Políticas que funcionan

La semana pasada se publicó la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al cuarto trimestre de 2006. Los datos esenciales son que en España hay alrededor de 21,8 millones de personas activas; que, de ellos, 20 millones están trabajando y que 1,8 millones están parados. Estas cifras, en porcentaje, arrojan una tasa de actividad del 72,26% y una tasa de paro del 8,34.

Cifras que, vistas en perspectiva histórica, nos dicen que tenemos la mayor masa laboral de nuestra historia, la mayor tasa de actividad desde que tenemos estadísticas y una tasa de paro que no conocíamos desde antes de la crisis industrial de finales de los setenta. Comparadas, además, con las de nuestros socios de la UE, estas cifras son espectaculares: tenemos una tasa de actividad que se acerca a pasos agigantados a su media y una tasa de paro que está por debajo de ella. Estos resultados comparativos son más impresionantes si tenemos en cuenta la situación de hace solo unos años y que España crea alrededor del 40% de los empleos de la Unión.

Las causas de estas cifras hay que buscarlas tanto en las altas tasas de crecimiento de la economía española, como en el resultado de políticas que están dando resultado ahora. De ahí que podamos extraer algunas enseñanzas de política económica.

La primera enseñanza es que las políticas económicas que tienen que ver con el capital humano dan resultado en el largo plazo. Así, la alta tasa de actividad femenina y su alto ritmo de crecimiento se deben a que empiezan a ser mayoría, dentro de su colectivo, las mujeres que han tenido acceso a la educación, frente a las mayores de 45 años, que no lo tuvieron y que, por eso, tienen una menor tasa de actividad. Una política de educación, de igualdad educativa, tiene un resultado gradual, pero inexorable. Y hay que recordar que nuestra política de igualdad educativa empezó en los setenta.

La segunda enseñanza es que no hay una receta simple contra el paro. Así, los economistas hemos de reconocer que, ante el paro en un mercado de trabajo keynesiano rígido y abierto, funciona una política de flexibilidad que permita una clásica contención salarial. La flexibilización del despido, el abaratamiento de sus costes, no produce, per se, paro. De lo anterior podemos deducir que, en las fases altas del ciclo, hay que flexibilizar, para mantener una política de rigidez en las bajas.

La tercera enseñanza es que las reformas del mercado de trabajo han de ser graduales y tácita y discretamente pactadas, huyendo de su utilización partidista. La lenta flexibilización de nuestro mercado laboral ha funcionado en gran medida porque, desde que se inició, en los primeros noventa, se ha mantenido en la misma dirección desde entonces.

La cuarta enseñanza es que no hay política económica perfecta, que siempre hay problemas que resolver. Y es que otra lectura de las altas cifras de empleo es que seguimos dependiendo sólo del crecimiento de la construcción y de servicios, por lo que no ha crecido la productividad y los salarios, que dependen de ella, crecen muy lentamente para los trabajadores de baja cualificación, con lo que las diferencias salariales aumentan y, con ella, empeora nuestra distribución de renta personal.

De estas enseñanzas podemos extraer algunos corolarios para responder a qué hay que hacer. En primer lugar, hay que empezar una activa política de capital humano, siendo conscientes de que en la política educativa nos jugamos el futuro. En segundo lugar, hemos de incorporar las nuevas tecnologías en las empresas porque es la forma de aumentar la productividad de nuestro empleo. En tercer lugar, hay que eliminar las rigideces que aún persisten. Y, por último, hay que ser pragmáticos y tener paciencia para juzgar los resultados. De la inmigración y de sus efectos hablaremos otro día.

29 de enero 2007

Fuera de la realidad

La semana pasada, y a cuenta del atentado del 30 de diciembre, hemos asistido a la última prueba de generalizada estupidez de todos aquellos, gobierno y oposición, que tienen la responsabilidad de gobernar este país que aún llamamos España. Los políticos, como ha reconocido el mismo lehendakari, han dado muestra, la enésima, de no saber estar a la altura de las circunstancias. Y es parece que lo que les importa es el debate por el debate, no la búsqueda de soluciones a los problemas que tenemos planteados, el terrorismo entre ellos. Ni les importan las opiniones de la gente porque pidiéndoles todos, hasta el Rey, que se pongan de acuerdo son incapaces de mirarse. ¿Cómo van a ponerse de acuerdo en un texto complejo que refleje una política de Estado que nos ayude a terminar con el terrorismo si no se ponen de acuerdo en una frase que refleje el sentimiento evidente de repulsa y asco que nos da la violencia terrorista? 

Y es que, mientras ellos han estado debatiendo durante una semana si incluir o no la palabra "libertad" en un trozo de tela (para que, al final, los del PP decidan, en su enésima muestra de ofuscación, no ir), el terrorismo sigue. Porque habrá terrorismo mientras los que se tuvieron que ir del País Vasco (alrededor de doscientos mil) sigan sin poder volver; mientras los empresarios sigan recibiendo cartas de extorsión; mientras haya gente que tenga escolta; mientras el Partido Popular tenga dificultades para hacer sus listas electorales; mientras todas las noches se quemen cajeros automáticos o aparezcan pintadas con amenazas; mientras se quemen autobuses; mientras la gente no hable de política libremente. Hay terrorismo en el País Vasco, en Navarra, en Madrid, en cualquier lugar de España (salvo en Cataluña) mientras exista ETA y todo el entramado totalitario de pensamiento que la soporta. 

Pero estos hechos, el análisis de sus causas y consecuencias y la forma de combatirlo, no parecen importar a los políticos, ni al Gobierno ni a la oposición, porque están más interesados en la lucha partidista que en la búsqueda de soluciones concretas a esta grave cuestión. Leyendo los discursos de los políticos sobre el terrorismo en España de los últimos años (y he leído muchos) parece que ninguno de ellos tenga interés en responder a preguntas casi elementales sobre la cuestión. Parece que los estudios empíricos sobre la forma de actuación de ETA, los trabajos sobre la influencia de la educación nacionalista sobre la violencia, los estudios de Mikel Buesa sobre los costes económicos de la actividad etarra o los que encargó Garzón sobre los costes directos, los trabajos de filosofía política sobre el coste democrático del terrorismo o los de política comparada sobre otras experiencias (el IRA o del terrorismo de izquierda de los setenta) sean pijadas académicas que nada tienen que aportar a su reflexión, ni, desde luego, a su acción. Parece que les basta con hacer lo contrario de lo que hizo o hace el otro para resolver el problema. 

Viendo las actitudes de nuestros políticos con el terrorismo, una cuestión en la que todos (hasta los nacionalistas) están de acuerdo en su gravedad, empiezo a entender por qué otros problemas también graves (violencia de género, accidentes de trabajo, inseguridad ciudadana, pobreza, corrupción urbanística, desastre educativo, etc.) siguen sin resolverse. Y la respuesta es que los políticos sólo saben de palabras vacías, de titulares, de debate, no de realidad, de análisis, de soluciones. Sólo de bronca, no de discrepancia educada. 

Decía John Lennon, que "la vida es eso que ocurre mientras estás ocupado haciendo otros planes". La vida, lo que nos interesa a los ciudadanos, es lo que está ocurriendo mientras nuestros políticos se dedican a discutir sobre una palabra. Lo malo es que también la muerte ocurre mientras ellos viven en el mundo ficticio de las palabras. En ese mundo fuera de la realidad que se han construido. 

15 de enero de 2007 

Negociación

Cuando hace ya nueve meses se inició eso que mal llamamos el "proceso de paz" las intenciones del Gobierno y lo que había que hacer parecían evidentes. Las intenciones eran acabar con la violencia etarra, a cambio de una generosa oferta en la aplicación de las leyes penales y una suavización de la ley de Partidos, de tal forma que los miembros del entramado etarra pudieran integrarse y participar en la vida pública. Era evidente, ya hace nueve meses, que el proceso iba a repugnar a las víctimas directas y a sus familiares, que no iba a gustar a aquellos que han mantenido el tipo en el País Vasco durante tanto tiempo, y no era compartido totalmente por millones de españoles por lo que suponía de cesión ante la barbarie. Pero creo que, con algunos gestos públicos, todos estos grupos lo hubieran aceptado y esos millones de españoles, yo entre ellos, hubiéramos buscado razones para el pragmatismo. Lo que no era evidente es que el Gobierno fuera a cometer tantos errores de negociación y que la situación, nueve meses después, esté peor que al principio. 

Un primer error ha sido, en mi opinión, la elección de los negociadores. Y es que las conversaciones con ETA no la pueden llevar solos los socialistas vascos, porque no pueden hablar por el conjunto y porque han sido parte afectada. Alguno de ellos debe estar entre los negociadores, pero no pueden ser los únicos, ni los principales. Un par de pesos pesados del PSOE hubieran sido más útiles. 

El segundo error ha sido el de no marcar los límites. Y es que una declaración de que "no se pagará precio político" es tan ambigua como para que pueda caber cualquier cosa. Y es que hubiera sido mejor decir que ni se va hablar de autodeterminación, ni de territorialidad, ni de reforma de la Constitución. De lo único de lo que se puede hablar es de cómo integrar en la vida política, para que defiendan lo que quieran, a los etarras de baja intensidad, a los que salgan de la cárcel y a los que abandonen las armas. 

El tercer error ha consistido en dejar que la otra parte lleve la iniciativa poniendo encima de la mesa más asuntos para hablar (violencia callejera, huelga de hambre, robo de pistolas, disparos). Si ante la más mínima provocación se hacen declaraciones de firmeza, que es la estrategia que están siguiendo ellos, ETA tiene que ir cediendo, porque romper las negociaciones con un atentado sería desperdiciar la oportunidad que es Zapatero dependiendo de los nacionalistas. 

El cuarto error ha sido aceptar metodologías de negociación como la de las dos mesas. La única mesa ha de ser la de "violencia por participación"; la otra, la mesa de partidos, si se hace, supondría una cesión tan grave, al sustituir y prostituir el sistema institucional y constitucional por la voluntad no institucional, ni representativa, de unos cuantos, que dudo que el PSOE pudiera salir indemne en las muchas próximas elecciones de ese despropósito. 

El quinto error ha sido de comunicación. Y es que es una estupidez comunicar machaconamente que el "proceso iba a ser largo y difícil", porque "largo y difícil" es un proceso policial, y es que si se intenta la negociación es para el fin de la violencia esté "cerca y sea sencillo". 

Como ha sido una tontería no contar con la gente del Partido Popular, y hubiera sido un buen y útil gesto el que tanto el Gobierno como el PP hubieran pactado uno de los negociadores, porque así se hubiera llevado el tema con más discreción y sin debate entre ellos, haciendo más fuerte su posición negociadora, compartiendo el éxito si existe y el desgaste si se fracasa. 

Mal, muy mal se está llevando el proceso. Tanto que parece que el Gobierno está más perdido en él, que el héroe de Kafka, el ciudadano K., en el suyo. Y lo peor es que está provocando en millones de ciudadanos K. una sensación de angustia y desorientación como sólo puede producirla un proceso... kafkiano. 

11 de diciembre de 2006 

Progresividad

Según datos del Ministerio de Economía y Hacienda, la presión fiscal en España, lo que pagamos de impuestos sobre el total del PIB, es del 35,6%. O lo que es lo mismo, el ciudadano paga a las Administraciones Públicas 35,59 euros de cada 100 euros que produce. El problema es que esto es una media y, como todas las medias, es sólo una media verdad, porque no todos pagan lo mismo. La otra media verdad sobre nuestro sistema fiscal, la que está en la sombra y que tiene que ver con la forma en la que se distribuye la carga por niveles de renta, la podemos intuir a poco que nos fijemos en qué impuestos son los que más recaudan. Y es que de esos 35,6 euros, 12,49 los pagamos a través del IVA, otros 12,35 a través de las Cotizaciones Sociales y sólo 6,68 a través del IRPF. El IVA y las Cotizaciones, impuestos regresivos, son, así, los impuestos "estrella" de nuestro sistema fiscal porque suponen el 69,23% de la recaudación, mientras que el IRPF, un impuesto progresivo, es sólo el 18,7%. Y quiero subrayar que estos impuestos los pagamos los ciudadanos, porque el IVA y las Cotizaciones Sociales se pagan incluidos en el precio de los productos, por lo que las empresas, al igual que con el IRPF, sólo son recaudadores. Pero, ¿cómo se reparten estos impuestos según la renta de las familias? Con un ejemplo simple con números aproximados, que es imposible aquí por la complejidad del IRPF, podemos hacernos una idea. Supongamos una familia cuya renta bruta es de 6.000 euros al año.

Supongamos que paga de IRPF, según las tablas del año pasado, 543 euros (el 9,06% de su renta bruta) y que consume el resto de lo que ingresa. Pagará 780 euros de IVA, que es el 12,9% del valor de lo que consume, a los que hay que sumar (con un nivel de asalarización del 60% y unas cotizaciones efectivas del 25%) otros 654 euros de las Cotizaciones sociales incluidas en el precio, lo que supone otro 10,9% de su renta total. Al final paga 1.977 euros de impuestos, lo que supone casi el 32,95% del total de la renta bruta.

Hagamos ahora las cuentas para una familia de clase media que ingresa 24.000 euros de renta bruta (cuatro veces la renta de la familia pobre) y que también lo consume todo. Paga 3840 euros de IRPF, el 16%, mientras que consume por valor de 20.160 euros, cantidad a través de la que paga 5.241 euros de IVA más Cotizaciones sociales, o sea, el 21,84% de su renta bruta. Al final, paga 9.081 euros que supone el 37,84% de su renta original.

Supongamos, finalmente, una familia de clase media alta que ingrese 96.000 (4 veces la renta de la familia media y 16 veces la más pobre). Paga de IRPF 26.090 euros, lo que supone el 27,17% de su renta. Supongamos ahora que de los 69.910 euros, ahorra 19.910 y consume 50.000 euros. Por este consumo paga 6.895 de IVA, el 7,18% de su renta bruta, mientras que de Cotizaciones Sociales paga 6.000 euros, el 6,25% de su renta bruta, con lo que, en total, paga 39.805 euros lo que supone el 42,6% de su renta total.

Obsérvese cómo los impuestos más importantes, el IVA y las Cotizaciones sociales, pasan a suponer del 23,8% de la renta de la familia pobre a ser el 13,43 de la familia rica y disminuyen con la renta. Así mismo es llamativo que una renta un 1.500% superior sólo pague un 10% más que la menor. De donde podemos deducir que la progresividad de nuestro sistema es muy escasa. Dicho en plata: todos contribuyen a la carga fiscal, pero la proporción de la carga no crece al mismo ritmo que la renta. Incluso en niveles muy altos de renta la tasa real impositiva es menor. Otro día reflexionaremos sobre los efectos dinámicos de esta situación sobre el crecimiento y sobre la distribución de la renta. Baste por hoy el concluir que puestos a hacer una reforma fiscal, como la que ha propuesto el Gobierno estos días para el año próximo, bien se podría haber pensado en algo más progresivo y progresista que rebajar los tramos y el tipo máximo. Bajar los impuestos puede que sea de izquierdas, pero desde luego no lo es bajar la progresividad.

27 de noviembre de 2006

Territorios y beneficiarios

Una de las peores consecuencias que está teniendo el nacionalismo fundamentalista es el de intentar referir todo hecho social a las unidades territoriales menores que componen una economía. Es la absurda moda de territorializar (horroroso verbo, por cierto). Últimamente, cuando se analiza cualquier aspecto de nuestra economía o de nuestra sociedad, los datos no sólo se dan en un nivel de agregación nacional, sino que también se refieren a las comunidades autónomas. Y esto, que puede ser relevante para analizar algunas variables, es, en la mayoría de los casos y especialmente en el caso de los gastos públicos, poco relevante. Una irrelevancia que llega al absurdo, desde el punto de vista de conocer la realidad, pero que tiene una gran importancia porque los políticos toman decisiones basados en estos análisis. Y de ahí viene el que muchas políticas no sólo no resuelvan determinados problemas, sino que los perpetúen. 

Esta irrelevancia está contagiando el análisis de las políticas públicas de tal forma que cuando analizan el gasto social, el sanitario o el educativo, nuestros políticos se fijan siempre en la comparación del gasto correspondiente con otras economías o comunidades para llegar a la conclusión de que gastamos poco, deduciendo, inmediatamente, que la solución es aumentar el gasto, sin reflexionar sobre si el gasto que se realiza beneficia a los que tiene que beneficiar o si hay ineficiencias en la forma de gestión del gasto. 

Tenemos la idea de que el gasto público en educación o en sanidad es igualitarista porque beneficia a todos los ciudadanos (jóvenes o enfermos) por igual y así lo recoge la ley. Pero con un ejemplo podemos ver que esto no es así. Supongamos cien niños y niñas de la misma edad en dos barrios diferentes (por ejemplo, Poniente y el Polígono del Guadalquivir) que inician su vida escolar. Tienen la posibilidad de cubrir todo su proceso de formación hasta terminar con un título universitario en la enseñanza pública. Cuando cumplan dieciséis años habrán terminado la ESO casi la totalidad de los niños y niñas de Poniente, mientras que unos 15 de los del Polígono del Guadalquivir no lo habrán conseguido. De los de Poniente cerca de 70 iniciarán el Bachillerato, mientras que unos 45 del Polígono continuarán los estudios. Finalmente, alrededor de 60 de Poniente llegarán a la Universidad, de los que terminarán con un título unos 45 (25 mujeres y 20 hombres), mientras que de los 50 del Polígono sólo habrán accedido a la Universidad unos 20, terminando sus estudios sólo 13 (8 mujeres y 5 varones). Si nos preguntamos el porqué de estas diferencias, es evidente que hay muchos factores que las explican, pero no es menos obvio que las diferencias de renta familiar condicionan la probabilidad de obtener un título universitario. Con lo que podemos llegar a concluir que el gasto educativo público favorece, al final, más a las clases más altas que a las más bajas porque el total recibido por los cien niños de Poniente cuando llegan a los 23 años es mucho mayor que el total de gasto recibido por los cien niños del Guadalquivir. Lo que generalizado al conjunto del sistema nos lleva a concluir que el Estado del Bienestar público a quien realmente beneficia no es a los marginados o a los más pobres, sino especialmente a las clases medias y altas que pueden acceder a sus servicios. 

Dicho de otro modo, siendo importante saber que los alumnos universitarios catalanes reciben alrededor de un 20% más que los andaluces, es, en mi opinión, mucho más relevante saber, que a la universidad, en ninguno de los dos sitios, llega a acceder ni un 5% de jóvenes de los barrios marginales, mientras que los jóvenes de clase media acceden en una proporción superior al 50%. 

Y son estas las cosas que tendrían que saber los políticos que se dicen de izquierdas si no se hubieran puesto las opacas gafas nacionalistas. 

13 de noviembre de 2006 

Prejuicios

Hay algunos prejuicios muy curiosos sobre lo público y lo privado que, de puro repetidos, se creen como dogmas de fe, siendo, sencillamente, eso, prejuicios. 

Uno de estos prejuicios, típico de neoliberales, es aquel que dice que lo público siempre funciona mal, frente a una supuesta eficacia de lo privado. 

Y eso, que es cierto en algunos casos, no se puede generalizar porque hay, por ejemplo, bienes públicos que son indivisibles, cuya prestación es más eficaz si se prestan para un conjunto amplio de población por un monopolio público, que si se hace desde un atomizado sector privado. La seguridad o las infraestructuras, y esto ya lo argumentaba Adam Smith, son servicios mucho más eficientes prestados por el sector público que por el sector privado. Un policía protege a todo el mundo, mientras que un guardia de seguridad solo protege al que le paga. Por eso esa tendencia de los últimos años de privatizar la seguridad ha sido, en no poca medida, una de las causantes del aumento de la delincuencia en nuestras ciudades. Y de forma similar ha ocurrido en otros países. Y esto que ocurre con la seguridad, ocurre con las infraestructuras o con los sistemas de Seguridad Social, pues cuanta más gente pueda participar mayores son los rendimientos y menores los costes unitarios. Lo público no siempre es necesariamente ineficaz en la prestación de determinados servicios, mientras que lo privado no es siempre necesariamente unitariamente menos costoso. 

Otro de los prejuicios, esta vez típico de transnochados stalinistas, es ese que supone que todo lo que sea de iniciativa privada tiene un interés económico, una búsqueda del máximo beneficio. Es decir, que lo privado no puede, casi por definición, tener un carácter social (si entendemos por carácter social la atención a marginados o desfavorecidos por cualquier causa). Y para desmontar este prejuicio solo hay que mirar a nuestro alrededor para ver que, además de las Administraciones Públicas y de las empresas privadas, hay cientos de miles de instituciones que constituyen el tejido de la sociedad civil que tienen un carácter social, por su propia naturaleza y por la de los servicios que prestan, que las hacen imprescindibles. Y es que, por muy amplio que sea, el Estado del Bienestar no llega, por ejemplo, a todas las situaciones de marginación. 

Por eso, para atender a estas necesidades, han surgido, a lo largo de la historia, iniciativas, de carácter religioso en un principio y civil posteriormente, que se pueden llamar de muchas formas (Instituciones de caridad, ONGs, Asociaciones de lo que sea, etcétera), y siendo de naturaleza privada tienen un carácter social, llegando más allá de la acción de los poderes públicos. Y la prueba de su eficacia en las prestaciones sociales es el mismo reconocimiento y apoyo económico que reciben de estos poderes públicos. ¿O es que Cáritas, Manos Unidas, la Asociación contra el Cáncer o Córdoba Acoge son antisociales por ser instituciones no públicas o tener algunas de ellas un carácter religioso? ¿Es que Amnistía Internacional, Greenpeace, Intermón-Oxfam o Transparency International no cumplen una función social porque no son administraciones públicas? ¿Acaso no cumplen ninguna función social las Obras Sociales de las Cajas de Ahorro? O, ¿no son privadas las cooperativas de toda naturaleza? Identificar lo privado con las sociedades mercantiles con ánimo de lucro es hacer una simplificación de la realidad social que solo puede ser expresión de un prejuicio. 

Como es también un prejuicio (cuyo análisis merece un artículo completo) el sostener que los servicios públicos (por ejemplo, los sanitarios o educativos) son gratuitos y benefician a todo el mundo por igual, porque eso es desconocer quién los financia y quiénes son los que se benefician de ellos. Y expresar opinión sin conocimiento es solo expresar prejuicios. 

Y ya se sabe, los prejuicios son solo reflejo de la ignorancia. Aunque, también pueden ser reflejo de la estupidez. 

30 de octubre de 2006 

Política elemental

Las leyes existen porque son necesarias para la vida en sociedad. Y es que las leyes son solo un conjunto de principios que regulan el funcionamiento de las relaciones entre los seres humanos pues, al prohibir determinadas acciones o al obligar a realizar otras, evitan conflictos, aumentan la libertad del conjunto, ordenan la sociedad. Podemos decir que el orden social, el orden de las acciones de las personas en su vida con otros, es fruto del grado de cumplimiento de un conjunto de las normas. De ahí que una sociedad "bien ordenada" es aquella en la que, teniendo un conjunto de normas coherentes con los principios de la mayoría, estas normas se cumplen. Una sociedad sin normas, sin leyes, o con normas o leyes que no se cumplen es una sociedad desordenada. Los súbditos, los sujetos de la relación política, acatan las leyes y las normas por una mezcla compleja de tres razones: en primer lugar, porque pueden estar convencidos de que deben cumplirlas o que es bueno su cumplimiento concreto; en segundo lugar, porque cumpliendo la ley se benefician de alguna forma o evitan un perjuicio, y, finalmente, por coacción, porque los pueden sancionar de alguna forma. Es evidente que una sociedad puede estar bien ordenada por la coacción, pero hay una evidencia empírica de que los países democráticos son, en general, sociedades bien ordenadas, pues las leyes responden a los principios de una mayoría de la población y, además, el resto acepta la legitimidad de las leyes, aunque no compartan sus principios. De igual forma, se sabe que las democracias son, en general, sociedades ordenadas con menos coacción que las sociedades no democráticas. 

En una democracia, las leyes son elaboradas por el poder legislativo, que representa al conjunto de los ciudadanos, y aprobadas por unas reglas de mayoría; se han de hacer cumplir por el poder ejecutivo, que dirige la administración y los instrumentos de coacción; y el incumplimiento de las normas ha de ser determinado por un poder judicial independiente de los otros poderes para evitar así la arbitrariedad en la aplicación de las sanciones. Los gobiernos, pues, sean del nivel que sean, tienen la misión primigenia de hacer cumplir la ley, de hacer que lo que está prohibido no se produzca y de que lo que es obligatorio se cumpla. Si no lo hacen así caen en una irresponsable dejación de funciones que hacen a las sociedades desordenadas e injustas, pues prima entonces la ley del más fuerte o la de aquellos individuos más inciviles. 

Estos párrafos anteriores, que son lo más elemental de la política desde hace ya más de dos siglos, parece que se está olvidando por parte de todos los gobiernos que sufrimos. Parece como si, por un estúpido complejo, el uso de la ley y, en su caso, de la fuerza, fuera una acción antidemocrática. Cuando lo realmente antidemocrático, porque va en contra ese primer pilar de cualquier democracia que es el Estado de Derecho, es la dejación de funciones en el cumplimiento de la ley. Y esto lo digo porque es antidemocrático que se negocie con una banda terrorista algo más que la dejación de las armas, y menos una mesa de partidos al margen de la representación parlamentaria legítima, porque con ello se prima a los violentos. Como es antidemocrático que se suspenda un Consejo de Ministros de la Vivienda en Barcelona por "prudencia" en una clara claudicación del Estado ante unos centenares de ciudadanos inadaptados. Como es antidemocrático que un Ayuntamiento como el de Córdoba haga una dejación de funciones tan asombrosa, y durante tanto tiempo, con los parcelistas y con alguna constructora de cuyo nombre no quiero acordarme. Como es antidemocrática la llamada a la desobediencia civil de la ley del botellón de un parlamentario andaluz de IU. Y es que democracia es mucho más que elecciones. Es también cumplimiento de las leyes. Como bien sabrían nuestros políticos si supieran la más elemental política. 

16 de octubre de 2006