Consensos básicos

En la profesión económica existen tres consensos básicos que afectan al conjunto de la política económica para los países desarrollados (en los países pobres la situación es diferente) y que tienen una fuerte coherencia interna avalada por los modelos teóricos y por la experiencia. 

En política macroeconómica, casi todos los economistas estamos de acuerdo en que el primer objetivo es la estabilidad de precios, especialmente en economías muy abiertas, ya que los diferenciales de inflación conllevan pérdida de competitividad que ponen en peligro el crecimiento a largo plazo. Para alcanzar este objetivo se utiliza una política monetaria, más o menos monetarista, que gestionan Bancos Centrales independientes, complementada con una política fiscal relativamente equilibrada, sin grandes variaciones de gasto, ya que, en estos países, los Estados del Bienestar están consolidados y hay preocupación por su sostenibilidad. Y la prueba de que estas políticas están funcionando es que, en los últimos años, y a pesar de la subida del petróleo, ninguna economía desarrollada ha tenido fuertes tensiones inflacionarias, ni grandes déficits públicos, ni ha sufrido una recesión. 

Un segundo consenso es sobre las políticas de oferta. Y es que, además de factores de demanda, para fomentar el crecimiento son necesarias políticas que estimulen la inversión, tanto en capital físico como en capital humano, y, para ello, es imprescindible cambiar las políticas sectoriales por políticas de productividad. Un cambio, que aún no ha terminado de calar por razones electorales, pero que se está incorporando al discurso político y está orientando las políticas económicas de, por ejemplo, la Unión Europea. 

Un último consenso básico tiene que ver con las políticas de regulación de mercados. Y es que para aprovechar en forma de crecimiento económico tanto la estabilidad macroeconómica (que garantiza bajos tipos de interés y un marco fiscal neutral), como las políticas de oferta (mayor disponibilidad de tecnología y de mano de obra formada), es necesario que los mercados sean flexibles. Por eso las políticas sobre los mercados financieros han sido de flexibilización, lo que está permitiendo la movilización del ahorro hacia inversiones en cualquier lugar del mundo, y cuyo resultado, tanto más eficaz cuanto mayor es la credibilidad de los reguladores, es una mejor financiación de las empresas. Y algo parecido está ocurriendo en los mercados de trabajo. Los más flexibles tienen menos tasa de paro y aquellos que han sido más audaces en la política de flexibilización viven una más intensa creación de empleo (y España es el ejemplo). Una flexibilización que no supone ausencia de regulación, sino que ésta sea eficiente y, para ello, debe ser transparente, estable y vigilada por instituciones creíbles, porque, en caso contrario, no solo se corrompen los mercados y las bases de un crecimiento saludable, sino también la vida política (y buena prueba es nuestro mercado de suelo). 

Estos tres consensos básicos debieran ser conocidos por cualquiera que tenga responsabilidades de política económica. Y me consta que una mayoría de los ministros de economía que hemos tenido los conocían porque los han seguido. Por eso me preocupa que algunas personas, "cercanas a la Moncloa" y en el Ministerio de Industria, parezcan empeñados en olvidarlos y cometan errores de bulto. Algunos tan graves, y de momento latentes, como la segmentación de la unidad de mercado con las competencias cedidas a las Comunidades Autónomas. Otros tan patentes como la intervención política en la OPA sobre Endesa, que ha destrozado la credibilidad en dos reguladores tan importantes como la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Comisión Nacional de la Energía. 

Unos errores de bulto que pagaremos todos porque la estabilidad macroeconómica sirve para poco si corrompemos los mercados y la democracia. 

7 de mayo de 2007 

Periódicos

Desde muy joven, y de esto hace ya algunos años, he leído periódicos con fruición. Tanto que, para mí, la lectura de varios periódicos al día no solo es una de las obligaciones que me impone mi profesión, sino una especie de deber que he de cumplir como ciudadano y, lo confieso, es una afición. 

Desde pequeño he sido lector de ABC porque era el periódico que, con el retraso de un día, llegaba a mi casa, por lo que sus páginas fueron parte de mi primera educación. Ya universitario, allá por los años finales de los setenta, empecé a comprar El País (un poco por rebeldía juvenil, un poco por la novedad, un poco por mimetismo) y a apreciar las ideas que suponían un contrapunto a las otras que leía. Más adelante, siendo ya profesional en esta ciudad, añadí a estas dos lecturas básicas las páginas del Diario Córdoba por aquello de saber lo que ocurría en mi entorno más cercano. Una visión local que empecé a completar con la lectura de The Economist que, desde entonces y semanalmente, me da la visión global de lo que ocurre en el mundo. Hubo temporadas en las que leí Diario16, como hubo tiempos en los que leí El Mundo (sobre todo por saber lo que opinaba el aznarismo gobernante). Y de vez en cuando me gusta comprar La Vanguardia por aquello de tener una visión de la realidad desde el nacionalismo periférico. Internet me permite muchos días darme una vuelta periodística por el mundo, pues desde la página web de la Asociación Nacional de Periódicos norteamericana (www.naa.org) se puede acceder a todos los rotativos importantes del mundo. The Washington Post, New York Times, Los Angeles Times, The Times, The Independent, Le Monde, La Reppublica, El Corriere, Süddeustche Zeitung, Die Welt, etc, son algunos de los que reviso casi todas las semanas. 

Con este bagaje de lector empedernido (casi diría que vicioso) de periódicos creo que puedo aventurarme a juzgar, sin hacer un análisis cuantitativo, la reciente evolución de nuestro cuarto poder en España. Y es que a, mi juicio, en los últimos años ha habido en nuestro país un fuerte deterioro de la calidad de la prensa escrita. Una pérdida de calidad que noto en un doble sentido: por una parte, creo que cada vez se escribe peor; y, por otra parte, creo que cada vez se escribe de una forma más desenfocada, más partidista. 

Que se escribe peor es casi un hecho. Y basta comparar cualquier periódico actual con alguno de hace veinte años. Y es que hay un empobrecimiento generalizado del lenguaje, quizás por la tiranía de la inmediatez y del espacio, que se nota en que cada vez se usan menos conceptos, se argumenta peor, se usan frases más cortas y se matiza menos. Parece como si el mundo que se quisiera describir fuera todo en blanco y negro, como si todo se tuviera que simplificar, como si en vez de escribir artículos y reportajes, los periódicos fueran sucesiones de eslóganes políticos y publicitarios. 

Pero, más grave que esto, es que cada vez más parece que la prensa española sirve a intereses partidistas, ideológicamente puros. Se dicen medias verdades, incluso se miente, se ataca al contrario sin hallar la equidistancia, sin neutralidad alguna. Los periódicos, más que servir al público con la verdad de los hechos y la honradez de las opiniones, parecen que se están convirtiendo en panfletos para agitar a los ya convencidos, cayendo, así, en un juego peligroso de competencia partidista que en nada les beneficia. Este deterioro de la prensa española es, para mí, un deterioro de nuestra democracia. Un deterioro que tenemos que evitar los ciudadanos exigiendo una mejor prensa. Una exigencia en la que nos va la calidad de nuestra convivencia. 

23 de abril de 2007 

Capital humano

Desde que Adam Smith escribiera la Riqueza de las Naciones, allá por 1776, los economistas sabemos de la importancia de la educación en el progreso de los pueblos. Pero no sería hasta que confluyen las ideas de Jacob Mincer y Gary Becker, sobre capital humano, con las de Robert Solow y Paul Samuelson, sobre crecimiento económico, que no se empieza a pensar en la educación como una de las fuerzas que desarrollan una economía en el largo plazo. Hoy sabemos que existe una alta correlación entre el nivel de renta de una comunidad y su nivel educativo. De hecho, y dejando siempre de lado a los países petroleros, las economías más desarrolladas del planeta son las que tienen un nivel de alfabetización más alto, mayor índice de titulados universitarios y, lógicamente, mayor gasto medio en educación. De igual forma, se puede demostrar que un incremento en el nivel de gasto educativo produce, en el plazo de una generación, una aceleración del crecimiento económico. Así pues, invertir en educación es una de las mejores estrategias de desarrollo que se pueden seguir, especialmente en los países pobres. Esta idea, que es cierta con ese grado de generalidad, es necesario matizarla. 

El primer matiz viene desde la misma definición de capital humano. Así, si consideramos que el capital humano de una comunidad es el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes hacia el trabajo que posee esa comunidad y que les permiten producir bienes y servicios, hemos de considerar que no todos los conocimientos son iguales en cuanto a su utilidad para la producción, por lo que ese criterio, que se viene aceptando, de que el capital humano se mide por los grados de escolaridad medios de una población, no sólo no es exacto, sino que puede sesgar el análisis. Dicho de otra forma, dos países con el mismo porcentaje de titulados superiores y el mismo índice de analfabetismo tienen el mismo grado de educación, pero pueden tener distinto nivel de capital humano si en el primero de ellos todos los titulados lo son, por ejemplo, en lenguas muertas, mientras que en el segundo todos los titulados lo son en, por ejemplo, ingeniería industrial. De donde se deduce que, desde la perspectiva del capital humano, no sólo son relevantes los grados de escolaridad, sino qué se estudia. 

El segundo matiz tiene que ver con una variable oculta en las estadísticas. Y es que, por aquello de la corrección política, se considera, en las organizaciones internacionales, que todos los títulos de las mismas áreas tienen el mismo valor. Y eso es lo mismo que pensar que un título de Harvard contiene el mismo conocimiento que uno de una universidad española. Hay una gran diversidad de cantidad y calidad de conocimiento bajo el mismo título, como hay un abismo entre una titulada sobresaliente y un titulado aprobado. Así pues, la calidad de las instituciones educativas, que son los productores del capital humano, así como el nivel de exigencia dentro de ellas determinan distintos niveles de capital humano. 

De lo dicho hasta aquí se pueden extraer dos conclusiones básicas: si queremos crecer más en los próximos años tenemos que invertir más en capital humano, pero eso no significa necesariamente tener más titulados. Y, de igual forma, hemos de aumentar la calidad de nuestra educación, y eso tampoco significa necesariamente gastar más sino, probablemente gastar mejor. Y bastaría con que comparáramos lo que se ha hecho en Irlanda en los últimos veinte años con lo que hemos hecho en Andalucía, para que viéramos cómo se gestiona bien una política de capital humano. Lo malo es que esa comparación igual no le interesa ni a nuestros omniscientes planificadores educativos, ni desde luego, a nuestros sapientísimos y "magníficos" rectores. 

9 de abril de 2007 

Elogio a Europa (desde España)

Ayer se cumplieron cincuenta años de la firma del Tratado de Roma, por el que se crearon las estructuras básicas de lo que hoy conocemos como Unión Europea. Y son muchas las voces que estos días han analizado la historia de la Unión, su importancia y significado, su actual crisis, sus debilidades. Y precisamente porque está en una época oscura es por lo que quiero celebrar su éxito. Más aún, quiero celebrar lo mucho que la idea de participar en la construcción europea ha significado para nosotros los españoles. Y es que también por estas fechas, fue un 29 de marzo, se llegó al acuerdo por el que nuestro país se incorporaría a la Unión el primero de enero de 1986. 

Hace algo más de veinte años, los españoles encontramos en Europa y en la construcción europea el gran valor político que nos faltaba desde que perdimos el imperio americano. Europa, a finales del siglo pasado, fue un valor que nos sacó del ensimismamiento que tanto nos duró y que tantos problemas nos trajo. Superado el escollo previo de una Transición no siempre fácil, a menudo frágil, Europa como dirección era un concepto seguro y compartido que provocaba entusiasmo: porque era un valor que la sociedad española identificaba claramente con unos valores y usos que añorábamos (quizás porque nunca los tuvimos); porque era un valor que nos hacía partícipes, en la era de la superpotencia americana, en la construcción de otro actor de tamaño mundial. Europa fue, para nosotros, un valor político que nos permitió soñar con una España mejor en un mundo en el que nuestra voz se oiría a través de ella. 

Más aún, Europa supuso, y aún supone, una inmensa oportunidad de modernización social y económica. Gracias, en gran parte, a la oportunidad que nos brindó la entrada en la Unión, a la generosa ayuda económica europea (casi un 1% del PIB anual) y a la coordinación de nuestra política económica con la de los países europeos, los españoles gozamos hoy de un nivel de renta per cápita como jamás en nuestra historia tuvimos. De hecho, si en los últimos años crecemos al ritmo con el que lo hacemos y creamos el empleo que creamos es debido al hecho de que sustituimos una moneda débil, la peseta, por una moneda fuerte (el euro es el marco con otro nombre) integrándonos en un área monetaria y económica gigantesca (la segunda mayor del mundo en PIB, solo por detrás de los USA) que nos ha permitido sortear riesgos que antes nos hubieran afectado determinantemente (¿o alguien cree que las últimas subidas del petróleo hubieran pasado sin afectarnos si hubiéramos tenido la peseta?) La economía española es hoy como es, en gran medida, porque Europa es, para ella, un seguro. Estar integrados en la economía europea y en el euro es, posiblemente, el mejor marco para nuestro futuro económico. 

Mucho le debemos y en muchos sentidos, pues, cada uno de nosotros y como pueblo, a aquel Tratado de 1957, a ese otro del 85 por el que nos integramos y a los que les han sucedido, así como a las personas que los hicieron posible. Una deuda de gratitud que ayer me hizo recordar unos versos que Jorge Guillén escribió en el Ámsterdam destruido de 1945: 

Siento inmortal a Europa,/ Uno siento el planeta./ La historia es solo voluntad del hombre. 

26 de marzo de 2007 

Peticiones electorales

Cuando se acerca el periodo electoral empiezan a aflorar peticiones y demandas sociales de lo más variopintas. Ante ellas, los presuntos candidatos responden con promesas y declaraciones que las recogen, cuando no proponen algo más atrevido. Todo ello sin que, en muchos casos, se haya hecho un análisis de lo razonable o no de la petición y, sin que, desde luego, en el caso de que la petición sea inconveniente, nadie se atreva a decir que lo es. Y es que para que una petición sea atendida no tiene que ser razonable, basta con que sea una petición "histórica" o que sea importante para un grupo de electores como para hacer de ese tema el punto central de su decisión a la hora de votar. Más aún, cuanto más simple sea la petición, mejor es aceptada. 

Posiblemente, de todas las peticiones y promesas que se hacen en precampaña electoral, las de infraestructuras viarias sean las más vistosas. No sé si por la pasión que los españoles tenemos por el cemento, por ese interés de dejar huellas que duren más que una vida o porque somos poco imaginativos, el hecho es que es iniciarse una campaña electoral y todo el mundo saca a pasear al ingeniero de caminos, canales, puertos y aeropuertos que lleva dentro. Y los políticos, esos padres y madres solícitos y solícitas, aceptan todas las sugerencias mirándose de reojo, por si alguno comete el desliz de no apoyar una infraestructura que es... "la clave del desarrollo". 

Lo que no se dice, seguramente porque los políticos no lo saben o porque no quieren ser políticamente incorrectos, es que las obras de infraestructuras son solo una de las condiciones necesarias para el crecimiento económico, pero no son una condición suficiente. Y es que éste depende de tres factores: del capital humano (o sea del número de personas en edad de trabajar y de los conocimientos que tienen); del capital físico privado (fábricas, maquinaria, etc.) y público (infraestructuras viarias, etc); y, finalmente, de un factor institucional y organizativo que tiene que ver con el tamaño del mercado, la flexibilidad burocrática y las relaciones institucionales. De todo lo anterior se puede deducir que una carretera, por sí misma, no es la solución para los problemas de crecimiento de una ciudad. De la misma forma que una parada de tren no resuelve los problemas de una comarca entera. Y no hay que irse muy lejos para ver ejemplos de lo que estamos sosteniendo: Lucena ha crecido espectacularmente en los últimos años y aún no está conectada por autovía con su principal mercado y hasta este año no ha parado cerca de ella el tren. Una autovía o un tren son solo medios de transporte que abaratan costes, pero no hacen crecer, automáticamente, la renta. 

Esta solo crece si se aumenta el número de personas que trabajan y el valor de lo que hacen. Ocupación y capital humano y productividad son las claves del crecimiento. No nos engañemos, pues, con espejismos de las infraestructuras. Son indudablemente necesarias, pero, en algunos casos, no son lo primero. Máxime si, además, tenemos en cuenta que cuestan dinero. Mucho dinero de todos. 

(Nota: y si alguien deduce de este artículo que estoy en contra de la autovía a Toledo o del aeropuerto de Córdoba, es que no ha entendido nada de lo que ha leído). 

12 de marzo de 2014

Abstención

Yo soy uno de los miles de andaluces que, conscientemente, se abstuvieron en el Referéndum del Estatuto. Me he abstenido, y ni siquiera he opinado en estas páginas sobre él, porque no me gusta este Estatuto, como no me gustó el de Cataluña, sobre el que sí opiné y con contundencia. 

Y no me gusta porque el proceso que nos ha llevado a él ha sido erróneo y está produciendo un resultado final desordenado. Es cierto que era necesaria una reforma estatutaria para adaptar los estatutos a la realidad política y administrativa del Estado de las Autonomías. Pero eso se debería haber hecho bien desde una reforma de la Constitución, bien desde una ley genérica de reforma que marcara los límites y distribuyera las competencias siguiendo un criterio de eficiencia. Y desde una reforma del Senado que nos hubiera llevado a un Estado federal más racional que la extraña confederación en la que estamos convirtiendo a España. Y es falso que hubiera un clamor popular a favor de las reformas, pues solo se han hecho por el impulso de la minoría nacionalista, por razones partidistas y por la debilidad de un Gobierno en minoría y sin pulso ideológico. Que el PP se haya sumado a esta reforma no carga de razón a este Estatuto. Al contrario, me refuerza la percepción de que todo este proceso de reformas estatutarias está montado por las élites políticas para distribuirse el poder. 

Y tampoco me gusta el articulado. Ya el preámbulo es un monumento a las frases sin contenido, como la declaración de derechos de la primera parte es un monumento al absurdo. Al absurdo porque si el PSOE y el PP están de acuerdo en darnos un derecho a los andaluces, no entiendo por qué no se puede aprobar una ley en el Congreso que diera esos mismos derechos a todos los españoles. Más aún, no me fío de los políticos que nos dan derechos que, después, no nos permiten ejercer, como no me fío de los derechos declarativos que no se pueden exigir. Y basta mirar la Constitución española y la realidad del derecho al trabajo, a la vivienda digna, a la libertad educativa, la igualdad ante la ley, etc. para saber lo que da de si una declaración de derechos. Como tampoco me gusta el tufillo nacionalista, premoderno y paternalista, de muchos artículos. Y es que parece que el Estatuto, más que un marco de libertades y de instituciones para un mejor gobierno, es un catálogo de aspectos de nuestra vida sobre los que tendremos que pedir permiso a sapientísimos funcionarios de la Junta. Lo siento, pero, además, no me han convencido las razones que se me han dado en la campaña del Referéndum. Así, la apelación de Izquierda Unida a los derechos y a los ayuntamientos me resultó infantil e inoportuna, mientras que el PSOE, en una campaña con la complicidad de los medios públicos, ha estado demostrando su ignorancia económica al vincular crecimiento económico con autonomía, una vinculación indemostrable, entre otras cosas porque el Gobierno andaluz no ha tenido (y gracias a Dios no tendrá) competencias sobre las políticas macroeconómicas. Como ha sido muy pedestre el mensaje del PP, pues la eficacia en la gestión no aumentará con este Estatuto, sino que posiblemente, con la reforma estatutaria hagamos más ineficaz al conjunto del sector público que sostenemos los ciudadanos con nuestros crecidos (y crecientes) impuestos. 

Lo siento, pero ni me ha gustado el proceso, ni el resultado, ni la ideología que lo ha movido, ni la campaña con que me lo han vendido. Por eso no fui a votar. Y mucho me temo que por las mismas razones tampoco fue a votar una inmensa mayoría de andaluces. Y si los políticos no entienden el mensaje que les hemos dado es que son más incompetentes en su profesión de lo que todos los días nos demuestran. 

26 de febrero de 2007 

Amenaza medioambiental

Desde la década de los sesenta sabemos que la actividad humana genera graves problemas en el medio ambiente. Desde entonces sabemos, hace más de cuarenta años, que la polución de la atmósfera, la contaminación de las aguas, la desaparición de especies, el agotamiento de minerales, etc. están relacionadas con la forma en la que los humanos utilizamos el Planeta. 

Y esta forma está condicionada por la tecnología que usamos para explotarla y por la cuantía de las necesidades totales de los que componemos el género humano. Dicho de otro modo, los problemas que causamos al medio ambiente están determinados por lo que sabemos, por lo que lo que necesitamos y por el número de los que somos. Así, si no hay un cambio significativo de la tecnología, en los hábitos y no se cambian las tendencias de crecimiento poblacional, el problema medioambiental al que nos vamos a enfrentar será de tal envergadura que pondremos a la humanidad en peligro de extinción. 

Y es que si no cambiamos la tecnología, si no invertimos en mejorar el uso de los recursos naturales, éstos no solo se agotarán, sino que antes de agotarse serán, como ya son, una fuente de conflictos. Más aún, si no descubrimos tecnologías que sean limpias, aunque seamos eficientes en el uso de los recursos, sólo ganaremos tiempo, pero no se resolverá la crisis medioambiental. Y basta un ejemplo: si cambiáramos la gasolina por el etanol contaminaremos menos, pero seguiríamos contaminando, con lo que se aplazaría el punto de no retorno (lo que ya es importante), pero seguiríamos causando cambios climáticos. Hay, pues, que invertir más en tecnología de nuevas fuentes de energía, en tecnología de la recuperación, en... conocimiento. 

Pero solo con la tecnología no resolvemos el problema, porque no sabemos cuándo vamos a encontrar las soluciones. Necesitamos, pues, un cambio rápido en la forma en la que vivimos aquellos que más contaminamos, los ricos del mundo. Y para ello, es necesario que nos convenzamos de este cambio y que aceptemos que los poderes públicos, a través de impuestos y leyes, nos obliguen a este cambio. Y, para empezar, hemos de cambiar nuestros hábitos de transporte: cambiar el coche, en las ciudades, por el paseo, la bicicleta o el transporte público; comprar coches híbridos o eléctricos y aceptar mayores precios de los carburantes, la extensión de zonas peatonales, los carriles bici y de transporte público. Como debiéramos aceptar un impuesto para subvencionar la electricidad generada por energías renovables. Como debiéramos exigir un mejor uso del agua, reforestar, usar más racionalmente el papel y los envases, etc. Sin cambios significativos en los hábitos de los países ricos no habrá posibilidad de retrasar la amenaza medioambiental. Y esta responsabilidad es nuestra porque ha sido nuestra forma de vida la que ha acumulado estos gases que amenazan a toda la humanidad. 

Y, finalmente, hay que volver a pensar en los problemas de la población mundial porque la amenaza ecológica persistiría por el mero volumen total de la población mundial. Urge, pues, volver a pensar sobre este espinoso y complejo tema. 

El problema es que, mientras tenemos estas tareas, nuestros políticos, optimistas antropológicos todos, siguen discutiendo de estatutos y de otras naderías. 

12 de febrero de 2007