Prisas, bronca y tiempo

En España, vivimos tiempos políticos turbulentos. Tiempos de prisas y de bronca. Los casi ocho meses de gobierno de Rodríguez Zapatero están provocando no pocos sobresaltos. La rápida retirada de Irak y la ingenua llamada a la retirada de los demás; las ocurrencias de Maragall sobre el Estado de las Autonomías; los fallidos anuncios en vivienda y las nuevas regulaciones de horarios comerciales; los cambios en la legislación de divorcio y matrimonio y el enfrentamiento con la jerarquía eclesiástica; el precipitado vuelco en el Plan Hidrológico Nacional y las contradicciones con Agricultura; las prisas en los nombramientos en algunas de las viejas empresas privatizadas; el giro en la política exterior y el desliz sobre el golpe en Venezuela; la comisión del 11-M y el cambio de la ley del Poder Judicial...Demasiados cambios y precipitación. Demasiados errores provocados por las prisas. Y, junto a ellos y a pesar del carácter de Rajoy, demasiadas frases grandilocuentes, demasiados plantes, demasiadas amenazas, demasiada bronca, por parte del Partido Popular y de sus corifeos. 

Estas prisas por hacer cosas, por el cambio, puede tener muchas causas. Es normal que un partido después de ocho años de oposición, y más si lo ningunearon, quiera acometer muchos proyectos. Como también es normal que un equipo joven, y con no mucha experiencia ejecutiva, cometa errores. Pero lo más probable es que las prisas del Gobierno se deban a otras dos circunstancias que tienen que ver con su precaria minoría. Una primera circunstancia es la indudable presión a la que lo están sometiendo Ezquerra Republicana de Cataluña e Izquierda Unida, que tienen prisa por recoger los frutos de sus apoyos. Y es que los apoyos de la investidura se están rentabilizando muy deprisa porque así, negociando año a año, cada uno de estos apoyos puede tener un mayor valor. En realidad, es una estrategia típica de los partidos bisagra: hacen valer su fuerza relativa continuamente porque el desgaste lo asume el gobierno, mientras ellos pueden mimar a sus bases. La segunda circunstancia es que, al menos en mi opinión, el PSOE ha descontado que no va a terminar la legislatura. Es decir, que si logra aguantar el año 2005, con el referéndum de la Constitución Europea en febrero y las elecciones vascas en mayo, y pasa ambos test con mejores resultados que los de 2004, en el segundo semestre de 2005 se hablará de Estatutos y, en el 2006, de reforma constitucional. Las elecciones se convocarían, entonces, para finales de ese año, eso sí, previa reforma fiscal. En otras palabras, el Gobierno tiene prisa porque, en cuanto mejore la situación de las encuestas, y siempre después de cumplir los dos años de gobierno, tiene una oportunidad de volver a gobernar con una mayoría más cómoda. El poco tiempo que son dos años es una de las claves de las prisas del gobierno. 

Pero esas prisas y ese mismo tiempo es una de las causas por las que el Partido Popular hace oposición de esa forma tan particular y maleducada, es decir, con tanta la bronca. Cuatro son, al menos en mi opinión, las razones de esta táctica del PP. En primer lugar, la táctica de permanente crispación le dio resultado a Jose María Aznar cuando, allá por 1993, logró erosionar al último gobierno de Felipe González. En segundo lugar, el PP anda de congresos internos y sus líderes arengan a los militantes extremando el mensaje en un comportamiento también típico. En tercer lugar, el giro a la izquierda y hacia el nacionalismo del PSOE en su acción de gobierno acentúa el discurso del PP para asegurar votos, especialmente de no nacionalistas. Y, finalmente, y en cuarto lugar, el tiempo. Porque también el PP ha descontado la debilidad del gobierno y que éste no puede mantenerse en el poder con ERC e IU, porque sabe que el PSOE no puede pagar, para estar en el Gobierno, todos los peajes que ambos grupos le exigirán, so pena de perder el centro político por su radicalización. Unos con prisas y otros con mala educación, el caso es que no vivimos para sobresaltos. El problema es que nos esperan unos dos años de continua bronca. Mucho cuidado deben tener unos y otros porque la sociedad no votó ni las prisas, ni la bronca, y se pueden encontrar con que lleguemos a decir el grito de hace tres años en Argentina: que se vayan todos. 

Maldita inflación

Los precios han vuelto a tener, en España, un comportamiento inflacionista. En lo que llevamos de año han crecido el 3,6%, muy por encima del 3% que auguró el nuevo gobierno y del 2% que fijó el antiguo gobierno en los presupuestos generales para este año. Y, sobre todo, muy lejos del 2,1 de nuestros socios y competidores comunitarios. 

Es cierto que parte de la culpa de este comportamiento inflacionista la tiene la subida del precio del petróleo. Es sabido que el precio del petróleo, en dólares, se ha incrementado en lo que va de año un 60%, pero su impacto sobre los precios y sobre el crecimiento de las economías europeas, y entre ellas la española, ha sido menor que el de otras épocas porque tenemos una moneda fuerte frente al dólar. La revalorización del euro, en más de un 20%, nos ha compensado parte de esta subida al mismo tiempo que el grado de desarrollo de las economías europeas, y de la española también, hace que consumamos menos petróleo por cada punto de producción que hace veinte años. El petróleo explica parte de la subida de la inflación, 0,7 puntos, pero no explica la totalidad de la misma y, desde luego, no explica el diferencial que tenemos con las otras economías. 

Las causas de la inflación española hay que buscarlas en otras variables. Es cierto que la política monetaria de la zona euro, de bajos tipos de interés, no favorece el control de los precios. Pero esas mismas circunstancias tienen los demás países europeos y el conjunto de la zona euro, incluyendo a España, tiene un 2,1 de inflación. Es decir, la política monetaria no es la causa de la inflación europea, aunque una subida de tipos ayudaría a controlarla. Como tampoco se puede decir que la política fiscal española sea especialmente inflacionista. Llevamos más de cinco años con práctico equilibrio presupuestario y, si bien es cierto que para el año que viene se espera un crecimiento del gasto social y una menor austeridad pública, este pequeño déficit no generará presiones sobre la demanda. Y, de igual forma, tampoco se puede achacar la inflación española a la presión salarial o a los costes generales de personal. Nuestro mercado de trabajo, a pesar de la retórica laboral y de algunos organismos internacionales, se ha flexibilizado tanto (y este es un tema que merece un buen debate público) que los incrementos salariales reales en los últimos años han sido prácticamente nulos. No, no es en la política macroeconómica (monetaria, fiscal o de rentas) en donde hemos de buscar las causas de la diferencial inflación española. 

La inflación española existe porque los mercados españoles forman inflacionariamente los precios, porque no hay suficiente competencia y, desde luego, porque hay un exceso de regulaciones, especialmente de ámbito regional y local, que dificultan la misma competencia. 

Esta ausencia de competencia, de origen histórico, se debe a que, en realidad, y a pesar de la retórica gubernamental de algunos ministros, no hemos tenido verdaderos procesos de liberalización, por razones electorales, en la mayoría de los mercados, empezando por los servicios. Pero también porque los políticos de algunos ministerios sectoriales, como el ministro Montilla, los de la mayoría de las comunidades autónomas y, desde luego, de los ayuntamientos intervienen con regulaciones que quieren proteger actividades autóctonas y lo que hacen es perjudicar la formación competitiva de los precios. Unas regulaciones contra las que protestan los empresarios con la boca pequeña porque a ellos les favorece la inflación. En definitiva, tenemos inflación porque somos un país que no comprende, desde la sociedad civil y, por lo mismo no exige a sus políticos, una verdadera política de competencia y libertad de mercado. Y lo curioso y preocupante es que hayamos aceptado la competencia en el mercado laboral y no seamos capaces de exigir libertad y competencia en los demás mercados. Quizás porque, en el fondo, somos un país de socialistas conservadores o de conservadores socialistas. Los liberales son (somos) minoría. 

Presupuestos: Más de lo mismo

Estos días pasados se ha producido el debate de los Presupuestos Generales en el Congreso de los Diputados. Este debate es el más importante de cada año, porque en los presupuestos se manifiesta, por parte del Gobierno, su visión de la situación actual y futura de la economía española, sus preferencias políticas para el corto plazo y sus propuestas para resolver los problemas planteados. El debate de presupuestos, especialmente el protagonizado por Solbes y Rajoy, ha sido muy suave, focalizado en un par de puntos políticos y sin entrar en los fundamentos económicos, quizás porque ellos mismos perciben la continuidad en la política económica. Y por esta suavidad, y porque la actualidad informativa ha estado en la campaña electoral americana, en la firma de la Constitución Europea y en las maragalladas habituales, un debate tan importante ha pasado desapercibido a la opinión pública. 

Hay cuatro similitudes claras entre este presupuesto y los anteriores que me llevan a la conclusión de que hay pocos cambios en la política económica de los últimos años, de que, como cantaba Julio Iglesias, la vida sigue igual. 

En primer lugar, sigue habiendo el mismo voluntarismo para mirar el entorno económico y para hacer previsiones económicas que con el equipo del Partido Popular. Y es que Solbes, como su antecesor, Rodrigo Rato, ha elaborado un cuadro macroeconómico de partida que, aunque coherente, no es del todo creíble. Y no es creíble porque el petróleo no estará por debajo de los 40 dólares en los próximos seis o nueve meses, lo que influye negativamente en nuestras importaciones; porque la guerra de Irak determina un profundo déficit público norteamericano y una mayor fortaleza del euro, lo que nos beneficia con las importaciones, pero perjudica nuestras exportaciones y las de las economías de las que dependemos (Francia y Alemania, especialmente); porque estos ajustes en nuestro sector exterior, ponen en peligro el objetivo de crecimiento del 3%. Máxime si no se manifiesta ninguna voluntad real de lucha contra la inflación, lo que afecta directamente a nuestra competitividad exterior. Rato hacía voluntarismo con la inflación, siempre para él en ese 2% que nunca se alcanzaba, mientras que Solbes hace voluntarismo en el crecimiento, siempre en el entorno del 3%, cuando sabemos que lo alcanzaremos con dificultad. 

En segundo lugar, el modelo de crecimiento de la economía española que subyace en los presupuestos es el de siempre: fuerte crecimiento interno, una inversión volcada en la construcción, déficit de la balanza de pagos. Es cierto que se prevé una moderación en el ritmo de la construcción, contradictorio, por cierto, con las propuestas del Ministerio de la Vivienda, y una mejora en la inversión en bienes de equipo. Pero, a pesar de la retórica de la productividad y la investigación, tan cacareada en la campaña electoral, el hecho es que la productividad crecerá muy poco y no se ponen los cimientos para que crezca. 

En tercer lugar, para el año que viene seguimos con la misma orientación de la política fiscal. A pesar de los matices que se están introduciendo en el debate, el equilibrio presupuestario se ha convertido, también para los socialistas, en un dogma. Pero el hecho es que incluso se ha copiado la retórica tramposa del PP de negar la evidencia de que la presión fiscal total sube unas décimas, pero sube. O de subrayar la evidencia, que lo es desde los ochenta, de que el gasto social es la parte más importante del presupuesto. 

Y, por último, sobre los presupuestos sigue habiendo una sombra de que hay decisiones políticas con implicaciones económicas que no se recogen. Con el PP, era la Ley de Acompañamiento la que proyectaba sombras y dudas por recoger en una ley económica modificaciones de otras leyes. Con el PSOE, los pactos ocultos con los independentistas catalanes son los oscuros. En definitiva, el mismo voluntarismo, la misma retórica, las mismas carencias y los mismos aciertos. La política económica española es, pues, continuista. O sea, más de lo mismo. 

Las razones históricas

Hay una soterrada campaña de poner en los medios de comunicación el tema de la Guerra Civil, para hacernos hablar de ella. Los campos de verano sobre las fosas comunes de la guerra y la postguerra, el documental de Palacios sobre los campos de concentración, el homenaje a los españoles de la división Leclerc, el proyecto de ley sobre la memoria de Companys, etc. son sólo una parte de esta campaña. Quieren, unos pocos de uno y otro bando, que miremos la historia de nuestra guerra y nuestra postguerra. Y no me parece, en principio, mal. 

Sobre nuestra Guerra Civil se ha estudiado y se ha escrito bastante. Para algunos no suficiente, para otros sí lo es. De cualquier forma, no nos pondríamos de acuerdo en el tema porque mucho o poco es un valor relativo. Pero el hecho es que se ha estudiado y se estudia permanentemente la historia de nuestra guerra y de nuestra larga postguerra y es normal que así sea porque eso acrecienta el conocimiento sobre nuestro pasado. Y tampoco me parece mal que se hable de esta historia. Incluso soy indulgente con que, en muchas de las modernas historias de nuestro pasado, y no sólo el del siglo XX, se carguen las tintas del lado de los vencidos, por aquello de la compensación, pues la historia la escriben los vencedores. No, no me parece mal que se escriba historia. Lo que me parece mal es que se utilice la historia para la política, para legislar manipulando nuestro futuro, para crear identidades que generan fracturas. 

Y es que, en mi opinión, la Historia es sólo un conocimiento. Es decir, un conjunto de frases con significado que se refieren a algo, hechos del pasado, y que creemos ciertas, según algún método de validación. La Historia es un conocimiento social. Pero nada más. 

La hacemos algo más cuando la usamos para justificar algo, cuando la usamos bastardamente, magnificándola, para exaltarnos o para victimizarnos. Cuando le damos más importancia de la que tiene. Cuando, por ejemplo, justificamos la situación de la Córdoba actual por su pasado árabe, olvidando que si nuestra ciudad es así, lo es por la forma en la que nos comportamos todos los que la habitamos, en absoluto, por cómo se comportaron unos tatarabuelos de los que ni siquiera sabemos su nombre. Más aún, lo que la gente de una generación tiene en común con la de su misma edad de cualquier país europeo, en valores, creencias, actitudes, comportamientos, formas de vida y de trabajo, es mucho más que lo que la une cualquiera de las generaciones anteriores. Nos parecemos más que a nuestros abuelos. Por eso es bastardo el uso que se hace de la historia para justificar cualquier decisión política. Ninguno de nosotros tiene responsabilidad en lo que hicieron bien o mal sus abuelos. 

Por eso es absurdo invocar razones históricas para hacer algo. Gibraltar debe estar bajo soberanía española porque es un nido de narcotráfico y de fraude y porque la mayoría de los servicios públicos se les prestan desde España, no porque firmáramos un Tratado en 1713. Y de igual forma creo que es absurda la separación del País Vasco o Cataluña porque nos hace a todos más pequeños y nos hace más ineficientes a todos, también a ellos, en plena era de la globalización. La razón histórica no es nada. No significa nada. Ampararse en ella es decir que hacemos algo porque algunos de nuestros antepasados hicieron lo contrario. Y esa es la menos racional de las razones. 

No, no llevaban razón ni Marx, ni Groce. La historia no se repite, ni como farsa, ni los pueblos que no la conocen están obligados a repetirla. Porque no existe el determinismo histórico, porque cada tiempo es diferente y, sobre todo, porque, siendo libres, el futuro está por construir. 

No, la Historia no puede servirnos ni como justificación, ni como coartada para hacer o dejar de hacer cosas. Lo que hagamos, lo que decidamos, lo que legislemos, ha de estar basado en la creencia de que la sociedad estará así mejor, no en el concepto de reparaciones históricas o en viejas interpretaciones del pasado. Por eso me parece mal el juego en el que se está entrando desde Cataluña, como me parece mal el injustificado uso de la historia que hace Aznar en sus clases y discursos. Miremos a la historia y recordemos que, en política, es un arma cargada de pasado, no de futuro. 

Epidemia nacionalista

No hace mucho, en la gala de presentación de TVE, coincidieron sobre el escenario Lorenzo Milá, Rosa María Sardá y Julia Otero. Y este televidente, en vez de escuchar lo que decían, pensó que los tres son catalanes. Más aún, se me ocurrió decir que hay un cierto imperialismo catalán en la vida política, económica y mediática de nuestro país, pues Maragall y el tripartito quieren marcar la reforma de la Constitución, la Caixa tiene la mayor cartera de participaciones industriales de España, y periodistas catalanes controlan el entretenimiento e información de las televisiones. Lo peor fue que me pasé el resto del programa calculando cuántos andaluces hay en las primeras líneas de cada profesión, y preguntándome porqué en las series televisivas el acento andaluz sólo se oye en boca de chismosas chachas o divertidos porteros. Confieso que he pasado, desde entonces, unos días con una cierta fiebre nacionalista, porque me ha enfadado el presupuesto regionalizado de inversiones para el año que viene. He padecido, pues, los primeros síntomas de una enfermedad que recorre España: la enfermedad nacionalista. Síntomas que, por ser una enfermedad del pensamiento, se manifiestan en frases que se deslizan en cualquier conversación. Frases, que siempre incluyen el ellos y el nosotros, sobre la historia mitológica de nuestra sociedad, sobre la superioridad de la raza, sobre la gran diferencia cultural, sobre la opresión y los agravios que permanentemente soportamos, sobre los símbolos. Frases que van contagiando la percepción de las diferencias, hasta que realmente las vemos. El origen de esta enfermedad en Europa es muy antiguo, casi dos siglos, pero, en su variante española y actual empezó en el País Vasco, ha tenido, hasta hace poco, una versión benigna en Cataluña, y se está generalizando por todos sitios ante la caída de las defensas, por debilidad intelectual de unos y política de otros. Y está llegando a afectar a gente como Pimentel o Clavero. 

De cualquier forma, el virus se ha formado y reproducido por el problema del encaje de las autonomías en la gobernación de España. Y es que la forma en que los políticos autonómicos han tenido de legitimarse ha sido el demostrar, frente al enemigo común del Gobierno de Madrid y ante la competencia de otros, que ellos eran mejores captores de fondos y competencias. Puesto que afirmar la unidad de España se identificaba con un discurso franquista, se cedieron, desde el Gobierno central, los espacios simbólicos, mediáticos y educativos, por lo que, en aquellas regiones con un mayor grado de diferenciación cultural, ha cristalizado un discurso de superioridad y victimismo permanente. De cualquier forma, para que, en este caldo de cultivo, la enfermedad se extienda entre la población, es necesario que un político o un partido, con la enfermedad desarrollada, la contagie. Y de estos hay cada vez más. 

El nacionalismo, en su variante más virulenta, genera regresión política y moral y, en casos extremos, puede ser mortal (como en Yugoslavia). Pero tiene cura. Una cura que empieza por desmontar las falacias históricas, por desarmar con datos el victimismo, por generar iniciativas de conocimiento y de igualdad. Una cura que pasa por implicar realmente, y de forma igualitaria, a los subsistemas políticos de las comunidades autónomas en la gobernabilidad de España. Una cura, en definitiva, que empieza por ver a todos como iguales y por pensar que podemos compartir el mismo espacio político de derechos y obligaciones. 

Y para garantizar la cura es conveniente seguir el tratamiento de viajar y leer que prescribió Pío Baroja contra el nacionalismo de Sabino Arana. Por eso, para curarme los síntomas de enfermedad que ya iba teniendo, me he recetado un viaje a San Sebastián, me he comprado unos libros de historia, veo al Barsa y he empezado a dar clases de catalán (en privado). Y estoy experimentando una gran mejoría. Igual Ibarretxe y Maragall se curan si Chaves los invita al Rocío, leen algo en castellano y se hacen del Betis. O del Córdoba, que necesita ahora apoyo. 

El precio de los principios

El convenio entre el Ayuntamiento de Córdoba y Arenal 2000 es una piedra de toque de la calidad de nuestra democracia municipal. De la mala calidad de nuestra democracia municipal, porque el convenio supone la venta de tres principios que infunden el Plan de Ordenación Urbana a cambio de tres cines. El precio, pues, de la legitimidad del PGOU es de un cine de verano por principio. El primer principio que ha puesto a la venta Rosa Aguilar es el de nuestro modelo de ciudad. Y es que hay, aunque ella lo ignore, una estrecha relación entre la ordenación de las viviendas en el territorio y la estructura social, así como en la forma en la que organiza una ciudad y la manera en la que la gente se interactúa. Es por esta íntima relación entre ciudad y sociedad, por lo que no es bueno que haya ghettos de ricos y pobres si una sociedad que quiere ser integrada, con valores compartidos y con igualdad de oportunidades. Porque los ghettos son, en sí mismos, sociedades cerradas, inamovibles e impermeables al progreso social y político. Las sociedades de ciudades con ghettos son sociedades de capas superpuestas que no se mezclan unas con otras y con parálisis vital. Y de eso sabemos mucho en las viejas ciudades andaluzas. Para romper esa tendencia de barrios marginados, de ricos y de pobres, es por lo que las normas de la Vivienda de Protección Oficial obligan a que, en cada actuación urbanística, ha de construirse un porcentaje de VPO. Este principio es, desde luego, discutible y matizable, pero, en mi opinión, no es un mal principio para orientar el PGOU de nuestras ciudades. Olvidarse de este principio vale, hoy, un cine de verano. 

Pero, siendo grave la venta de este principio, más grave me parece la venta de los otros dos principios. Porque valen dos cines de verano olvidarse de dos cimientos en los que se asienta nuestra democracia, y que se resumen en uno, el principio de la igualdad de todos ante la ley. Es un atentado contra un cimiento de la democracia que sobre las normas puedan hacerse excepciones, por la influencia o el poder de una persona o una empresa, porque salta por los aires el primer acuerdo tácito de toda democracia, que es el reconocernos todos iguales ante la ley. Honradamente, ¿está dispuesto el Ayuntamiento a negociar siempre el cupo de VPO? ¿Se hubiera llegado al acuerdo con una empresa que no fuera cordobesa o propiedad de quién es? Si la respuesta a ambas preguntas es no, mucho me temo que se vulnera el principio de igualdad ante la ley por parte del Ayuntamiento. 

De igual forma, es un atentado contra otro cimiento de nuestra democracia el que se puedan hacer excepciones porque una persona o empresa aporte algo a cambio, aunque sean tres cines de verano o lo que sea. Porque supone que la ley tiene un precio, que el dinero o el poder social pueden modificar la ley. Y aceptar que la ley tiene un precio es dinamitar un segundo pilar de toda democracia, el pilar del Estado de Derecho, porque toda democracia deja de serlo en el momento en el que una norma deja de ser de aplicación para todos por igual, o puede ser comprada por algunos. Y el hecho de que todos los grupos políticos de la Comisión de Urbanismo estén de acuerdo con el Convenio entre el Ayuntamiento y Arenal 2000 no convalida democráticamente la situación: sólo refleja el miedo que todos ellos le tienen a Rafael Gómez. 

En poco valoramos nuestros principios políticos cuando un Ayuntamiento pone a la venta tres principios en los que se asienta la legitimidad del PGOU. Y es muy poco lo que valemos todos juntos cuando quienes nos representan se doblegan al poder de uno de nosotros. Y en nada valora Rosa Aguilar nuestra inteligencia cuando justifica la operación con la obviedad de que lo hace por el interés de la ciudad. Lástima de principios democráticos que nada duran al contacto con el poder de la construcción. Miedo me da pensar lo que debe de estar siendo de nuestro Estado de Derecho cuando recuerdo que la construcción es el motor de nuestra economía. 

Precios del petróleo

El precio del petróleo ha subido espectacularmente en los últimos meses. El precio medio del petróleo brent, referencia en Europa, ha pasado de costar 25 dólares/barril a principios de año a valer más de 40 dólares estos días, lo que supone una subida del 60%. 

Las causas coyunturales de este encarecimiento del petróleo están claras. Cinco grandes países productores de petróleo han tenido problemas este verano. En Arabia Saudí, el mayor productor de petróleo del mundo, los atentados terroristas de los últimos meses se han dirigido, en primer lugar, contra los técnicos occidentales que operan en el país y, en segundo lugar, contra algunas de las gigantescas instalaciones de distribución y refino, dificultando así las operaciones y reduciendo, por unas semanas, su capacidad productiva. En Rusia, el segundo mayor productor y el primero no OPEP, la lucha por el control del grupo Yukos ha producido la práctica bancarrota de la mayor petrolera rusa y la paralización de su producción. En Venezuela, el mayor productor sudamericano y uno de los proveedores de los Estados Unidos, el referéndum para la revocación del presidente Chávez ha causado una profunda inestabilidad política y social. En Nigeria, el mayor productor africano, los problemas de violencia étnica y religiosa han llevado al sabotaje de sus oleoductos y de sus puertos de embarque. Mientras que en Irak, tanto en el norte (Kirkuk), como en el sur (en Basora), la inacabada guerra se traduce en permanentes ataques a la infraestructura productiva. Hasta un pequeño país como Bolivia ha planteado problemas al mercado, lo mismo que las dificultades de dos de las grandes petroleras, Shell y Repsol-YPF. Y a estos problemas de oferta hay que sumar el fuerte crecimiento de la demanda motivado por la reactivación de Japón y las ya importantes, demandas internas de China, India y Brasil. Con estos hechos, y conocidos los intereses en juego, lo extraño no es que el petróleo haya llegado a valer 40 dólares, lo raro es que no haya sobrepasado los 50. 

De cualquier forma, lo preocupante del mercado de petróleo no son los 40 dólares barril, ni siquiera sus consecuencias a corto plazo sobre nuestras economías. Lo preocupante son los procesos políticos que hay debajo de estos precios y las consecuencias de estos procesos. Y es que los 40 dólares/barril ponen de manifiesto dos hechos que no por sabidos son menos importantes: la inmensa dependencia que las economías occidentales tienen del petróleo y profunda inestabilidad de los países productores. Lo que hace frágil el mercado de petróleo y volátil la evolución de sus precios. Dicho de otra forma, los países ricos y fuertes necesitan mucho algo que depende de la voluntad de un país semifeudal atrasado, de un par de dictadores y de unas caóticas y conflictivas sociedades. Para reducir esta fragilidad y la volatilidad caben dos estrategias contradictorias. Una estrategia de control directo de las reservas de petróleo, bien militarmente, bien con regímenes tutelados, y una segunda estrategia, de más largo plazo, de reducción de la dependencia, con el desarrollo de nuevas fuentes de energía (renovables y no contaminantes, por ejemplo), al tiempo que se procura la estabilización de los países productores, mediante su desarrollo económico y social. Y ambas estrategias son contradictorias, porque para que sean rentables las inversiones que hay que hacer para transformar la estructura productiva, es necesario que los precios del petróleo sean estables y ligeramente crecientes en el largo plazo. Algo que aquéllos que sigan la primera estrategia no quieren y no podrían conseguir. Es indudable que la primera es la estrategia de los Estados Unidos y de la mayoría de los países occidentales. Y es indudable que la segunda es la estrategia más inteligente. Pero, para optar por ésta es necesario tener visión de largo plazo, algo de sentido común y, a ser posible, no tener intereses familiares en el petróleo. O sea, ser ligeramente inteligente. Algo que no son nuestros líderes mundiales. Y lo malo es que esta falta de inteligencia nos está llevando a una dinámica histórica que algunos llaman choque de civilizaciones, pero que es sólo fruto de la eterna y estúpida codicia humana.