La política de Bush

Cuando, tras los acontecimientos del 11 de Septiembre, el presidente Bush anunció una generalizada rebaja de impuestos y el presidente de Reserva Federal, Alan Greenspan, decidió una significativa e inmediata bajada de tipos de interés, la mayoría de los analistas de la economía internacional, y este que escribe entre ellos, aplaudieron ambas medidas. Aquel año de 2001 la tasa de crecimiento de la economía norteamericana se venía ralentizado, desde antes de los atentados, por el ajuste de la burbuja financiera de las empresas "punto.com". El golpe que la caída de las Torres Gemelas podría suponer sobre la confianza del consumidor medio norteamericano aconsejó la acción rápida de una política monetaria expansiva (de bajos tipos de interés), y la acción, más lejana en el tiempo, de una política fiscal doblemente expansiva (con reducciones de impuestos y subida del gasto). El resultado de ambas decisiones, siguiendo las enseñanzas de la macroeconomía más ortodoxa, fue un fuerte incremento en la tasa de crecimiento económico que, compensando las fuerzas negativas de la incertidumbre, hicieron que la economía norteamericana volviera a la senda de crecimiento económico. La economía norteamericana ahuyentó así el peligro de una recesión que hubiera sido perniciosa no sólo para ella, sino para el conjunto de la economía mundial. 

Pero, si bien no se entró en recesión, el crecimiento norteamericano de los dos últimos años no ha sido como el del ciclo expansivo de la era Clinton. Y es que nuevas circunstancias aparecieron en el panorama económico norteamericano que ensombrecieron su desempeño económico: los escándalos financieros de las cuentas de no pocas empresas (Enron, World Com, etc.) y las guerras de Afganistán e Irak. Los escándalos financieros aumentaron la desconfianza de los norteamericanos en el valor de su patrimonio y enfriaron las expectativas de consumo. Las guerras, victoriosas en un primer momento, pero costosas en sangre y dinero, están haciendo caer la confianza en la política exterior norteamericana, al tiempo que provocan problemas en no pocos mercados. 

Ante estos problemas, y para evitar que esta pérdida de confianza y expectativas se traduzca en esa crisis de crecimiento que se había evitado en aquel dramático primer momento del 11-S, las autoridades fiscales y monetarias norteamericanas están manteniendo esa triplemente expansiva orientación de la política económica. El resultado es que la economía norteamericana crece, pero crece con dos graves problemas: un impresionante déficit público (alrededor del 5% del PIB), lo que está aumentando espectacularmente la deuda pública norteamericana, y un no menos gigantesco déficit exterior. 

Pero no acaban ahí los problemas de la economía norteamericana. La forma en la que se ha realizado la expansión fiscal, con reducciones de impuestos directos para los ricos y las clases medias altas, y la expansión del gasto, con incremento en gasto militar, pero no en infraestructuras y en protección social, está llevando a una peor distribución de la renta y un debilitamiento de las posibilidades de crecimiento en el largo plazo. Más aún, la ineficacia demostrada de su ejército y de sus mercenarios para controlar la situación en Irak y la imposibilidad de poner en funcionamiento la producción de petróleo está llevando al crudo a una situación de precios que es alarmante. 

El resultado de estos dobles déficits, de la forma en la que se producen y del caos irakí, en suma, de la ineptitud generalizada de la Administración Bush, es el afloramiento de tensiones inflacionistas en todo el mundo, lo que supone una alta posibilidad de subidas generalizadas de tipos de interés, menores expectativas de crecimiento y más dificultades para todos. 

Y es que, por desgracia, la economía que tan mal gestiona el presidente Bush es tan grande y poderosa, y nosotros tan débiles, que cuando tiene problemas a todos nos atañe. 

Los límites del diálogo

Diálogo. Es la palabra de moda en la política española. En el discurso de investidura del entonces candidato y hoy presidente Zapatero se utilizó tantas veces que aburrió contarla. Diálogo. Es una palabra que tiene buena prensa. Suena bien y tiene una hermosa etimología: "a través de la palabra, palabra entre varios". Además, irradia un aura de democracia participativa y directa que es grata a la izquierda. Diálogo. Precisamente lo que faltaba en la política española tras el periodo de mala educación de Aznar. Porque dialogar significa reconocer al otro, respetarlo, suponerle buena voluntad, tratarlo como adulto, cortésmente. El problema es que el diálogo es, sencillamente, un proceso. Un proceso que, en política, ha de llevar a una decisión sobre determinados temas. Es un proceso que ha de determinarse en los interlocutores y que ha de tener un momento oportuno. Por eso el diálogo no puede ser ilimitado. Y decir esta obviedad fue, en mi opinión, lo que faltó en el discurso de investidura. La primera condición para que el diálogo sea un método en política es que ha de tener un resultado decisional. Un diálogo educado, brillante o chispeante puede ser, en sí mismo, agradable, pero también inútil. Esos diálogos al estilo de las comedias de Oscar Wilde o Woody Allen son ingeniosos, divertidos, con doble sentido y mucho humor, pero no sirven en política. Porque la esencia de la política es la dominación y el convencimiento y esos diálogos no son útiles para tomar decisiones. No hemos votado a un presidente de gobierno para que se haga ocurrente generador de titulares o un contertulio de radio enterado, ni para que luzca en los salones de la alta sociedad, sino para que asuma responsabilidades y tome decisiones. El primer límite, pues, del diálogo ha de ser el que ha de tener un resultado. Y un resultado de acción que sea estable en el tiempo. Los asuntos dialogados han de ser asuntos zanjados. 

El segundo límite del diálogo político en democracia viene dado por los temas. Se puede hablar de todos los temas, pero no todos los temas son convenientes en todo momento. Más aún, hay temas que, por su naturaleza, tienen poco que dialogar, como no sea constatar la imposibilidad de llegar a un consenso. Son los temas ontológicos y dicotómicos. Por ejemplo, no se puede dialogar para llegar a un consenso sobre la independencia del País Vasco o Cataluña. Se puede dialogar sobre la mayor o menor autonomía en España, pero la independencia supondría romper el concepto de España. Afirmar una cosa es negar la otra. Es una cuestión tan dicotómica como estar o no embarazada: no se puede estar un poco embarazada. 

El tercer límite del diálogo político en democracia es la legitimidad de los que hablan. Se puede dialogar con todo el mundo. Pero como no podemos ir a departir con el presidente de todos los temas todos los ciudadanos todos los días (y por eso existe la democracia representativa) es necesario delimitar quién es el interlocutor del Gobierno. Y, en esto, lo siento, pero todas las instituciones y grupos no tienen la misma legitimidad. Para empezar no es legítimo el diálogo con terroristas porque éste estaría causado por el ilegítimo uso que hacen de la violencia y no por la fuerza de sus razonamientos o de los votos que libremente consiguen. De igual forma, es menos significativo el diálogo con grupos pequeños que con grupos grandes: no puede tener, por ejemplo, en un diálogo para la reforma constitucional, el mismo valor el consenso alcanzado con todos los grupos menos el PP, que con el mismo Partido Popular. Y eso por la sencilla razón de que, en democracia, cada uno de nosotros es un voto, y la suma de los votos del PP es mayor que la de todos los demás juntos. No puede, entonces pesar en el diálogo más ERC o IU que el PP. El diálogo en política tiene, pues, límites en los resultados, en los temas y en los interlocutores. Y si no los tiene, lo siento, pero a pesar de valorar la civilizada actitud de dialogar, como ciudadano me veré en la obligación de pedir que me devuelvan mi voto. 

Hacia el este

La próxima semana seremos diez socios más en la Unión Europea. Ocho socios más en el Este y dos mediterráneos que trasladan a la UE hacia el Este. Diez socios de tamaño, economía, sociedad y vínculos históricos diferentes que harán a la Unión diferente. Tan diferente que la posición, y no sólo la geográfica, de todos los actuales socios cambia. Tan diferente que algunas de las decisiones más recientes de la Unión, la última reforma de la Política Agraria Común, por ejemplo, se explicarán, en gran medida, por el nuevo contexto. Lo preocupante es que la entrada de los socios del Este y las nuevas correlaciones de intereses en la Unión, a pesar de los diez años desde que se inició el proceso, no han sido objeto de reflexión en España. 

Los nuevos socios que entran en la Unión son, entre ellos, muy dispares. Y eso hace que las causas por las que entran y los efectos que cada uno de ellos producirán sobre el conjunto de la Unión sean muy diferentes. 

Para empezar, entre los diez nuevos socios hay uno, Polonia, que supone la mitad de la población y del PIB del total de la ampliación. Los tres siguientes en tamaño, Chequia, Hungría y Eslovaquia, suman el 34% de la ampliación. Los seis restantes son muy pequeños, alguno, como Malta, tan pequeño que supone la mitad de la población de nuestra provincia. Sus vinculaciones históricas también son variadas. Así, y aunque la mayoría de ellos han estado hasta tiempos recientes bajo el dominio directo o indirecto de Rusia, los viejos lazos históricos son más complejos. Los tres estados bálticos (Lituania, Estonia y Letonia), además de una historia común (y parte de su población) con Rusia, tienen fuertes vínculos con Polonia y con los países escandinavos. Polonia, Chequia, Eslovaquia y Hungría fueron parte de uno de los dos Imperios Germánicos (Alemania o Austria), lo mismo que la balcánica Eslovenia. Las dos islas mediterráneas (Chipre y Malta) fueron protectorados británicos hasta no hace tanto tiempo y tienen amplias relaciones con sus dos vecinos más grandes, Grecia e Italia. Desde una perspectiva histórica y geográfica, pues, se benefician de la ampliación con más intensidad los ejes germánico y escandinavo de la Unión. Conocidos estos vínculos históricos y geográficos, que se traducen en que el comercio exterior y la inversión extranjera directa de estos países está dominado por los socios de la Unión más próximos a ellos, el interés de la ampliación, desde la perspectiva de la UE, es claro: la suma de los cuatro más grandes y más próximos a Alemania suponen un importante mercado de 64 millones de personas, una fuerza laboral de más de 25 millones con sueldos bajos, y unas inmensas posibilidades de expansión por las carencias y necesidades de infraestructuras, tanto públicas como privadas. Y Alemania y sus economías satélites necesitan, para crecer, mercados con expectativas y mano de obra barata en territorios próximos. Además, con la integración y el desarrollo de estos países se empieza a regular el flujo de inmigrantes y se expanden las fronteras políticas hacia el Este. Visto desde nuestros nuevos socios, la razón estratégica para entrar en la UE es la que no ser más territorio fronterizo, "estados-tapón", entre dos gigantescos bloques (Europa Occidental y Rusia) que tan desastrosas consecuencias les trajo en el pasado. Por eso, la mayoría de ellos pertenecen a la OTAN y, puesto que la UE es el polo más rico de sus vecinos y puede ser el más generoso en las ayudas y en las transferencias de tecnología, la entrada en la UE supone una garantía de desarrollo económico y de estabilidad política. Todo ello, al tiempo que los sitúa en el mundo como parte de una economía poderosa. 

Esta semana entran diez nuevos países en la Unión Europea. Tanto para bien como para mal de nuestros legítimos intereses la Unión Europea será diferente a partir de ahora. Como diría un marino, derrota hacia el Este. Y saber hacia dónde rola el viento es importante para pensar lo que tenemos que hacer. Pero eso lo haremos mañana. 

Terrorismo

Para que haya un acto terrorista sólo es necesario que haya personas que estén dispuestas a matar y, eventualmente, a morir. Para que un acto terrorista siembre realmente el terror ha de hacerse con armas eficaces. Para que se produzca una cadena significativa de acciones terroristas, los asesinos han de tener, además, medios para subsistir, para moverse, para esconderse, para huir. Personas, armas y financiación, estos son los elementos claves del terrorismo. Las causas y los ideales se pueden inventar y la información sobre los objetivos está en internet. 

Hay mucha desesperación en los países musulmanes. La distribución de la renta es increíblemente injusta. Los negocios importantes suelen ser de la familia real o estar controlados por el grupo político gobernante. Y, frente a ellos, una población creciente cada vez más pobre. Como, además, la población crece más rápidamente que la economía, su renta per cápita se mantiene a duras penas, cuando no es decreciente. En los últimos años, la renta, además, se ha distribuido cada vez más desigualitariamente, lo que, a su vez, lastra su crecimiento. Por eso emigran, por eso tienen una alta tasa de paro, por eso hay conflictos sociales y políticos, por eso tienen jóvenes dispuestos a cualquier cosa. Y, en este contexto, los servicios básicos de educación y prestaciones sociales (y, en algunos casos, los sanitarios) se canalizan a través de las redes religiosas. Jóvenes desesperados, clérigos iluminados, con una visión de la religión y de la realidad social dual y simple, y regímenes autoritarios sostenidos por Occidente son la materia prima para que haya muchas, demasiadas, personas que culpabilizan a otros de sus problemas sociales. Máxime si perciben el doble rasero que usamos con ellos y con los israelíes. Hay muchas, demasiadas, personas dispuestas a matar y a morir en Oriente Medio. Para desactivarlas es necesario desactivar la desesperación de los campos de refugiados, de los suburbios de las grandes ciudades, de las aldeas. Y darles una posibilidad de salir de las redes asistenciales de las mezquitas y madrazas. 

Hay muchas armas en el mundo. Y, algunas, tan peligrosas como las bacteriológicas o las nucleares sucias, que nos hemos comprometido una y otra vez eliminar y que seguimos fabricando. Muchas armas, demasiadas armas. Estados Unidos, Rusia, Francia, China, Sudáfrica, Israel,... todos vendemos armas y las hacemos circular, a través de mafias (balcánicas, rusas, colombianas, chinas, norteamericanas) y de comercio de Estado. Armas baratas que llegan a las guerras de África a cambiarse por diamantes, a Latinoamérica para trocarse en cocaína, a Marruecos por hachís, a Afganistán por opio. Hay demasiadas armas sin control y demasiado comercio negro permitido por la descoordinación y la corrupción de muchas autoridades. Demasiadas armas y demasiado fácil conseguirlas. 

Y hay dinero, demasiado dinero, para financiar actos terroristas. Fortunas personales amasadas al amparo de contratos con empresas y gobiernos occidentales (como la de Bin Laden), ayudas estatales a través de ONGs y servicios secretos (Irán, Siria, Pakistán, Arabia Saudí, Libia, etc.), financiación privada de origen caritativo o cultural y beneficios de la producción y distribución de droga o petróleo, hay un inmenso caudal de dinero que nutre el terrorismo islamista presente en casi todo el mundo, desde Filipinas hasta España. Demasiado dinero y demasiados paraísos fiscales y financieros, sumideros de dinero, donde entra blanco o negro, pero que es utilizado para teñirlo de rojo en actos de terror. Con la connivencia de autoridades y bancos que todo lo permiten. 

Demasiados hombres (y mujeres) dispuestos a matar y a morir llenos de desesperación y rabia. Demasiadas armas que hemos puesto en el mercado. Demasiado dinero que compra cualquier cosa. Demasiada corrupción. Mucho hay que trabajar para que no vuelva a haber más días 11. 

Propuestas fiscales (II): La disención

Decíamos hace dos semanas que las propuestas fiscales presentadas por el Partido Popular y el PSOE para las próximas elecciones tienen dos ideas coincidentes, la estabilidad presupuestaria y la reforma fiscal, esencialmente la del IRPF, y una divergente, la de la organización territorial de las Administración Tributarias. Discrepancia que es preocupante, pues es, en mi opinión, un error grave el que se convierta en arma política la cuestión técnica de cómo hacer cumplir las leyes tributarias, que es al fin y al cabo la función de la Administración Tributaria. El origen de esta disensión está en el proceso de descentralización autonómica. Las comunidades autónomas han ido asumiendo, en los últimos años, amplias competencias, algunas tan importantes como la sanidad y la educación, sin la correlativa transferencia de las competencias en la recaudación directa de los impuestos que las financian. Es decir, las comunidades autónomas han aceptado el gasto sin la corresponsabilidad fiscal. Una situación que ha sido generalmente aceptada por todos: los gobiernos de las Comunidades, del partido que fueren, porque se legitimaban ante los ciudadanos a través del gasto, sin el desgaste político de recaudar; el Gobierno Central porque el desgaste de recaudar se compensaba con el control sobre las Comunidades, al regular los flujos financieros que transfería. 

El problema se plantea cuando algunas Comunidades, especialmente la catalana (pero no sólo ella), han llegado al tope legal de endeudamiento, necesitan una más ágil transferencia de la financiación y creen que se puede resolver la situación recaudando según el sistema de privilegio de vascos y navarros. Es decir, creando Agencias Tributarias autonómicas, justificadas según la falaz retórica nacionalista de las balanzas fiscales territoriales. Curiosamente, Andalucía ha apoyado esta solución, no tanto por su situación financiera, pues es receptora neta de financiación, sino por el maltrato al que el Gobierno Aznar la ha sometido. Y es que el gobierno Aznar ha sido especialmente moroso e injusto con los fondos de la Junta de Andalucía, intentando reiteradamente su estrangulamiento financiero. Esta solución del problema de la financiación autonómica se ha convertido en propuesta electoral del PSOE por la deriva nacionalista de Maragall y por la apasionada vivencia de los conflictos de la ex-consejera Alvarez con el ministro Montoro. Los socialistas pretenden, pues, generalizar la solución nacionalista con la propuesta de las 17 +1 Agencias Tributarias. Pero es, en mi opinión, una falsa y confusa propuesta porque encierra una contradicción política, y no responde coherentemente al problema de la financiación autonómica. La contradicción es que, si lo que se pretende es que no haya estrangulamiento financiero de las Comunidades por el Gobierno central, eso lo pueden hacer los socialistas si gobiernan sin necesidad de una ley de 17 +1 Agencias. Y, por otra parte, esa ley sólo es posible si ellos ganan, con lo que estamos en las mismas. Más aún con esta solución no resuelven el problema de la financiación autonómica y de la necesaria corresponsabilidad fiscal. Y es que este es otro tema diferente de cómo se recaude. Es decir, si el problema es la financiación autonómica, propóngase que se adscriban, e incluso se recauden, unos impuestos determinados por parte de las Comunidades. O propóngase que las Comunidades participen en una cesta de impuestos y que tengan una cierta capacidad normativa sobre ellos. Pero no se confunda el qué y el para qué de la tributación con el cómo de la recaudación. Máxime cuando la autonomía de la recaudación nos hace a todos más insolidarios y tiene una fuerte carga simbólica nacionalista. Mentirosos los del PP en su propaganda y en sus declaraciones sobre los impuestos, y confundidos y contradictorios los del PSOE en estos temas, el resultado es que la política tributaria española de los próximos años será, ya que uno de ellos gobernará, más desigualitaria, seguramente con más fraude y más conflictiva políticamente. Y entonces sí que será necesaria una reforma. Una reforma que no es la que nos proponen los grandes partidos hoy. 

Propuestas fiscales (I): las coincidencias

En toda campaña electoral hay propuestas sobre los impuestos. Lo cual es lógico, pues, por una parte, somos los ciudadanos los que sostenemos al Estado y, por otra, el reparto de la carga fiscal y la forma en la que se gasta lo recaudado es esencial para concitar el apoyo de los electores. Los dos grandes partidos ya han presentado los ejes de su programa fiscal, por lo que nos podemos ir formando una idea, más o menos matizada, de lo que será la política fiscal de los próximos cuatro años. 

La propuesta fiscal del Partido Popular es, en principio, la enésima edición, ligeramente corregida y aumentada, de lo que vienen sosteniendo desde los noventa: equilibrio presupuestario, reducción de los tipos del impuesto sobre la renta y lucha contra el fraude. O sea, la suma de fundamentalismo macroeconómico fiscal con las habituales mentiras fiscales a las que nos tienen acostumbrados. La propuesta fiscal de Partido Socialista Obrero Español también tiene tres ejes: equilibrio presupuestario, reforma del impuesto de la renta de las personas físicas hacia el tipo único y reorganización de la Agencia Tributaria. Es decir, el PSOE rompe su tradición para tomar las dos primeras ideas de los populares y la tercera de los nacionalistas. Permítanme que analice los dos ejes coincidentes entre PP y PSOE en este artículo y que reserve la disensión, de la que hablarán en la campaña, para el siguiente. 

Es curiosa la coincidencia en el tema de la ortodoxia presupuestaria. La nueva ortodoxia de la política fiscal, de origen neoliberal, sostiene que para no tener inflación es necesario mantener un presupuesto equilibrado. Un presupuesto equilibrado que conlleva pequeños tipos de interés que genera un aumento de la inversión privada y un incremento del consumo. En una palabra, a una senda de crecimiento económico. El problema es que esta cadena causal está siendo contradicha por la realidad: déficits cero en España no llevan a inflación cero, y déficits del 3% tienen estabilizados los precios en Alemania. Luego, el crecimiento se produce no por la mayor estabilidad presupuestaria sino por el mayor crecimiento del endeudamiento en España que en Alemania a los tipos de interés reales negativos que los españoles vivimos. Más aún, un país medianamente dotado de infraestructuras de capital físico y humano, como es España, podría aprovechar la circunstancia de unos bajos tipos de interés para hacer una fuerte inversión en capital y tecnología que, sin presionar a los precios, permitan mejorar significativamente la tasa de crecimiento y la productividad a medio plazo. Sólo la machacona y eficaz propaganda del PP sobre el tema y el origen bancario ortodoxo de Miguel Sebastián explican este acuerdo entre las propuestas. 

Más curiosa y, en mi opinión, más peligrosa es la permanente reforma del IRPF que los dos partidos propugnan. Y es peligrosa por tres razones: porque es el impuesto que más efectos redistributivos tiene, ya que los impuestos indirectos son regresivos (pagan, en proporción, más lo más pobres); porque es un impuesto visible que obliga a los políticos a ser responsables porque los ciudadanos somos conscientes de lo que pagamos; y, finalmente, porque el argumento que lleva a la permanente rebaja de los tipos y a su reforma supone reconocer, implícitamente, que no hay voluntad política de perseguir el fraude de los más ricos. El PP propugna, con la trampa habitual, una nueva disminución, cuando ésta no es más que una adecuación de los tipos por el efecto inflación que, curiosamente, es más intensa en las rentas más altas. Mientras que el PSOE propone un IRPF de tipo único con mínimo exento que es falsamente progresivo, pues si bien es verdad que el tipo efectivo a pagar es creciente con la renta, el crecimiento del tipo es mayor para las rentas más bajas que para las rentas más altas. El éxito electoral del PP en las anteriores elecciones y la moda, que también en economía existe, es lo que ha llevado al PSOE a sumarse a estas propuestas. 

Elegir el político

Max Weber, uno de esos clásicos que debieran ser de lectura casi obligada, decía, en una conferencia publicada como ensayo con el título de "El político", que las cualidades realmente importantes para un político son tres: "pasión, sentido de la responsabilidad y mesura". Y definía la pasión como "la entrega apasionada a una causa, al dios o al demonio que la gobierna", la responsabilidad como "la estrella que orienta la acción", y la mesura como "la capacidad para dejar que la realidad actúe sobre uno sin perder el recogimiento y la tranquilidad, es decir, para guardar la distancia con los hombres y las cosas". Y reconocía que "el problema es el de conseguir que vayan juntas en las mismas almas la pasión ardiente y la mesurada frialdad, pues la política se hace con la cabeza y no con otras partes del cuerpo o del alma". Un poco más adelante, Weber escribe: "sólo hay dos pecados mortales en el terreno de la política: la ausencia de finalidades objetivas (la causa a la que entregarse con pasión) y la falta de responsabilidad. Y es la vanidad, el tercer pecado, la necesidad de aparecer siempre que sea posible en primer plano, lo que más lleva al político a cometer uno de esos dos pecados, o los dos a la vez". 

Si completamos la idea de responsabilidad, y es fácil sin más que acudir al Diccionario de la Real Academia, definiéndola como "la obligación moral que resulta de asumir el posible error en un asunto", las tres virtudes y los tres pecados que señala Weber nos pueden servir de orientación, como una especie de test de personalidad, para juzgar la idoneidad de los políticos para ser Presidente del Gobierno. 

Suárez fue un gran presidente de gobierno mientras mantuvo las tres cualidades y estuvo sin cometer ninguno de los tres pecados. Pero, terminada la Transición y sin un bagaje ideológico fuerte, se quedó sin causa a la que servir con pasión, por lo que "tuvo que retirarse" en un loable ejercicio de su sentido de la responsabilidad. De Calvo Sotelo se puede decir lo mismo que del último Suárez: no tuvo causa por la que luchar. Felipe González fue un excepcional presidente del gobierno mientras tuvo como causa la modernización de España y el camino hacia Europa, mientras fue prudente en restañar heridas y fue responsable en el ejercicio del poder. Y se empequeñeció cuando fue incapaz de asumir su responsabilidad por los desmanes y la corrupción de algunos de sus allegados y cambió su causa por mantenerse en el poder. Aznar fue un magnífico político mientras tuvo como causa la renovación de la derecha española y la denuncia de los abusos anteriores, mientras fue prudente en temas autonómicos y económicos, mientras ejerció el poder con responsabilidad. Pero ha tenido la vanidad de ser "alguien" en el mundo y de ganar una guerra, y su retirada, aunque anunciada con mucha antelación, es la forma de pagar por estos pecados. Mirando hacia atrás, parece como si el electorado español siguiera el test de Weber: exige de los candidatos las cualidades esenciales y no perdona a los presidentes los pecados cometidos en el ejercicio del poder. 

El problema de este año es que ninguno de los candidatos tiene, en mi opinión, las tres cualidades y sí empiezan a cometer los tres pecados. Porque Rajoy no tiene pasión, aunque sí sentido de la responsabilidad y prudencia. Y comete el primero de los tres pecados: no tiene causa objetiva en su mandato, pues es una pobre causa la de ser el administrador del legado de Aznar. Zapatero, por su parte, es la antítesis de Rajoy, pues tiene pasión, pero no tiene sentido de la responsabilidad, ni, desde luego, prudencia. Y es casi más pecador: no tiene más causa que el poder y cae en la vanidad de abanderar todas las causas, hasta aquellas que erosionan su propio objetivo. Desde luego, es descorazonador el panorama de las elecciones, y no sólo por lo descabellado de algunas propuestas. Pero, consolémonos, porque podría ser peor. Podríamos tener como presidente a Bush o a Berlusconi, que no sólo no pasan el test de Weber, sino incluso otros mucho más sencillos.