido como el del ciclo expansivo de la era Clinton. Y es que nuevas circunstancias aparecieron en el panorama económico norteamericano que ensombrecieron su desempeño económico: los escándalos financieros de las cuentas de no pocas empresas (Enron, World Com, etc.) y las guerras de Afganistán e Irak. Los escándalos financieros aumentaron la desconfianza de los norteamericanos en el valor de su patrimonio y enfriaron las expectativas de consumo. Las guerras, victoriosas en un primer momento, pero costosas en sangre y dinero, están haciendo caer la confianza en la política exterior norteamericana, al tiempo que provocan problemas en no pocos mercados. 

Ante estos problemas, y para evitar que esta pérdida de confianza y expectativas se traduzca en esa crisis de crecimiento que se había evitado en aquel dramático primer momento del 11-S, las autoridades fiscales y monetarias norteamericanas están manteniendo esa triplemente expansiva orientación de la política económica. El resultado es que la economía norteamericana crece, pero crece con dos graves problemas: un impresionante déficit público (alrededor del 5% del PIB), lo que está aumentando espectacularmente la deuda pública norteamericana, y un no menos gigantesco déficit exterior. 

Pero no acaban ahí los problemas de la economía norteamericana. La forma en la que se ha realizado la expansión fiscal, con reducciones de impuestos directos para los ricos y las clases medias altas, y la expansión del gasto, con incremento en gasto militar, pero no en infraestructuras y en protección social, está llevando a una peor distribución de la renta y un debilitamiento de las posibilidades de crecimiento en el largo plazo. Más aún, la ineficacia demostrada de su ejército y de sus mercenarios para controlar la situación en Irak y la imposibilidad de poner en funcionamiento la producción de petróleo está llevando al crudo a una situación de precios que es alarmante. 

El resultado de estos dobles déficits, de la forma en la que se producen y del caos irakí, en suma, de la ineptitud generalizada de la Administración Bush, es el afloramiento de tensiones inflacionistas en todo el mundo, lo que supone una alta posibilidad de subidas generalizadas de tipos de interés, menores expectativas de crecimiento y más dificultades para todos. 

Y es que, por desgracia, la economía que tan mal gestiona el presidente Bush es tan grande y poderosa, y nosotros tan débiles, que cuando tiene problemas a todos nos atañe. 

Los límites del diálogo

Diálogo. Es la palabra de moda en la política española. En el discurso de investidura del entonces candidato y hoy presidente Zapatero se utilizó tantas veces que aburrió contarla. Diálogo. Es una palabra que tiene buena prensa. Suena bien y tiene una hermosa etimología: "a través de la palabra, palabra entre varios". Además, irradia un aura de democracia participativa y directa que es grata a la izquierda. Diálogo. Precisamente lo que faltaba en la política española tras el periodo de mala educación de Aznar. Porque dialogar significa reconocer al otro, respetarlo, suponerle buena voluntad, tratarlo como adulto, cortésmente. El problema es que el diálogo es, sencillamente, un proceso. Un proceso que, en política, ha de llevar a una decisión sobre determinados temas. Es un proceso que ha de determinarse en los interlocutores y que ha de tener un momento oportuno. Por eso el diálogo no puede ser ilimitado. Y decir esta obviedad fue, en mi opinión, lo que faltó en el discurso de investidura. La primera condición para que el diálogo sea un método en política es que ha de tener un resultado decisional. Un diálogo educado, brillante o chispeante puede ser, en sí mismo, agradable, pero también inútil. Esos diálogos al estilo de las comedias de Oscar Wilde o Woody Allen son ingeniosos, divertidos, con doble sentido y mucho humor, pero no sirven en política. Porque la esencia de la política es la dominación y el convencimiento y esos diálogos no son útiles para tomar decisiones. No hemos votado a un presidente de gobierno para que se haga ocurrente generador de titulares o un contertulio de radio enterado, ni para que luzca en los salones de la alta sociedad, sino para que asuma responsabilidades y tome decisiones. El primer límite, pues, del diálogo ha de ser el que ha de tener un resultado. Y un resultado de acción que sea estable en el tiempo. Los asuntos dialogados han de ser asuntos zanjados. 

El segundo límite del diálogo político en democracia viene dado por los temas. Se puede hablar de todos los temas, pero no todos los temas son convenientes en todo momento. Más aún, hay temas que, por su naturaleza, tienen poco que dialogar, como no sea constatar la imposibilidad de llegar a un consenso. Son los temas ontológicos y dicotómicos. Por ejemplo, no se puede dialogar para llegar a un consenso sobre la independencia del País Vasco o Cataluña. Se puede dialogar sobre la mayor o menor autonomía en España, pero la independencia supondría romper el concepto de España. Afirmar una cosa es negar la otra. Es una cuestión tan dicotómica como estar o no embarazada: no se puede estar un poco embarazada. 

El tercer límite del diálogo político en democracia es la legitimidad de los que hablan. Se puede dialogar con todo el mundo. Pero como no podemos ir a departir con el presidente de todos los temas todos los ciudadanos todos los días (y por eso existe la democracia representativa) es necesario delimitar quién es el interlocutor del Gobierno. Y, en esto, lo siento, pero todas las instituciones y grupos no tienen la misma legitimidad. Para empezar no es legítimo el diálogo con terroristas porque éste estaría causado por el ilegítimo uso que hacen de la violencia y no por la fuerza de sus razonamientos o de los votos que libremente consiguen. De igual forma, es menos significativo el diálogo con grupos pequeños que con grupos grandes: no puede tener, por ejemplo, en un diálogo para la reforma constitucional, el mismo valor el consenso alcanzado con todos los grupos menos el PP, que con el mismo Partido Popular. Y eso por la sencilla razón de que, en democracia, cada uno de nosotros es un voto, y la suma de los votos del PP es mayor que la de todos los demás juntos. No puede, entonces pesar en el diálogo más ERC o IU que el PP. El diálogo en política tiene, pues, límites en los resultados, en los temas y en los interlocutores. Y si no los tiene, lo siento, pero a pesar de valorar la civilizada actitud de dialogar, como ciudadano me veré en la obligación de pedir que me devuelvan mi voto. 

Hacia el este

La próxima semana seremos diez socios más en la Unión Europea. Ocho socios más en el Este y dos mediterráneos que trasladan a la UE hacia el Este. Diez socios de tamaño, economía, sociedad y vínculos históricos diferentes que harán a la Unión diferente. Tan diferente que la posición, y no sólo la geográfica, de todos los actuales socios cambia. Tan diferente que algunas de las decisiones más recientes de la Unión, la última reforma de la Política Agraria Común, por ejemplo, se explicarán, en gran medida, por el nuevo contexto. Lo preocupante es que la entrada de los socios del Este y las nuevas correlaciones de intereses en la Unión, a pesar de los diez años desde que se inició el proceso, no han sido objeto de reflexión en España. 

Los nuevos socios que entran en la Unión son, entre ellos, muy dispares. Y eso hace que las causas por las que entran y los efectos que cada uno de ellos producirán sobre el conjunto de la Unión sean muy diferentes. 

Para empezar, entre los diez nuevos socios hay uno, Polonia, que supone la mitad de la población y del PIB del total de la ampliación. Los tres siguientes en tamaño, Chequia, Hungría y Eslovaquia, suman el 34% de la ampliación. Los seis restantes son muy pequeños, alguno, como Malta, tan pequeño que supone la mitad de la población de nuestra provincia. Sus vinculaciones históricas también son variadas. Así, y aunque la mayoría de ellos han estado hasta tiempos recientes bajo el dominio directo o indirecto de Rusia, los viejos lazos históricos son más complejos. Los tres estados bálticos (Lituania, Estonia y Letonia), además de una historia común (y parte de su población) con Rusia, tienen fuertes vínculos con Polonia y con los países escandinavos. Polonia, Chequia, Eslovaquia y Hungría fueron parte de uno de los dos Imperios Germánicos (Alemania o Austria), lo mismo que la balcánica Eslovenia. Las dos islas mediterráneas (Chipre y Malta) fueron protectorados británicos hasta no hace tanto tiempo y tienen amplias relaciones con sus dos vecinos más grandes, Grecia e Italia. Desde una perspectiva histórica y geográfica, pues, se benefician de la ampliación con más intensidad los ejes germánico y escandinavo de la Unión. Conocidos estos vínculos históricos y geográficos, que se traducen en que el comercio exterior y la inversión extranjera directa de estos países está dominado por los socios de la Unión más próximos a ellos, el interés de la ampliación, desde la perspectiva de la UE, es claro: la suma de los cuatro más grandes y más próximos a Alemania suponen un importante mercado de 64 millones de personas, una fuerza laboral de más de 25 millones con sueldos bajos, y unas inmensas posibilidades de expansión por las carencias y necesidades de infraestructuras, tanto públicas como privadas. Y Alemania y sus economías satélites necesitan, para crecer, mercados con expectativas y mano de obra barata en territorios próximos. Además, con la integración y el desarrollo de estos países se empieza a regular el flujo de inmigrantes y se expanden las fronteras políticas hacia el Este. Visto desde nuestros nuevos socios, la razón estratégica para entrar en la UE es la que no ser más territorio fronterizo, "estados-tapón", entre dos gigantescos bloques (Europa Occidental y Rusia) que tan desastrosas consecuencias les trajo en el pasado. Por eso, la mayoría de ellos pertenecen a la OTAN y, puesto que la UE es el polo más rico de sus vecinos y puede ser el más generoso en las ayudas y en las transferencias de tecnología, la entrada en la UE supone una garantía de desarrollo económico y de estabilidad política. Todo ello, al tiempo que los sitúa en el mundo como parte de una economía poderosa. 

Esta semana entran diez nuevos países en la Unión Europea. Tanto para bien como para mal de nuestros legítimos intereses la Unión Europea será diferente a partir de ahora. Como diría un marino, derrota hacia el Este. Y saber hacia dónde rola el viento es importante para pensar lo que tenemos que hacer. Pero eso lo haremos mañana.