Esquema de las políticas anti-crisis

En medio del caos financiero y de la crisis, se puede vislumbrar la estrategia de política económica que están siguiendo las autoridades económicas del mundo desarrollado para hacerle frente. Una estrategia que, con matices para cada país, está siendo, en general, improvisada, mal comunicada y peor gestionada, lo que agrava los problemas. 

Está claro que el objetivo a corto plazo de esta estrategia es sanear el sistema financiero e intentar devolver la vitalidad a las cuentas de las empresas, como condición imprescindible para evitar una espiral de recesión y paro similar a la vivida en Japón en los noventa. Se trata, pues, de restablecer la confianza financiera para salvar, dentro de lo posible, la estructura productiva. Los ejes que articulan esta política de saneamiento son tres: una política monetaria de liquidez expansiva, una política fiscal cíclicamente deficitaria y una política de saneamiento del sistema financiero y de facilidades de financiación para las empresas. Unos ejes típicamente de economía de oferta, alejados de los tradicionales estímulos keynesianos de demanda. La política monetaria de inyección de liquidez está siendo posible porque, con el miedo a una recesión, la amenaza inflacionista está relativamente alejada. En este contexto, los bancos centrales están intentando sanear las cuentas del sistema financiero prestándoles dinero a bajos tipos. Como los bancos seleccionan ahora mucho mejor a quién prestan dinero y a qué interés, los márgenes bancarios crecerán. Se trata, entonces, de hacer que los bancos, con menos actividad, tengan beneficios de tal forma que puedan hacer frente a las pérdidas que los activos dañados les han causado. Se intenta convertir el problema de la banca en un problema de selección del riesgo y de tiempo, no de liquidez. La novedad ha sido la coordinación de esta política entre los principales Bancos centrales del mundo desarrollado. Una coordinación necesaria para evitar dos efectos indeseados: que uno de los bancos centrales tuviera que cargar con el peso de toda la inyección de liquidez y que se vieran distorsionados los mercados de divisas, con graves consecuencias en los precios básicos mundiales. 

Por su parte, la política fiscal que están siguiendo todos los países es acomodaticia al ciclo. Es decir, que el crecimiento del déficit viene dado no tanto por los cambios en las políticas de gastos e ingresos, como por la caída de la actividad. Aquellos países que arrastraban un fuerte déficit público (Estados Unidos, por ejemplo) lo están viendo aumentar, mientras que los que tenían superávit lo están perdiendo. Pero salvo excepciones, algunas coyunturales y por motivos electorales, no se observan grandes cambios en la política fiscal. No es tiempo de revoluciones fiscales o de experimentos con el Estado del Bienestar. 

Finalmente, la política de saneamiento de las instituciones financieras y de los mecanismos de financiación de las empresas se está haciendo a través de nacionalizaciones más o menos encubiertas, créditos blandos y extensión de garantías que, dependiendo de la estructura legal y administrativa de cada país, se articula de una forma diferente. Más aún, la profundidad y coste de esta política depende mucho de los problemas de cada economía y de lo dañado que esté su sistema financiero. Así, en los países anglosajones, con Estados Unidos a la cabeza (plan Paulson-Bernanke) y la salvedad de Canadá, esta política de saneamiento es el eje esencial de toda la estrategia, mientras que en países con sólidos sistemas financieros esta política tendrá, previsiblemente, un menor protagonismo. 

De cualquier manera, los acontecimientos están desbordando de tal forma a los Gobiernos que me parece que se necesita mucho más que este simple esquema para salir de una crisis que es "grave, profunda y mundial". Calificativos que el gran Fuentes Quintana aplicó a la anterior, a los que me atrevo a añadir el de "larga". 

13 de octubre de 2008 

Regulación, intervención y crisis

A cuenta de las medidas que tanto los bancos centrales como los gobiernos están tomando para lidiar con la crisis, se está generando una inmensa cantidad de ruido mediático que está impidiendo a la ciudadanía hacerse una idea cabal de lo que se está haciendo. Viejas voces acuden a explicar la crisis y dar remedios. Ahora aparecen antiguos intelectuales marxistas que auguran el enésimo "fin del capitalismo" y apoyan no solo más intervención, sino "la madre de todas las intervenciones". Folclóricos líderes empresariales, como el presidente de la CEOE, piden un "estado de excepción en la economía". Incluso algunas voces religiosas demonizan, reviviendo debates del XIX, al mercado con "toda su pompa y boato". Todo para explicar la excepcionalidad y justificar la intervención. Hay mucha opinión catastrofista, mucha histeria, mucho ruido que ensordece y entontece. 

Lo que ha ocurrido en los mercados financieros es lo que conocemos, desde hace casi ochenta años, como un fallo del mercado. Incluso hay una preciosa explicación que debemos a "la mente maravillosa" de Nash. Un fallo del mercado se produce, normalmente, cuando el resultado de los comportamientos de los agentes lleva a una situación que nadie desea. Es decir, que buscando todos el máximo beneficio, e incluso actuando todos de buena fe, todos se perjudican. Precisamente para evitar esto es por lo que se consideran deseables regulaciones que garanticen el funcionamiento de los mercados, y mecanismos de política económica que reequilibren sus resultados. Así, la mayoría de los economistas, incluso los muy liberales como el que esto escribe, no solo aceptan la existencia del Estado como condición para el desarrollo de los mercados, sino que creen imprescindibles sus regulaciones. Eso sí, buenas regulaciones. Pero una cosa es una regulación y otra la intervención pública. Porque una regulación es un conjunto de usos y normas que fijan los límites de la acción de los agentes, otorgando a todos igualdad de oportunidades, permitiendo una razonable retribución de la inversión y obligando a resarcir los daños que pudieran producirse, mientras que una intervención supone obligar a los agentes a hacer algo. Una regulación son unas reglas del juego para que gane el mejor, una intervención es una decisión para que gane uno. Y eso es muy peligroso por varias razones. La primera es cuando la intervención se produce se argumenta la excepcionalidad, pero no se plantean las reformas que hay que hacer para que no se repita. El origen de la crisis actual hay que buscarlo en la ausencia de regulaciones internacionales de los mercados financieros (por eso hay un fallo de mercado), pero también en los defectos de la regulación americana (la obsoleta Glass-Steadall Act), por lo que toda intervención a corto plazo que no incluya un cambio en esta situación no garantiza que no se repita. 

El segundo peligro de las intervenciones es el problema del "riesgo moral". Y es que si ahora se salva a los bancos en los Estados Unidos o a las inmobiliarias en España se está diciendo a los bancos y empresarios que pueden ser irresponsables, que lo único que tienen que hacer es ser lo suficientemente grandes y tener mucha gente afectada para que el Gobierno intervenga. Algo que también ocurre a nivel local, por ejemplo, con las parcelaciones ilegales. 

Finalmente, un tercer problema de las intervenciones es el del coste y su reparto, porque el coste de la intervención lo pagan los contribuyentes de los sectores competitivos, respetuosos de las leyes y responsables, mientras que se benefician los que no fueron cumplidores. Teniendo en cuenta esto, hay que tener mucho cuidado al pedir y apoyar una intervención. Más aún, habría que ver a quién beneficia, quién la paga y por qué. Y, desde luego, evaluar correctamente lo que ocurre si no se interviene. Porque, a veces, una dieta no es mala, sino que es hasta recomendable para compensar los excesos. 

29 de septiembre de 2008 

Dispersión de paro

Antes del verano, en España había, según la Encuesta de Población Activa, más de 2,3 millones de parados, lo que arrojaba una tasa de paro del 10,44% de la Población Activa. Una tasa de paro alta, y creciendo, que, además, no se reparte por igual por todo el territorio nacional. De hecho, y haciendo el análisis por provincias, en nuestro país hay 16 provincias con un paro inferior al 8% (entre ellas las tres vascas, Zaragoza y Barcelona), mientras que hay 8 (incluyendo a Ceuta y Melilla, cinco andaluzas y Las Palmas) por encima del 16% de paro. 

¿Cómo es posible que bajo la misma política económica y similares marcos institucionales haya tanta disparidad? La respuesta no es simple porque hay multitud de variables (económicas, políticas y sociales) que explican las diferencias de desempeño de los mercados de trabajo, pero hay tres causas importantes de esta dispersión española. 

La primera, y más importante, es la inmensa diversidad de la estructura económica española. Haciendo un análisis de las estructuras sectoriales provinciales, podemos identificar dos tipos de provincias que tienen una tasa de paro baja: las industriales y las débilmente pobladas. Los casos paradigmáticos de las economías industriales son el País Vasco, Navarra, La Rioja y Barcelona. Es decir, provincias con una alta concentración industrial y de servicios, densamente pobladas, cercanas a los mercados europeos y con una buena dotación de capital humano y de infraestructuras. Los casos paradigmáticos del segundo tipo, de las economías envejecidas, son Soria, Palencia, Huesca, Teruel. Es decir, provincias estancadas poblacionalmente, con una estructura económica terciarizada (por la expansión del sector público), agricultura tradicional y escasa industria. Y frente a estos dos tipos de provincias, el resto, especialmente las provincias andaluzas. Es decir, economías con fuerte crecimiento poblacional, terciarizadas por los servicios públicos, gran sector de la construcción, clásico sector agrario y débil tejido industrial. Economías, además, alejadas de los mercados europeos, con bajos niveles de infraestructuras, poblamiento relativamente disperso y peor dotadas de personal cualificado (doble fracaso escolar y menor gasto por alumno que las industrializadas). O sea, que una provincia poblada sin sector industrial significativo, tendrá con seguridad, una tasa de paro alta. 

La segunda causa de la dispersión de la tasa de paro hay que buscarla en la escasa movilidad espacial de la mano de obra española. Y es que, desde la década de los sesenta, las migraciones interiores españolas han sido muy limitadas, pues lo hacemos dentro de la provincia o hacia provincias limítrofes. La vivienda en propiedad, la estructura familiar, la protección social, etc. tienen mucho que ver con esta menor movilidad. Con diferencias de paro mucho menores que las actuales, aunque mayores en salario, los andaluces y extremeños emigraron masivamente en los 60 hacia Cataluña y el País Vasco, lo que equilibraba, igualándolas, las tasas de paro de entonces. Los españoles vivimos en nuestra casa, aunque sea en paro. 

La tercera causa de las dispersiones de las tasas de paro hay que buscarlas en factores característicos de algunas comunidades. El terrorismo cortó en los ochenta los movimientos migratorios hacia el País Vasco, al tiempo que expulsaba a una parte de la población. Por otra parte, la imposición lingüística en la Cataluña de los últimos años, es, también, una forma de proteger su baja tasa de paro. Es curioso, pero en España, la mayor probabilidad de estar en paro se da no sólo entre los de menor cualificación, y, a veces, por ser mujer, sino porque uno es de una provincia del Sur (de esas que no se industrializaron en la época franquista) y no habla nada más que castellano. Y lo llamativo es que los que más se quejan de trato discriminatorio son los que no tienen esas características. Paradojas de la política española con consecuencias económicas. 

15 de septiembre de 2008 

¿Pleno empleo en Andalucía?

La semana pasada, el presidente Chaves se reunió con los principales consejeros para analizar la situación de la economía regional y proponer, a imitación del presidente Zapatero, un conjunto de medidas con las que afrontar la crisis. De la reunión, lo más interesante no fueron las medidas que se adelantaron, escasas y poco coherentes, sino que en la rueda de prensa posterior el presidente manifestara que es posible alcanzar el "pleno empleo en Andalucía para el año 2013". 

Una manifestación que, lo siento mucho, está absolutamente fuera de la realidad, porque el presidente parece olvidar una serie de hechos y conceptos que debiera manejar con soltura alguien no solo de su responsabilidad, sino que además fue ministro de Trabajo. Y es que Chaves parece no saber que en Andalucía viven, según la Encuesta de Población Activa, 618.000 parados, lo que supone una tasa de paro del 16,27%. El pleno empleo, según las definiciones que usamos en los libros de texto, se alcanzaría en el entorno del 5%, o sea, que el máximo de parados en nuestra comunidad debería ser de unos 190.000. Eso supone que habría que crear, como mínimo, unos 420.000 puestos de trabajo netos en los próximos cinco años, o sea, a razón de unos 84.000 por año. Para que esto fuera posible tendrían que darse tres circunstancias simultáneas: la primera es que la población activa andaluza no crezca en este periodo, lo que es imposible por la mera dinámica poblacional de una comunidad joven y con inmigrantes; la segunda es que la tasa de actividad permanezca en ese bajo nivel de 57,12% que ahora tenemos, lo que tampoco va a ocurrir por la incorporación de la mujer al mercado laboral que se viene observando; y la tercera es que o bien Andalucía no sufre la crisis económica actual y además crece por encima del 3,5%, o bien, después de pasar la crisis de los dos próximos años, crecemos los años siguientes por encima del 5% (algo que no hemos hecho en los últimos treinta años). Dicho de otra forma, para que la profecía de Chaves se cumpla deberían de crearse casi 130.000 empleos netos anuales en los próximos cinco años, lo que implicaría crecer por encima del 4% anual acumulativo. Y esto lo digo sin considerar que desde 1976 nuestra comunidad nunca ha tenido menos del 10% de paro o que hubo trimestres en la crisis de los 90 en que fue superior al 30%. Teniendo esto en cuenta, calificar la declaración de Chaves de tontada es hasta piadoso. 

Supongo que la razón para decir una frase como esa, además ser la enésima prueba de que nuestros dirigentes viven en Disneylandia, es para evitar que hagamos una políticamente inoportuna lectura de nuestra cifra de paro. Porque, ahora que estamos debatiendo de financiación autonómica y elaborando los presupuestos generales para el año que viene, sería problemático que los andaluces compararan su mercado de trabajo con el de, por ejemplo, Cataluña, ya que la tasa de paro andaluza, ese 16,27 %, es 8,65 puntos más alta que la catalana, o sea, que es más del doble. No sé qué diría Montilla si Cataluña tuviera la tasa de paro andaluza, pero me temo que no diría lo que ha dicho nuestro presidente. Como también me temo que no aceptaría la situación de nuestras infraestructuras o un mayor retraso en el pago de la famosa deuda histórica. Pero, claro, también los andaluces nos callamos ante quienes llevan gobernándonos más de treinta años sin exigirles que cumplan sus promesas. 

25 de agosto de 2008 

Cuatro ideas para tener en cuenta

Primera. En una economía abierta e integrada monetariamente como la española, la capacidad del Gobierno de gestionar a corto plazo el crecimiento económico y, con él, la tasa de paro, es muy pequeña. En economías así, y en el corto plazo, solo la política monetaria es efectiva, mientras que las viejas políticas fiscales de expansión de la demanda, solo producen inflación. Más aún, como demostró Friedman hace cuarenta años, la política monetaria es efectiva en el corto plazo y bastante ineficaz a largo plazo, mientras que a la política fiscal le ocurre justo lo contrario. A corto plazo, pues, se puede hacer poco. A largo plazo, Keynes dixit, "todos calvos". 

Segunda. Diga lo que diga el Gobierno y se reúna o no la oposición (¡vaya tontada eso del "seguimiento de la crisis"), no hay ninguna decisión que tomada hoy por el Gobierno pueda reducir la tasa de paro de este año. Las decisiones que se tomen hoy tendrán efecto, en el mejor de los casos, a finales del año 2009, y, lo más seguro, allá por el 2010. Es probable, pues, que el paro roce este año el 12,5-13% para llegar al 14-15% en 2009. Pensar que esto no va a ser así por optimismo, como hace Zapatero, o que podría ser de otra forma por "gabinetes de crisis", como hace el PP, es no tener ni la más remota idea de cómo funciona una economía, ni de algo tan elemental como el "desfase temporal de la política económica". Las situaciones no cambian en el momento en que uno quiere cambiarlas, sino después de un tiempo y de haber tomado las decisiones correctas. 

Tercera. Es probable que la situación se deteriore más de lo que ahora prevemos por la concurrencia en los próximos meses de dos variables clave: en primer lugar, porque el BCE va a mantener los tipos de interés lo que resta de año; y, en segundo lugar, porque el gobierno está gestionando mal las cuentas públicas. Y es que, tras la ocurrencia de gastarse el superávit en el asunto de los 400 euros, ahora tenemos el problema de la financiación autonómica y del aumento del gasto social. Una situación que, dada la mayoría precaria del Gobierno y el nacionalismo de los socialistas catalanes, solo se resolverá con déficit, lo que empeorará las condiciones en las que las empresas pueden financiar la inversión productiva. La situación es probable que degenere puesto que tenemos un Gobierno que gestiona a base de "optimismo" y ocurrencias (¡genial lo de las bombillas!) y desconoce el significado de la palabra austeridad (Y en esto sí lleva razón el PP). En las situaciones difíciles es cuando se demuestra el liderazgo. 

Cuarta. El que no se pueda mejorar la tasa de paro en el corto plazo, no quiere decir que no se pueda hacer nada. Para empezar se puede atacar el problema de financiación de las empresas mediante medidas fiscales, modificando, por ejemplo, el Impuesto de Sociedades o las Cotizaciones Sociales. O se puede revolucionar nuestro pésimo sistema educativo que hace que tengamos baja productividad y mayor vulnerabilidad en el empleo. O se pueden tomar decisiones sobre el funcionamiento de la justicia de tal forma que una suspensión de pagos no arrastre a empresas sanas por la dilación de los procedimientos. Incluso se podrían revisar los trámites y corruptelas de los ayuntamientos en la puesta en marcha de proyectos empresariales. Se pueden y deben hacer cosas porque, aunque a corto plazo no se influye sobre las variaciones de la tasa de paro, el nivel del paro estructural y su persistencia es fruto del desempeño de las distintas administraciones. Por eso hay diferentes tasas de paro en distintos puntos geográficos. 

Si estas ideas las tuvieran en cuenta nuestros políticos se podrían ahorrar muchas de las tonterías que andan diciendo estos días. Y podrían concentrarse en el debate de propuestas consistentes y coherentes de cómo salir de esta crisis. 

11 de agosto de 2008 

Como gestionar mal una crisis

La gestión de la situación económica por parte de nuestro Gobierno es un cúmulo tal de despropósitos, que parece mentira que estén a su servicio algunas de las mejores cabezas económicas del país. Porque están cometiendo todos los errores en los que se puede caer en la gestión de una situación crítica. 

El primer error de gestión en una crisis es perder la credibilidad. Para ello lo primero que hay que hacer negar la realidad. La tasa de crecimiento de este trimestre será, seguramente, cero, con lo que bordearemos la recesión en el cambio de año. La inflación cerrará alrededor del 5%. El paro, ya en el 10,5%, se situará por encima del 11% al finalizar el año. Y el superávit público del 1% del año pasado se convertirá en un déficit superior al 1%. O sea que, en menos de un año, habremos pasado de una economía boyante a una economía estancada, en crisis. Ante esto, que se sabía que iba a ocurrir, aunque no la rapidez con que ha ocurrido, el Gobierno ha jugado el juego de las expectativas lanzando un mensaje de optimismo en un intento de contener el deterioro de la situación. El problema de este juego es que si se falla, se pierde la credibilidad. Por eso, cuando las cosas vienen mal dadas el optimismo es la peor opción. Nuestro Gobierno ha jugado este juego por razones electorales y ya no tiene credibilidad. A partir de ahora, cada vez que anuncie un mensaje optimista todos pensaremos que miente, con lo que hace más difícil la salida de la situación. 

El segundo error es actuar pensando solo en el corto plazo, es decir, actuando sobre los síntomas, no sobre los problemas. Es lo que ha hecho nuestro Gobierno con esos 6.000 millones de euros que ha costado la medida de los 400 euros. Han logrado contener el ajuste del crecimiento en unas décimas, pero no tendrá efecto a partir del próximo trimestre. Con lo que se han jugado las cartas del superávit en una medida que no solo no ha servido para nada (salvo algunos votos), sino que, además, empeora a medio plazo la solución real de los problemas, ya que no trasmite señales de rigor ante la inflación, al tiempo que deteriora la situación de financiación interna de la economía española, pues el Estado empieza a competir por el poco ahorro que hay. O sea, que no solo se juega lo poco que quedaba de credibilidad, sino que, además, agrava la situación. 

El tercer error, en el que ahora empiezan a caer, es el de las reformas histéricas. Esto consiste en que aquello que no se hizo antes se hace ahora deprisa y corriendo. El Gobierno anuncia nuevas leyes y una batería de medidas urgentes que lo único que hacen, por lo que hemos visto, es repetir lo que ya se escribió en el Plan Nacional de Reformas del año 2005, a lo que ahora hay que sumar las medidas histéricas de intervención en el sector de la construcción o de subvenciones a todo lo que se mueve. Si ya teníamos exceso de intervención y discrecionalidad, más inflación de normas y exceso de regulación, lo que genera rigidez en nuestra economía, pronto estaremos enmarañados con miles de normas contradictorias y enmarañadas. 

En definitiva, el Gobierno se ha portado como un médico que falla en su diagnóstico de una úlcera grave, y le dice al paciente que sus dolores de estómago son psicológicos. Además, le receta, con un gesto displicente, una buena dosis se aspirina y lo manda a casa. Luego, cuando la cosa se pone muy grave, no solo quiere operar la úlcera, sino, de paso, el corazón, el hígado y el intestino delgado. No creo que nadie en su sano juicio confiara en un médico así. El problema que tenemos es que este médico es el que nos va a tratar los próximos cuatro años. 

28 de julio de 2008 

Estancamiento con inflación

Ahora sí que estamos ante el momento crítico de cómo evolucionará la situación de la economía española en los próximos años. De las circunstancias internacionales y de las decisiones que se tomen dependerá el que la crisis sea más o menos profunda o más o menos larga. Más aún, de que entremos en una espiral de estancamiento con inflación. Estamos ante el momento crítico porque el parón del crecimiento económico, más las restricciones de liquidez, sitúan a las empresas ante un horizonte difícil. Como la mayoría de las empresas están considerando, con razón, que la situación de caída de la demanda y de restricciones de liquidez va a ser relativamente permanente, su reacción es que suben precios y ajustan plantilla. La subida de los precios, aunque en algunos sectores esté justificada por subidas reales de sus costes (energía, materias primas), en otros no es más que un comportamiento "en manada" por el que la una genérica "subida de la inflación", justifica la subida de sus precios, y más en mercados con monopolios. El ajuste de plantilla, que ya se está produciendo duramente en algunos sectores y con menores contrataciones temporales y planes de despido en otros, lo basarán las empresas en la caída de la demanda. Las empresas se instalan, así, en la inflación con estancamiento. Lo que produce, además, paro. 

También los sindicatos y trabajadores tienen una difícil tesitura. Para ellos la clave no está en la caída de la actividad, sino en la inflación y el crecimiento del paro. Si se empeñan en mantener el salario real, el resultado será un mayor crecimiento del paro. Si aceptan unas subidas salariales contenidas, algo probable por efecto de los inmigrantes, el paro será menor a corto plazo y la inflación puede ser, a medio, más moderada. Pero nada lo garantiza. De cualquier forma, con menores salarios o más paro, la caída de la demanda total de los trabajadores se notará en el consumo privado. O sea, estancamiento con inflación. 

Ante esto poco puede hacer el Gobierno a corto plazo, pero puede estropearlo más. Si, como hasta ahora, niega la situación y hace tontos estímulos de demanda (los 400 euros), no solo mantiene la inflación y no mejora la sangría del paro, sino que dilapida el superávit público, con lo que empeora la deuda y, a medio plazo, aumenta el gasto y el déficit. O sea, que puede ampliar el proceso de más inflación con estancamiento. 

Estamos, pues, al borde de una situación de estancamiento con inflación. Ante esta situación, lo peor que podríamos hacer sería que el Gobierno no identificara que el problema de verdad es, más que el estancamiento, la inflación. Si el Gobierno intenta mantener la actividad con una política fiscal de fuegos de artificio y no ataja realmente el problema de inflación con drásticas medidas antimonopolio y control de gasto público, el resultado será que los empresarios mantendrán beneficios a corto plazo subiendo los precios, ante lo que responden los sindicatos presionando sobre los salarios reales. El resultado sería que unos producen inflación (los empresarios), otros producen paro (los sindicatos), mientras el Gobierno produce déficit y estancamiento. Entraríamos en una espiral de efectos de primera (precios-salarios) y de segunda vuelta (salarios-paro) que nos llevaría al estancamiento por largos años. Así sí tendríamos instalada la crisis. 

También podría ocurrir que el Gobierno reconozca la situación, empiece a exigir competencia, y oriente su política fiscal a reducir los costes de las empresas. Así, las empresas se verían obligadas a mantener los precios y los sindicatos aceptarían una pérdida de salario real, con lo que se reducirían los efectos de primera y segunda vuelta. Para que esto se produzca hace falta que el Gobierno sepa que la clave está en la inflación, no en el crecimiento. Algo que, por desgracia, dudo que sepan los optimistas antropológicos. 

14 de julio de 2008