Gibraltar y la política exterior

Hay una regla en política que establece que la mejor forma de desviar la atención de un problema interior es buscarse un problema exterior. Nada como un conflicto exterior para centrar los titulares. Y más en un verano en el que no hay fútbol internacional. Mucho daño debe estar causando el caso Bárcenas en el Gobierno para que se haya dado la orden de elevar el tono con Gibraltar. Porque a esto, y no a otra cosa, responde la política de controles en la Verja y la escalada de agresividad de la política española contra Gibraltar. Lo demás son excusas. Y es que Gibraltar consigue poner el acento en un agravio histórico (delicia de titulares de prensa), se exacerba al nacionalismo españolista (y al catalanista), se da la sensación de que se hace algo importante y parece que tenemos política exterior. 

Y lo que realmente se consigue es poner de manifiesto que no tenemos dirección de política exterior. Porque si tuviéramos una política exterior coherente, algo que no tenemos desde que Jose María Aznar decidió, en 2001, romper los principios de la que teníamos desde la Transición, el tema de Gibraltar lo tendríamos encauzado desde hace años, a partir de las resoluciones de las Naciones Unidas referentes a la descolonización del Peñón, en el marco de la Unión Europea. Más aún, si el tema lo hubiéramos jugado dentro de la misma Unión ahora tendríamos fuerza legal para exigir la trasposición, dentro del Peñón por ser territorio británico, de la normativa medioambiental británica y europea que evite los arrecifes artificiales o las gasolineras flotantes. Como hubiéramos obligado a los británicos a imponer a los gibraltareños la normativa de controles financieros que hubiera llevado al Reino Unido a contradicción jurídica y concitado el apoyo de los alemanes y los nórdicos. 

Frente a eso, la política que seguimos es infantil ya que es imposible mantener los controles fronterizos por tiempo indefinido, y hemos dejado que sean los británicos los que lleven una acción que se realiza en territorio español, los controles, ante la misma Unión Europea, para que la declare ilegal, con lo que llevan ellos la iniciativa. Incluso, el Gobierno, en un burdo intento de concitar la "unidad nacional" involucrando al PSOE, ha tenido la peregrina idea de abrir negociaciones cuatripartitas, metiendo a Gibraltar y a la Junta de Andalucía, contradiciéndose en su criterio de limitar la acción exterior de las Comunidades Autónomas. 

Más aún, el tema de Gibraltar está tan mal llevado que incluso se ha hecho un amago de acercamiento a Argentina, con la que tenemos varios contenciosos bilaterales graves, porque preside el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con lo que, por Gibraltar, estamos a punto de dar un giro en nuestra política latinoamericana y europea, pues el tema de las Malvinas es un tema mayor tanto en Argentina y en el Reino Unido. Incluso podemos ir a peor, porque el contencioso de Gibraltar es interpretado en Marruecos como un espejo de nuestras ciudades del Norte de Africa, aunque no lo sea ni histórica, jurídica o sociológicamente . 

Gibraltar es un tema delicado que ha de tratarse con cuidado. Lo malo es que, encima, nuestro Gobierno nos regala con justificaciones absurdas. Porque justificar los controles en el contrabando de tabaco (los 140 millones de cajetillas anuales que los gibraltareños, según el ministro del Interior, no se fuman) es absurdo, porque es evidente que no pasan 33.000 cartones de tabaco diarios por la Verja. Como no es de ahora y es evidente que Gibraltar es un paraíso fiscal indecente y que eso no se elimina con los controles. 

Lo siento, pero el tema de Gibraltar pone de manifiesto que tenemos una política exterior "castiza" y contradictoria, algo que no debe ser nunca la política exterior, que emana de un Gobierno que gestiona a impulsos de una "agenda" que no controla. Y que dudo que pueda llegar a controlar. 

Explicaciones, ya

La democracia no es solo un conjunto de derechos individuales inalienables y la posibilidad de elegir a aquellos que nos gobiernan. Es también un proceso de toma de decisiones y de rendición de cuentas. De ahí que el nivel de democracia de un sistema político, su calidad democrática, se mida por el número y profundidad de los derechos que se ejercen realmente, por las posibilidades reales de cada uno de los ciudadanos de ser elegido para un cargo, por la transparencia y participación con la que se toman las decisiones, se rinden cuentas y se asumen responsabilidades. Una democracia, como la española, en la que los derechos se ejercen con mucha dificultad (y siempre desigualmente), los partidos sustraen la posibilidad real de ser elegido y no hay transparencia ni en la toma de decisiones, ni en la rendición de cuentas, es, siento decirlo, de muy baja calidad. 

Una calidad democrática que se deteriora cada día un poco más por la actitud del presidente Rajoy de despreciar uno de los más elementales principios democráticos: la rendición de cuentas, pública y continua ante la opinión a través de los medios, y en sede parlamentaria ante los representantes del pueblo. Es un desprecio a la democracia que un presidente no conceda ruedas de prensa (salvo cuando viene un mandatario extranjero), que no admita preguntas, que no responda a lo que se le pregunta y, lo que es peor, que no quiera ir, y se le consienta no ir, a las Cortes para darle cuentas a los representantes legítimos del pueblo español. En Estados Unidos, por ejemplo, las comunicaciones del presidente Obama a la nación son semanales y, solo el año pasado, dio 42 ruedas de prensa sometiéndose a todo tipo de preguntas. En Inglaterra, el primer ministro Cameron dio el pasado año 30 ruedas de prensa y se sometió a más de 200 interpelaciones parlamentarias. En Alemania, la canciller Merkel dio 23 ruedas de prensa... 

Pero no es solo que el presidente no quiera dar explicaciones, es que, encima, la vicepresidenta Sáez de Santamaría nos dice a los españoles que las dará "cuando y como él considere oportuno". Con lo que el Gobierno nos trata como si fuéramos niños chicos a los que se les puede decir qué pueden preguntar, qué es importante y qué no, y cuándo han de preguntarlo. Parece como si el presidente del Gobierno fuera una especie de "jefe" de los españoles y la ciudadanía pobres súbditos que hemos de expresar lealtades incondicionales. Y, lo siento, pero en una democracia el "jefe" es la ciudadanía, no el presidente. No votamos un "dictador benevolente" cada cuatro años. Y este ciudadano que soy quiere explicaciones. 

Las explicaciones que quiero hoy no se refieren a la "flor de invernadero del crecimiento", sino a si el Partido Popular se ha financiado ilegalmente. Como quiero saber si esta financiación dio ventajas en las licitaciones públicas a determinadas empresas. Como quiero saber qué empresas y particulares fueron los que dieron el dinero, a quién lo dieron y qué consiguieron con ello. Y quiero saber si el presidente Rajoy y otros dirigentes del Partido Popular cobraron sueldos en negro defraudando a Hacienda. Sencillamente, quiero explicaciones. Y estoy en mi derecho de quererlas ya. 

Y quiero explicaciones porque quiero formarme una opinión sobre el perfil moral de quienes me gobiernan, sobre la credibilidad de sus palabras, sobre su grado de hipocresía y cinismo. Quiero hacerme una idea de la podredumbre de nuestra vida pública. Quiero saber en qué grado de mentira hemos estado viviendo. 

Por eso exijo explicaciones del presidente del Gobierno ya. Y exijo que pidan esas explicaciones los parlamentarios del Partido Popular que nos representan en Madrid y que, de momento, no las piden por disciplina de partido. Y digo exijo, y no ruego, porque soy un ciudadano, no un súbdito… y ya estoy harto de que se me trate como a un inferior. 

Un informe prescindible

Esta semana pasada se han presentado dos documentos importantes. El primero, un informe FAES, el think tank del PP que preside José María Aznar, se titula "Una reforma fiscal para el crecimiento y el empleo", y en 218 páginas pretende orientar la reforma fiscal que se avecina; el segundo, elaborado por el Consejo Territorial del PSOE, se llama "Hacia una estructura federal del Estado", y en 24 páginas nos dice cómo propone el PSOE reformar la Constitución. Como el primero marcará la próxima reforma fiscal, será el que analice hoy. 

El documento que presentó Aznar el martes pasado se articula en un prólogo, siete capítulos y unas conclusiones. Y ya desde el mismo índice se ve el hilo argumental del documento, pues el primer capítulo se dedica a los "costes de la imposición"; el segundo a la relación entre "impuestos y crecimiento económico"; el tercero a la "reforma del IRPF"; el cuarto a los rendimientos del "capital"; el quinto a la fiscalidad "empresarial"; el sexto, a la "imposición indirecta", y, el séptimo a la "imposición de la riqueza". O sea, que desde el principio, el informe, que se pretende "científico", está orientado a sostener las ideas bajo las que se encargó: que pagar impuestos es "malo"; que si se pagan impuestos se ralentiza el crecimiento; que el IRPF hay que simplificarlo; que hay que reducir la fiscalidad al capital y a las empresas; que hay que aumentar la imposición indirecta (con el hallazgo de que es ¡progresiva!); que hay que eliminar los impuestos que gravan la riqueza, porque invitan a una "vida desenfrenada" (pág.201). Es decir, el informe FAES dice lo que Aznar y Esperanza Aguirre vienen diciendo desde hace años en un ejercicio de escolasticismo pseudocientífico. Un informe prescindible, con una desproporción asombrosa en el análisis de los impuestos que pagan las familias que poseen capital frente a las que solo viven de su salario (mayoritarias en España); incompleto, porque no hay un capítulo para las cotizaciones sociales, cuando tienen una incidencia evidente en el empleo y suponen el 38% de la recaudación; y muy parcial, porque no hay ninguna referencia al gasto público que es la causa última de la imposición. 

Una lectura reposada del informe nos lleva a encontrar perlas asombrosas. Así, el primer capítulo, tras 30 páginas de cientifismo económico, solo llega a la conclusión, de manual de microeconomía de primero, que pagar impuestos genera costes y distorsiona el comportamiento de los agentes. El segundo se esfuerza en documentar que los impuestos directos tienen más influencia en el comportamiento económico que los indirectos, lo que es también evidente porque los directos los percibimos claramente y gravan la totalidad de la renta generada y los indirectos no, para llegar a la conclusión de que hay que subir la imposición indirecta (en lo que ya se aplica el ministro Montoro). 

De los otros capítulos, dos son los más reseñables, por la importancia relativa de los impuestos, y contienen ideas incalificables, especialmente respecto a la progresividad o distribución de la carga impositiva. Así, en el capítulo sobre el impuesto de la renta, se despacha el tema de la progresividad con un par de párrafos (pág. 93) y el aserto de que la redistribución de la renta ha de hacerse a través del gasto público (cuando hay evidencia en lo contrario). Mientras que en el capítulo sobre la imposición indirecta se llega a afirmar, en la página 180, sin pudor ninguno, que los impuestos indirectos en el caso español son ¡"ligeramente progresivos"! De la suma de las dos ideas, se puede deducir que la progresividad del sistema no les importa. En definitiva, el informe FAES son 218 páginas de cháchara que solo buscan justificar lo que, a priori, quería el que mandó hacer el informe. Lo malo es que con estas páginas de cháchara el Gobierno hará una reforma fiscal que afectará negativamente al crecimiento, al empleo y, más grave, a la cohesión social española. 

Optimismo impostado

La semana pasada oí el discurso del presidente Rajoy ante la Asamblea General de la CEOE y escuché con atención el del presidente de la patronal, Juan Rosell, y el de la Caixa, Isidro Fainé. Luego estudié con detenimiento las propuestas de la CEOE sobre la política económica que, según la patronal, nos podrían hacer salir de la crisis. 

Cada uno de los tres discursos tuvo una letra diferente, aunque complementaria, pero los tres tuvieron la misma música de fondo. La letra del discurso de Rajoy es conocida por repetida. Según él, se está haciendo un gran esfuerzo fiscal y muchas reformas de las que pronto se verán los resultados. La letra del discurso de Rosell fue la esperada de un presidente de la patronal. La presión fiscal es, según el presidente de la CEOE, excesiva. Además hay que adelgazar la administración y, desde luego, hay que acabar con la inestabilidad y la inflación normativa que padece la sociedad española. El discurso de Fainé, más que letra, fue un tarareo con un estribillo de optimismo. 

Esa fue la música de fondo: el optimismo. Porque para los tres la economía española está "empezando a salir de la crisis". Una idea que basaron en los mismos indicios: el superávit comercial de abril (el primero en casi 50 años), la bajada del paro registrado en mayo, la mejora de la prima de riesgo frente al verano de pasado año, la flexibilidad europea con nuestro déficit público, la moderación salarial, etc. De donde dedujeron que la economía española está generando "confianza". 

He de reconocer que ninguno de los tres discursos me gustó. No porque no esté de acuerdo con algunas partes del análisis o de las propuestas, sino porque los tres discursos fueron superficiales, y, de esta superficialidad, su baja "credibilidad" para mí. Deducir una "recuperación de la tasa de crecimiento" de un superávit comercial mensual es desconocer la estructura de nuestras exportaciones y su escasa incidencia interna, así como el factor cíclico de la moderación de nuestras importaciones porque en cuanto la demanda interna crezca solo al 1%, el superávit desaparece. De igual forma, me temo que tomar como indicio de mejora, en un mercado de trabajo con 6,2 millones de parados y una tasa de paro del 27,16%, un dato mensual de un mes tradicionalmente bueno por factores estacionales es una frivolidad. Como me viene pareciendo un abuso del lenguaje que el Gobierno hable de "austeridad", cuando si transformamos el 6,5% sobre PIB en porcentaje sobre ingresos totales nos arroja que las administraciones gastan un 13% más de lo que ingresan. Y decir que una prima de riesgo del 300 es un buen dato, es decir que no saben que eso significa que nuestras empresas, en el caso de que encuentren financiación, se están financiando a tipos del 6-7%, lo que, con expectativas negativas, supone que la inversión sea cero. 

Y de un análisis superficial, un diagnóstico superficial y unas propuestas superficiales, cuando no una valoración superficial de las políticas económicas que se están haciendo. El discurso de Rajoy es la típica lista de decisiones que está tomando su gobierno sin explicar, como siempre, el para qué, ni los resultados esperados. Rosell hizo un discurso intemporal con ideas repetidas y previsibles. Y el de Fainé fue un canto al optimismo como si su invocación cambiara la situación de la economía española. Hubo un momento en que me pareció estar asistiendo a una representación, como si cada uno de ellos supiera lo que iba a decir el otro y todos se hubieran conjurado para producir una determinada percepción en el público. Una percepción de optimismo. 

No creí en su momento en los "optimismos antropológicos", como no creo en los "optimismos impostados" para generar expectativas. Los políticos y los dirigentes sociales no se dan cuenta que tienen un discurso tan previsible que no generan confianza. Para eso, hay que tener, además de un discurso nuevo, credibilidad. Algo que ya no tienen. 

Pensiones, otra vez

El pasado viernes 7 de junio se presentó el "Informe del Comité de Expertos sobre el factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones". Un informe de 43 páginas que se articula en seis partes. 

El contenido de las dos primeras partes del trabajo es un buen ejercicio académico que responde a la pregunta de cómo hacer sostenible a lo largo del tiempo el gasto en pensiones, mediante el ajuste de la cuantía de las mismas, teniendo en cuenta unos ingresos dados, la previsión de evolución demográfica y la esperanza de vida de la población española, y siguiendo unos criterios de equidad en el reparto y de revalorización de las pensiones. La solución que aporta al primer criterio, el de equidad, es una fórmula por la cual la pensión inicial con la que una persona se jubilaría se va acompasando, en términos reales (sin tener en cuenta la inflación) en función de las personas que ya están en ese momento recibiendo pensión y las que vayan entrando en los años siguientes, de tal forma que el momento de entrada no sea el que condicione la prestación. Esto es el "Factor de Equidad Intergeneracional". Por su parte, la revaloración se resuelve con un "Factor de Revalorización Anual", que sustituye al IPC, y que tiene en cuenta, además de otras variables económicas, el equilibrio presupuestario de la Seguridad Social, o sea, los ingresos y gastos previstos en cada momento. 

La parte tercera del informe es un ejercicio de modulación de la propuesta, mientras que la cuarta es un conjunto de condiciones para su correcta aplicación. La parte quinta es un resumen titulado "Un factor de sostenibilidad necesario, adecuado y aceptable" y es una buena síntesis que responde a los tres adjetivos de su título. El anexo final es una comparación de lo propuesto con lo que viene operando en otros sistemas de pensiones. 

El resultado general del trabajo es, en mi opinión, muy bueno en la respuesta a lo que se le ha pedido, que es cómo modular el gasto en pensiones. No creo que a estas alturas nadie discuta la necesidad de contar con un mecanismo de control del gasto en pensiones que sea lo más automático posible, y que cumpla, además, con los criterios de equidad y revalorización. Como no creo que nadie niegue la magnitud del problema que se nos avecina. 

El problema del trabajo es que el encargo que el Gobierno hizo es parcial, de solo la mitad del problema. Porque, a pesar del título, el informe no es sobre la sostenibilidad del "sistema de pensiones", sino sobre la sostenibilidad del "gasto en pensiones", que no es lo mismo, obviando la otra mitad del sistema, su financiación. Para que el contenido del trabajo hubiera respondido al título que se le ha dado, el Gobierno hubiera tenido que encargar al Comité de Expertos una segunda parte que trate de la financiación, y hacer las consideraciones generales de sostenibilidad del sistema no sólo sobre el gasto, que es lo mismo que decir que la sostenibilidad del sistema siempre se ajustará sobre la cuantía de las pensiones, sino también sobre cómo mejorar la financiación del sistema público de pensiones. Porque tan importante para la sostenibilidad del sistema es el control del gasto como la solidez y estabilidad de los ingresos. Parece que el Gobierno se conforma con el actual sistema de financiación a través de las cotizaciones sociales, lo que dada su inestabilidad por la debilidad estructural de nuestro mercado de trabajo (¡a su vez motivada por las propias cotizaciones sociales!), los españoles tendremos que acudir a sistemas privados de pensiones para completar la menguante pensión que se nos augura. 

Coincido con el Gobierno en la necesidad de hacer sostenible el sistema público de pensiones. Pero, en mi opinión, la reforma que el sistema necesita va más allá que unas fórmulas de ajuste de las pensiones hasta incluir el decimonónico y pernicioso sistema de financiación. 

Paraísos fiscales

Esta semana pasada se ha celebrado una cumbre europea en la que se ha tratado la evasión fiscal. Un problema estructural de la economía mundial que ya era hora que entrara en la agenda de las grandes economías. Un problema estructural que, como pasa siempre en Europa, se aborda con una declaración de buenas intenciones que suena poco creíble y con un camino que sabemos que va a ser muy tortuoso. Pero, de cualquier forma, es una buena noticia el que se trate de luchar contra la evasión fiscal, especialmente internacional, y los paraísos fiscales. 

El funcionamiento de un paraíso fiscal es muy simple. Es como cualquier negocio de precios bajos que lo que necesita es mucho volumen de ventas. Lo que le da carácter de paraíso fiscal a un país o un territorio autónomo es un sector público cuyo nivel impositivo sea muy bajo. Para tener, entonces, ingresos fiscales suficientes, esa administración lo que necesita es tener una base imponible muy grande. Lo que implica, para que sea sostenible, que ha de "importar" base imponible, es decir, que en el paraíso fiscal se produzcan rentas que provengan de la actividad económica en otros países, pero que se puedan transferir o contabilizar en él. De ahí que lo que se importe sea transacciones financieras a las que se grava con un tipo irrisorio. Más aún, para hacer más atractivo el paraíso fiscal se puede prestar, además, el "servicio" de que garantizar el anonimato y la inmunidad, por lo que un paraíso fiscal será tanto más atractivo cuanto menos regulación tenga. 

Teniendo esto en cuenta, un paraíso fiscal será tanto más eficiente cuanto menos gasto público tenga y mayor nivel de base imponible tenga. De ahí que los más eficientes sean ciudades-estado o islas pequeñas bien localizados, ligados a potencias militares fuertes (Mónaco, las Islas del Canal, Gibraltar, las Antillas, etc.), porque no tienen ni gasto público en seguridad exterior, ni obras de infraestructuras, ni territorio que mantener y, además, en muchos casos, sus ciudadanos ni siquiera viven en el territorio. Territorios cuyas economías son muy desequilibradas sectorialmente porque no tienen espacio para la agricultura, ni para la industria, salvo excepciones, y están lógicamente muy centradas en un sistema financiero que es, junto con una pequeña administración pública, casi la totalidad de la economía. Si se le suma, además, un negocio como el juego que permite transacciones económicas en efectivo (Mónaco, Macao, etc.) el paraíso fiscal es casi perfecto. Para que un paraíso fiscal funcione, pues, ha de ser pequeño, con pocos habitantes, bien localizado, con un sistema financiero grande, con doble nacionalidad, sin regulaciones, y una legislación opaca y protectora de la intimidad y de la soberanía. Las distorsiones que los paraísos fiscales causan a la economía y la sociedad mundial son inmensos. Gracias a ellos la persecución de los mercados ilegales y de graves delitos son más difíciles. Gracias a ellos perseguir el tráfico de personas, de armas, de drogas, o el terrorismo internacional es más difícil. Gracias a ellos, las grandes compañías mundiales gozan de una fiscalidad muy baja. Gracias a ellos hay una alta impunidad en la corrupción mundial. Y gracias a ellos hay una clase social mundial que es inmensamente rica porque esconde su dinero en paraísos fiscales. Sabiendo todo esto, que lo sabemos desde hace años y se ha intensificado en los años de la globalización financiera, lo escandaloso no es solo que los paraísos fiscales existan, sino que se esté tardando tanto en luchar contra ellos. Lo esperanzador es que se ha empezado y se ha dejado caer incluso alguno semicamuflado de economía respetable como Chipre. Lo malo es que aún queda mucho por hacer porque toda economía grande tiene asociado un paraíso fiscal. Lo estúpido es que no sea difícil acabar con ellos y vayamos a tardar la eternidad que tardaremos. Lo perverso es que llamamos "paraíso fiscal" a lo que, en realidad, es una "cloaca moral". 

Debates

Creo que una de las más curiosas características de nuestro tiempo es la superficialidad en nuestra percepción de la realidad. Los temas de los que hablamos y que configuran nuestra realidad social empiezan, casi siempre, por una noticia sensacional, un fantástico titular con dramatismo. Luego, puesto de moda el tema, se sigue un proceso clásico de explotación de la noticia repitiéndose durante dos o tres días lo mismo, creándose un "marco conceptual" y fijándose un mensaje. Finalmente, cuando ya se ha metido el tema en el debate partidista o ideológico y los políticos y tertulianos tienen una "solución", se deja de hablar de la cuestión para que, solo de vez en cuando y cuando interese, se recuerde la idea que se fabricó y la "solución" que se tiene. 

En general, el debate social, político y económico español es terriblemente superficial. No abordamos realmente lo que ocurre, no reflexionamos sobre lo que pasa y sus causas, no tenemos un discurso fundamentado, no sabemos los qué y los porqué de la realidad. Ni siquiera somos capaces de tener una cierta fijeza sobre las cuestiones, más allá de lo que dura una temporada de medios de comunicación. En este país, no tenemos (con alguna salvedad, como el de la Universidad) la costumbre de los "libros blancos" de expertos sobre un tema. Informes que analicen con una cierta objetividad y rapidez las cuestiones que nos preocupan y aporten posibles vías de solución, para, después de un debate serio y fundamentado, tomar decisiones que resuelvan los problemas. En el Reino Unido, en Alemania, en Francia o en Bruselas hay, en estos momentos y que yo sepa, no menos de cinco o seis comisiones o grupos estudiando temas como Europa, envejecimiento, tecnología y universidades, estado del bienestar, terrorismo, paraísos fiscales, etc. 

Igual me equivoco, pero yo no he oído, por ejemplo, que el Gobierno haya nombrado, en diálogo con otros partidos, una comisión nacional que analice la organización territorial y una posible reforma constitucional. Los nacionalistas catalanes siguen la hoja de ruta que marcaron sus teóricos en los noventa después de estudiar muchos casos de construcción nacionalista en la Europa del siglo XX. El PSOE anda inventando una propuesta de "federalismo con singularidades". El PP no sé si está elaborando algo más allá de lo que publicó la FAES en su momento. Ante estas iniciativas dispersas y, en muchos casos, superficiales, ¿no sería más sensato encargar un buen informe que evalúe qué competencias tiene quién y cómo las ejerce, que haga una propuesta de ordenación y, si hace falta, hacer una reforma constitucional? Es lo que hicieron los alemanes en su reforma de 2006. 

Como me parece que deberíamos encargar un buen libro blanco sobre la corrupción y las fuentes de corrupción en España y abordar las reformas legales pertinentes. E igualmente me parece que sería bueno que, como se hizo en los ochenta con una tasa de paro 10 puntos por debajo de la actual, un informe sobre el mercado de trabajo español que cimente un plan de reforma coherente. Como sería bueno un informe sobre las pensiones y la sostenibilidad del sistema o sobre el sistema educativo o sobre política exterior. Me temo que para abordar problemas tan graves no es de recibo leer solo informes o papers muy concretos de determinados think tanks de la misma cuerda ideológica. 

Sé que estoy pidiendo algo casi imposible, porque en un país tan partidista y escolástico, en el que prima más la ideología que la competencia intelectual y en el que juzgamos lo que se dice más por quién lo dice que por lo que se dice, es muy improbable que aceptemos una mirada desapasionada sobre la realidad. Pero creo que empezar por abordar seriamente los problemas es el primer paso para resolverlos, porque sin análisis no hay posibilidad de solución. Lo demás es como fiar la curación de una enfermedad grave a lo que opinen "mis" amigos en un twitter. 

13 de mayo de 2013