Regulaciones bancarias

Uno de los temas claves de la cumbre del G-20+2 en Pittsburgh la semana pasada ha sido el de las regulaciones bancarias. De lo que se ha tratado, más allá de la mediática cuestión de los bonus de los tiburones financieros, ha sido de cómo establecer normas internacionales, especialmente contables y de capitalización, al sistema financiero de tal forma que no vuelva a haber una crisis económica como la actual. Las conclusiones, como no podía ser de otra forma, no han sido más un cúmulo de generalidades, pero tienen elementos esperanzadores que pueden dar sus frutos en los próximos años. Algo parece que se mueve. De cualquier forma no nos hagamos ilusiones: no van a existir regulaciones bancarias internacionales, sino orientaciones generales que delimitarán las regulaciones nacionales. 

Ha habido voces que reclaman una mayor regulación de los sistemas financieros. De hecho, en muchos países está en marcha una profunda reforma de las leyes que los regulan. Muchos piensan que, puesto que el origen de la crisis es financiera y se ha producido por los fallos de la regulación norteamericana y mundial, lo que tenemos que hacer para que no vuelva a producirse otra crisis similar es hacer más regulaciones. La argumentación de fondo de esta posición, contenida en no pocos artículos y opiniones, es que la situación actual es fruto de un fallo generalizado de los mercados, de donde se deduce que hay que ir a una mayor regulación. Y esto es, en parte, cierto. Pero hay otra parte que es una apreciación errónea. 

Para empezar hay que decir que las regulaciones dentro de cualquier mercado pueden ser de dos formas: las regulaciones de los agentes, o sea, leyes que dicen quién puede actuar en el mercado como demandante u oferente, y las regulaciones de la actividad, es decir, normas que condicionan las características del producto que se puede comercializar o las condiciones de la transacción. Casi todos los mercados tienen regulados uno de los dos aspectos y, en no pocos casos, los dos, existiendo muy pocos casos en los que no hay ninguna regulación de ningún tipo. Productos alimenticios, ropa, transporte, comunicación, sanidad, educación, etc., la inmensa mayoría de mercados tienen de una forma u otra regulada su actividad. El mercado libre y "salvaje" es más un mito que una realidad. 

Teniendo esto en cuenta, podemos decir que la actividad bancaria está, en la mayoría de los países, muy regulada. En los Estados Unidos, por ejemplo, ha sido una actividad regulada especialmente por la parte de los agentes (con normas y leyes obsoletas), mientras que la regulación ha sido muy laxa en la parte de la actividad. De ahí que la Reserva Federal admitiera en los mercados lo que ahora llamamos "hipotecas basura" y tuviera fallos de supervisión que han sido uno de los orígenes de la situación. De la experiencia norteamericana se puede extraer la conclusión de que bajos niveles de regulación de los agentes y de la actividad financiera tienen nefastas consecuencias. Y esto es cierto. Por eso está en revisión todo el entramado legal del sistema financiero norteamericano, pero están teniendo cuidado con no pasarse porque el exceso puede ahogar la innovación financiera. 

Curiosamente del caso español, mucho menos dramático que el norteamericano porque pasamos la crisis bancaria de los ochenta, se puede extraer la conclusión contraria. Porque en España, donde están fuertemente regulados los agentes y la actividad, la parte del sistema financiero que está más dañada es la de las cajas de ahorros. O sea, la parte del sistema que, además de las regulaciones estatales, tiene regulaciones autonómicas, mayores interferencias políticas locales y, en algunos casos, más tutela del Banco de España. De donde se podría deducir que a lo mejor no es que necesitemos más regulaciones, sino mejores regulaciones. Igual hasta menos intervencionismo político y una cierta dosis de mejor supervisión. Pero profundizar en esto nos llevaría a un artículo para iniciados. 

28 de septiembre de 2009 

¿Deflación?

Los índices de precios españoles llevan seis meses cayendo. En tasa interanual, los precios cayeron en junio un 1%, en julio un 1,4 y en agosto (último dato conocido) un 0,8%. ¿Estamos, entonces, en deflación? La respuesta es que hoy, y desde un punto de vista técnico, no lo estamos. Y no lo estamos porque, en sentido estricto, definimos que una economía tiene "estabilidad de precios" si sus índices de precios oscilan entre el +2% y el -1%. De ahí que digamos que una economía tiene inflación si sus índices de precios están por encima del 2% o deflación cuanto sus índices de precios están por debajo del 1%. Con estas definiciones, así de precisas por convención internacional basada en muchas razones que sería demasiado largo de explicar aquí, y teniendo en cuenta que en no todos los sectores productivos se produce una caída de los precios, no podemos decir que estemos en una situación deflacionaria. Más aún, los índices de precios subyacentes, que eliminan de los índices generales los elementos volátiles (energía y alimentos no elaborados), de esos mismos meses, no dan resultados negativos, sino que están también en el entorno del cero. Así pues, hoy no tenemos deflación, tenemos estabilidad de precios. 

Las razones de esta estabilidad de precios están claras: en un contexto de debilidad de la demanda, las empresas optan por mantener la producción y las ventas manteniendo o rebajando los precios. Las causas de la debilidad y caída de la demanda global son también claras: las familias españolas tienen este año una menor renta familiar media debido al crecimiento del paro, al tiempo que, por las circunstancias en los mercados financieros, tienen un menor acceso al crédito y han visto deteriorarse sus expectativas. Es evidente que estas tres causas afectan determinantemente a los bienes duraderos (automóviles, electrodomésticos, etc.) por lo que en estos sectores, abiertos además a la competencia internacional, los precios han caído más del 5%. Por el contrario, algunos bienes y servicios son de consumo imprescindible (alimentación, transporte, etc.) y de compras a contado, por lo que sus precios no solo no tienen caídas sino que, en algunos casos, incluso crecen ligeramente. En realidad, no entramos ya en deflación porque aún tenemos ausencia de competencia en no pocos mercados y porque los salarios están creciendo por encima de los precios (y los empresarios en mercados no competitivos trasladan estos mayores costes a los precios). Y posiblemente no entremos en ella y los precios, hacia finales de año, crezcan en el entorno del cero, porque el Gobierno está planteando (creo) una subida de impuestos indirectos (IVA más impuestos especiales) y porque a poco que se anime la economía internacional (China, Estados Unidos y los países centrales de Europa), lo que se espera para finales de año, los mercados de materias primas y energía verán un significativo crecimiento de los precios, que se traducirá en ligeros aumentos de algunos precios interiores. No, no tenemos deflación hoy, pero no es imposible (por el deterioro de la renta de las familias), aunque todos los modelos apuntan a que la estabilidad de precios se mantendrá durante los próximos meses. 

Desde un punto de vista macroeconómico, esta estabilidad de precios es el único indicador de la coyuntura económica, dentro del conjunto de malos indicadores que reflejan la profunda crisis de la economía española, que es positivo. Sin embargo, desde un punto de vista financiero, esta estabilidad de precios no lo es tanto para aquellos que estén muy endeudados porque el tipo de interés real que pagan es mayor. De todas formas, lo malo de verdad de esta situación es que es consecuencia de la debilidad de nuestra economía y no de los aciertos de nuestra gestión de la política económica. 

14 de septiembre de 2009 

Dolor fiscal

Benjamin Franklin escribió que hay dos cosas en la vida que son inexorables: la muerte y los impuestos. Y es cierto. Todos, aunque no queramos, pagamos impuestos. Otra cosa es que la ciudadanía sea consciente de los impuestos que paga y de cómo los paga. 

De las muchas clasificaciones que se pueden hacer de los impuestos, hay una, poco usada en la literatura académica, que es muy relevante. Es la clasificación del "dolor fiscal". La idea es simple y se puede sintetizar así: puesto que a nadie le gusta pagar impuestos porque es una reducción de su renta, pagar impuestos es una acción económicamente "dolorosa". Una acción tanto más dolorosa cuanto más consciente se sea a la hora de pagarlos. El dolor fiscal del impuesto no está tanto relacionado con la cantidad que se paga, cuanto con la consciencia por parte de la ciudadanía de que lo paga. Así, el impuesto más doloroso es el IRPF porque es un impuesto en el que el individuo conoce cuánto paga a la Administración del total de su renta. El resto de impuestos (el IVA, las cotizaciones sociales, las tasas, los impuestos especiales, etc.) son impuestos indoloros porque la ciudadanía no sabe cuánto impuestos paga, ni su proporción, ni tiene forma de calcular cuánto paga realmente por unidad de tiempo. Más aún, el IRPF es un impuesto doloroso porque la liquidación se hace, por parte del que soporta el impuesto, una vez al año, mientras que el resto de impuestos se van pagando poco a poco, en cada compra, todos los días, en pequeñas cantidades. 

Puesto que el dolor fiscal existe y tiene consecuencias políticas, todos los gobiernos del mundo, aun los más avanzados y democráticos, mantienen impuestos indirectos indoloros a pesar de ser más injustos que los directos (que suelen ser progresivos). Incluso intentan hacer indolora la imposición directa, mediante exenciones, simplificaciones de los trámites, etc. No es sólo una cuestión de facilidad y eficacia de la Administración, es también una cuestión de anestesiar el dolor fiscal. 

De hecho, uno de los temas estrellas de las elecciones en España, desde que el Partido Popular lo prometiera en su programa electoral de 1993, ha sido la bajada de impuestos (directos). Más aún, el presidente del Gobierno, cuando aún no lo era, hizo aquella declaración en la que decía que bajar impuestos "también es de izquierdas". El problema es que, en España, unos y otros han mentido sistemáticamente sobre este tema, porque siempre se han referido a los impuestos dolorosos. Tanto que han llegado a hacer que los españoles estemos totalmente anestesiados del dolor fiscal. Y basta con hacer un breve repaso de algunas de las creencias que hay sobre este tema para corroborarlo. Así, hay una mayoría de gente que cree que el dinero que da el Gobierno es del Gobierno y no de todos los contribuyentes; o que las empresas pagan las cotizaciones sociales y el IVA, cuando son meras recaudadoras. O que todos pagamos el mismo IRPF, sin saber que mientras que un ciudadano cuya renta sea superior a los 60.000 euros paga un 43%por ciento, un futbolista galáctico solo paga el 24%por ciento (aunque gane una millonada) o que las familias más ricas de España, con sociedades patrimoniales, sólo pagan un impuesto de la renta medio del 18%por ciento. 

El problema de no padecer dolor fiscal, de esta moda de que es mejor vivir anestesiados o aturdidos, es doble: por una parte, hace a los políticos muy irresponsables en el gasto y, por otra, da como resultado un sistema fiscal injusto, porque los impuestos progresivos son, normalmente, dolorosos. Y, precisamente, por estas dos razones, no hay ningún incentivo por parte de los políticos, de ninguna ideología, para resolverlo. Igual es hasta mejor así, porque una ciudadanía consciente es peligrosa para el tipo de política mediocre que se viene haciendo. 

3 de agosto de 2009 

Cotizaciones sociales

Hay mitos, quizás por eso son mitos, que se mantienen durante años, a pesar de los hechos. Algunos, incluso, se convierten en tabúes, algo de lo que hablar implica la descalificación ideológica y, a veces, profesional. Uno de esos tabúes en economía, y de los más persistentes, es el tema de las cotizaciones sociales. 

Fue en el siglo XIX, en plena Revolución Industrial, cuando los movimientos obreros consiguieron, no sin dificultades, que naciera la Seguridad Social. Dado que los trabajadores solo tienen como fuente de renta su salario, y que esta renta la perdían cuando estaban en paro, enfermos o cuando eran mayores, los movimientos sindicales incluyeron entre sus primeras reivindicaciones no solo mejoras salariales, sino la cobertura de esta "inseguridad". Nacería así la Seguridad Social: la cobertura de las bajas por enfermedad y las pensiones y, con el tiempo, la cobertura por desempleo. Para financiar este gasto, los sindicatos lograron, además, que los gobiernos legislaran un impuesto finalista que llamamos cotizaciones sociales. Desde entonces, los gastos sociales están íntimamente unidos a las cotizaciones y ambos son tutelados por los sindicatos. 

Pero hace 150 años, en parte, los engañaron. Y los engañaron porque las cotizaciones sociales, con cargo a la empresa, son un simple impuesto indirecto que grava el uso del trabajo, por lo que es un coste para la empresa, pero que, al incluirse en el precio final de los productos, pagan, al final, los consumidores, o sea, los mismos trabajadores. Las empresas se ven afectadas por ellas, pero son, en principio, meras recaudadoras del impuesto. 

De este hecho, que debe ser terriblemente complejo por la persistencia del mito, se pueden extraer tres conclusiones importantes. La primera es que las cotizaciones sociales son un impuesto que penaliza la contratación de trabajadores, el coste del trabajo, por lo que afecta al nivel de empleo a largo plazo. La segunda, es que es que son un impuesto indirecto y, por lo mismo, regresivo, por lo que las personas de menor renta lo pagan en mayor proporción. Y, finalmente, es un impuesto indirecto que grava el trabajo de los trabajadores españoles, disminuyendo la competitividad exterior de nuestros trabajadores frente a los de los países que no las tienen (esto se llama en comercio internacional "dumping social"). Dicho de otra forma, mientras que el IVA (también un impuesto indirecto regresivo recaudado por las empresas y pagado por los consumidores) grava por igual los productos nacionales y a los exteriores, las cotizaciones sociales son un impuesto indirecto que solo grava el trabajo que venden los trabajadores españoles. Y esto, en una economía muy abierta, como la española, es determinante. La gran ventaja de las cotizaciones sociales es que es un impuesto indoloro políticamente, porque la gente no sabe que lo paga. Más aún cree que lo pagan otros, a los que considera ricos, los empresarios. 

Por todo lo anterior, me sorprende la persistencia del tabú. Es cierto que esta bajada aumentaría los beneficios empresariales a corto plazo (porque no creo que las empresas las repercutieran en bajadas de precios), pero, y es más importante, a largo plazo permitiría a la economía española acompasar más rápidamente los costes laborales a la productividad real y mejorar significativamente nuestra competitividad exterior, lo que ayudaría a recomponer nuestra estructura sectorial (industria), al tiempo que permitiría un mayor nivel tendencial de empleo. 

Las cotizaciones sociales son solo una forma antigua de financiar el gasto social. De hecho ya no financian las prestaciones sanitarias en muchos países. No estoy diciendo que se recorte el gasto social, ni las pensiones, solo estoy diciendo que se financie de otra forma, mucho más justa (progresiva) y, desde luego, con menores costes sociales en forma de paro y de pérdida de competitividad. Y no hay que inventar mucho, basta darse una vuelta por Europa. Pero, claro, eso supondría destruir mitos y tabúes tribales y hacer una profunda reforma de nuestro injusto sistema tributario. O sea entrar en el siglo XXI. 

20 de julio de 2009 

Fases de la crisis

Las predicciones a largo plazo en economía y, en general, en ciencias sociales son imposibles. Ya lo demostró Popper en un pequeño ensayo que tituló, respondiendo a Marx, La miseria del historicismo. Su idea es que puesto que la acción humana depende de lo que sabemos, no podemos predecir lo que haremos, porque no sabemos hoy lo que solo sabremos en el futuro. Por eso, todas las predicciones sociales a largo plazo tienen una fiabilidad muy escasa. Sin embargo, es posible hacerse una idea de lo que puede ocurrir, usando modelos econométricos que reproducen los comportamientos de agentes, en el corto plazo. 

Estos modelos econométricos nos dicen que la crisis española está aún en su primera fase, de caída, y que ésta durará, todavía, un par de trimestres. Es decir, que, en los próximos trimestres, la tasa de crecimiento del PIB será también negativa, que se seguirá destruyendo empleo, que seguirá la contención de precios. Aunque el ritmo de deterioro será menor que el que hemos vivido porque lo más duro del ajuste sectorial, el de la construcción, ya se ha producido, pero ahora veremos cómo caen los ingresos por turismo y cómo se terminan de deteriorar otros sectores. 

La segunda fase, de estancamiento, empezará en el invierno, alrededor de las Navidades. La tasa de crecimiento estará, entonces, entre el 0,5 y 1 por ciento, por lo que seguirá aumentando el paro, aunque a un ritmo menor del que ahora lo hace. Los parados superarán los 4,5 millones, con una tasa de paro muy cercana al 20 por ciento. Los precios dejarán de bajar en algunos sectores y la caída en el flujo de crédito se estabilizará. El déficit público alcanzará casi el 10 por ciento del PIB y la deuda pública será superior al 60 por ciento. 

La duración de esta fase, más difícil de predecir que la primera, dependerá de las decisiones que se tomen (o no) en los próximos meses. Si seguimos sin hacer reformas en nuestro mercado de trabajo, sin tocar de verdad nuestra fiscalidad, sin racionalizar nuestro gasto público, sin reestructurar nuestro sistema financiero, esta segunda fase de estancamiento puede alargarse mucho. Más allá de lo que los modelos pueden predecir. Dado el año de retraso que llevamos, la fase de estancamiento durará, como mínimo, hasta el año 2011 incluido. Si el Gobierno espera hasta el año que viene para hacer reformas, seguramente no saldremos de esta situación hasta el año 2013. Pero eso ya es largo plazo y todo lo que se prediga es sencillamente una intuición. 

Este retraso en tomar decisiones es muy llamativo si lo comparamos con lo que están haciendo los norteamericanos. Los norteamericanos, según todos los modelos, empezarán a crecer ya en el año 2010, para en el 2011 estar otra vez por encima del 2. Estos son los "brotes verdes" a los que se refieren los políticos. Lo que nuestros políticos no dicen es que los Estados Unidos tienen una política monetaria muy expansiva desde el año 2007 y que hicieron un plan gigantesco de salvamento de sus bancos y de expansión fiscal hace más de un año. O sea, que solo tardaron seis meses en tomar medidas desde el reconocimiento inmediato de la crisis. La economía americana es, además, diez veces la nuestra, es flexible (tardan menos de una semana en trámites administrativos para crear empresas), tiene unidad de mercado, un alto capital humano y tecnología y un fuerte liderazgo político. Por todo esto su crisis durará mucho menos que la nuestra. Nosotros tendremos que esperar, en el mejor de los casos, dos o tres años, entre otras cosas, porque nuestro Gobierno ha tardado más de un año en reconocer la situación y aún no ha tomado ninguna medida de verdadero impacto. Lo siento, pero tal como vamos, la segunda fase de la crisis será muy larga. Lo que hará que tengamos una larga crisis. Y también esta vez me gustaría mucho, por más de 4,5 millones de razones, equivocarme. 

22 de junio de 2009 

Política y crisis

Por las crisis anteriores sabemos que la tardanza en tomar las medidas necesarias para adaptar la estructura productiva alarga la situación y hace más costosa, en paro, renta y tiempo, la salida. O sea, que cuanto más se tarde en abordar las reformas que necesitamos, más duro será el ajuste. ¿Por qué, entonces, ni el Gobierno, ni la oposición, parecen que tienen el más mínimo interés en hacer o proponer estas reformas? ¿Por qué no son posibles hoy unos nuevos Pactos de la Moncloa? La respuesta está en la política, en sus intereses electorales. 

El Gobierno conoce las reformas que habría que hacer. Sabe que tiene que hacer una profunda reforma laboral; que hay que ordenar el gasto y reducir competencias de las autonomías que rompen la unidad del mercado; que hay que modificar el sistema impositivo y hacer una reestructuración bancaria. Pero va a intentar aplazar todas estas medidas porque la reforma laboral le llevaría a enfrentarse a los sindicatos, perdiendo parte de sus votos de la izquierda obrerista, dándole algún fuelle a la exhausta IU. Tampoco va a reordenar las competencias y el gasto de las autonomías porque tendría que reconocer el fracaso de la política autonómica anterior, y perdería el voto filonacionalista de muchas regiones, especialmente en Cataluña, dándole una oportunidad a CiU en el año 10. Propondrá, como ya ha hecho, soluciones fiscales parciales que le vayan compensando las pérdidas de votos que le produce la evolución de la crisis, y, eso sí, hará una inevitable reestructuración bancaria con mucho dinero público para minimizar el coste político. Intentará pasar así este año y negociar concesiones en los presupuestos para el año que viene. En el año 2010 espera no tener que hacer ninguna reforma porque intentará capitalizar en votos algún éxito de política exterior en la presidencia europea del primer semestre, y porque confía, ilusamente, que la esperada recuperación americana, prevista para inicios de año, recupere nuestras tasas de crecimiento en la segunda mitad de ese año. Con estos "brotes verdes" , y contando con las clásicas torpezas del PP, esperan no perder las elecciones catalanas de finales del año 10, para intentar el empate en las municipales del año 11 y jugarse las elecciones generales del año 12 en la campaña. De hecho, si ganan las catalanas y logran casi empatar en las municipales, es muy probable que convoquen elecciones para el otoño del año 11. El PP, por su parte, tampoco va a proponer nada importante por parecidas razones que el Gobierno. No puede hablar de reforma laboral porque quiere rentabilizar el descontento que provoca el paro. Como tampoco quiere ahondar en el tema autonómico, porque quiere poder hablar con los nacionalistas, ahora que están enfrentados al PSOE. Tampoco pueden proponer una reforma fiscal profunda porque les llevaría a reconocer sus errores del pasado y a perder parte del voto de las clases medias-altas. 

El PP cree, con razón, que la crisis será larga y que el Gobierno se presentará a las municipales del año 11, con no menos de 3,5 millones de parados, muchos de ellos sin prestaciones, lo que podría llevarles de nuevo al poder en las siguientes elecciones. 

Ninguno, pues, de los dos grandes partidos, tiene ningún incentivo para poner en marcha una política económica de reformas. Ambos nos venderán retórica reformista, pero la nada más absoluta. Más aún, tampoco tienen ningún interés en un pacto: el PSOE porque perdería votos por la izquierda, el PP porque no se fía y sabe que Zapatero rentabilizaría mejor su mera firma. 

Esta vez los españoles hemos tenido mala suerte: tenemos la peor situación política posible, con dos partidos casi empatados, muy polarizados y sin puentes entre ellos. Por eso, creo que la crisis será más larga y costosa de lo que debiera de ser. Aunque, esta vez y sin que sirva de precedente, me gustaría mucho equivocarme. 

8 de junio de 2009 

Política económica superficial

La política española es asombrosamente superficial, casi infantil. Nuestros políticos mantienen debates de adolescentes, y se dirigen a la opinión pública como si fuéramos una multitud de niños ignorantes e inmaduros. Y el debate sobre política económica, del que el del Estado de la Nación ha sido solo un hito, es un perfecto ejemplo de esta superficialidad. 

El conjunto de medidas que viene proponiendo el Gobierno, y que concretó en el Debate sobre el Estado de la Nación, tiene tres graves problemas: parte de un diagnóstico superficial, es incompleto y es ineficaz. 

Es un diagnóstico superficial porque el Gobierno aún no sabe que lo que ha fallado en nuestra economía es la manera en la que hemos ahorrado, nos hemos endeudado y hemos invertido. Y para hacer eso lo primero es reconocer que nos hemos estado financiando con ahorro externo (tenemos una deuda externa del 80% del PIB), y que ese ahorro externo que hemos captado lo hemos invertido mal. Además, arrastramos un viejo problema de productividad sectorial y de capital humano. Tan superficial es el análisis del presidente Zapatero que las dos medidas que propuso que afectan al capital humano pasman por su simpleza. ¿Realmente cree que el problema de nuestra educación básica se resuelve con ordenadores para niños de 9 años? ¿Qué sesudo asesor cree que el problema de formación de nuestros parados, la mayoría no universitarios, se resuelve con másters universitarios a los que solo pueden acceder los universitarios? Dos botones de simple ignorancia y demagogia electoral. 

El paquete es incompleto porque nada se dijo de reforma fiscal profunda, pues, aunque van en la dirección correcta las propuestas sobre el impuesto de sociedades y la deducción por vivienda, no tocan el problema de fondo de nuestro sistema fiscal: los impuestos sobre el trabajo y progresividad del sistema. También es incompleto porque, bajo el mantra de "diálogo social", nada se dijo de importancia sobre las reformas que necesita nuestro mercado de trabajo. Como es incompleto en sus medidas de recorte del gasto al no exigir recortes serios en las autonomías. Desde el punto de vista sectorial debería haber dicho mucho sobre la importante reestructuración que se avecina en nuestro sistema financiero, y haber planteado un paquete de incentivos temporales a sectores emergentes. Demasiadas lagunas, demasiados olvidos. 

De los dos problemas anteriores se puede deducir fácilmente que el paquete de medidas, como las anteriores, será sencillamente ineficaz. La economía española se estabilizará en tasas de crecimiento en el entorno del cero, a finales de año o principios del que viene, pero no será gracias a las medidas del Gobierno, sino a pesar de él. Empezar a crecer será ya otra cosa. 

La oposición, por desgracia para España, tampoco está mucho mejor. Rajoy presentó un diagnóstico correcto, pero también superficial. Y, después, ni siquiera se atrevió a enunciar un plan coherente, seguramente porque no lo tiene o por razones electorales. El hecho es que la "hoja de ruta" del PP tampoco es un plan de política económica. En mi opinión, mal enfocan la reforma fiscal (con rebajas de IVA, cuando el problema son las cotizaciones sociales), poco dicen de la reforma del mercado de trabajo y no se atreven a sugerir medidas sectoriales. Miedo me dan si toda la economía que saben es la que nos quiere vender Aznar en su libro, porque es una simple reactualización de ideas norteamericanas de los cincuenta. Mal anda también el PP de análisis y de ideas, tanto como de liderazgo. 

Superficial, terriblemente superficial, es esta clase política que tenemos. Tan superficial me parece que propongo que las noticias sobre sus actuaciones y declaraciones las den las revistas y programas del corazón, y dejen de ocupar espacios en los medios serios. Así al menos su superficialidad estaría donde corresponde y, ¿quién sabe?, igual ganan en glamur. 

25 de mayo de 2009