Política elemental

Las leyes existen porque son necesarias para la vida en sociedad. Y es que las leyes son solo un conjunto de principios que regulan el funcionamiento de las relaciones entre los seres humanos pues, al prohibir determinadas acciones o al obligar a realizar otras, evitan conflictos, aumentan la libertad del conjunto, ordenan la sociedad. Podemos decir que el orden social, el orden de las acciones de las personas en su vida con otros, es fruto del grado de cumplimiento de un conjunto de las normas. De ahí que una sociedad "bien ordenada" es aquella en la que, teniendo un conjunto de normas coherentes con los principios de la mayoría, estas normas se cumplen. Una sociedad sin normas, sin leyes, o con normas o leyes que no se cumplen es una sociedad desordenada. Los súbditos, los sujetos de la relación política, acatan las leyes y las normas por una mezcla compleja de tres razones: en primer lugar, porque pueden estar convencidos de que deben cumplirlas o que es bueno su cumplimiento concreto; en segundo lugar, porque cumpliendo la ley se benefician de alguna forma o evitan un perjuicio, y, finalmente, por coacción, porque los pueden sancionar de alguna forma. Es evidente que una sociedad puede estar bien ordenada por la coacción, pero hay una evidencia empírica de que los países democráticos son, en general, sociedades bien ordenadas, pues las leyes responden a los principios de una mayoría de la población y, además, el resto acepta la legitimidad de las leyes, aunque no compartan sus principios. De igual forma, se sabe que las democracias son, en general, sociedades ordenadas con menos coacción que las sociedades no democráticas. 

En una democracia, las leyes son elaboradas por el poder legislativo, que representa al conjunto de los ciudadanos, y aprobadas por unas reglas de mayoría; se han de hacer cumplir por el poder ejecutivo, que dirige la administración y los instrumentos de coacción; y el incumplimiento de las normas ha de ser determinado por un poder judicial independiente de los otros poderes para evitar así la arbitrariedad en la aplicación de las sanciones. Los gobiernos, pues, sean del nivel que sean, tienen la misión primigenia de hacer cumplir la ley, de hacer que lo que está prohibido no se produzca y de que lo que es obligatorio se cumpla. Si no lo hacen así caen en una irresponsable dejación de funciones que hacen a las sociedades desordenadas e injustas, pues prima entonces la ley del más fuerte o la de aquellos individuos más inciviles. 

Estos párrafos anteriores, que son lo más elemental de la política desde hace ya más de dos siglos, parece que se está olvidando por parte de todos los gobiernos que sufrimos. Parece como si, por un estúpido complejo, el uso de la ley y, en su caso, de la fuerza, fuera una acción antidemocrática. Cuando lo realmente antidemocrático, porque va en contra ese primer pilar de cualquier democracia que es el Estado de Derecho, es la dejación de funciones en el cumplimiento de la ley. Y esto lo digo porque es antidemocrático que se negocie con una banda terrorista algo más que la dejación de las armas, y menos una mesa de partidos al margen de la representación parlamentaria legítima, porque con ello se prima a los violentos. Como es antidemocrático que se suspenda un Consejo de Ministros de la Vivienda en Barcelona por "prudencia" en una clara claudicación del Estado ante unos centenares de ciudadanos inadaptados. Como es antidemocrático que un Ayuntamiento como el de Córdoba haga una dejación de funciones tan asombrosa, y durante tanto tiempo, con los parcelistas y con alguna constructora de cuyo nombre no quiero acordarme. Como es antidemocrática la llamada a la desobediencia civil de la ley del botellón de un parlamentario andaluz de IU. Y es que democracia es mucho más que elecciones. Es también cumplimiento de las leyes. Como bien sabrían nuestros políticos si supieran la más elemental política. 

16 de octubre de 2006 

Presupuestos

Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, presentados la semana pasada, tienen, al menos en sus grandes cifras, tres características esenciales: en primer lugar, son, desde una perspectiva macroeconómica, suavemente restrictivos, muy en la línea con los de los últimos diez años; en segundo lugar, son productivistas, con un cierto cambio de orientación en las políticas de oferta; y, finalmente, desde un punto de vista político, son muy superficiales, especialmente por la forma en la que han sido presentados a la opinión pública por algunos responsables políticos y por la que, previsiblemente, tendrá su debate. 

Desde un punto de vista macroeconómico, los Presupuestos reflejan una opción de política macroeconómica ortodoxa y esencialmente correcta para el funcionamiento de nuestra economía. Y es que una economía cuyo patrón de crecimiento viene determinado por el fuerte impulso de la demanda interna, especialmente por un sostenido crecimiento del consumo privado y la inversión residencial; que, además, presenta problemas estructurales en el frente de la inflación, con altos diferenciales con respecto a sus competidores; y tiene un fuerte y correlativo desequilibrio en la balanza de pagos, necesita unos presupuestos de corte restrictivo, con superávit, para no acentuar los desequilibrios. En ese sentido, los presupuestos son, además, prudentes, pues, con la significativa reducción de la deuda pública hasta niveles históricamente bajos del 37,7%, hay margen de maniobra en el futuro para poder hacer una política más expansiva, si se suavizara el ritmo de crecimiento. Desde un punto de vista macroeconómico, pues, y a grandes rasgos, poco hay que objetar a estos Presupuestos. Máxime cuando este año las previsiones macroeconómicas y de precios internacionales son mucho más creíbles. 

Desde una perspectiva microeconómica, desde el comportamiento de los agentes, los Presupuestos Generales para 2007 suponen un esfuerzo, ligero aunque loable, por cambiar la concepción de la política económica desde una perspectiva sectorial a una perspectiva de economía de oferta. Y es que la vieja concepción, que todavía persiste fuertemente en los actuales y en los presupuestos de la mayoría de las administraciones, de fomentar o proteger determinadas actividades y sectores, empieza a dejar paso, en estos presupuestos, a una forma de asignar los gastos públicos más moderna, en la que lo importante es el crecimiento de la productividad de la economía. En este sentido, el incremento del gasto en educación, en investigación y desarrollo y en infraestructuras son decisiones necesarias para un intentar un cambio en nuestro modelo de crecimiento económico. El problema es que, sin cambios en la forma de gestión del gasto y sin unos criterios de eficacia y calidad, este esfuerzo puede ser baldío. Es decir, carece de sentido asignar más presupuesto a nuestras universidades, por ejemplo, si éstas viven obsesionadas con los ladrillos, los claustros son endogámicos, no hay exigencia a los alumnos y la producción científica es de escasa calidad. 

Finalmente, los Presupuestos Generales del Estado son, políticamente, superficiales, porque se van a aprobar tras un debate absurdo. Y es que están territorializando (atroz verbo) hasta gastos indivisibles por naturaleza. Se obvian, por el contrario, debates de más calado como serían, por ejemplo, ese sobre la forma en la que se distribuye la carga fiscal por niveles de renta, o ese otro sobre la manera en la que se distribuyen, marginando siempre a los marginados, los gastos mal llamados sociales o aquel en que se discutiera, de una vez por todas, los problemas de financiación de nuestros ayuntamientos, una de las causas de la generalizada corrupción de nuestra vida pública. Pero ya se sabe que el virus nacionalista genera una infección intelectual generalizada que se convierte en enfermedades políticas como el victimismo, el infantilismo, etcétera. Menos mal que, al menos, este Gobierno tiene a Solbes. 

2 de octubre de 2006 

Selección de personal

Unas de las razones por las que el mundo funciona mal es porque los asuntos públicos, esos que nos atañen a todos, están, demasiadas veces, gestionados por gente realmente incompetente. Y esta incompetencia tiene mucho que ver con la forma en la que las sociedades políticas seleccionan a las personas en las que depositan la responsabilidad del poder. 

Así, en los regímenes autoritarios, la selección de los que mandan se hace según el viejo principio del reino animal de que tiene el poder el macho más fuerte. Muchos de los dictadores de la historia llegaron al poder precisamente porque fueron los más despiadados en su camino hacia él, de la misma forma que no pocos de los dictadores que todavía perduran se mantienen porque no les tiembla la mano a la hora de aplastar cualquier forma de oposición. En los países democráticos, sin embargo, la selección se hace según una gama más amplia de criterios, siendo el principal el criterio que podemos llamar de la mediocridad en dos etapas. Este criterio consiste en que, en una primera etapa, los partidos políticos presentan como candidatos a aquellos miembros de la burocracia del partido que mejor manejan los resortes de poder dentro de él, no al más idóneo desde el punto de vista de su preparación, de su trayectoria personal, o de su capacidad creativa. Sobre esta base, los ciudadanos eligen, en la segunda etapa, entre muy pocas opciones y siguen un criterio de similitud, de cercanía vital, es decir, que escogen a aquel que tiene más características comunes con los votantes, al más normal (en sentido estadístico), al más medio. El resultado final es que los ciudadanos, en las democracias, al tener limitadas sus opciones, no pueden escoger a los, a priori, más idóneos para el cargo. Y hay multitud de ejemplos de cómo con este sistema se quedan en el camino magníficos posibles candidatos, teniendo los ciudadanos que conformarse con los Bush, Chirac, Putin o Chaves en los que están depositados muchos de los asuntos del mundo. 

Pero el problema, además, se complica cuando estas mediocres personas tienen que escoger a su vez a aquellas otras que han de gestionar el día a día de la política y, bajo el manto de la "debida confianza", escogen según criterios de amistad, favores debidos, equilibrios de género, territorialidad o, diga algún ex ministro lo que diga, puro partidismo. El resultado, y tenemos un ejemplo muy reciente en el sucesor del ministro Montilla , es que un señor cuyos méritos son ser catalán (lo que es un mérito muy relevante para ser ministro de industria a tenor de lo visto en nuestra historia reciente), anestesista, miembro del PSC y alcalde de Barcelona posee, según nuestro presidente Zapatero, el perfil idóneo para dirigir el ministerio que tiene la responsabilidad de gestionar las normas que afectan a más del 40% del PIB de la décima potencia industrial y de la tercera potencia turística del mundo. Es cierto que en el mundo de las empresas también se siguen criterios de selección irracionales, pero, normalmente, la gente de finanzas son gente que sabe de contabilidad, se suele nombrar jefe de marketing a quien sabe de mercados, es responsable de una fábrica un ingeniero industrial o es director de hotel una persona que conoce este sector. Quizás por eso, a pesar de todos los pesares, las empresas suelen estar mucho mejor gestionadas que las administraciones públicas. Y, a lo mejor, es por eso por lo que las empresas bien gestionadas, como E.On, le ganan la partida a ministros sin bagaje alguno como Montilla. 

De cualquier forma, parece que a los ciudadanos no nos preocupa la idoneidad de los que nos gobiernan, sean presidentes o ministros, quizás porque lo público no nos parece importante, y, sin embargo, mucho me temo que no dejaríamos que un médico nos gestionara nuestra cuenta corriente, ni dejaríamos que nos operara un ojo el director de nuestro banco. Igual porque el dinero y la salud no los queremos poner en manos de incompetentes. 

18 de septiembre de 2014 

Educación y economía

La renta per cápita de una comunidad depende, esencialmente, de la productividad de su fuerza laboral y del funcionamiento de su mercado de trabajo. Suponiendo que el mercado de trabajo arroja una tasa de paro mayor o menor según diversas circunstancias, es un hecho que la renta per cápita de un país dependerá, entonces, de la productividad y esta está en relación directa con una variable clave: el capital humano. Y es que el principal activo de un país, contrariamente a lo que mucha gente cree, no son los recursos naturales, sino el grado de conocimiento y de organización que ese país tenga. Francia, con unos recursos naturales muy inferiores a los del Congo, tiene una renta per cápita que es más de 200 veces la del país africano. O, por ser más gráficos, Suiza no es un país rico porque tenga ningún recurso natural, sino por lo que saben los suizos, como Nigeria es un país pobre a pesar de todo el petróleo que tiene porque no tiene capital humano y organizativo. Parte del atraso económico de España respecto a nuestros vecinos fue que no tuvimos un sistema educativo que obligaba a la enseñanza hasta los 14 años hasta 1970 (con un retraso de más de un siglo respecto a los países más ilustrados) o que hemos sido uno de los últimos países de la OCDE en ampliar la enseñanza obligatoria a los 16 años. De esta idea, que está en esencia ampliamente corroborada por la literatura económica, se deduce que, a largo plazo, el crecimiento de la renta per cápita de una sociedad dependerá, en gran medida, de lo que crezca el capital humano; es decir, de la inversión que se haga en que el conjunto de las personas sepan más o tengan más conocimientos útiles. En otras palabras, del esfuerzo que se haga en la educación del conjunto de la sociedad. De ahí que la educación sea, además de un bien social en sí mismo, una inversión desde un punto de vista económico. Una inversión que ha de rentar en el futuro. 

Pero esta inversión en capital humano, ese gasto educativo, ha de hacerse de una forma eficaz y coherente. Y he aquí donde cometen errores no pocos de nuestros gestores educativos y, entre ellos, algunos ministros, bastantes consejeros, muchos ínclitos rectores, reconocidos catedráticos de políticas públicas y no pocos sindicalistas, porque sólo han comprendido el párrafo anterior y se quedan con la comparativa respecto a los países europeos de gasto total sobre PIB, creyendo que una mejor educación se consigue sencillamente con más gasto, cuando si este gasto se organiza mal, sobre presupuestos pedagógicos erróneos y con personal poco o nada formado y motivado, ni más ordenadores, ni más libros, ni más hermosos edificios consiguen más resultados de la investigación o mejor preparación de los alumnos. España tiene en el epígrafe de royalties y patentes de la balanza de pagos (es decir, el que recoge lo que pagamos por el uso de tecnología que otros han inventado) un gran déficit que refleja el fracaso de nuestro sistema universitario, no sólo porque invierte poco en investigación, sino porque invierte mal. Como el informe PISA, por mucho que lo neguemos, es un buen indicador del fracaso de nuestro sistema educativo. Y no fracasan nuestros alumnos en los tests de lectura, matemáticas o inglés porque no tengan suficientes libros, fotocopias, profesores (oficiales y particulares), horas de clase, aulas, polideportivos u ordenadores, sino porque sencillamente tenemos una política educativa equivocada, unos sistemas pedagógicos anticuados (y cómo enseñamos idiomas es un paradigma de esto) y una pésima gestión de los recursos educativos. 

La cantidad de los hallazgos y descubrimientos en investigación y la calidad de nuestra enseñanza, medida por lo que la gente realmente sabe y no por las ratios de recursos como esa tontada de dos ordenadores por alumno, son los verdaderos indicadores de la rentabilidad de la inversión en capital humano. Y es que para que el gasto educativo sea útil, para que sea rentable la inversión en capital humano, no sólo hemos de invertir más, sino que hemos de invertir mejor. 

4 de septiembre de 2006 

Confesión

Günther Grass es, al menos en Alemania, un referente. No solo por ser uno de sus literatos vivos más premiados, sino porque la reflexión sobre la etapa nazi es el eje de su obra y ha contribuido, así, a conformar la imagen que los alemanes tienen sobre esa parte de su historia. Lo ha hecho, además, desde una actitud ética impecable, y al introducir en su trabajo elementos autobiográficos, sus opiniones adquieren legitimidad y se convierten en parte de la conciencia de Alemania. Günther Grass ha sido, así, uno de los autores que han contribuido a la superación del pasado nazi, porque, desde la asunción de su responsabilidad en ese tiempo, ha seguido viviendo con el compromiso de denunciar todo lo que pudiera llevar a la sociedad alemana a repetir aquel horror. El hecho de que haya reconocido su pertenencia a las Wafen-SS ahora, levantando una polémica ética, no desmerece su vida de virtud pública. Grass es un referente intelectual y moral porque ha sido la voz de todos aquellos que, con menos coraje moral, han aceptado su permanente confesión como si fuera propia. Grass, como afirma Juan Cruz, no ha hecho otra cosa que confesarse. Un viejo ejercicio que consiste en reconocer los hechos, juzgar su maldad, aceptarlos públicamente y, al hacerlo así, pedir perdón comprometiéndose a no volver a repetirlos. Alcanzar el perdón depende, entonces, de la magnanimidad de las víctimas, pero se obtiene la paz de conciencia. Confesar se convierte así, en una liberación, un método que permite vivir y aceptarse, ser mejor. Un camino que ha seguido Grass que le ha convertido en un referente moral. Un camino que ha seguido Alemania, a través de intelectuales como él y de gestos institucionales, convirtiéndola en un referente de democracia. 

El proceso a nuestro pasado franquista que, a instancias del Gobierno y de algunos grupos mediáticos, hemos iniciado recientemente es, si lo comparamos con el seguido por Alemania, una liturgia vacía que ni nos libera, ni nos mejora. En primer lugar, porque nadie está conociendo, y mucho menos reconociendo, lo que ocurrió. Estamos recordando estos días los acontecimientos de aquellos años, pero sólo estamos recordando las atrocidades de los que se levantaron contra la legalidad republicana, obviándose de una forma interesada lo que hicieron aquellos que decían defender esa legitimidad. Es cierto que ahora se recupera una parte anteriormente silenciada de la historia, pero no es la única parte. El conocimiento de los hechos ha de ser completo, sin maniqueísmos interesados. En segundo lugar, ha de haber un juicio moral de lo que ocurrió. Es cierto que las atrocidades del bando vencedor fueron de mayor magnitud, pero eso no atenúa las del otro bando. Como es cierto que los perdedores sufrieron infinitamente más, pero certificarlo no compensa este sufrimiento: nadie puede devolver a los muertos, ni los años perdidos en la cárcel, ni el dolor del exilio. Como tampoco los juicios atroces de la postguerra compensaron, por su carga política y de venganza, a todos los del bando vencedor. Y, en tercer lugar, del reconocimiento de los hechos y de su juicio moral no se pueden sacar réditos políticos de ningún tipo porque nadie es responsable de los actos de otro y, menos, de actos de sus antepasados. No es más demócrata Zapatero porque su abuelo fuera leal a la República, como no tiene un pecado original Bono porque su padre fuera falangista. 

Por estas tres razones, porque no queremos saber todo lo ocurrido, porque juzgamos según adcripciones tribales, porque algunos pretenden obtener ventajas políticas por lo que hicieron sus antepasados o las siglas de su partido, es por lo que a nosotros no nos mejorará este proceso de la memoria histórica, ni nos liberará de nuestro pasado, ni nos ayudará en nuestro futuro. 

De todas las heridas sociales de la guerra una de las más difíciles de curar ha sido la pérdida de intelectuales. Quizás de ahí se derive parte de nuestro problema, que no hemos tenido referentes como Günther Grass. 

21 de agosto de 2014 

La diversidad española

Este último mes de julio he estado dando un curso sobre comunidades autónomas en una universidad alemana. Un curso en el que los alumnos, además de estudiar los fundamentos jurídicos y políticos de nuestro Estado de las Autonomías, han de estudiar su diversidad geográfica, económica y política. Un curso éste que solo es posible en las flexibles universidades centroeuropeas y es impensable en las nuestras. 

En una de las últimas sesiones, uno de los alumnos, Sebastian Jacobs, me hizo una pregunta que me ha suscitado no pocas reflexiones en los últimos días. ¿Diría usted, me preguntó, que España es más diversa que Alemania? Porque para los nativos de un país es un hecho que el suyo les parece más diverso. Y eso es lógico porque conocemos mejor aquello que podemos distinguir más nítidamente. De ahí que conocer bien un país, especialmente si es tan rico culturalmente como cualquiera de los dos que consideramos, implique hacerse una idea de sus diferentes partes, de las diferencias entre las distintas comunidades que lo pueblan. 

Mi primera respuesta ante una pregunta tan elaborada fue un "no lo sé". Y es que, en primer lugar, para poder hacer una comparación intersubjetivamente convincente es necesario conocer con similar profundidad las dos culturas que comparamos, y yo, a pesar de mis diez años de cursos en Alemania, conozco mejor la cultura española. Y, en segundo lugar, para poder decir que dos cosas son diferentes tendríamos que ponernos respecto a qué términos hacemos la comparación. Porque es evidente que geográficamente, en cuanto al medio físico, hay una mayor diversidad en España que en Alemania, por la sencilla razón de que hay una mayor diferencia entre la España verde del País Vasco y la España desértica de Almería o Lanzarote o porque eso que llamamos España tiene una parte de su territorio en África. Y lo mismo ocurre en aspectos culturales porque, a pesar de los dialectos alemanes (hay una inmensa diferencia entre el bávaro y el alemán estándar), ellos no tienen lenguas tan dispares como el euskera y el castellano. En lo que no estoy seguro es de que los españoles seamos, en nuestro comportamiento y en nuestro pensamiento, tan diversos como ellos, porque los españoles tenemos, en realidad, muchos rasgos comunes que nos homogenizan. 

Pero al margen de esto, Alemania, a pesar de toda esa diversidad que sorprende al que la disfruta y vive, a pesar de las diferencias entre los Alpes y los canales de Hamburgo, entre el padre Rhin y "la" Danubio, entre el rico Oeste y el pobre Este, entre la católica y conservadora sociedad rural de la Baviera y la urbana y protestante de Berlín, entre los obreros industriales del Ruhr y los ejecutivos de Frankfort o entre las fiestas de cerveza en el sur y las del vino en el oeste, a pesar de todo Alemania es menos diversa que España porque los alemanes, desde antes de que se unificara en 1870, subrayan lo que les une, tienen instituciones (por ejemplo las universidades) y hacen proyectos de cooperación que les hacen conocerse y trabajar juntos, sin que nadie renuncie a su idiosincrasia. Y eso que una parte importante de la historia alemana fue una historia de guerras entre ellos. Por el contrario, los españoles llevamos años, especialmente en los últimos, subrayando lo que nos separa, construyendo instituciones exclusivistas y redundantes, compitiendo en el exterior unos con otros, mostrándonos profundamente insolidarios. Y eso que nosotros tenemos una larga historia de éxitos comunes y de sufrimientos comunes y hace mucho tiempo que no ha habido una guerra entre territorios en España. 

No sé, realmente, cuál de los dos países es más diverso hoy, pero sí sé cual de los dos será más diverso en una generación. Y es que, así que pasen veinte años, España será tan diversa que posiblemente esa diversidad, conscientemente subrayada, tendrá un resultado que no deseamos: que no tengamos sujeto que comparar con Alemania. 

7 de agosto de 2006 

Cataluña y el País Vasco

La actividad política es, al menos en mi opinión, una actividad esencialmente racional, en la que la comprensión de los procesos y de sus consecuencias es básica para poder formarse una opinión razonable y actuar en consecuencia.

Creo que era razonable que el Gobierno de Rodríguez Zapatero quisiera abordar la reforma del Estado de las Autonomías. Es un hecho que el diseño de 1978 era un diseño abierto que, veinticinco años después, había que replantearse, tanto en el tema de las competencias como de la financiación. Incluso puedo llegar a entender, con un cierto esfuerzo, que Zapatero y Maragall quisieran emular a Suárez y Tarradellas con la recuperación de no pocos símbolos e memorias de la República. Pero no puedo quedarme conforme, por las consecuencias que tendrán, con dos resultados del proceso que se han producido sin haberse debatido abiertamente. Y es que, en el fondo, se han dilucidado dos cuestiones claves de nuestra arquitectura constitucional: la primera es que una parte de España, un territorio, puede alterar el pacto constitucional, o hacer que se altere, sin que lo discuta o decida el resto de los firmantes de aquel pacto; y, segunda, se ha decidido que el Estado español no sea federal puro, sino esa contradicción que supone ser "federal asimétrico", es decir, que unos territorios tendrán más competencias, y financiación que otros, con lo que, en la práctica, se ha acentuado la asimetría que tenía el sistema de origen, por la existencia de los Fueros navarro y vascos, y que se había corregido en parte con el referéndum andaluz y el famoso "café para todos". Se abre, así, la posibilidad de una separación a largo plazo de las comunidades con mayorías nacionalistas (que responden a sentimientos identitarios). Lo que explica el proceso que estamos viviendo en el País Vasco.

Porque, sentadas estas dos cuestiones, la Constitución, a la que curiosamente no nombró el Presidente en su discurso que certificaba el inicio del diálogo, deja de ser intocable en su contenido, aunque no se toque su letra por lo garantista de su reforma, y puede ser desbordada para amparar una mayor autonomía de algún territorio. Una mayor autonomía que puede llegar a ser la independencia, siempre que se haga desde un cierto respeto a los procedimientos y se haga con discreción. Y esto puede hacerse a iniciativa de un Parlamento, siendo el proceso catalán el precedente. Así pues, a partir de septiembre se hablará de una mesa de partidos en el País Vasco, bordeando los procedimientos democráticos, y, después de las municipales del año que viene y con HB legalizada, Ibarretxe, amparado por una nueva mayoría, planteará una reforma del Estatuto que habrá llevado a las elecciones, cuyo referéndum, después de las generales de 2008, serán un plebiscito de independencia. Eso sí, se nos dirá que esto es democrático, aunque a los demás no se nos consulte, y se invocará a Quebec y a Montenegro, y se argumentará que se ha producido en ausencia de violencia. Con lo que al fin del proceso, los terroristas de ETA habrán conseguido lo que querían, la independencia del País Vasco, a cambio de renunciar a las armas y, al menos a corto plazo, a Navarra.

Yo voté socialista en las elecciones de 2004. Y en estas mismas páginas expuse, en un ejercicio de salud democrática, las razones de ese voto. Creí, entonces, que el PSOE iba a tratar la reforma del Estado de las Autonomías con más sentido federal (el que siempre tuvo por su historia) y con más ponderación (pensé que era un partido no nacionalista). No ha sido así y, a pesar de que valoro algunas de sus iniciativas de gobierno, este gobierno ya no puede contar con mi voto. Y como no me lo puede devolver, ni se va a volver atrás en su política, mucho me temo que lo ha perdido para las próximas muchas elecciones. Mi problema, ahora, será buscar a quién dárselo. Porque el PSOE lo ha perdido, pero el PP aún no lo ha ganado.

17 de julio de 2006