Aclarando el panorama

Las elecciones municipales y autonómicas han tenido la virtud de empezar a aclarar el panorama político. Casi se puede decir que, de la misma forma que se vislumbra la economía española post-crisis, se empieza a perfilar más claramente la política económica post-crisis. Porque, aunque aún no lo formulemos en público, ni la economía española es ya la misma que era hace seis años (ni volverá a serlo), ni la política española será la misma que era hace cuatro años, ni seguramente volverá a serlo. Pero al contrario de lo que ocurre en economía, que evoluciona cada día y medimos su evolución trimestralmente, la situación política solo se conoce cuando hay elecciones, especialmente cuando hay elecciones generales, que son las que importan. 

Los resultados de las elecciones son los que son. El PP es el partido más votado, aunque haya perdido 2,5 millones de votos, en su ala derecha hacia la abstención, y, en el centro, hacia Ciudadanos. El PSOE ha perdido 700.000 votos, no ha recuperado los que perdió en el centro (ahora en Ciudadanos) y pierde votos en la izquierda a favor de Podemos, aunque sigue siendo el segundo partido más votado. IU está ya casi desaparecida a favor de Podemos y éste ha movilizado, además, una parte importante de la abstención de izquierda. En estas condiciones, y con vistas a las generales, los pactos para gobernar en los ayuntamientos y comunidades autónomas son las primeras decisiones a tomar. Unas decisiones que retratan las posiciones y las estrategias de los partidos. 

En mi opinión, en estas elecciones se ha demostrado que el PP tiene suelo electoral, que es el partido hegemónico de la derecha (sin nadie en la extrema derecha) y que puede tener crecimiento electoral (salvo errores de bulto) por la mejoría de la economía y por los alineamientos de los otros. Su juego está claro: se trata de conservar. 

Ciudadanos, por su parte, está representando magníficamente bien el papel de partido "bisagra" y parece que este es su objetivo estratégico a largo plazo. Por eso, está construyendo una primera base electoral, sobre la idea de erradicar la corrupción, para consolidarla con un discurso centrado, lo que puede conseguir con su alineación con el PP en Madrid y con el PSOE en Andalucía. No creo que Ciudadanos aspire a sustituir al PP como partido hegemónico de la derecha, sino a conformar gobiernos desde el centro, complementando a los hegemónicos de ambos lados. 

Podemos está jugando también con mucha inteligencia, como si fuera la fuerza hegemónica de la izquierda, sin serlo aún, y con el objetivo de "desbancar al PP" está fagocitando a IU por la izquierda, y, si fuera más hábil a la hora de conformar gobiernos, podría llegar a quitar una parte importante de electorado del PSOE en el centro izquierda. 

El juego que no termino de entender es el del PSOE. Obsesionado con el PP, se está comportando más como un partido bisagra de centro izquierda que como una fuerza hegemónica en su propio espacio. En mi opinión, deberían haberse fijado como objetivo solo pactar con Ciudadanos para no perder votos por el centro. Alinearse con Podemos refuerza a éstos (no puede ser más izquierdista que Podemos o IU) y le hace perder el centro a favor de Ciudadanos. Por eso, creo que Susana Díaz ha sido más inteligente que Pedro Sánchez. En los tiempos convulsos que estamos viviendo, gobernar no da necesariamente la ventaja para las elecciones generales, máxime si se tienen presupuestos limitados y socios incómodos y populistas. 

Cerrados los pactos ahora hay que gobernar, pero, de momento parece que el panorama se aclara. Por lo pronto, ya sabemos que el PP quiere seguir siendo el PP, que Ciudadanos aspira a tener el papel que tuvo CiU en los noventa, que Podemos quiere hacer lo que hizo el PSOE a principios de los ochenta, y que el PSOE sigue sin saber qué quiere ser. 

15 de junio de 2015 

Todos ganan

Los días de elecciones son días felices para los partidos políticos. Se diría que en España, parafraseando a Descartes, las victorias electorales son el bien mejor repartido, pues todos los partidos las ganan. Las gana el PP porque ha sido el partido más votado; las gana el PSOE porque puede llegar al poder; las gana Ciudadanos porque, recién creado en el conjunto de España, se convierte en la tercera fuerza electoral; las gana Podemos, porque, con "marcas blancas", puede llegar a las alcaldías de Madrid y Barcelona; las ganan las decenas de partidos pequeños que han conseguido algún concejal. No, no las ha perdido Izquierda Unida porque no ha desaparecido, ni siquiera las ha perdido UPyD porque ha cumplido la misión de romper el "bipartidismo". Una semana postelectoral es, siempre, una en la que se celebran muchas victorias. En las elecciones del pasado domingo, la única que perdió fue Rosa Díez y eso que no se presentaba. 

Y, sin faltarles razón para celebrar, todos tendrían un ejercicio de análisis un poco más serio. Para empezar, el Partido Popular tendría que hacer una autocrítica más profunda que decir que tiene un problema de "comunicación", o que el resultado es culpa del "martilleo sobre la corrupción". Perder 2,5 millones de votos, pasar de un 44,6% de apoyo electoral en las generales del 2011 hasta el 27% es perder a 4 de cada 10 votantes que tuvo en las generales. Me temo que más allá de los problemas de comunicación de las decisiones de política económica (que los ha tenido) y los incumplimientos del programa electoral (impuestos y aborto), la falta de una reacción contundente y creíble contra la corrupción, la ausencia de caras nuevas (¿no tenían otra salvo Esperanza Aguirre en Madrid?) y la carencia de un discurso nuevo y con más temas son las raíces del desastre electoral del Partido Popular. Dudo que gane las elecciones generales con mayoría suficiente para gobernar (aun en minoría) si lo confía todo a la mejora económica o a una nueva estrategia en el márketing. 

El PSOE tampoco debe estar de enhorabuena. Perder 700.000 votos pasando a tener solo el 25% de los votos, empeorando el desastre del 2011 de la época Zapatero significa que el PSOE no tiene un suelo electoral firme. Achacar la caída de votos del PSOE al aumento de la competencia electoral por su electorado, al que aspira por la izquierda Podemos y, por la derecha, Ciudadanos, es, en mi opinión, demasiado simplista. El PSOE tiene un grave problema de fondo que es la ausencia de un liderazgo claro en el partido: Pedro Sánchez no controla ni el partido, ni el discurso y tiene demasiados "versos sueltos" dentro de su propia formación. Por otra parte, tiene viejos problemas de corrupción que está atacando más con palabras contundentes que con hechos, lo que le pasa factura a la nueva generación. Finalmente, sigue, en mi opinión, teniendo un relato incoherente y carente de propuestas más allá de desmontar lo que haya hecho el PP en el gobierno (¿realmente cree Pedro Sánchez que hay que volver al mercado laboral de antes de la reforma?), intentar contentar a todos en el ámbito territorial o ser más izquierdistas que Podemos en temas de gasto público. 

Más cautelosos que los dos partidos grandes, debieran ser los emergentes, sobre todo a partir de la experiencia de UPyD. Y es que una cosa es presentarse y hacer promesas electorales y otra es gobernar, por lo que no todas las victorias que han tenido auguran las futuras. De cómo gestionen el poder que ahora tienen dependerá el que tengan en el futuro. 

Esta semana ha sido una semana de celebraciones en los partidos políticos y de inicio de negociaciones. Lo que me parece que no ha sido es de análisis sereno de los datos con vistas a las elecciones que realmente importan, las generales. Unas elecciones en las que, seguro, también ganarán todos. 

1 de junio de 2015 

Otra economía es posible

Hace unos días, tuve la suerte de participar en una conversación en la Biblioteca Central, en la que el tema fue si otra economía es posible, una economía en la que fuera posible combinar la libertad con la igualdad, la innovación con la justicia. 

Una economía no es otra cosa que la agregación de todas las acciones que realizamos que tienen que ver con la producción, consumo y acumulación de bienes y servicios. Y, como todas las acciones humanas, están determinadas por un conjunto de informaciones y criterios que nos permiten elegir entre distintas alternativas. De qué información consideremos relevante y de qué criterio de racionalidad aceptemos para tomar las decisiones depende el funcionamiento de la economía. Por eso, otra economía es posible sin más que introducir nuevos indicadores de información y diferentes criterios de racionalidad para nuestra toma de decisiones. 

Por lo general, suponemos, y así lo aceptamos culturalmente, que la información relevante para tomar las decisiones económicas se condensan en una variable simple que llamamos "precio", y que el criterio de producción y de consumo racional es "cuanto más mejor". Somos nosotros los que hemos establecido que el mecanismo más eficiente para disponer de bienes y servicios son los precios, como somos nosotros los que hemos establecido que disponer de más bienes y servicios es mejor que disponer de menos. Y si bien los "precios" son una forma muy eficiente de asignación de los recursos, y el criterio de "cuanto más mejor" es el único lógico cuando se dispone de poca renta, los precios dejan de ser un criterio socialmente eficiente cuando se tienen suficientes bienes y el "más es mejor" deja de ser lógico. 

Para poder tener otra economía, bastaría con introducir nuevos mecanismos de información y nuevos criterios de toma de decisiones. Bastaría, por ejemplo, por considerar, además del precio, un par de mecanismos de información añadidos con sus correspondientes criterios de racionalidad. Imaginemos que en las etiquetas de los bienes se incluyera, además del precio, un número del 0 al 100 que indicara el nivel de derechos sociales en el proceso de fabricación del artículo. Así, cuando estemos comparando dos bienes por sus precios sabríamos que un precio más bajo implica, muchas veces, trabajo infantil o condiciones laborales infrahumanas. Supongamos, además, que fuera obligatorio consignar en la etiqueta un indicador de la huella de carbono o del uso de agua en el proceso de fabricación del bien. Un consumidor racional tomaría entonces sus decisiones no según un criterio de racionalidad simple, el del precio, sino de un criterio múltiple en el que los derechos sociales (el bienestar de otros) y la sostenibilidad medioambiental (el bienestar de las sociedades futuras) también pesarían. Podríamos incluso prohibir como bienes o servicios tóxicos, como hacemos con determinadas composiciones químicas, aquellos bienes que no cumplan un mínimo de índice social o de sostenibilidad. Al igual que los precios son un mecanismo eficiente para producir más barato, los índices sociales y de sostenibilidad serían un mecanismo eficiente para producir de una forma más justa y más sostenible, sin vulnerar los principios de libertad económica y de mercados competitivos. 

Y lo mismo que podemos inventar nuevos indicadores para el consumidor, podríamos inventar nuevos indicadores del desempeño de las empresas (más allá del beneficio o la rentabilidad), como podríamos tener en cuenta variables de igualdad o de sostenibilidad para describir el conjunto de la economía (más allá del crecimiento del PIB, la inflación y la tasa de paro) y, por tanto, condicionar la política económica. Si los votantes juzgáramos una política económica no solo por sus resultados de crecimiento, sino por sus resultados en la mejora de la igualdad o en la sostenibilidad a largo plazo, las políticas económicas serían diferentes. 

Sí, sí es posible otra economía. Como es posible otra política económica. Y no hay que hacer una revolución, ni ser un iconoclasta para conseguirla. Solo reflexionar sobre los fundamentos de la economía que vivimos. 

18 de mayo de 2015 

Buenas noticias de fondo

Enfadados por el descubrimiento diario de casos de corrupción, abochornados por la insensibilidad europea ante la tragedia del Mediterráneo, consternados por la catástrofe de Nepal y enzarzados ya en la campaña electoral de las municipales, los españoles no prestamos atención a las buenas noticias de nuestra economía. Y no solo porque estamos creciendo, sino porque estamos creando empleo. 

Según los últimos datos del INE, el PIB español creció en el primer trimestre del año un 0,9%, acelerándose su crecimiento desde el trimestre anterior en dos décimas. Es la séptima subida consecutiva trimestral de crecimiento y la primera "racha larga" de crecimiento sostenido desde el inicio de la crisis. En términos anuales, este crecimiento trimestral indica que la economía española está creciendo al ritmo del 2,6% anual, lo que nos lleva a pensar que podemos terminar el año en el entorno del 2,9--3%. Por primera vez desde que se inició la crisis en el 2008, la economía española va a crecer por encima del 2,5%, lo que nos acerca a nuestra tasa de crecimiento potencial. Ahora es cuando se puede decir que la economía española está empezando a salir de la crisis. Aunque hemos de ser cautelosos con estas cifras, pues se producen en un contexto muy favorable para el crecimiento desde el punto de vista macroeconómico. Y es que la economía española está, como casi todas las europeas, bajo el influjo de una política monetaria superexpansiva (tipos de interés primarios casi en el cero), y mantenemos aún una política fiscal muy expansiva con un déficit superior al 5%. Al mismo tiempo, nuestra economía se ve beneficiada por dos circunstancias favorables sobre las que pesan algunos riesgos: por una parte, la debilidad del euro frente al dólar, lo que beneficia nuestras exportaciones (aunque sea más importante que beneficia a las de nuestros principales socios en los mercados mundiales); y, por otra parte, el bajo precio del petróleo, en el entorno de los 65-70 dólares/barril, lo que abarata nuestras importaciones. De cualquier manera, lo importante es que la economía española está creciendo a una tasa cercana a su tasa potencial, que el ritmo se está acelerando (lo que hará menos doloroso el ajuste fiscal), que estamos creciendo en sectores más potentes que en el anterior ciclo (servicios avanzados e industria) y que estamos creando empleo. 

Lo que realmente certifica que estamos saliendo de la crisis son los datos del mercado de trabajo del primer trimestre. Tres son los datos positivos que se encuentran en la EPA publicada el pasado 23 de abril. En primer lugar, que los ocupados han crecido en el último año en 504.200 más, lo que supone que hay 17,4 millones de personas empleadas; en segundo lugar, que los parados han disminuido en -488.700 personas, lo que hace que el volumen total de paro baje de los 5,5 millones y su tasa esté ahora en el 23,77%; y, finalmente, que vuelve a crecer el número de trabajadores con contratos indefinidos, el de autónomos, el empleo en el sector público y en todos los sectores productivos, salvo en agricultura. Crear casi 500.000 empleos con tasas de crecimiento del PIB en el entorno del 2,5% indica que la reforma laboral (incompleta en mi opinión) y la devaluación salarial están dando resultados en términos de empleo, aunque con la contrapartida de menores niveles salariales y una precariedad laboral a la que hemos de acostumbrarnos, pues nunca tuvimos un mercado de trabajo que funcionara realmente (en la mejor época tuvimos hasta 1,7 millones de parados y nunca bajamos del 8% de tasa de paro), ni es posible, en la época de la globalización y del cambio tecnológico que estamos viviendo, aspirar a mercados de trabajo rígidos y estables. 

En medio de las malas noticias que nos llegan desde la esfera de la política, la economía española parece que está generando buenas noticias de fondo. Recemos, aun los no creyentes, para que la política no estropee la economía. 

4 de mayo de 2015 

Opciones saludables

Lo que están diciendo las encuestas es que el mapa político español se está reconfigurando, que va a haber una mayor pluralidad de voces, lo que no es novedoso en nuestra democracia, sino la fuerza relativa con la que cada voz se va a oír. Más aún, lo que dicen las encuestas es que tenemos una democracia que está en vías de curación. 

El catálogo de opciones políticas, organizado según las polaridades ideológicas de derecha e izquierda y nacionalismos centralistas y periféricos (que han sido las dos tensiones ideológicas de nuestra ciudadanía), ha sido en España siempre rico. En ninguna de nuestras Cortes Generales se han sentado menos de 10 partidos políticos diferentes. Hemos tenido hasta 13 fuerzas políticas representadas en las elecciones de 1979 y 1989; 12 en las Cortes constituyentes de 1977, en 1986, en el 2000 y en las actuales; 11 en las legislaturas de 1993, 1996 y el 2004; y, finalmente, 10 partidos solo en el 2008. No ha habido falta de voces o de pluralidad en nuestras Cortes, a pesar del Sistema D'Hont. Hemos tenido parlamentos muy polarizados, con presencia de fascismos de extrema derecha como el de Fuerza Nueva (que representaba Blas Piñar) hasta fascismos de extrema izquierda nacionalista, con vinculaciones con el terrorismo, como el que representó Herri Batasuna muchas legislaturas. Nuestros parlamentos han sido siempre plurales y han representado siempre las preocupaciones políticas fundamentales de nuestra sociedad. No es, pues, ninguna novedad el que aparezcan partidos nuevos, como Podemos o Ciudadanos, con fuerza suficiente para entrar en el Parlamento, como no será nuevo si alguno desaparece del mapa electoral. Es normal y bueno que así sea, pues es señal de nuestra democracia está viva y que en el Parlamento se sientan las personas que encarnan las preocupaciones de la ciudadanía, que vivimos en libertad, base de toda democracia. 

Lo que sí ha pasado en nuestra historia reciente es que solo ha habido dos opciones de gobierno, la socialdemocracia del PSOE y el conservadurismo moderado del PP, que han compartido el poder, por nuestra estructura territorial, con los nacionalistas conservadores del PNV y de CiU. Opciones de Gobierno que, también en el futuro, al menos en el inmediato, serán fundamentalmente las mismas, pues dudo que Podemos desplace al PSOE como partido líder de la izquierda, o que Ciudadanos haga lo propio con el PP, básicamente porque ninguno de los dos recién llegados tiene base territorial de poder, ni cuadros y estructuras de partido asentadas como para un corrimiento generalizado del voto. Pero podría pasar como dicen las encuestas, que la diferencia entre cada uno de los partidos mayoritarios y los partidos competidores en el mismo espectro ideológico no sea demasiado alta, y eso fuerce a ambos a un ejercicio de moderación y de matización de sus propuestas, al tiempo que los obliga a regenerarse. Porque si los dos partidos mayoritarios están sufriendo la sangría de votos que están sufriendo no es solo por su ausencia de liderazgo y de propuestas, sino por la corrupción que han consentido (y consienten) en sus filas, y es posible que tengan algún tipo de reacción. Cualquiera de las dos opciones, que los partidos clásicos se regeneren y vuelvan a competir o que sean sustituidos por otros partidos que los arrinconen en las preferencias de los electores, es buena para nuestra democracia, pues es señal de que puede regenerarse. 

Soy, pues, de los que opinan que los tiempos políticos que vivimos no son malos, que son solo tiempos de cambio que alumbrarán, no sé si es una esperanza ingenua de alguien que nunca perdió la fe en la política, tiempos mejores. Porque nuestra democracia parece que está sana y da señales de regeneración. Lo curioso es que la medicina que vamos a aplicar a nuestra vida política, la libre competencia, no nos gusta aplicarla en otros ámbitos de la vida social y, quizás por eso, los tenemos aún débiles, o decididamente, podridos. 

20 de abril de 2015 

Pacto con Irán

Esta Semana Santa se ha llegado, por fin, a un acuerdo entre la comunidad internacional e Irán sobre su programa nuclear. El acuerdo es significativo porque es una buena noticia en el complicadísimo tablero político de Oriente Próximo y en nuestras relaciones con el mundo islámico. 

Por lo que hemos sabido, pues seguramente hay aspectos del acuerdo que no se han publicado ni se van a publicar, Irán se compromete a una reducción de sus reservas de uranio enriquecido en los próximos 15 años y a concentrarlas en una sola planta nuclear, a una moratoria en la construcción de nuevas instalaciones nucleares y en la reconversión de uno de sus principales centros militares en un centro de investigación civil, todo ello, por supuesto, con supervisión internacional. Por su parte, los Estados Unidos y la Unión Europea se comprometen a levantar las sanciones que pesaban sobre la economía y las finanzas iraníes. En definitiva, Irán mantiene un perfil bajo de desarrollo nuclear, algo que venía haciendo ya por restricciones económicas, y Occidente levanta las sanciones económicas y financieras que están estrangulando la economía iraní. 

Las implicaciones del acuerdo son múltiples y todas ellas importantes. En primer lugar, para la misma sociedad iraní, un país de 78 millones de habitantes, porque su economía está en una situación crítica. Una situación crítica debida a cuatro factores clave: en primer lugar, el deterioro de su tasa de crecimiento, especialmente per cápita, debido al estancamiento económico y al fuerte crecimiento poblacional; en segundo lugar, la crisis económica que le está induciendo la caída de los precios del petróleo en los mercados internacionales, con graves consecuencias sobre las finanzas públicas, su tasa de paro (el juvenil está ya en el 24% y creciendo) y la distribución de la renta; en tercer lugar, la inflación inducida por las sanciones (de más del 30%); y, finalmente, los problemas de financiación en moneda fuerte toda vez que, debido a las sanciones occidentales, Irán vende su petróleo, en operaciones bilaterales, fundamentalmente a China, Irak (con sus pozos al 20% de producción), India y Turquía, y sus productos agrarios e industriales a los Emiratos Árabes y Afganistán. Irán necesita a Occidente para importar tecnología, abrir mercados internacionales y tener acceso a financiación internacional barata. Y, a través del comercio, volver al concierto político internacional. 

Desde el punto de vista occidental, el acuerdo no es importante desde un punto de vista económico, sino político. Occidente no necesita, en el nuevo contexto geopolítico del petróleo, a Irán. Las implicaciones son políticas. En primer lugar, se evita el reconocimiento de una situación de contención nuclear. El programa nuclear iraní empezó en plena Guerra Fría, como lo hizo el nunca reconocido programa de Israel, cuando Irán e Israel eran los grandes aliados de los Estados Unidos en la zona. La moratoria iraní a su programa nuclear evita que Israel tenga que reconocer el suyo, lo que elimina una complejidad en la caótica situación de Oriente Próximo. Y, a pesar de la retórica electoralista de Netanyahu, beneficia a Israel. En segundo lugar, con el fin de las sanciones y la vuelta a las relaciones entre Irán y Occidente, se levanta un impedimento para la participación explícita de Irán en las operaciones contra el Estado Islámico, ya que éste es una amenaza directa no sólo sobre Irak, sino sobre los chiíes iraquíes a los que Teherán quiere proteger. Por otra parte, Irán puede ayudar indirectamente, gracias a sus intereses en Siria, a resolver el conflicto civil que está desestabilizando la región. 

El acuerdo, pues, es bueno para Irán y, en mi opinión, es bueno para la zona. Pero también es bueno para nosotros, los occidentales, porque normalizar las relaciones con Irán es un paso importante para luchar contra el integrismo islámico. Acercarse a Irán es más inteligente que aislarlo. Algo que a los americanos les ha costado más de cincuenta años aprender con Cuba. 

6 de abril de 2015 

Impuestos "daneses"

El precio de cualquier producto o servicio se establece según un mecanismo simple. Las empresas calculan todos los costes en los que incurren para producir sus productos (materia prima, aprovisionamientos, costes salariales, costes financieros, impuestos, amortizaciones, etc.) a los que suman el margen, obteniendo así el precio antes de IVA, suma este impuesto y obtiene el precio final. No se suele vender ningún producto por debajo de los costes, aunque sí muy por encima. El consumidor final paga, pues, en el precio, todos los costes en los que ha incurrido el empresario. 

Como entre los costes están dos impuestos importantes (IRPF y cotizaciones sociales) y, en el precio final, el IVA y los Impuestos Especiales, se puede concluir que el consumidor final paga todos los impuestos clave, siendo el empresario un mero recaudador. Desde la perspectiva del empresario, siempre que mantenga constante su beneficio, es indiferente cómo se distribuyan estos impuestos. Para él, el IRPF de los salarios, las cotizaciones sociales y el IVA son parte de su sistema de costes y los imputa en el precio, por lo que le preocupa el monto total de ellos, ya que afecta al precio final, no la distribución de la carga impositiva de cada uno de ellos. Dicho de otra forma, si los tres impuestos fueran un porcentaje fijo, como son ahora las Cotizaciones Sociales o el IVA, y el monto total final a pagar fuera el mismo, sus costes no se verían alterados lo más mínimo, por lo que a la empresa le daría lo mismo. 

Desde una perspectiva del consumidor final, el resultado es el mismo: paga los impuestos en los precios, se imputen como se imputen. Lo que no es lo mismo es desde la perspectiva de la distribución de la renta: los impuestos incluidos en los precios son regresivos porque aquellas familias que no consumen toda su renta, los que ahorran, solo pagan estos impuestos por la parte que consumen. Puesto que los que menos renta tienen son los que menos ahorran, son ellos los que más impuestos soportan en porcentaje a través de los precios. De ahí que, en un intento por reducir esta regresividad, sea razonable establecer un IVA reducido para determinados bienes de primera necesidad, siendo una locura distributiva para bienes que no son imprescindibles. 

Tampoco es lo mismo desde un punto de vista distributivo cómo se reparten dentro de la empresa los distintos impuestos que recauda el empresario. Para un empresario, el Coste Laboral Total Directo (CLTD) está compuesto del Salario Neto que paga en nómina, el IRPF que retiene y la Cotizaciones Sociales que paga por el trabajador. Los impuestos que recauda por sus trabajadores, por el uso del factor trabajo nacional, son pues el IRPF y las Cotizaciones Sociales. Desde la perspectiva del empresario, qué parte pague por cada uno es indiferente. Sin embargo, desde la perspectiva de la distribución de los Salarios Netos, no. No es lo mismo un sistema en el que todo se recaudara mediante un sistema de tipo fijo, que mediante un sistema de tipos progresivos, porque los salarios más bajos pagarían menos impuestos y los trabajadores tendrían más salario neto. El sistema español de impuestos al trabajo es un híbrido entre un sistema de impuestos regresivo a través de las cotizaciones sociales (por los salarios más altos se paga menos cotización) y un sistema progresivo a través del IRPF. Es decir, que los salarios brutos en España, sean lo pequeños que sean, pagan un impuesto sin saberlo del 23% de cotización social y, luego, el IRPF, mientras que los salarios altos pagan un 10% más el IRPF que les corresponda. 

El sistema es perverso, pero se puede mejorar, como ya demostraron los daneses en los 80 sin más que ir bajando las cotizaciones sociales transfiriéndolas a salarios brutos. Pero para eso tendríamos que discutir de política fiscal como los daneses y saber bastante más de distribución de la renta. 

9 de marzo de 2015