Desigualdad y crisis

Llevo años diciendo que, para que un análisis económico esté completo, es necesario incluir medidas que reflejen cómo evoluciona la distribución de la renta. Porque no se trata sólo de saber cómo y cuánto crece o decrece el PIB, sino también de para quién crece o decrece. Con medidas de distribución, que son también de desigualdad, sabríamos si una economía se va haciendo más o menos igualitaria en el tiempo, algo que es social, política y económicamente relevante. 

La desigualdad en la renta personal, la que realmente importa, en la economía española venía aumentado desde finales de los noventa, había mejorado mucho en el boom de principios de siglo y ha vuelto a empeorar gravemente con la crisis. 

La razón principal de este empeoramiento de la desigualdad en nuestro país está en el mercado de trabajo. Porque es el mercado de trabajo el primer distribuidor de renta y la primera fuente de desigualdad a través de dos mecanismos: la tasa de paro/ocupación y la distribución de salarios. La subida del paro, desde ese lejano 10% de 2007 hasta el casi 26% de este último trimestre, ha hecho descender drásticamente la renta de 3,7 millones de personas frente a los que mantienen su puesto de trabajo. Más aún, la persistencia de este paro por más de dos años ha hecho que más de 2 millones de personas hayan pasado de un salario más o menos digno a una "prestación por desempleo", para llegar a una mermada "ayuda familiar". Hay un millón incluso que, tras recorrer ese camino, han perdido toda ayuda pública y viven de sus escasos ahorros, de la ayuda de su familia y de las instituciones sociales. Por otro lado, las rentas salariales se están distribuyendo más desigualitariamente pues, mientras se mantienen relativamente estables los salarios de los trabajadores de alta cualificación, bajan los de los funcionarios (más a mayor cualificación) y, muy especialmente, los de los trabajadores sin cualificar del sector privado. La brecha entre los salarios más altos y los más bajos, el rango salarial, tanto antes como después de impuestos, ha aumentado significativamente, lo que profundiza la desigualdad en nuestra economía. 

La segunda razón por la que ha aumentado la desigualdad en la crisis está en la desaparición de casi 1,2 millones de empresas, lo que ha evaporado la riqueza de muchas familias y, con ella, la posibilidad de generar renta. La desaparición de millares de pequeñas empresas del sector de la construcción, inmobiliaria o industria auxiliar (ladrillos, puertas, fontanería, muebles, etc.) está siendo otra fuente clave de crecimiento de la desigualdad, pues depaupera a una pequeña burguesía emprendedora que sostenía una parte importante de nuestra economía. 

Finalmente, la crítica situación de las cuentas públicas, además de empeorar significativamente la distribución, por el deterioro del salario de los funcionarios y el recorte de subvenciones en muchos sectores, está impidiendo el cumplimiento de la función de redistribución que, en las economías avanzadas, tienen tanto el gasto público como la estructura de impuestos. 

Y es que, además de los problemas distributivos del gasto, las decisiones de nuestro Gobierno sobre impuestos, lejos de mejorar la distribución, la están empeorando al hacer un especial hincapié sobre la imposición indirecta. 

Si distribuyéramos las causas anteriores territorialmente veríamos por qué, en paralelo a una peor distribución personal de la renta, se está produciendo una mayor brecha entre territorios, pues aquellas comunidades, como Andalucía, con mayor tasa de paro, más porcentaje de funcionarios y de trabajadores de baja cualificación en el sector privado, y menos industria han visto caer más su renta que aquellas, como el País Vasco, que tienen menos paro, más sector privado, más obreros cualificados y más industria. 

El aumento de la desigualdad en la distribución de la renta personal es uno de los efectos más graves de la crisis. Haríamos bien en ir prestándole atención, más allá de debates estériles, pues será una de las heridas de la crisis que más tardaremos en cicatrizar. 

Tres problemas europeos

No nos damos cuenta, pero la economía europea, la de los 28 países que integran la Unión Europea, es la segunda economía más grande del mundo. Es algo menos del 20% del PIB mundial, algo más pequeña que la norteamericana y mucho más grande que la economía china. Más aún, la economía europea tiene intercambios exteriores que suponen casi un 30% del total de comercio mundial. Y por estas dos variables, cuando la economía europea tiene problemas, la economía mundial tiene problemas, porque su crecimiento pesa mucho en el crecimiento mundial y porque de su crecimiento dependen economías productoras de materias primas como Rusia, Oriente Próximo, África o, en parte, Latinoamérica. De ahí que las principales instituciones económicas mundiales reclamen, cada vez con mayor intensidad, no sólo más Europa, sino mejor Europa, es decir, no sólo que se refuerce la Unión, sino que las políticas sean cada vez más europeas. 

Europa tiene varios problemas económicos graves de los que su lento crecimiento en los últimos años y el lento crecimiento previsible en los próximos años es sólo una manifestación. Creo que hay tres problemas económicos de fondo de los que los europeos debiéramos ser conscientes: la debilidad institucional, que impide tomar decisiones de dimensión europea y se agrava por la ausencia de liderazgos europeístas; el modelo de crecimiento, que está agotado; y los graves desequilibrios. 

Europa no puede hacer buenas políticas económicas mientras no superemos el diseño intergubernamental y lo sustituyamos por una verdadera unión política federal (¡qué oportunidad perdimos con la Constitución europea!) en la que un gobierno europeo tenga opciones de hacer políticas económicas para el conjunto de la Unión. Mientras creamos que Europa es un juego de suma cero en el que cada uno va a defender sus intereses y nadie defiende los intereses del conjunto no construiremos realmente Europa porque no haremos políticas europeas. Como no las hacemos, y en esto se equivoca Alemania, fijando reglas rígidas iguales para todos, pues nuestras economías no son iguales y es bueno que no lo sean. 

Europa no puede hacer buenas políticas económicas porque su modelo de crecimiento, basado en un permanente proceso de ampliación ha llegado a su límite. Una parte importante del crecimiento europeo de los últimos años se ha basado en los procesos de ampliación porque una ampliación suponía un crecimiento del consumo y de la inversión para los países que se adherían (normalmente, más pobres), al tiempo que suponía un crecimiento de las exportaciones de los países más ricos, con lo que todos crecían por el crecimiento del mercado y las economías de escala. Europa, tras la ampliación hacia el Este, ya no tiene economías interesantes a las que ampliarse, máxime cuando realmente no quiere la integración de Turquía y está claro que no puede ir más allá en Ucrania por la violenta oposición de Rusia. Europa ha de ir a un modelo de crecimiento integrado en el que realmente se construya una economía europea y unos mercados europeos o estará condenada a bajo crecimiento durante décadas. Se trata de superar el concepto de mercado único, por el que se consideró que dos mercados sin aranceles ya constituían un mercado único, para sustituirlo por un concepto más moderno por el que cualquier empresa europea es también "nuestra". 

Finalmente, Europa no hará buenas políticas económicas mientras no sea capaz de enfrentar los graves desequilibrios de fundamentos económicos y financieros que la crisis ha agravado. Pero, curiosamente, para eso se necesitaría resolver los dos problemas anteriores. 

A poco más de un mes de las elecciones europeas, creo que sería bueno que empezáramos a hablar de Europa, porque esta vez, de las personas que escojamos, va a depender el que se aborden o no los problemas reales de Europa, de los que depende, no sólo nuestra salida de la crisis, sino una parte importante de la economía mundial. Por eso, no ir a votar en las europeas no debiera de ser una opción. 

¿Deflación? No, gracias

Dentro del conjunto de variables que describen el funcionamiento de una economía hay unas un tanto especiales que llamamos equilibrios. Estas variables son, fundamentalmente, cuatro: las variaciones de los indicadores de precios, la tasa de paro, el saldo presupuestario y la posición financiera de las administraciones públicas. La particularidad de estas variables, frente a las de actividad (PIB, saldo exterior, etc.), es que decimos que van bien cuando sus valores están cercanos a cero. 

Así, lo ideal es que las variaciones de los precios estén entre el -1 y el +2, porque eso supondría que son estables en el tiempo; como lo ideal sería que la tasa de paro fuera cero, porque supondría que todo el mundo trabaja; como lo ideal es que el saldo presupuestario y la posición financiera fueran cercanas al cero, porque eso supondría que los impuestos son suficientes para cubrir los gastos públicos. Una economía tiene problemas cuando estas variables se alejan mucho del cero. 

En el frente de los precios, lo ideal es que los precios no suban más de un 1,5 o 2% anualmente y, desde luego, que no bajen de un 1%. Si los precios suben más del 2% decimos que tenemos inflación, y eso es malo porque la inflación distribuye renta entre aquellos sectores que pueden repercutirla (monopolios, sectores protegidos) y aquellos que no (trabajadores, pensionistas, etc.), y porque, en comparación internacional, todo diferencial de inflación lleva a pérdida de competitividad y a paro. Las grandes inflaciones latinoamericanas de los ochenta son una de las causas de las desigualdades en estos países, como parte de nuestro paro actual se debe al diferencial de inflación que tuvimos frente a nuestros competidores en el periodo del boom económico. La inflación es una enfermedad relativamente corriente, pero hoy, con los niveles de globalización y los instrumentos monetarios de los que dispone cualquier banco central, no es difícil de mantenerla controlada. En este siglo XXI, por ejemplo, ningún país desarrollado ha vivido inflaciones superiores al 6%, como no ha habido, en todo el mundo y en este siglo, nada más que siete economías que hayan tenido inflaciones superiores al 15%, entre ellas Venezuela y Argentina actualmente. 

La deflación, por el contrario, o sea, la caída generalizada de los precios de los bienes y servicios, es, frente a lo que pudiera parecer, una enfermedad grave, rara y peligrosa: grave, porque una caída de los precios lleva a una pérdida de ingresos de las empresas, lo que supondría una caída de su actividad y pérdida de puestos de trabajo; rara, porque en todo el siglo XX solo la vivieron las economías desarrolladas al inicio de la década de los treinta y fue lo que provocó la Gran Depresión; y Japón en los primeros noventa y le llevó a su largo estancamiento; y, finalmente, peligrosa, porque en economías abiertas no es posible atajarla con medidas estándar y lleva a una pérdida de confianza que suele tardar en curarse. 

Una inflación se cura con tipos de interés altos, que reducen el flujo monetario, y control de costes mediante flexibilidad en el mercado de trabajo, competencia en los de bienes y servicios, apertura exterior y desregulaciones. Una deflación, aunque es el fenómeno contrario, no se cura con las medidas inversas porque los tipos de interés no pueden ser negativos (¿alguien prestaría para recibir menos dinero en el futuro?), es absurdo solidificar los mercados e imposible cerrar las economías. Una deflación solo tiene una cura y es una "inyección directa" de dinero en la economía. 

Por eso, hace bien el Banco Central Europeo es estar "unánimemente preparado" (es decir, Alemania no se opone) para tomar medidas "no convencionales" (o sea, a darle a la máquina del dinero) si la economía europea entrara en peligro de deflación. Y hace bien porque una deflación sí que haría de esta crisis una crisis europea y no solo de los países del Sur. 

7 de abril de 2014 

Un buen informe, una mala politica

La última semana he leído las 436 páginas del "Informe de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario Español". Un informe sobre el que se ha escrito con profusión, especialmente sobre las conclusiones de su resumen ejecutivo. Mi opinión del informe es que es un magnífico ejercicio académico, más jurídico que económico, con el que discrepo por algunas de sus orientaciones. Y es que lo criticable del informe no son tanto las conclusiones, sino los fundamentos sobre los que se asienta. Mi discrepancia no está tanto en las medidas, muchas de las cuales mejorarían el sistema fiscal actual, sino en la estrategia fiscal que subyace. 

El Gobierno le pidió a los expertos que buscaran cómo hacer un sistema fiscal sencillo, suficiente para financiar el gasto público, que colabore en el crecimiento económico y en el desarrollo social. Unos criterios contenidos en la Constitución. 

Para hacer un sistema sencillo y suficiente lo mejor es un sistema que grave el conjunto de la economía y, para ello, un sistema que acerque las bases económicas a las bases fiscales. Esto supone eliminar las excepciones en las bases imponibles de los distintos impuestos y ampliarlas. Un principio cuya aplicación supone la recuperación de la "equidad horizontal" por la que hechos económicos iguales se deben gravar de igual forma. La concreción de este principio, por ejemplo, lleva a los expertos a sugerir la eliminación del sistema de módulos en el IRPF (con algunas excepciones), la actualización del cálculo de los beneficios empresariales en el Impuesto de Sociedades o a la limitación de la capacidad tributaria de las Comunidades Autónomas. Y, con algunos matices, con las aplicaciones de este principio estoy de acuerdo. 

Con lo que no estoy tan de acuerdo es con el tratamiento que se hace de la "equidad vertical", es decir, del principio de que a diferencias de renta debe haber diferencias de tratamiento impositivo o, lo que es lo mismo, que el esfuerzo fiscal de los que más tienen sea mayor que el de los que tienen menos. Para los expertos del Gobierno el sistema impositivo tiene una escasa incidencia sobre la redistribución de la renta, mientras que es el gasto público el que genera la redistribución. Una idea errónea como se puede demostrar con una simple simulación en Excel. El sistema fiscal tiene una fuerte incidencia en la distribución de la renta a largo plazo y la progresividad fiscal debe, en mi opinión, ser uno de sus principios inspiradores. Un segundo error del informe es considerar que los ingresos indirectos son "neutrales" a efectos distributivos, cuando es también posible demostrar que eso es cierto ex ante , pero que son regresivos ex post , es decir, para los expertos, el IVA es un impuesto sin efecto distributivo sencillamente porque el tipo que se paga es el mismo sea cual sea la renta de la persona que compra, pero lo que obvian es que el esfuerzo fiscal de cada consumidor es diferente en función de su renta. Mi tercera discrepancia con los expertos es que el modelo macroeconómico en el que se basan es un modelo antiguo en el que el nivel de desigualdad no influye en la tasa de crecimiento potencial de una economía, lo que es también erróneo. Finalmente, discrepo de los expertos, y es más puntual, en su ligero tratamiento de los efectos que las cotizaciones sociales tienen sobre el paro. Por estas cuatro razones estoy en desacuerdo con algunas propuestas, pero más con la estrategia que sugieren de subir la imposición indirecta para bajar la directa, porque su única ventaja es la estabilidad recaudatoria, mientras que se desprecian importantes efectos distributivos, económicos y sociales a medio plazo. 

En definitiva, el informe es un buen ejercicio académico que servirá de coartada para algunas medidas, pero que no deja de ser un informe que es deudor, como todos, de los objetivos y restricciones con los que se encargó. 

28 de marzo de 2014 

Parches

En el debate del estado de la nación de la semana pasada, el presidente Rajoy habló solo de economía. Casi nada dijo de verdad de política exterior (¿qué fue del problema de Gibraltar?, ¿los problemas de inmigración no son problemas de desarrollo en África?), muy poco de políticas de bienestar (¿nada hay que decir de la educación o la sanidad?), hizo de pasada una referencia a la política de justicia y no hizo ninguna a las políticas polémicas del último año. Para Rajoy, los problemas de la nación son solo dos: el secesionismo catalán y la crisis económica. Y mientras estoy de acuerdo en su política para tratar el primer problema, para el segundo creo que es necesario algo más que un discurso de triunfalismo, un anuncio de bajada de impuestos y eslogan copiado de las telefónicas. 

El discurso fue, en mi opinión, débil, pues repitió las ideas que lleva diciendo desde mayo y que se pueden resumir en una frase: la economía española está saliendo de la crisis, gracias al esfuerzo de los españoles y por las reformas que el Gobierno ha puesto en marcha. La conclusión lógica es que hay que tener paciencia, porque la recuperación está a la vuelta de la esquina. Y anunció dos medidas que calientan el ambiente electoral: una rebaja del IRPF y una "tarifa plana" para las cotizaciones sociales. 

De la rebaja del IRPF, un mero anuncio efectista, poco se puede opinar hasta que leamos la letra pequeña y la enmarquemos en la "gran reforma" fiscal que nos augura el informe de los "expertos". Aunque mucho me temo que, por razones electorales, será una reforma incompleta. 

De lo que sí hay mucho de lo que hablar es de la "tarifa plana" de 100 euros en las contingencias comunes de las cotizaciones de la Seguridad Social a cargo de la empresa. Una medida vendida como una bomba y que tendrá, en mi opinión, un efecto limitado por tres razones: porque es una bajada temporal de cotizaciones (prorrogable según el Gobierno), por solo dos años para empresas medianas, tres para microempresas, y para contratos que se hagan este año; porque es para contratos indefinidos, los contratos a los que temen los empresarios por los costes de despido; y, en tercer lugar, porque solo pueden acceder a ella las empresas que no hayan tenido ningún despido improcedente en los últimos años, y eso son muy pocas empresas porque es muy usual pactar despidos improcedentes. En definitiva, una medida que busca mejorar en lo que sea las cifras de paro, pero que es un parche, uno más, para el mercado de trabajo. 

Lo positivo de los dos anuncios es que parece que el Gobierno se empieza a dar cuenta, dos años y medio después, de que es necesario hacer una reforma fiscal de calado, algo más que subir los tipos de IVA y de IRPF, porque con la estructura de impuestos que tenemos no solo no se recauda lo que se debe por el fraude, sino que la carga se reparte mal e injustamente. El problema es que mucho me temo que no se atreva a hacer una verdadera reforma que, además de tocar el IRPF y Sociedades, reduzca a la mínima expresión ese impuesto indirecto que son las cotizaciones sociales. Creo, por lo que se va anunciando, que lo que se nos va a vender no sea una reforma impositiva auténtica, sino nuevos parches. 

Pero lo realmente negativo es que el Gobierno sigue sin darse cuenta que hay reformar en serio la parte del gasto. ¿O es que toda la reforma del gasto es bajarle el sueldo a los funcionarios y paralizar la obra pública? Creo que en esto andan, incluso, parcheando más que con los impuestos. 

Y no es una política fiscal de parches lo que necesita una economía en su sexto año de crisis, con 6 millones de parados y una deuda pública rozando el 100% del PIB. 

Argentina, de nuevo

En todas las facultades de economía del mundo debiera ser obligatorio estudiar la economía argentina. Y no por lo brillante de su desarrollo, sino por la cantidad de errores de bulto que son capaces de acumular, empezando por una simple mentira estadística de mucho calado, siguiendo por una política fiscal que les lleva a la quiebra y por una política intervencionista que hace imposible salir de su círculo vicioso de estancamiento. Argentina tenía, hace solo medio siglo, más renta per capita que España y hoy tiene menos de la mitad de la española. 

El primer error grave que vienen cometiendo los argentinos es de manipular las estadísticas. En 2007, el Gobierno del presidente Kischner decidió que en vez de elaborar el IPC siguiendo los criterios internacionalmente aceptados, lo iban a sustituir por un indicador de precios oficial, siguiendo criterios políticos. Los organismos internacionales, empezando por el Fondo Monetario Internacional y terminando por medios como The Economist, protestaron por el apagón estadístico, pero de nada sirvió. El Gobierno argentino pretendió con el cambio aminorar la carga de su deuda pública (en vez de controlar su déficit), ya que al manipular el índice de precios, reduciéndolo, se controlaba el tipo de interés, con lo que se reducía el coste de la financiación. Por otra parte, si el índice no pasaba de un determinado nivel, alrededor del 10%, no se incurría en la penalización de revalorización del principal de la deuda a la que se había comprometido el Gobierno. Penalización a la que se comprometieron porque, en teoría, evitaba la tentación, en la que han caído, de una inflación alta. Finalmente, se tomó la decisión para vender la reducción de la pobreza como un éxito del gobierno, pues el índice de pobreza en la Argentina se calcula a partir de descontar la tasa de inflación "oficial" de los salarios monetarios, lo que ha dado como resultado que, durante la presidencia de la señora Fernández de Kischner la pobreza se haya reducido, de manera "oficial", en más de 12 puntos. 

La consecuencia de la mentira estadística, no solo en el IPC sino en todas las variables, ha sido la absoluta pérdida de credibilidad de la política económica. Por eso, Argentina es una economía imprevisible, de alto riesgo, excluida de los mercados financieros internacionales, con graves problemas de financiación y de gestión, lo que les lleva a tomar decisiones arbitrarias como la expropiación de YPF (con lo que pretendían apañar un problema de déficit público), la prohibición de importaciones superiores a 50 dólares o un sistema fiscal expropiatorio para algunos sectores. Con estadísticas falsas y una inflación real de casi el 30%, la situación económica es caótica. Los precios de los productos importados se elevan continuamente, lo que genera problemas de balanza de pagos, que el Gobierno pretende limitar con prohibiciones de importación absurdas, lo que genera escasez y nuevas subidas de precios. Por otra parte, los productos argentinos son cada vez menos competitivos exteriormente, lo que genera nuevos problemas de balanza de pagos que no pueden financiar, salvo emisión de moneda. La espiral inflacionista no ha hecho nada más que empezar (como ocurrió en Venezuela hace tres años) y, además de repartir renta a favor de aquellos sectores que tienen poder sobre los precios haciendo su distribución más desigualitaria (parece mentira que no aprendieran eso de los ochenta), genera pobreza y paro en el medio plazo. Lo que les lleva a la mentira estadística sobre el paro (que también amañan) o, como vienen haciendo desde hace años, en el PIB. Los argentinos, abocados a una crisis por el funcionamiento de su economía, se precipitan en ella porque no saben ni siquiera qué está ocurriendo. 

Gestionar estadísticas falsas tiene como resultado una política económica absurda. Es como apañar pruebas médicas. Puede uno hacerse la ilusión de que nada pasa, pero la enfermedad sigue su curso. Y, en el caso de la Argentina, su enfermedad se llama crisis. 

Medio llena, medio vacía

El juicio sobre una situación económica ha de basarse en un conjunto de datos que reflejan el funcionamiento de esa economía. Un conjunto de datos que abarquen toda la realidad económica y financiera, que incluyan ratios de equilibrio y eficiencia, y su evolución a lo largo del tiempo. Reducir la complejidad de la coyuntura de una economía a eslóganes orientados según se sea gobierno u oposición es algo común en la política, pero es una simplificación que desorienta y genera desconfianza. 

¿Cómo va la economía? ¿Estamos realmente saliendo de la crisis? Estas son dos preguntas que todos los días nos hacen a los economistas, porque los políticos, con su credibilidad bajo cero, dan mensajes contradictorios. Para el Gobierno, hemos pasado lo peor de la crisis gracias a sus políticas, estamos en la senda de la recuperación y pronto se creará empleo. Para la oposición, se ha mejorado algo la situación gracias a Bruselas, la recuperación es aún titubeante y el empleo tardará en llegar y será precario. Y cada uno de ellos lleva razón en una de sus afirmaciones, dice una verdad a medias en otra y sabe que "dulcifica la verdad" en una tercera. 

Lleva razón el Gobierno cuando dice que lo peor ya ha pasado porque de los 110 indicadores básicos de la economía, que llegamos a tener en negativo 105 en 2012, hay hoy más de 70 en positivo: el PIB está creciendo lentamente, la demanda interna lo hace en todas sus partidas (salvo consumo público y débilmente en inversión), el sector exterior mejora, como mejora la productividad o las ratios financieras (prima de riesgo, bolsa) y de saneamiento, como va bien la inflación. Lleva razón cuando se arroga la mayor parte del mérito en haber evitado el precipicio. Y en lo que lleva razón el Gobierno, se equivoca la oposición, no reconociendo que la política de consolidación fiscal y salvamento del sistema financiero han sido decisiones acertadas (con matices) a las que ellos se opusieron. 

Pero siendo esto cierto, no es menos cierto que la recuperación será sólo del 0,5-1% este año, con una lenta aceleración para el 2015, lejos de las tasas a las que debemos crecer para crear realmente empleo, por lo que hablar de "recuperación" es un poco exagerado. Y ahí lleva razón la oposición cuando le recrimina al Gobierno su optimismo. 

Sin embargo, en lo que más "dulcifica la verdad" el Gobierno y lleva razón la oposición, es en la mejora del mercado de trabajo. Porque si bien se está reduciendo la tasa de paro, el Gobierno no dice que esta reducción se debe a la caída de la población activa, a la creación de empleo temporal (más del 80% de los nuevos contratos) y a la reducción salarial. Como no reconoce que esta situación se va a prolongar mucho tiempo, en gran medida porque la recuperación real tardará en llegar y porque ni el Gobierno ni la oposición tienen un plan de política económica que transforme nuestra economía. Más aún, la conversión del crecimiento de la actividad en empleo, que es lo que realmente le preocupa a la ciudadanía, será lenta muchas razones: por la forma en la que estamos creciendo, en el sector exportador industrial (de baja absorción de empleo) y en el turismo (de alta temporalidad); porque hemos perdido más de un millón de empresas; por las bajas expectativas de crecimiento de la demanda del empresario medio, sus dificultades para financiarse (especialmente en su circulante) y su desconfianza hacia la contratación indefinida; y porque el Gobierno no sabe cómo hacer una política incentivadora de empleo, y para prueba la última subida encubierta de cotizaciones. 

Los políticos pueden contar que el vaso está medio lleno o medio vacío, la obligación de los economistas es decir el número exacto de centilitros de líquido que hay en él en cada momento. Si es mucho o es poco dependerá de quién se lo esté bebiendo.