Guerra de divisas

En una crisis mundial como la que estamos sufriendo, uno de los pocos frentes en los que parecía que todo iba bien era el de los mercados de divisas. Y digo que todo parecía ir bien porque sus fluctuaciones normales no se habían visto alteradas por la histeria financiera, ni por las diferencias de la crisis en cada economía, ni por las diferencias en la política económica de cada gobierno. Esta ausencia de problemas graves en los mercados de divisas ha ayudado a no agravar la crisis porque graves fluctuaciones en estos mercados, además de distorsionar los precios mundiales, nos hubieran hecho perder a todos, a largo plazo, las ventajas de la globalización (crecimiento, aumento de la eficiencia, baja inflación). 

Cuatro han sido las causas de este comportamiento: en primer lugar, la existencia de pocas monedas actuantes en el mercado, pues entre el dólar USA, el euro (alemán, desde luego), el yuan chino, el yen japonés, la libra esterlina británica y el franco suizo se reparten más del 95% del total de las transacciones financieras mundiales; en segundo lugar, el acuerdo de caballeros en el seno del G-20 de evitar dañar el comercio mundial; en tercer lugar, la coordinación de políticas monetarias entre los grandes países, especialmente entre Estados Unidos y Europa; y, finalmente, el miedo de los inversores mundiales al mercado más complejo y dinámico. El resultado ha sido que, a pesar de algunos episodios menores, las apreciaciones de las distintas monedas se estaban produciendo de una forma previsible, ordenada y sin grandes fluctuaciones, reaccionando, primero, al momento y profundidad relativa en el que cada país notaba la crisis y, después, según las diferentes expectativas de salida de la crisis. Por eso, el dólar se devaluó y luego se ha apreciado frente al euro en dos ciclos, mientras que ambas monedas se depreciaban respecto al yuan chino. 

Este buen comportamiento, esta previsibilidad en los mercados de divisas era, sin embargo, superficial, pues no estaba resolviendo un grave problema de fondo de la economía mundial: el de los desequilibrios comerciales de los Estados Unidos (negativo) y de China (positivo). Más aún, se estaba manteniendo la paradoja financiera y cambiaria de la economía mundial: un país pobre (China) es financiador neto de un país rico (Estados Unidos), y, además, un país con mayores tasas de crecimiento potencial y superávit en la Balanza de Pagos no aprecia su moneda frente el exterior. Estas contradicciones de fondo son las que empiezan a aflorar estos días, y son la causa de tensiones en los mercados de divisas que pueden desembocar en una guerra de divisas. Los norteamericanos quieren que los chinos dejen fluctuar su moneda para que el yuan se aprecie rápidamente. Esto ayudaría a un crecimiento más equilibrado de los Estados Unidos, a una menor emisión de dólares y a una mejoría en su financiación por menor dependencia exterior. Los chinos, por su parte, quieren una apreciación controlada de su moneda para mantener su superávit comercial y no ver devaluados sus activos de 2,6 billones en dólares. Además, quieren evitar la penetración occidental de productos con más tecnología para evitar la dependencia exterior. Los europeos, fieles a la doctrina Bundesbank de no intervenir en los mercados de divisas porque se generan ineficiencias, ven, sin embargo, con preocupación esta situación, porque daña la confianza, distorsiona los precios mundiales y afecta a la balanza de pagos alemana, motor de la economía europea. Hay, pues, intereses contrapuestos que, además, se agravan por la coyuntura política norteamericana (baja popularidad de Obama con elecciones legislativas próximas) y los miedos del gobierno chino a la crisis mundial por la posibilidad de inestabilidad política. 

No sé si habrá una guerra de divisas seria, lo que sí sé es que, además de volver a crecer, tendremos es que ir resolviendo los desequilibrios mundiales (incluidos los de renta), pues ellos son los detonantes de todas las guerras. Y algunas más cruentas que las de dinero. 

Presupuestos de la nada

Parece que la política española se ha instalado en la más absoluta superficialidad, en la más pura irrelevancia, en la nada. Y digo esto porque ningún líder político plantea ninguna idea significativa que ataje la apatía de la crisis o ayude con los viejos problemas. El Gobierno no tiene pulso ninguno para actuar en ningún frente, como tampoco la oposición muestra un atisbo de capacidad. Los problemas no solo no se afrontan, sino que se enquistan. Los españoles dejamos pasar el tiempo en medio de la nada. Nuestra política exterior anda sin pulso; la política territorial se ha dejado a la deriva de la pataleta catalana; la política económica es un error detrás de otro; la política social se ha abandonado (¿qué fue de la financiación de la ley de dependencia?); nada se sabe de la política de sostenibilidad y cambio de modelo productivo; la política educativa anda a rebufo de grandes declaraciones, recortes presupuestarios y la dinámica de cada comunidad; la de I+D+i es una mentira detrás de otra (pues se declaran sucesivos aumentos de presupuesto, para luego recortar su gasto hasta llegar a los mismas cifras de hace cinco años). Solo la política antiterrorista genera éxitos. Tan irrelevante es la política española que una huelga, supuestamente general, como la del día 29, ya está olvidada, quizás porque solo fue una pantomima de protesta cuya única utilidad ha sido escenificar que los sindicatos existen, algo de lo que se empezaba a dudar, perdidos como llevan años en su pura burbuja burocrática y como apéndices, uno más, de las administraciones públicas. 

En este contexto de superficialidad e irrelevancia, y con la insustancialidad que arrastra la ministra Salgado, se han presentado los Presupuestos Generales del Estado. En teoría, la ley anual más importante, pues ha de reflejar las opciones de política que plantea el Gobierno. Y digo en teoría, porque los presupuestos para el año que viene solo reflejan la misma irrelevancia y superficialidad de la que adolece la política española. 

Desde el Gobierno se nos dice que son unos presupuestos austeros, sociales y reformistas. Y es cierto que son austeros, pero no porque el Gobierno lo quiera y porque con esta austeridad el Gobierno persiga un objetivo real de política económica, sino porque este es el precio que hay que pagar ahora por todos los dislates presupuestarios que este mismo Gobierno ha cometido en los años pasados. Los presupuestos son austeros hoy, no porque la austeridad sea un valor en sí mismo para este Gobierno, sino porque así nos lo exigen nuestros prestamistas. Más aún, es una austeridad de maquillaje, pues en ellos no se incluye una reforma de la estructura del gasto que nos llevara a eliminar duplicidades administrativas, organismos redundantes, administraciones inútiles. 

De igual forma es cierto que los presupuestos incluyen un alto gasto social, pero no porque se amplíe el Estado del Bienestar o se dé contenido a la Ley de Dependencia, sino porque, incapaz de reactivar la economía y con ella el empleo, el Gobierno se conforma con una tasa de paro del 20% y, lógicamente, en año electoral y si quiere evitar un estallido social de verdad, no tendrá más remedio que mantener las prestaciones sociales. 

Finalmente, los presupuestos no son reformistas, porque precisamente lo que más se sacrifica es la inversión que podría cambiar nuestra estructura productiva. Siento de verdad ser tan duro, pero los presupuestos son, en mi opinión, falsamente austeros, obligatoriamente sociales, muy conservadores. Más aún, son irreales porque el cuadro macroeconómico en el que se basan es, dentro de lo posible, el más optimista (crecimiento del 1%, tasa de paro del 19,5%), e inútiles porque no transforman la estructura del gasto, ni la impositiva, y porque no son parte de un plan de política económica que enderece el rumbo de nuestra economía. En definitiva, unos presupuestos irrelevantes porque son los presupuestos de un Gobierno ausente que solo desea llegar a las próximas elecciones. Unos presupuestos para la nada política. 

Electores

El comportamiento electoral, el voto, es, como todas las acciones humanas, relativamente complejo. No hay una única causa que lo explique, aunque es, desde luego, racional. Votamos, en general, según lo que nos interesa y condicionados por una información siempre incompleta. Cada uno de nosotros vota lo que le parece más beneficioso para sí o para el conjunto, sin que esto garantice que el resultado agregado sea lo mejor para todos. Pero de los mecanismos democráticos escribiré otro día. 

Supuesta la racionalidad, se pueden distinguir dos tipos puros de conducta electoral: el votante "ideologizado" y el votante "circunstancial". 

El votante ideologizado tiene, por origen familiar y entorno social, una preferencia hacia la "derecha" o la "izquierda", que se suele concretar electoralmente en un partido con el que se siente más identificado. Esta preferencia le lleva, también, a darle credibilidad a la información publicada sólo en unos medios, con lo que este apoyo genérico se va reforzando continuamente. Así, una persona de origen familiar humilde y/o rural, con antepasados represaliados por el franquismo, educado en colegios públicos, que lea Público, oiga la Ser y vea La Sexta, votará con más probabilidad al PSOE que al PP. Si es una persona de clase media-alta, educada en ambiente católico, lector de La Razón, oyente de la Cope y televidente de Intereconomía, hará lo contrario. Este voto "ideologizado" vota, normalmente, por dos razones: porque le convence la propuesta (electoral y de liderazgo) de "su" partido (por ejemplo, los del PSOE en el 82, 86 y 89; PP en el 93 y 96) o por miedo al contrario, aunque los "suyos" no le convenzan (PSOE en el 2004; PP en el 2008 y próximas). Cuando los "suyos" les defraudan y los "otros" no les "amenazan" se abstienen (PP en el 86 y 89; PSOE en el 2000 y en las próximas si el PP se entera). Ante esto, los partidos movilizan este electorado con estrategias muy burdas: se agita el fantasma del miedo al otro y se procura el enfrentamiento. Por eso, unos y otros, exageran, demonizan, hacen comparaciones absurdas y entran en temas menores. En España, este electorado más "ideologizado", incluyendo el "nacionalista", supone más del 75% de total. Este porcentaje, repartido entre los partidos políticos, es su "suelo electoral", es decir, el porcentaje mínimo que obtendrán, hagan lo que hagan. 

El votante "circunstancial" es más complejo. Tiene, desde luego, ideología (o sea, un conjunto de creencias que dan significado a la realidad), pero no la ve reflejada en un partido, ni en un medio. En España, suelen ser urbanitas, con estudios medios o universitarios, con relaciones personales menos tradicionales y vínculos familiares menos estrechos. Leen uno o varios periódicos de forma crítica, oyen tertulias radiofónicas plurales y hacen zapping de televisión. Una parte de ellos normalmente no vota y solo se moviliza contra el Gobierno por tema grave (contra Aznar en el 2004 o en las próximas contra Zapatero) o, rara vez, por entusiasmo contagiado (con Felipe en el 82). La otra parte vota normalmente, compara al Gobierno y a la oposición, y vota a uno u otra, aunque se desmoviliza si el Gobierno tiene un mal desempeño y, al mismo tiempo, la oposición es incoherente o sin liderazgo (lo que puede castigar a Rajoy en las próximas). No los moviliza una campaña agresiva y suponen algo más del 20% del electorado español (creciendo lentamente). 

La existencia de estos tipos de electores, con grados intermedios, y sus porcentajes relativos en el cuerpo electoral, determina el funcionamiento de nuestra democracia. 

Solo cuando el porcentaje de voto ideológico sea menor o igual que el circunstancial, empezará a cambiar nuestra democracia porque los partidos tendrán que escoger mejor sus candidatos y propuestas, los medios serán más plurales y tendremos una sociedad menos etiquetada. En fin, tendremos una democracia y una sociedad más modernas. Pero eso, por desgracia, nos llevará años, y, por lo que veo, no creo que lo consigamos. 

7 de septiembre de 2010 

Otra oportunidad perdida

Los Presupuestos Generales del Estado para 2011, a presentar en las Cortes a mediados de septiembre, son una magnífica oportunidad para que el Gobierno haga un nuevo planteamiento de la política económica. Una nueva oportunidad para que el presidente Zapatero explique lo que pretende hacer para sacar a la economía española de la crisis. La orientación de qué hacer para estabilizar el deterioro de la economía española ya la sabe, porque los mercados y los socios comunitarios le han enseñado qué reformas hacer: hoy el Gobierno sabe que, como mínimo, ha de hacer una consolidación fiscal, una reforma laboral y una reestructuración bancaria. Lo malo es que no está haciendo bien ninguna de las tres y, lo peor, es que aún no sabe que para volver a una buena senda de crecimiento y creación de empleo, además, ha de emprender otras reformas (del sistema educativo, del sector energético y de la política industrial) y contar con un entorno exterior favorable. 

La consolidación fiscal que se inició en mayo está mal hecha, con algún acierto como la bajada del sueldo de los funcionarios, por varias razones. En la vertiente del gasto, porque el ajuste no está tocando la estructura del gasto (en qué se gasta el dinero), mientras que se reduce la inversión. Para hacerlo bien habría que empezar por cuestionar la insostenible estructura administrativa del Estado de las Autonomías, reducir las administraciones paralelas de entes autónomos y empresas públicas (empezando por las televisiones) y por reformar los sistemas de protección social (tanto las pensiones como la protección al desempleo) y racionalizar el gasto en subvenciones a las empresas. Mientras no hagamos esto tendremos un gasto público creciente, imposible de financiar. Reducir o congelar el gasto educativo y la inversión en obra pública, como se ha hecho, es, en mi opinión, peor opción. En la vertiente de los ingresos es necesaria también una profunda reforma fiscal: reducir cotizaciones sociales y sustituirlas por IVA; profundizar el IRPF aumentando la progresividad, eliminando los módulos y los privilegios de las rentas de capital; recuperar el impuesto de patrimonio; y, crear nuevas figuras sobre actividades nocivas o contaminantes. Hay, pues, un amplio margen para una profunda reforma fiscal que haga más justo el reparto de la carga de la consolidación fiscal. 

La reforma laboral, ahora con el trámite parlamentario mejorándose, será poco útil porque sigue sin modificar a fondo los tres problemas graves de nuestra legislación laboral: negociación colectiva, tipos de contratos y costes de despido. Y sin esto, y sin reactivación de la demanda, no crearemos empleo a corto plazo, por lo que sufriremos un largo periodo de alto paro, con paro de larga duración. No bajaremos significativamente la tasa de paro hasta que, mediante congelaciones salariales, adecuemos nuestro nivel salarial nominal a nuestra productividad real y se reactive la demanda. Según mis cálculos, que deseo equivocados, hasta mediados del año 2012. 

Finalmente, la reestructuración bancaria, clave para aprovechar la expansiva política monetaria, también se está haciendo regular porque, a base de fusiones frías para minimizar el impacto laboral, no estamos haciendo entidades más eficientes, sino sólo más grandes. 

El debate de Presupuestos debiera ser una oportunidad para que el Gobierno plantee, de una vez por todas, un plan de política económica coherente. O para que la oposición responda con una alternativa razonable. Mucho me temo, sin embargo, que ninguno de los dos hará nada de esto, que será otra oportunidad perdida. Perdida por el Gobierno porque su proyecto está ya muerto y se conformará con sacar adelante los presupuestos para pasar el año. Y por el PP porque sólo piensa en su ventaja en las encuestas y, posiblemente, porque tampoco tiene alternativa. Mientras, vamos por el tercer año de crisis, tenemos problemas fiscales y de deuda externa, la enésima guerra catalana, una preocupación por Cuba y una campaña en Marruecos. O sea, que tras estar en el siglo XX, nuestros políticos nos llevan al XIX. 

Malos políticos

Cuando medio país anda de vacaciones, el Centro de Investigaciones Sociológicas divulga los resultados de su Barómetro político en los que refleja cómo el Partido Popular va tomando ventaja (de 6,3 puntos) sobre el PSOE en el apoyo popular. Un dato que, siendo importante, me parece menos relevante que otro del mismo estudio: todos los políticos suspenden en la valoración de los ciudadanos (de 0 a 10 solo Rubalcaba se acerca al 4,5), mientras que un ¡78,9%! no confía en Zapatero y un ¡84,6%! no lo hace en Rajoy. 

Me temo que debajo de esta pésima valoración lo que subyace no es solo la crisis económica (y de la culpa de los políticos en ella hablaremos otro día) sino que los ciudadanos perciben, aunque no lo expresen claramente, que nuestros políticos son malos profesionales, que no están haciendo lo que tienen que hacer y, por eso, les retiran su confianza. Y los políticos no están haciendo lo que tienen que hacer, en mi opinión, porque nuestra clase política ha olvidado que su razón de ser no es ganar unas elecciones, sino la producción de orden político y social, y, consiguiéndolo, concitar el apoyo de los ciudadanos. Es decir, los políticos ya no saben que están para producir leyes y gestionar recursos que nos den bienestar económico, bienes públicos (seguridad, justicia, educación, sanidad, infraestructuras, etc.), igualdad de oportunidades, etc., no para tener ocurrencias populistas con el dinero de todos, como hace el Gobierno, o para alegrase de los errores del contrario (que empeoran la situación de todos) como hace el Partido Popular. 

La producción de orden político y social, que es lo sustantivo del poder político, está estancada en nuestro país por varias razones. La primera es que debaten más sobre quién es el sujeto administrativo que tiene que proveerlo que sobre la provisión en sí misma del bien. Así, llevan más tiempo determinando si es la Administración central o la autonómica la que debe hacer qué, que analizando cuál de las dos sería más eficaz en su provisión. De hecho, el criterio de eficacia nunca ha estado en las discusiones sobre las competencias transferidas. En el tema, por ejemplo, del Estatuto de Cataluña nunca estuvo presente, sino que se fue a dotar a la Generalitat de todas las competencias de un miniestado, sin tener en cuenta, no ya si era posible jurídicamente o no, sino si era factible económicamente para el conjunto de España. 

La segunda razón por la que la producción de servicios públicos y sociales está estancada es por la mala gestión, mejores que los públicos de otros países, pero, en general, despilfarradores. Entre otras cosas porque no tenemos profesionales entrenados al frente de los mismos, sino cargos políticos de confianza (o sea, del partido del que gobierna). 

Finalmente, la tercera razón por la que la producción de bienes sociales está estancada es, indudablemente, por la crisis: menos recursos, peor provisión. 

Si nuestros políticos supieran para qué les pagamos estarían dirimiendo de una vez por todas (al menos por muchos años) la arquitectura institucional de nuestra administración, estarían preocupados por el crecimiento de la violencia de género, los robos, el fracaso escolar y los problemas económicos y buscarían formas de gestión más eficientes para nuestros hospitales, escuelas, cajas de ahorros, instituciones, etc. Estarían haciendo política económica de verdad para intentar salir cuanto antes de la crisis. En vez de esto viven en un mundo irreal de personalismos, corruptelas, declaraciones y poses que nada interesa a la ciudadanía. Y porque viven en un mundo irreal es por lo que ésta, que sí sufre la realidad y la paga, los suspende. De hecho, hasta los consideran el tercer problema del país. Por eso lo importante del Barómetro del CIS no es si el PP ganaría unas hipotéticas elecciones al PSOE, sino que todos los políticos están suspendiendo. Lo malo es que el sistema de partidos español produce malos políticos. Lo que nos condena a sufrirlos eternamente.

Prueba de esfuerzo bancaria

La semana pasada, justo el viernes, se publicaron los resultados de los test de estrés, pruebas de resistencia, de la banca europea y, por supuesto, española. 91 entidades financieras europeas, de las que 27 han sido las españolas, se han sometido a las pruebas de las que una mayoría ha salido airosa. España ha sometido casi el 90% de su sistema financiero al examen, mientras que el resto de economías grandes no ha examinado ni el 50% de sus entidades. Los resultados son muy buenos para el conjunto del sistema financiero español: solo cinco grupos pequeños de cajas no han pasado las pruebas, mientras que nuestros grandes bancos las han superado con holgura. Una buena noticia que es necesario contextualizar para valorarla. 

¿Qué son estas pruebas de resistencia? Sencillamente simulaciones de las ratios básicas del balance de las entidades ante los posibles impactos sobre ellas de malos datos macroeconómicos. Es decir, es responder a preguntas como, por ejemplo, ¿estaría en quiebra el banco tal o la caja cual, y por tanto habría que intervenirlo, si cae el PIB un 3%, caen los precios de los pisos un 28% y, además, el paro aumenta en 5 puntos? ¿Qué pasaría? Sobre los datos reales de la entidad a diciembre de 2009 se han proyectado dos escenarios diferentes, o sea, dos conjuntos de distintas posibilidades. El primero, con una probabilidad media y una cierta dosis de realismo, es el que se ha llamado de referencia: caída moderada de la actividad bancaria por estancamiento de la actividad, incremento de la morosidad por aumento del paro o alargamiento de éste, problemas de déficit público en la mayoría de los países, caída del precio de los pisos de alrededor de un 25%, etc. El segundo, mucho más improbable, es mucho más dramático, pues todas las hipótesis son más negativas. Los resultados proyectados sobre los ejercicios de 2010 y 2011 nos dicen, sencillamente, que las entidades españolas, con la salvedad de cinco pequeños grupos de cajas, soportarían sin problemas de balance estos escenarios, incluso el más improbable. Tenemos, pues, un sistema sólido en su conjunto, algo que ya sabíamos, pero que estas pruebas vienen a corroborar. Para el lector interesado: en la página web del Banco de España se puede leer toda la metodología y los resultados. La importancia de estas pruebas radica en eliminar, al menos en el próximo año, los rumores y tontadas que no pocos analistas internacionales (algunos de ellos de bancos con intereses en publicar malos datos del sistema) y periodistas de medios antes prestigiosos (hoy de la misma altura que la prensa del corazón) han publicado sobre la solvencia del sistema financiero español, lo que redundará en la facilidad para mejorar la financiación de nuestras entidades. De la misma forma, ha sido un buen instrumento para hacer comparaciones con nuestros competidores europeos y alejar algunos fantasmas sobre nuestra economía. 

De cualquier forma, tampoco hay que sacralizar los resultados. Los problemas de financiación de la economía española, como ya escribí hace dos semanas, no están precisamente en nuestro sistema financiero. Como tampoco los problemas de nuestro sistema financiero están en las ratios básicas del balance, especialmente después de las fusiones y de las ayudas públicas del FROB. En absoluto. El problema de nuestro sistema financiero es de exceso de capacidad, de tamaño de algunas entidades, de viabilidad económica de su cuenta de resultados, de sostenibilidad a largo plazo. El problema de nuestro sistema financiero es el de un sistema que no cumple hoy, porque no puede, con su misión básica de financiar el crecimiento de la economía española. 

Quizás la simulación habría que hacerla ahora en otra dirección, es decir, ¿puede soportar la economía española un sistema financiero que solo mantiene buenas ratios de balance, pero que no posibilita financiación? 

Dicho de otra forma, estas pruebas de estrés lo que nos han dicho es que nuestro cardiólogo está, este año, bien; lo que no nos dicen es si pasa consulta. 

Deudas españolas

Por las declaraciones de nuestros políticos, los análisis de algunos opinantes y las preguntas que me han hecho mis estudiantes en Alemania, donde se sigue este tema con más interés que en España, creo que hay un cierto desconocimiento sobre la preocupante situación financiera de la economía española. Un desconocimiento que impide un discurso coherente a algunos y una opinión razonable a otros. 

Para empezar digamos que el monto total de deuda bruta, de todos los agentes de la economía española (hogares, empresas no financieras, administraciones públicas y bancos), según datos de diversos organismos internacionales, es de alrededor del 343% del PIB. En porcentaje de PIB, o sea, en términos relativos, es la tercera deuda más grande del mundo, después de la de el Reino Unido y Japón, y muy alejada, por ejemplo, de la de Estados Unidos (290% del PIB) o Alemania (273%). En euros, el cálculo es relativamente fácil si se tiene en cuenta que el PIB español es de alrededor de 1 billón de euros. De ahí podemos deducir que los españoles tenemos deudas por valor de casi 3,5 billones de euros, mientras que la deuda norteamericana es de casi 27 billones de euros. Tenemos una de las deudas más importantes del mundo, aunque, por nuestro tamaño, no sea de las más mayores en términos absolutos. 

Esta deuda se reparte, aproximadamente, de la siguiente forma: las familias deben 85 puntos de los 343; las empresas no financieras, 140; las Administraciones públicas, 55; mientras que la banca tiene deudas de 63 puntos. En términos absolutos, se puede hacer el cálculo de la misma forma que antes. Sobre esta distribución es necesario hacer cuatro comentarios: la deuda de los hogares es demasiado alta; la de las empresas no financieras es excesiva; la deuda del sector público es, aún, relativamente pequeña; y, finalmente, nuestro sistema financiero no plantea problemas de deuda. Por tamaño, el problema no es el sector público, como se ha venido señalando los últimos meses, sino la gran deuda de las familias, lo que impide el crecimiento del consumo, y de las empresas, lo que impide el crecimiento de la inversión. 

Sin embargo, mientras que las deudas de las familias y empresas plantean problemas de tamaño, es el crecimiento de la deuda del sector público lo que nos preocupa por la rapidez con la que se está acumulando. Y debe preocuparnos más porque el crecimiento de la deuda del Estado depende de muy pocos agentes decisores. Dicho de otra forma, que esos 55 puntos se van a convertir en casi 65 solo en este año por las decisiones erróneas de nuestro Gobierno. Y, previsiblemente, crezcan otros 5 o 6 puntos el año que viene, con lo que solo en dos años, nuestros gobiernos (también los autonómicos) serán los responsables del crecimiento global de la deuda en casi 15 puntos. De la deuda de los bancos, lo preocupante no es el tamaño, sino su inmediatez y que está ligada a la de familias y empresas. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es que una parte grande de esta deuda global es deuda externa, especialmente con países europeos. En total les debemos el 172,3% de nuestro PIB, siendo el tercer país del mundo por deuda externa global. Una deuda externa que seguirá creciendo porque ni las familias, ni las empresas, ni el Gobierno ahorran lo suficiente. 

Porque tenemos una deuda total relativa gigantesca, las familias y empresas están muy endeudadas y solo con años se bajará ese nivel de deuda, porque nuestro sector público ha sido muy irresponsable y ha perdido la credibilidad, porque nuestro sistema financiero tiene que hacer un ajuste inevitable y porque necesitamos el ahorro extranjero, es por lo que los mercados, esos "entes diabólicos", nos piden más interés y planes creíbles para prestarnos dinero. Nuestro crecimiento se hizo acumulando deuda. Mientras no la bajemos no volveremos a crecer. Por eso sabemos que la crisis será muy larga. Y esto es lo que hay.