Impuestos y elecciones

Ahora que ya estamos en campaña electoral han empezado a aflorar propuestas de los distintos partidos políticos sobre los más variados temas. Temas que van desde asuntos de enjundia como la política exterior o antiterrorista, pasando por la política económica y de bienestar, hasta llegar a minucias que, sin afectar a la vida de la ciudadanía, serán objeto de debate partidista por la impresión que causan entre los votantes. 

Uno de los temas fundamentales sobre el que tendremos propuestas será el de la política fiscal, tanto de los impuestos como de los gastos, y sobre ambas cosas habrá más ideología y eslóganes que pensamiento. En el frente de los impuestos lo que nos van a contar está casi esbozado. El PP nos contará como "grandes" reformas los simples retoques que ha hecho en distintos impuestos; el PSOE nos propondrá derogar lo que haya hecho el PP, sin más argumento que lo hecho "beneficia a los ricos"; Ciudadanos ya nos adelanta que hará una reforma fiscal profunda, pero solo hace una propuesta de retoques ambiguos en la estructura impositiva y una referencia a las Sicav; UpD, como siempre, "no sabe no contesta" en temas de política económica; Podemos ya se despachó con un documento más ideológico y panfletario que económico en la propuesta de noviembre; y, finalmente, IU propondrá, pues aún no lo ha hecho, una serie de eslóganes similares a los de Podemos. Todos harán mucho hincapié en la lucha contra el fraude (cuando no saben ni siquiera que hay una parte de fraude derivado de la estructura económica y otro derivado de la estructura impositiva) y todos hablarán de un reparto "justo" de la carga tributaria. Lo que ninguno hará será hablar seriamente del conjunto de impuestos que pagamos, ni de su distribución personal, en gran medida, porque desconocen la realidad tributaria y la miran con orejeras ideológicas. 

Para que nos hagamos una idea de lo que pagamos los españoles de impuestos basten unas cifras, referidas al 2013, por ser el último año que tiene datos ajustados casi completos. En el ejercicio del 2013, las familias españolas pagamos a las distintas administraciones la cantidad de 328.022 millones de euros. A esto habría que sumar otros casi 35.000 millones derivados de ingresos de organismos autónomos, tasas, precios públicos, etc., así como de los ajustes de impuestos de entidades locales que no se contabilizan agregadamente. En total, la ciudadanía pagó unos 363.000 millones de euros, un 35,5% de la renta que generó. 

Pero siendo alto el volumen total pagado, que no lo es para parámetros europeos, lo llamativo está en la distribución de esta carga, pues de los 363.000 millones, pagamos en impuestos directos, progresivos, 98.000 millones (el 27%); en impuestos no directos, pero con una cierta progresividad, unos 61.000 millones (el 16,8%); y en impuestos indirectos (cotizaciones sociales más impuestos indirectos puros), claramente regresivos, la friolera de 204.000 millones (el 56,2%). Si tenemos en cuenta que el IRPF, el principal impuesto directo de nuestro país, solo recauda 69.000 millones, y que, además, no distribuye correctamente la carga, pues prácticamente lo pagan los asalariados, no hace falta hacer demasiados números para deducir que el sistema impositivo español no solo es insuficiente para llegar al equilibrio presupuestario, sino que reparte muy mal la carga fiscal porque es globalmente regresivo (es decir, que pagan más en proporción los que menos tienen). Una regresividad que afecta, a su vez, a su propia sostenibilidad. Si a esto se le suman sus efectos secundarios negativos, como la excesiva carga fiscal del factor trabajo, lo que provoca alrededor de un 5% del paro, o los agujeros legales que facilitan la ocultación de rentas y el fraude fiscal, creo que habría mucho que hablar, más seriamente y con menos ideología de lo que van a hacerlo nuestros políticos en los próximos meses. 

Pero, claro, para ello tendrían que estudiar política fiscal y no vivir alimentados de resúmenes de prensa y tuits. 

23 de febrero de 2015 

Hablando de Grecia seriamente

La situación de la deuda griega se puede resumir de la siguiente forma: Grecia, un país de 11 millones de personas, tiene una deuda pública total de unos 320.000 millones, lo que supone el 175% de su PIB. De esta deuda, unos 185.000 millones se lo debe a los Estados miembros de la Unión Europea (unos 60.000 de los cuales los aportó Alemania y unos 25.000 España), otros 55.000 millones al Banco Central Europeo y al Fondo Monetario Internacional, y el resto, casi 80.000, a la banca privada griega, italiana y británica y a fondos de inversión norteamericanos. Gracias a que la mayoría de esta deuda se la debe a los Estados miembros de la zona euro, el tipo de interés medio que paga por su deuda es del 2,2%, frente al 2,4% de España, y el plazo de amortización está en 16,4 años, frente a los 7,3 de España. Es decir, los gobiernos europeos, y, a través de ellos, los ciudadanos de los demás países de la zona euro, han refinanciado la deuda de los griegos, dándole más tiempo para pagarla a un tipo de interés más barato. A cambio se les pidió que, en un plazo de cinco años, hicieran reformas para no endeudarse más y que aceptaran la supervisión de unos técnicos (la famosa troika) porque, escarmentados con las falsas estadísticas griegas, nadie se fiaba de sus datos. 

El problema es que los griegos, a pesar de algunas reformas como atrasar la edad de jubilación a los 65 años, despedir al 15% de los funcionarios y bajar los sueldos un 20%, siguen necesitando unos 8.500 millones de euros anuales para cuadrar sus cuentas, fundamentalmente porque no han priorizado correctamente su gasto público (un 4,5% de PIB de gasto militar), no han atajado la corrupción ni el fraude fiscal (el más alto de la UE) y tienen una economía rígida, intervenida y estancada, lo que da como resultado una tasa de paro del 25%. 

Ante esta situación, el Gobierno de Syriza considera que el problema de la sostenibilidad de la deuda griega es que la economía griega no crece. Para crecer, sostienen ellos, Grecia necesita una política fiscal expansiva (readmisión de funcionarios, subidas salariales, etc.) que, aunque les llevará a incurrir en nueva deuda, es la única solución para arrancar la economía. Por eso, Tsipras siempre pidió el perdón de parte de la deuda vieja, para volver a incurrir en deuda y poder "resetear" su economía. El problema es que nadie se cree este razonamiento (muy al "estilo Krugman") porque el problema de fondo de la economía griega es su escasa competitividad, su rigidez, su gigantesco sector público y la ausencia de credibilidad. Y no es precisamente Syriza la opción política más creíble para hacer competitiva la economía griega. 

El razonamiento europeo es diferente. Es cierto que Grecia necesita crecer para pagar su deuda, pero para que crezca, lo que tiene que hacer es mantener sus compromisos para ser creíble y reformar su economía para ser más competitiva. Si hace ambas cosas, seguirá recibiendo liquidez para funcionar y se podría ampliar el plazo de pago, ya que no es aceptable ninguna quita, puesto que es dinero de los contribuyentes europeos, y no se pueden bajar más los tipos de interés. 

Como los griegos no pueden acudir a los mercados internacionales (su prima de riesgo es excesiva), Rusia y los árabes no están para dar financiación "de Estado" y China exige contrapartidas difícilmente asumibles por los nacionalistas, me temo que no tienen más remedio que sentarse a negociar con Bruselas, Frankfurt y Berlín. 

Una negociación a la que se puede ir sin corbata y con la camisa por fuera, pero a la que sería conveniente que los griegos fueran con humildad y realismo. Entre otras cosas, porque no creo que la señora Merkel y su ministro Schäuble se dejen impresionar por unos tipos que les deben 60.000 millones de euros a sus votantes. 

9 de febrero de 2015 

El último empujón

Cinco años después de que lo hicieran los norteamericanos, dos años después de pensarlo y seis meses después de anunciarlo, por fin, el Banco Central Europeo va a hacer lo que debería haber hecho ya: comprar deuda en los mercados, o sea, monetizar deuda. 

Las razones que han llevado al BCE a tomar esta decisión las explicó el presidente Draghi el jueves pasado: las expectativas de inflación y de crecimiento de la eurozona son negativas, por lo que es posible y necesario actuar. Es decir, el BCE no espera que en los próximos tres años crezcan los precios más allá del 1,5%, al tiempo que certifica el estancamiento actual de la economía europea. 

Estas expectativas negativas de inflación se deben a cuatro factores clave: en primer lugar, la caída del precio del petróleo que augura una época de energía barata; en segundo lugar, la integración de los mercados europeos, a pesar de lo que aún queda por hacer, lo que supone una mayor competencia y un menor riesgo de subidas de precios; en tercer lugar, el ajuste salarial al que hemos sometido a todas las economías europeas, y, finalmente, al pesimismo sobre el futuro de los europeos, lo que genera menores expectativas de crecimiento. Con petróleo barato, mercados competitivos, salarios estables y pesimismo sobre el futuro es muy difícil mantener el ortodoxo discurso de los riesgos inflacionarios. 

Descartados estos riesgos, primer objetivo estatutario del Banco, el BCE puede hacer una política monetaria expansiva que ayude al crecimiento económico. Y eso es lo que lleva intentando desde junio del pasado año, pero que se va a intensificar, porque la compra directa de deuda, en las cantidades que ha aprobado, supondrá una entrada de liquidez de la misma cuantía que las de los seis años anteriores. Una cantidad que es solo el 35% de la que inyectó la Reserva Federal norteamericana para activar su economía, pero que puede ser suficiente para empezar la reactivación europea. 

Los efectos de esta política expansiva son múltiples y serán tanto más profundos cuanto más acompañen otras políticas. Los efectos financieros del anuncio de hace unos meses y de la decisión de la semana pasada han sido inmediatos: los tipos de interés de referencia han bajado prácticamente al cero, la prima de riesgo de la mayoría de los países está en niveles precrisis, con la excepción de Grecia, y el euro cotiza por debajo de 1,2 dólares, lo que supone una devaluación de más del 15% en solo un año. Los efectos sobre la economía real se notarán en unos meses y, aunque sea tímidamente porque depende de la capacidad que tengamos de cambiar las expectativas, mejorará la situación de nuestra economía. Para empezar, la devaluación del euro supone un impulso a las exportaciones europeas, lo que activará las economías centrales que son las que venden en los mercados internacionales, y, en una segunda ronda, supondrá una mejoría en nuestras exportaciones. En segundo lugar, la financiación de los gobiernos y de las grandes empresas será más barata, lo que supone menores costes financieros, unos menores ajustes en el gasto público y una mejoría en las cuentas de resultados. Y, en tercer lugar, y dado que los bancos europeos, según los tests de estrés, están saneados, habrá más dinero para las pymes y las familias. El resultado final de estas consecuencias financieras debieran ser, en la economía real, crecimiento en el consumo y en la inversión, y una cierta mejoría de la tasa de paro en los próximos meses. Una mejoría que, a medida que se vaya cimentando la confianza, podría traducirse en una senda estable de crecimiento. 

Esta medida del BCE es un fuerte empujón para arrancar el motor de la economía europea. Un empujón que podrá en marcha el coche, si no pisamos el freno a las reformas y no cambiamos de dirección. Dos tentaciones que algunos tienen porque confunden la mecánica con la ideología. 

26 de enero de 2015 

El mensaje de Charlie Hebdo

Los atentados terroristas en Francia de la semana pasada no solo son graves por la muerte violenta de 20 personas. Son graves por lo que significan y por sus consecuencias. Todo acto social, entendido en sentido amplio, es, como sostiene Habermas, un acto comunicativo, que podemos analizar considerando que hay un emisor, un mensaje con información, un receptor y un contexto que permite darle significado. Comprendido ese significado, el mensaje tiene consecuencias. Todo acto social, y más de la gravedad del que ha ocurrido, tiene, pues, consecuencias políticas, sociales y económicas, sencillamente porque la vida social se altera. 

El emisor del mensaje de la semana pasada es uno de un conjunto de grupos violentos (Al-Qaeda, GIA, Hezbolá, etc.) cuyo origen no está solo en Oriente Próximo, donde realizan sus acciones más brutales (aunque nosotros solo les prestemos atención cuando nos afecta a nosotros), sino también en nuestras propias sociedades occidentales. Unos grupos violentos que comparten una ideología totalitaria, elaborada a partir de una interpretación radical del Islam. Su motivación no es religiosa, es política. La religión es para ellos una mera justificación para sus acciones, como algunas ideologías lo ha sido para otros totalitarismos, y un mecanismo de identificación con una amplia comunidad, a la que no representan. 

El mensaje que nos han dejado con la muerte de los periodistas de Charlie Hebdo es claro. Como totalitarios que son están en contra de la libertad de expresión tal y como la concebimos en las sociedades democráticas. Sin embargo, el mensaje tiene más significado si lo interpretamos dentro del contexto de los atentados terroristas más graves acaecidos en Occidente, tales como el 11-S de Nueva York, el 11-M de Madrid, el 7-Julio de Londres y este 7 de Enero en París, que han marcado la política de cada uno de los países que los han sufrido. Al escoger para sus actos violentos un símbolo (las Torres Gemelas o Charlie Hebdo) o un momento determinado (los días previos a las elecciones españolas de 2004 o en plena cumbre en el Reino Unido) nos están diciendo, además de conseguir más difusión, que su objetivo es atacar Occidente y lo que representa. Más aún, si tenemos en cuenta la guerra civil en Libia, Siria o Irak, y los atentados en Pakistán, Afganistán, India, Kenia, Líbano, etc, se puede deducir que su objetivo estratégico es la creación de un Estado Islámico totalitario, que se extienda desde Indonesia hasta Europa. Siguen en eso una pauta muy similar a la de otros grupos terroristas identitarios que, en un nivel mucho menor, hemos sufrido en pasadas décadas. La diferencia no está en la estrategia, sino en la escala, en el tamaño del conjunto de grupos y en las sociedades sobre las que operan. 

Los atentados de París no son un mensaje solo para Francia, sino para el conjunto de Occidente, aunque serán los franceses los que reaccionarán más claramente y, por eso, la sociedad que sufrirá más las consecuencias. Para empezar, habrá una inevitable subida de la islamofobia (que aprovechará el Frente Nacional de Marine Le Pen), nuevos debates sobre el laicismo y la identidad, un aumento de la seguridad y una mayor beligerancia francesa en las guerras anti-yijad en Africa y en Oriente Próximo. Puede que algo (poco) se resienta la economía francesa por las consecuencias sobre el turismo y por el aumento del gasto público en Interior y Defensa. Las consecuencias en otros países, como Alemania o el Reino Unido, serán similares a nivel político, pero son imprevisibles. 

Los atentados de París nos están diciendo con sangre que hay grupos terroristas radicales que amenazan a Occidente, a su ciudadanía y a sus instituciones. Y esto es un hecho sobre el que tenemos que reflexionar en España más seriamente e introducirlo en la agenda política, sencillamente porque somos Al-Andalus en sus libros de historia. Hagámoslo, antes de que nos lo digan con más mensajes de muerte. 

12 de enero de 2015 

Tiempos políticos inciertos

El año 2015 se presenta, en el plano económico, como una continuación lógica de 2014. La economía española crecerá entre el 1,5 y el 2%, los precios serán estables ("la inflación estará el entorno del 0%"), el déficit público se moverá entre el -4,5-5% (con una deuda pública superior al 100% del PIB), y estaremos (gracias a la caída el precio del petróleo) cerca del equilibrio comercial exterior. En lo que no mejoraremos significativamente es en el paro, no porque no se creen empleos (que habrá unos 250-350 mil netos nuevos), sino porque no serán suficientes para absorber la escandalosa tasa de paro que tenemos. La economía española está saliendo de la crisis, más por el inmenso ajuste que han hecho tanto las familias y las empresas, y, en parte, el sector público, que por el impulso de la política económica. Un ajuste que empieza a dar sus frutos y una política económica que ha ido en la dirección correcta, pero a la que le ha faltado valentía en las orientaciones reformistas (la política monetaria llega tarde, la reforma laboral ha sido tímida, y la fiscal, casi inexistente) y, sobre todo, objetivos claros, más allá de controlar la prima de riesgo, sanear el sistema financiero y cumplir compromisos con Europa. 

Mucho más inciertos son los tiempos políticos, aunque no afectarán demasiado a la evolución económica del año, porque las elecciones generales serán a finales de año y las primeras medidas del nuevo gobierno no tendrían efectos hasta el verano de 2016. Este próximo año tendremos casi completo el ciclo electoral, con sólo dos incógnitas: las elecciones catalanas ("plebiscitarias") que podrían adelantarse a primeros de marzo, y las andaluzas que podrían hacerse coincidir con las generales de noviembre de 2015. 

La incertidumbre en el terreno político viene, en mi opinión, determinada por tres hechos que condicionarán los resultados electorales: el enfado de la ciudadanía por los casos de corrupción, la percepción de que la mejoría económica no está llegando a la mayoría, y, finalmente, los posicionamientos electorales relativos. 

Estos tres ejes afectarán a los partidos de distinta forma. Así, el tradicional votante del PP enfadado se moverá entre el castigo de la abstención y el miedo a las opciones de izquierda, y puede que se conforme con abstenerse en las municipales y autonómicas y volver a votar a su partido en las generales. El votante tradicional del PSOE sigue enfadado con su partido, ya le fue infiel en las elecciones de 2011 (esencialmente absteniéndose) y ahora tiene más opciones que entonces. Esta vez no se quedará en casa y se dividirá entre UPyD (unos pocos), el mismo PSOE (los más moderados y tradicionales) y Podemos (una parte importante). El votante de IU se dividirá entre la fidelidad a sus siglas y la fuerza emergente de Podemos. Los abstencionistas de 2011 votarán, en mi opinión, a fuerzas de izquierda, mientras que los abstencionistas del 2015 serán los desencantados del PP. 

El resultado, incierto hasta que no se celebren cada una de las elecciones, será, en mi opinión, que en las municipales y autonómicas se puede producir un voto de castigo a los partidos tradicionales que estén gobernando, que no será de vuelco electoral porque Podemos no se presenta con su marca a estas elecciones, y porque las municipales son elecciones de voto a las personas y no a tanto a las siglas. Creo, pues que el crecimiento de Podemos se estabilizará a medida que vaya aclarando sus propuestas y porque el PSOE, que es con quien compite, es aún fuerte, especialmente en Andalucía. El PP podría, pues, gobernar una nueva legislatura, aunque en minoría y con apoyos puntuales. 

De cualquier forma, siendo sincero, estoy más seguro de las previsiones económicas del primer párrafo que de las políticas del último. No sólo porque los tiempos políticos sean inciertos, sino porque soy economista. Aunque, precisamente por eso, igual acierto en las segundas y fallo en las primeras. 

29 de diciembre de 2014 

Politica exterior china

Al mismo tiempo que los españoles vivimos enfadados por la corrupción y crispados por el separatismo, y como europeos nos alejamos del sueño colectivo de los Estados Unidos de Europea y ganan terreno los euroescépticos, hay países en el mundo con claridad de ideas que avanzan afirmando sus valores y cuidando de sus intereses. Valores e intereses que no son iguales que los nuestros y compiten con ellos, pero que no sabemos enfrentar, porque los europeos seguimos siendo localistas y hemos perdido la perspectiva del mundo. Quizás el caso más llamativo de claridad de ideas hoy sea China y la expresión más precisa de esta claridad sea su política exterior. 

El gobierno chino es consciente de que el primer problema que tiene es agrario, que la superficie de tierra de cultivo dentro de sus fronteras es insuficiente para alimentar a una población creciente. Este problema ha sido endémico en China y se agrava por el crecimiento lento de su población, pero rápido de su renta. Para resolverlo, China no sólo compra alimentos en los mercados internacionales, sino que, a través de sus gigantescas empresas públicas, está explotando tierra en África y América Latina, y se calcula que en el primer continente controla ya una superficie equivalente a una vez y media España, lo que lo convierte en el nuevo colonizador de África. 

Un problema similar al anterior es la creciente dependencia energética y de minerales estratégicos de la economía china. Una dependencia cada vez mayor que está resolviendo de una forma pragmática usando, en primer lugar, los mercados internacionales, y, en segundo lugar, los acuerdos comerciales con Rusia , Brasil, Perú y los Estados Unidos. Incluso llega más allá, al tener intercambios estatales con Irán y a intervenir directamente en África, como es el caso de Sudán, Congo, Tanzania, etcétera. 

Al mismo tiempo que los chinos necesitan de los mercados exteriores para mantener su consumo y producción, necesitan, dado su modelo de crecimiento hacia afuera, mercados exteriores para poder comerciar. De ahí el impulso que le han dado a la creación de los espacios de libre comercio en Asia y el Pacífico, con los que consiguen unos grandes y crecientes mercados como son Filipinas, Vietnam o Indonesia, al tiempo que la participación en este espacio de Japón, Corea y Estados Unidos les garantizan un importante flujo de tecnología. 

En paralelo con estas relaciones comerciales y de inversión directa, China es un importante actor financiero mundial, pues mantiene el mayor volumen de reservas de dólares del mundo, fruto de su superávit comercial de las últimas décadas, lo que lo hace especialmente importante para la estabilidad monetaria mundial. 

La política exterior china está, pues y como todas las políticas exteriores, dictada por sus intereses económicos a largo plazo. China ha sido, desde siempre y por su demografía, un actor regional relevante en Asia y, por ello, un actor mundial, aunque secundario. Fue a partir de la primera oleada de globalización de finales de los noventa que se ha ido consolidando como un actor mundial relevante por el potencial de su economía y su estrategia de desarrollo. Hoy es ya, junto con los Estados Unidos, el gran actor de la política mundial, porque al peso de su economía está uniendo la dependencia de todas las restantes economías del planeta y una clara voluntad de poder. China ocupa ya el papel que antaño ocupaban las viejas potencias europeas y compite con ellas por lo mismo, porque las debilidades de la economía china son las de las economías europeas, aunque las fortalezas de unos y otros sean diferentes. 

En esta competencia la verdadera ventaja de China es que sabe que compite, mientras que en Europa no lo sabemos mientras nos dividimos políticamente hasta el infinito. Con lo que llegaremos a culminar el proceso que iniciamos hace un siglo con la gran guerra europea: de serlo todo en el siglo XIX a no ser muy poco en el siglo XXI. 

15 de diciembre de 2014 

En los mundos de yupi

El viernes se publicó el programa económico de Podemos, titulado "Un proyecto económico para la gente" y elaborado por Juan Torres y Vicenç Navarro. He leído con atención las 68 páginas del texto (el meollo está en las 41 centrales) y tendría mucho que escribir sobre él, pero no creo que merezca más de las 600 palabras que siguen. 

El programa económico de Podemos es, en pocas palabras, un documento mal redactado (faltan muchas comas), orientado ideológicamente en una dirección (por lo que serviría lo mismo para casi cualquier país y en cualquier tiempo), falto de análisis económico y político y con propuestas fuera de la realidad. 

El documento está, desde el principio, claramente orientado a proponer una vieja idea marxista: la de la prioridad de la política, de la acción del Estado, sobre la vida de las personas, especialmente la económica, de tal forma que la realidad económica esté conformada por el Estado y las decisiones políticas emanadas de él, y no por las decisiones libremente tomadas por las personas en ese espacio que llamamos mercado. Un presupuesto respetable sobre el que no voy a entrar ni filosófica, ni políticamente, pero que ignora, por ejemplo, que, aunque imperfecto (y por eso hay que regularlo bien), el mercado es el mecanismo más eficiente de asignación de recursos y generación de renta que conocemos, como lo demuestra la experiencia histórica de los dos últimos siglos, el fracaso de las economías del Este o las de las economías excesivamente intervenidas. No creo que las economías de Rusia, Cuba o Venezuela sean los modelos a seguir, por mucho que las disfracemos de cambios "a la escandinava". 

Esta orientación ideológica nubla, desde el principio, el diagnóstico de los problemas de nuestra economía, como lo demuestra el que se fije como ¡única! "prioridad" de la política económica (páginas 10 y 35-36) el "frenar el deterioro del bienestar de la ciudadanía y mejorar su calidad de vida, poner fin al destrozo de las infraestructuras sociales y económicas que se vienen produciendo en los últimos años y lograr que cambie de tendencia la marcha de la economía". O sea, el problema de la economía española no es realmente el paro (que afecta a casi 6 millones de españoles), sino una cosa tan etérea como lo que se dice en la frase. Es curioso, pero el "paro", que es, en mi opinión y en la del 90% de los españoles, el gran problema de la economía española, solo se cita 11 veces y ni siquiera se considera un objetivo estratégico en la propuesta. 

De un diagnóstico erróneo, un pésimo tratamiento. Las soluciones que proponen desafían las más elementales leyes económicas, como cuando se escribe (págs. 12 y 46) "5.2.1. Aumentar el gasto privado y público en nuevas formas de consumo sin promover consumismo y abriendo nuevos yacimientos de inversión sostenible" (lo que no significa nada), o cuando se habla de "reestructurar y aliviar la deuda familiar" (págs. 16 y 58) sin decir las consecuencias. O las de organización empresarial, como cuando se promueve la cogestión (págs.16 y 54) como solución empresarial más eficiente. O las de la lógica económica, cuando se propone (pág. 42) el "principio (constitucional) que consagre el crédito y la financiación a la economía como un servicio público esencial". Incluso, las del Estado de Derecho y el Derecho Internacional porque, con lo propuesto, habría que hacer una Constitución nueva y renegociar tantos tratados, que, mientras tanto, ya nos habríamos hundido definitivamente. 

El programa económico de Podemos es poco más que una suma de tuits con ideas que ya decía Izquierda Unida hace 30 años. Lo que me lleva a que, puestos a elegir, prefiero a los comunistas ya que, al menos, no cambian de discurso cada seis meses. Me temo que, con casi 6 millones de parados, no estén los tiempos para becarios, aunque se disfracen de catedráticos, que viven en los mundos de Yupi. 

1 de diciembre de 2014