Terrorismo

Para que haya un acto terrorista sólo es necesario que haya personas que estén dispuestas a matar y, eventualmente, a morir. Para que un acto terrorista siembre realmente el terror ha de hacerse con armas eficaces. Para que se produzca una cadena significativa de acciones terroristas, los asesinos han de tener, además, medios para subsistir, para moverse, para esconderse, para huir. Personas, armas y financiación, estos son los elementos claves del terrorismo. Las causas y los ideales se pueden inventar y la información sobre los objetivos está en internet. 

Hay mucha desesperación en los países musulmanes. La distribución de la renta es increíblemente injusta. Los negocios importantes suelen ser de la familia real o estar controlados por el grupo político gobernante. Y, frente a ellos, una población creciente cada vez más pobre. Como, además, la población crece más rápidamente que la economía, su renta per cápita se mantiene a duras penas, cuando no es decreciente. En los últimos años, la renta, además, se ha distribuido cada vez más desigualitariamente, lo que, a su vez, lastra su crecimiento. Por eso emigran, por eso tienen una alta tasa de paro, por eso hay conflictos sociales y políticos, por eso tienen jóvenes dispuestos a cualquier cosa. Y, en este contexto, los servicios básicos de educación y prestaciones sociales (y, en algunos casos, los sanitarios) se canalizan a través de las redes religiosas. Jóvenes desesperados, clérigos iluminados, con una visión de la religión y de la realidad social dual y simple, y regímenes autoritarios sostenidos por Occidente son la materia prima para que haya muchas, demasiadas, personas que culpabilizan a otros de sus problemas sociales. Máxime si perciben el doble rasero que usamos con ellos y con los israelíes. Hay muchas, demasiadas, personas dispuestas a matar y a morir en Oriente Medio. Para desactivarlas es necesario desactivar la desesperación de los campos de refugiados, de los suburbios de las grandes ciudades, de las aldeas. Y darles una posibilidad de salir de las redes asistenciales de las mezquitas y madrazas. 

Hay muchas armas en el mundo. Y, algunas, tan peligrosas como las bacteriológicas o las nucleares sucias, que nos hemos comprometido una y otra vez eliminar y que seguimos fabricando. Muchas armas, demasiadas armas. Estados Unidos, Rusia, Francia, China, Sudáfrica, Israel,... todos vendemos armas y las hacemos circular, a través de mafias (balcánicas, rusas, colombianas, chinas, norteamericanas) y de comercio de Estado. Armas baratas que llegan a las guerras de África a cambiarse por diamantes, a Latinoamérica para trocarse en cocaína, a Marruecos por hachís, a Afganistán por opio. Hay demasiadas armas sin control y demasiado comercio negro permitido por la descoordinación y la corrupción de muchas autoridades. Demasiadas armas y demasiado fácil conseguirlas. 

Y hay dinero, demasiado dinero, para financiar actos terroristas. Fortunas personales amasadas al amparo de contratos con empresas y gobiernos occidentales (como la de Bin Laden), ayudas estatales a través de ONGs y servicios secretos (Irán, Siria, Pakistán, Arabia Saudí, Libia, etc.), financiación privada de origen caritativo o cultural y beneficios de la producción y distribución de droga o petróleo, hay un inmenso caudal de dinero que nutre el terrorismo islamista presente en casi todo el mundo, desde Filipinas hasta España. Demasiado dinero y demasiados paraísos fiscales y financieros, sumideros de dinero, donde entra blanco o negro, pero que es utilizado para teñirlo de rojo en actos de terror. Con la connivencia de autoridades y bancos que todo lo permiten. 

Demasiados hombres (y mujeres) dispuestos a matar y a morir llenos de desesperación y rabia. Demasiadas armas que hemos puesto en el mercado. Demasiado dinero que compra cualquier cosa. Demasiada corrupción. Mucho hay que trabajar para que no vuelva a haber más días 11. 

Propuestas fiscales (II): La disención

Decíamos hace dos semanas que las propuestas fiscales presentadas por el Partido Popular y el PSOE para las próximas elecciones tienen dos ideas coincidentes, la estabilidad presupuestaria y la reforma fiscal, esencialmente la del IRPF, y una divergente, la de la organización territorial de las Administración Tributarias. Discrepancia que es preocupante, pues es, en mi opinión, un error grave el que se convierta en arma política la cuestión técnica de cómo hacer cumplir las leyes tributarias, que es al fin y al cabo la función de la Administración Tributaria. El origen de esta disensión está en el proceso de descentralización autonómica. Las comunidades autónomas han ido asumiendo, en los últimos años, amplias competencias, algunas tan importantes como la sanidad y la educación, sin la correlativa transferencia de las competencias en la recaudación directa de los impuestos que las financian. Es decir, las comunidades autónomas han aceptado el gasto sin la corresponsabilidad fiscal. Una situación que ha sido generalmente aceptada por todos: los gobiernos de las Comunidades, del partido que fueren, porque se legitimaban ante los ciudadanos a través del gasto, sin el desgaste político de recaudar; el Gobierno Central porque el desgaste de recaudar se compensaba con el control sobre las Comunidades, al regular los flujos financieros que transfería. 

El problema se plantea cuando algunas Comunidades, especialmente la catalana (pero no sólo ella), han llegado al tope legal de endeudamiento, necesitan una más ágil transferencia de la financiación y creen que se puede resolver la situación recaudando según el sistema de privilegio de vascos y navarros. Es decir, creando Agencias Tributarias autonómicas, justificadas según la falaz retórica nacionalista de las balanzas fiscales territoriales. Curiosamente, Andalucía ha apoyado esta solución, no tanto por su situación financiera, pues es receptora neta de financiación, sino por el maltrato al que el Gobierno Aznar la ha sometido. Y es que el gobierno Aznar ha sido especialmente moroso e injusto con los fondos de la Junta de Andalucía, intentando reiteradamente su estrangulamiento financiero. Esta solución del problema de la financiación autonómica se ha convertido en propuesta electoral del PSOE por la deriva nacionalista de Maragall y por la apasionada vivencia de los conflictos de la ex-consejera Alvarez con el ministro Montoro. Los socialistas pretenden, pues, generalizar la solución nacionalista con la propuesta de las 17 +1 Agencias Tributarias. Pero es, en mi opinión, una falsa y confusa propuesta porque encierra una contradicción política, y no responde coherentemente al problema de la financiación autonómica. La contradicción es que, si lo que se pretende es que no haya estrangulamiento financiero de las Comunidades por el Gobierno central, eso lo pueden hacer los socialistas si gobiernan sin necesidad de una ley de 17 +1 Agencias. Y, por otra parte, esa ley sólo es posible si ellos ganan, con lo que estamos en las mismas. Más aún con esta solución no resuelven el problema de la financiación autonómica y de la necesaria corresponsabilidad fiscal. Y es que este es otro tema diferente de cómo se recaude. Es decir, si el problema es la financiación autonómica, propóngase que se adscriban, e incluso se recauden, unos impuestos determinados por parte de las Comunidades. O propóngase que las Comunidades participen en una cesta de impuestos y que tengan una cierta capacidad normativa sobre ellos. Pero no se confunda el qué y el para qué de la tributación con el cómo de la recaudación. Máxime cuando la autonomía de la recaudación nos hace a todos más insolidarios y tiene una fuerte carga simbólica nacionalista. Mentirosos los del PP en su propaganda y en sus declaraciones sobre los impuestos, y confundidos y contradictorios los del PSOE en estos temas, el resultado es que la política tributaria española de los próximos años será, ya que uno de ellos gobernará, más desigualitaria, seguramente con más fraude y más conflictiva políticamente. Y entonces sí que será necesaria una reforma. Una reforma que no es la que nos proponen los grandes partidos hoy. 

Propuestas fiscales (I): las coincidencias

En toda campaña electoral hay propuestas sobre los impuestos. Lo cual es lógico, pues, por una parte, somos los ciudadanos los que sostenemos al Estado y, por otra, el reparto de la carga fiscal y la forma en la que se gasta lo recaudado es esencial para concitar el apoyo de los electores. Los dos grandes partidos ya han presentado los ejes de su programa fiscal, por lo que nos podemos ir formando una idea, más o menos matizada, de lo que será la política fiscal de los próximos cuatro años. 

La propuesta fiscal del Partido Popular es, en principio, la enésima edición, ligeramente corregida y aumentada, de lo que vienen sosteniendo desde los noventa: equilibrio presupuestario, reducción de los tipos del impuesto sobre la renta y lucha contra el fraude. O sea, la suma de fundamentalismo macroeconómico fiscal con las habituales mentiras fiscales a las que nos tienen acostumbrados. La propuesta fiscal de Partido Socialista Obrero Español también tiene tres ejes: equilibrio presupuestario, reforma del impuesto de la renta de las personas físicas hacia el tipo único y reorganización de la Agencia Tributaria. Es decir, el PSOE rompe su tradición para tomar las dos primeras ideas de los populares y la tercera de los nacionalistas. Permítanme que analice los dos ejes coincidentes entre PP y PSOE en este artículo y que reserve la disensión, de la que hablarán en la campaña, para el siguiente. 

Es curiosa la coincidencia en el tema de la ortodoxia presupuestaria. La nueva ortodoxia de la política fiscal, de origen neoliberal, sostiene que para no tener inflación es necesario mantener un presupuesto equilibrado. Un presupuesto equilibrado que conlleva pequeños tipos de interés que genera un aumento de la inversión privada y un incremento del consumo. En una palabra, a una senda de crecimiento económico. El problema es que esta cadena causal está siendo contradicha por la realidad: déficits cero en España no llevan a inflación cero, y déficits del 3% tienen estabilizados los precios en Alemania. Luego, el crecimiento se produce no por la mayor estabilidad presupuestaria sino por el mayor crecimiento del endeudamiento en España que en Alemania a los tipos de interés reales negativos que los españoles vivimos. Más aún, un país medianamente dotado de infraestructuras de capital físico y humano, como es España, podría aprovechar la circunstancia de unos bajos tipos de interés para hacer una fuerte inversión en capital y tecnología que, sin presionar a los precios, permitan mejorar significativamente la tasa de crecimiento y la productividad a medio plazo. Sólo la machacona y eficaz propaganda del PP sobre el tema y el origen bancario ortodoxo de Miguel Sebastián explican este acuerdo entre las propuestas. 

Más curiosa y, en mi opinión, más peligrosa es la permanente reforma del IRPF que los dos partidos propugnan. Y es peligrosa por tres razones: porque es el impuesto que más efectos redistributivos tiene, ya que los impuestos indirectos son regresivos (pagan, en proporción, más lo más pobres); porque es un impuesto visible que obliga a los políticos a ser responsables porque los ciudadanos somos conscientes de lo que pagamos; y, finalmente, porque el argumento que lleva a la permanente rebaja de los tipos y a su reforma supone reconocer, implícitamente, que no hay voluntad política de perseguir el fraude de los más ricos. El PP propugna, con la trampa habitual, una nueva disminución, cuando ésta no es más que una adecuación de los tipos por el efecto inflación que, curiosamente, es más intensa en las rentas más altas. Mientras que el PSOE propone un IRPF de tipo único con mínimo exento que es falsamente progresivo, pues si bien es verdad que el tipo efectivo a pagar es creciente con la renta, el crecimiento del tipo es mayor para las rentas más bajas que para las rentas más altas. El éxito electoral del PP en las anteriores elecciones y la moda, que también en economía existe, es lo que ha llevado al PSOE a sumarse a estas propuestas. 

Elegir el político

Max Weber, uno de esos clásicos que debieran ser de lectura casi obligada, decía, en una conferencia publicada como ensayo con el título de "El político", que las cualidades realmente importantes para un político son tres: "pasión, sentido de la responsabilidad y mesura". Y definía la pasión como "la entrega apasionada a una causa, al dios o al demonio que la gobierna", la responsabilidad como "la estrella que orienta la acción", y la mesura como "la capacidad para dejar que la realidad actúe sobre uno sin perder el recogimiento y la tranquilidad, es decir, para guardar la distancia con los hombres y las cosas". Y reconocía que "el problema es el de conseguir que vayan juntas en las mismas almas la pasión ardiente y la mesurada frialdad, pues la política se hace con la cabeza y no con otras partes del cuerpo o del alma". Un poco más adelante, Weber escribe: "sólo hay dos pecados mortales en el terreno de la política: la ausencia de finalidades objetivas (la causa a la que entregarse con pasión) y la falta de responsabilidad. Y es la vanidad, el tercer pecado, la necesidad de aparecer siempre que sea posible en primer plano, lo que más lleva al político a cometer uno de esos dos pecados, o los dos a la vez". 

Si completamos la idea de responsabilidad, y es fácil sin más que acudir al Diccionario de la Real Academia, definiéndola como "la obligación moral que resulta de asumir el posible error en un asunto", las tres virtudes y los tres pecados que señala Weber nos pueden servir de orientación, como una especie de test de personalidad, para juzgar la idoneidad de los políticos para ser Presidente del Gobierno. 

Suárez fue un gran presidente de gobierno mientras mantuvo las tres cualidades y estuvo sin cometer ninguno de los tres pecados. Pero, terminada la Transición y sin un bagaje ideológico fuerte, se quedó sin causa a la que servir con pasión, por lo que "tuvo que retirarse" en un loable ejercicio de su sentido de la responsabilidad. De Calvo Sotelo se puede decir lo mismo que del último Suárez: no tuvo causa por la que luchar. Felipe González fue un excepcional presidente del gobierno mientras tuvo como causa la modernización de España y el camino hacia Europa, mientras fue prudente en restañar heridas y fue responsable en el ejercicio del poder. Y se empequeñeció cuando fue incapaz de asumir su responsabilidad por los desmanes y la corrupción de algunos de sus allegados y cambió su causa por mantenerse en el poder. Aznar fue un magnífico político mientras tuvo como causa la renovación de la derecha española y la denuncia de los abusos anteriores, mientras fue prudente en temas autonómicos y económicos, mientras ejerció el poder con responsabilidad. Pero ha tenido la vanidad de ser "alguien" en el mundo y de ganar una guerra, y su retirada, aunque anunciada con mucha antelación, es la forma de pagar por estos pecados. Mirando hacia atrás, parece como si el electorado español siguiera el test de Weber: exige de los candidatos las cualidades esenciales y no perdona a los presidentes los pecados cometidos en el ejercicio del poder. 

El problema de este año es que ninguno de los candidatos tiene, en mi opinión, las tres cualidades y sí empiezan a cometer los tres pecados. Porque Rajoy no tiene pasión, aunque sí sentido de la responsabilidad y prudencia. Y comete el primero de los tres pecados: no tiene causa objetiva en su mandato, pues es una pobre causa la de ser el administrador del legado de Aznar. Zapatero, por su parte, es la antítesis de Rajoy, pues tiene pasión, pero no tiene sentido de la responsabilidad, ni, desde luego, prudencia. Y es casi más pecador: no tiene más causa que el poder y cae en la vanidad de abanderar todas las causas, hasta aquellas que erosionan su propio objetivo. Desde luego, es descorazonador el panorama de las elecciones, y no sólo por lo descabellado de algunas propuestas. Pero, consolémonos, porque podría ser peor. Podríamos tener como presidente a Bush o a Berlusconi, que no sólo no pasan el test de Weber, sino incluso otros mucho más sencillos. 

Balance económico de la era Aznar

Esta semana que empezamos se convocarán oficialmente las elecciones generales de marzo con las que concluirán los ocho años de presidencia de José María Aznar. Ocho años en los que Aznar habrá estado dirigiendo, con Rodrigo Rato, la economía española. Ocho años de los que es conveniente hacer un balance de los resultados económicos antes de que todo análisis se enturbie por las lecturas electorales. 

Cuatro son, en mi opinión, los activos de la acción de gobierno del Presidente Aznar: una mayor renta per capita, una menor tasa de paro, un fuerte saneamiento de las cuentas públicas y, finalmente, la incorporación de la peseta al euro. 

El primer activo de la era Aznar es, indudablemente, el fuerte ritmo de crecimiento económico. La economía española ha crecido, en este ciclo económico, alrededor del 3,5% en media (sólo algo menos que en el ciclo expansivo de los ochenta), lo que ha posibilitado un acercamiento a la renta media de la Unión Europea hasta alcanzar más del 80%. Paralelamente, este crecimiento ha posibilitado un segundo activo: la mejora en la tasa de paro. 

Así, frente a un paro de alrededor del 20% se ha pasado a una tasa del 11%, creándose cerca de tres millones de puestos de trabajo. Todo ello al tiempo que se ha producido un profundo cambio en el mercado de trabajo: la incorporación de la mujer a la población activa ha seguido un ritmo creciente, de la misma forma que España se ha convertido en una economía receptora neta de inmigración. 

El tercer activo de la era Aznar ha sido el acercamiento de las cuentas públicas a la estabilidad presupuestaria, al ´déficit cero´. Y no sólo porque permitió la incorporación de la peseta al euro, sino porque ha instaurado en España la cultura de la responsabilidad sobre el gasto y ha roto la propensión al déficit. 

Finalmente, el cuarto activo de la era Aznar ha sido la importante transformación de la economía española que permitió a la peseta integrarse en el euro. Y es que gracias a la política de convergencia nominal de los años noventa la peseta fue sustituida por el euro, dando lugar a la bajada de tipos de interés que está posibilitando el crecimiento económico de estos años, al tiempo que fuerza a las empresas española a la internacionalización. 

Pero la era Aznar también tiene cuatro pasivos económicos que deja en herencia: una persistente inflación diferencial, un bajo crecimiento de la productividad, una política tributaria menos progresiva y, desde luego, la mayor asimetría en la distribución de la renta. 

Y es que, y es el primer pasivo, la economía española sigue teniendo problemas con la inflación. Problemas que se derivan de la escasa liberalización de los mercados de bienes y servicios (a pesar de la retórica liberalizadora del Gobierno), de la intensidad de la demanda y la escasa adecuación de la tasa de interés europeo a las condiciones de la economía española. 

El segundo problema sin resolver que deja Aznar es el del bajo crecimiento de la productividad fruto de uno de los mayores fracasos de estos años: la baja penetración de las nuevas tecnologías en las empresas españolas. 

El tercer pasivo es, sin dudarlo, la regresiva política tributaria. Porque, también a pesar de la retórica oficial de bajada de impuestos, la carga fiscal española se reparte, en la actualidad, con una mucho menor equidad que al inicio del mandato Aznar: las dos reformas del IRPF y la revolución de las tasas han dado como resultado que son las rentas más bajas las que más impuestos, en proporción, pagan. 

Consecuencia de lo anterior, de la mayor flexibilidad laboral en forma de contratos menos protegidos y de un espectacular crecimiento de la dispersión salarial (los ejecutivos han visto crecer sus salarios medios reales más de cinco veces el crecimiento de los obreros manuales) es el aumento de las diferencias de renta entre los españoles. Dicho de otra forma, los activos económicos no se están repartiendo de tal manera que no haya pobres. 

Fracaso europeo

He sido un firme partidario del proyecto de Constitución europea. Y no porque me pareciera un buen texto, sino porque suponía un paso adelante en ese sueño político que es la Unión. Por eso, y sin dramatizar lo ocurrido este mes en Bruselas, me parece que los europeos hemos perdido una buena oportunidad de construir nuestro futuro. 

¿Por qué ha fracasado la cumbre de Bruselas? En los medios de comunicación de toda Europa se ha respondido a esta cuestión buscando culpables. Si esta fuera la respuesta, habría que decir que todos somos culpables de este fracaso: los que asistieron a la cumbre como líderes, los parlamentarios de la Convención que redactaron el proyecto, los funcionarios de las delegaciones... los apáticos ciudadanos europeos que elegimos a todos los demás. Pero esta lista no responde a la pregunta. No, señalar culpables no es encontrar las causas del fracaso. 

En mi opinión, la cumbre de Bruselas ha fracasado porque los europeos hemos olvidado algunas palabras esenciales para construir el Estado que ha de plasmarse en una Constitución. Hemos olvidado el significado de palabras como consenso, igualdad, responsabilidad política, separación de poderes, diplomacia. Hemos olvidado partes esenciales de una verdadera Constitución. 

La cumbre de Bruselas ha fracasado, en primer lugar, porque los europeos estamos olvidando, en medio de nuestras disensiones sobre Irak, el Pacto de Estabilidad y los Fondos, el porqué de la Unión. De hecho, ya no hay consenso en la necesidad de una Europa fuerte en un mundo globalizado, pues hay algunos líderes europeos, Aznar entre ellos, para los que la Unión es un simple fondo de dinero, siendo lo importante para el futuro la proximidad política a la hiperpotencia norteamericana. Sin consenso sobre la visión del futuro, la Constitución necesariamente había de fracasar. Porque una Constitución es la expresión de un consenso sobre la visión de la política. 

La cumbre de Bruselas ha fracasado, en segundo lugar, porque los europeos hemos abordado la redacción de la Constitución como un tratado. Es decir, la Constitución europea se parece más a un acuerdo entre grupos de interés y Estados que a un "contrato social" entre ciudadanos iguales. De ahí las dificultades con el reparto del poder en los órganos. Y es que nuestros líderes, Aznar y Miller significativamente, han olvidado que uno de los pilares esenciales de cualquier Estado democrático es que las decisiones se toman por mayoría, y que todos los ciudadanos valemos lo mismo en democracia. Un Estado unido y fuerte sólo es posible si todos somos iguales. Por eso, aferrarse al reparto de poder de Niza ha sido una traición a este principio de igualdad. 

La cumbre de Bruselas ha fracasado, en tercer lugar, porque los europeos nos equivocamos al diseñar la institución que había de redactarla. La Convención estaba mal diseñada porque al estar compuesta por representantes de los representantes de los ciudadanos se ha abusado del principio de representación, evitándose la exigencia de responsabilidades directas. La mezcla de miembros de los poderes ejecutivo y legislativo de cada país ha producido tensiones innecesarias que han colaborado en el fracaso. Sin responsabilidad, no hay poder de representación. 

La Constitución europea ha fracasado, finalmente, porque los europeos estamos olvidando, además de los principios que nos unen, la más elemental educación. Cada vez más estamos sustituyendo la diplomacia por el compadreo, las negociaciones por el cotilleo de cóctel. Una cumbre no es ya una reunión de un club de adultos, sino un botellón de adolescentes acomplejados obsesos del fútbol y del chiste fácil. 

La cumbre de Bruselas ha sido un fracaso. Un rotundo y profundo fracaso de todos los europeos. Porque estamos olvidando algunos conceptos clave sobre los que se asienta nuestro propio sistema político. Extraño olvido que debiera hacernos reflexionar, pues, al fin y al cabo, a los líderes que van a Bruselas los escogemos nosotros. ¿O también esto lo hemos olvidado? 

Lecciones básicas de Hacienda Pública

Partido Socialista de Cataluña y Ezquerra Republicana incluye un decálogo sobre la financiación autonómica, que merece más que algún comentario y aclaración. Y es que, entre los diez puntos que se han dado a conocer, hay algunos que sólo pueden ser explicables desde la ignorancia, pues suponen un profundo desconocimiento de la más elemental Hacienda Pública, es decir, de la más básica teoría de la imposición y del gasto público. 

Lección primera: los impuestos no los pagan los territorios, los pagan las personas que son las que generan y poseen la renta. Y, cuando existe progresividad, como es el caso español a pesar de los intensos esfuerzos del Partido Popular por limarla, los más ricos pagan en porcentaje, y necesariamente también en valor absoluto, más que los pobres. Y cuando sólo existe proporcionalidad unos y otros pagan lo mismo en valor relativo y más en valor absoluto los que más tienen. Puesto que los residentes en Cataluña son más ricos, en media, que los residentes en el resto del país, los impuestos recaudados de estas personas son mayores, en valor relativo y en valor absoluto, que los de otras comunidades. Dicho de otra forma, los residentes en Cataluña pagan más de media más no porque sean catalanes, sino porque son más ricos y los impuestos en España son progresivos. 

Lección segunda: los impuestos no se pagan según lo que se recibe sino porque son impuestos, y basta mirar la etimología de la palabra para saberlo. Es decir, los impuestos son una exacción que recibe el poder político basada en la coacción y, en cierto sentido, en el convencimiento moral. Por eso los impuestos no son un precio que pagamos por los gastos públicos. Pensar en que uno recibe lo que paga es no saber que hay bienes públicos indivisibles (como la seguridad o la justicia, las infraestructuras, etc.) que hacen que cada uno reciba más que la parte que ha puesto. Y es, además, suponer que son una especie de contribuciones voluntarias al bien común, lo que es totalmente falso. Ni los impuestos son un precio, ni una cuota voluntaria a una asociación, sino que son exacciones de pago obligatorio con sanciones que pueden llevar a penas de cárcel. 

Lección tercera: la inversión pública en infraestructuras ha de hacerse, y es un criterio casi más elemental, donde sea mayor su beneficio, es decir, en aquellas comunidades en las que la diferencia entre lo que aumenta la renta y lo que cuesta la infraestructura sea mayor. Asignar infraestructuras según el PIB, como se propone, es lo mismo que creer que es mejor una tercera autovía entre Marbella y Sotogrande que una primera entre Antequera y Lucena, por el mero hecho de que las dos primeras ciudades tienen más renta que las segundas. Esta lección se basa en la ley de los rendimientos decrecientes que es de economía elemental. 

Lección cuarta: si los impuestos no los pagan los territorios y los gastos no se pueden asignar a las personas que los pagan, carece de sentido hablar de "déficit fiscal" de Cataluña. Y no vale el ejemplo de la Unión Europea por dos razones: primera, porque en la UE no hay los mismos impuestos en todos los países; y, segunda, porque efectivamente se aporta por países y no por residentes. 

En definitiva, disponer de los ingresos según el criterio de población, exigir gastos en infraestructuras en función del PIB y reducir esa simple cuenta que llaman déficit fiscal de Cataluña a cero es reconocer, públicamente, que no se tiene ni idea de por qué se pagan los impuestos y son progresivos, cómo se asigna el gasto público y a qué se llama saldo de las cuentas públicas. 

O sea, no saber los fundamentos de hacienda pública. Y lo que es más grave, supone, para gentes que se autocalifican de izquierda, no tener un análisis ideológico coherente. Mucho me temo que el PSOE va a tener que abrir una academia nocturna el próximo trimestre en la que impartir asignaturas básicas de Economía, Hacienda Pública, Filosofía política e, incluso, Historia del Partido, porque la ignorancia de algunos de sus líderes no se cura con un par de horas de Jordi Sevilla. Y mucho tienen que estudiar porque, si no, en los exámenes finales de marzo van a tener un suspenso que sólo podrían recuperar dentro de cuatro años.