La enfermedad europea

Esta semana se celebrará en Bruselas la cumbre europea de final de semestre centrada, cómo no, en la crisis. Ya la semana pasada hubo reuniones y declaraciones. Como las habrá esta semana. En ellas se dirá que la Unión Europea está en una situación crítica y que urge tomar decisiones para atajarla porque, como dice la señora Lagarde, directora del FMI, "hay tres meses para salvar al euro". Los jefes de Estado y de Gobierno, con los máximos responsables de la Unión, Barroso y Van Rompuy, discutirán dos días y llegarán a consensuar grandes declaraciones. Dirán que gracias a la "madurez del pueblo griego", a los esfuerzos de España e Italia y a los avances en la construcción europea, que se han plasmado en el "Tratado sobre Estabilidad, Coordinación y Gobernanza" en la zona euro, ahora se puede dar el paso hacia una coordinación de la política económica que nos lleve a la "senda del crecimiento económico". Se lanzará la idea de que es conveniente un nuevo Tratado, "Maastrich 2.0", que complete el de 1992 y que fije como objetivo la creación de unos Estados Unidos de Europa (aunque sin decirlo, por el fracaso de la Constitución Europea). Como esta semana, además, el Banco Central Europeo está abriendo la mano en las facilidades crediticias a las entidades financieras, especialmente españolas, los mercados se relajarán, con lo que parecerá que lo peor ha pasado. 

Por unos días parecerá que los gobiernos europeos han resuelto el problema de la deuda y diremos que Europa da un paso hacia su integración, lo que supone un rayo de esperanza para la salida de la crisis y la promesa de un futuro mejor. Y es posible que esta imagen sea cierta. Ojalá sea cierta. Pero también es posible que sea un simple espejismo hasta la siguiente crisis. Porque el problema de Europa, su enfermedad, no es la crisis de la deuda, ni la atonía económica, ni la falta de grandes declaraciones, ni de objetivos (léanse solo las primeras páginas del Tratado de Maastricht de 1992). La enfermedad europea no es económica, ni publicitaria, es más profunda, es política. 

Europa tiene una enfermedad que se manifiesta en una arquitectura institucional que es defectuosa (demasiado alejada del ciudadano, demasiado compleja, demasiado centrada en lo intergubernamental, con demasiado déficit democrático, etcétera), en liderazgos europeos débiles con discursos miopes y cortoplacistas, en la ausencia de un discurso europeísta en los medios de comunicación y en la pérdida de entusiasmo europeísta entre la ciudadanía. Europa, en medio de la crisis, vuelve a manifestar los síntomas de su enfermedad política. Una enfermedad que hará que no salgamos realmente de la crisis, sino que solo la aplacemos. 

La enfermedad europea es antigua y está muy extendida. Es genética, fruto de una mutación de principios del siglo XIX y se propaga a cada generación. Se llama nacionalismo, ha sido mortal en el siglo XX y, en este, nos condena a la nada. Los europeos somos malditamente nacionalistas. Los hay radicales, más suaves o más cínicos, pero somos nacionalistas. Y mientras lo seamos, mientras no se nos pase por la cabeza que sería bueno poder votar a un presidente europeo (nacido en Francia o en Alemania), que nos representen en el Parlamento europeo personas nacidas en Polonia o Portugal, que las grandes empresas europeas son también nuestras y que una selección europea de fútbol o de atletismo sería casi imbatible, no haremos realidad la idea de Europa, y seguiremos poniendo dificultades a la salida de la crisis y al futuro que podríamos tener. Mientras no encontremos la forma de cambiar esta enfermedad genética no haremos otra cosa que ir renqueando hacia nuestro futuro. 

Esta semana habrá cumbre europea. Y se tratará de la crisis. Pero mucho me temo que será otra más, porque entre los de los que allí se reúnan dudo que haya siquiera diez justos que no sean nacionalistas y eviten la maldición divina de nuestra lenta destrucción. 

Superficialidad y ocurrencias

Siento tener que decirlo, pero de esta crisis tardaremos en salir. Mucho más de lo que desearíamos. Y no es sólo por su profundidad o la falta de liderazgo europeo, sino por la superficialidad con la que se vive y gestiona la cosa pública. 

Ante una crisis profunda que está poniendo en cuestión muchas certezas, la sociedad en su dimensión pública lo único que opone es superficialidad. Vivimos en medio de la superficialidad y casi no nos damos cuenta. Superficiales los medios de comunicación, preocupados los unos por Gibraltar y los otros por el IBI de la Iglesia; superficiales los intelectuales que sostienen "mantras indemostrables" y hacen de la anécdota la generalidad. Superficialidad en la universidad cuando cualquier exposición no puede durar más de 20 minutos, y se pretende que ideas complejas se argumenten en no más de dos páginas porque una ciudadanía que, se supone, es la más instruida de nuestra historia es incapaz de prestar atención o de leer más de cinco minutos seguidos. Vivimos rodeados de superficialidad. Somos una sociedad superficial. 

Y esta superficialidad tiene como consecuencia que nuestros políticos tienen ocurrencias que insultan la inteligencia y empeoran la situación. Porque es superficial el ministro Wert cuando dice que el aumento de la ratio de los alumnos no influye en la calidad docente, o cuando confunde los problemas de la universidad española (gobernanza, rigideces estructurales y endogamia) con la manifestación de sus problemas y quiere resolverlos con cinco artículos en un decreto. Como es superficial el ministro Guindos cuando no se da cuenta de que el problema de la banca española no se resuelve con una renacionalización y el desprestigio del Banco de España, sino con la creación de un sistema financiero europeo que reparta los riesgos de concentración (por cierto, alguien se va a hacer de oro con Bankia dentro de cinco años). Como es superficial el ministro Montoro con su reforma fiscal y su amnistía haciendo caso a tontadas de tertulia y debilitando la lucha contra el inmenso fraude fiscal que tenemos. Como es superficial el presidente Griñán cuando baja el sueldo de los funcionarios "transitoriamente" para atajar el problema del déficit que tenemos, con lo que está diciendo que la causa de este déficit es que los funcionarios andaluces ganan mucho. ¿Realmente creen Griñán y Esperanza Aguirre que el problema de sus administraciones es que sus empleados ganan mucho y no la estructura de la que se han dotado? Es claro que no han analizado sus cuentas, que no saben la dimensión de sus administraciones, que no tienen idea de la maraña paralela, de los excesos de regulación, de la locura de subvenciones de las administraciones bajo su dirección. Como es claro que ninguno fue nunca a una clase de Presupuestación de Base Cero. 

Estamos rodeados de políticos superficiales que no saben para qué sirve su trocito de poder, ni qué quieren hacer con él, ni adonde se dirigen. Sencillamente porque no son capaces de mirar más allá de hacer lo contrario de lo que dice el otro partido. Porque la política en España es tan superficial que no se hace para llevar a la sociedad a otra situación, sino para oponerse a lo que el otro puede querer. El Gobierno es siempre la oposición de la Oposición. De la misma forma que la Oposición no es la Oposición, sino la oposición de la oposición de la Oposición. De la misma forma que las regulaciones no se hacen para ordenar la acción de los ciudadanos, sino para contentar y justificar la mera existencia de la administración. Como lo importante no es lo que se haga con las subvenciones, sino que haya gente que dependa de ellas. 

Somos un país superficial que sólo tiene ocurrencias porque una mayoría sabe más de fútbol que del porqué de las cosas. Y sin porqués, todo es superficialidad y fútbol. Con el que quieren tapar la realidad de cinco millones de parados. 

Nervios, histeria y corralito

Estamos demasiado nerviosos. Es cierto que la situación es extremadamente grave, pero también el exceso de información, y la necesidad de responder a todo rápidamente, impiden separar lo importante y lo urgente, articular alternativas y ejecutarlas con la mirada puesta en el medio plazo. 

Vivimos en un círculo vicioso. La ciudadanía vive en un estado de agitación que, sumado a la gravedad de la situación, provoca una nerviosa demanda de soluciones, a la que los políticos responden rápidamente y sin pensar, improvisando soluciones que, en vez de resolver el problema, generan más nervios. En la era de la información, unos quieren hacer política a base de "tweeter" y otros de pancarta, cuando los problemas complejos a los que nos enfrentamos no caben en 140 caracteres, ni en una cartulina de medio metro. Los tiempos que vivimos nos impiden tener perspectiva y profundidad. Nadie escribe hoy, porque nadie lo leería, un libro profundo como la "Teoría General" de Keynes, como nadie daría hoy 100 días para articular las medidas anti-crisis a Roosevelt. Vivimos en la histeria. Lo que agrava lo que nos pasa. 

A esta histeria contribuyen, además de periodistas amarillentos y políticos banales, economistas y politólogos que olvidan lo elemental de sus ciencias. En estos tiempos de nervios, Roubini y sus secuaces se están haciendo ricos profetizando catástrofes que ellos pueden producir por nuestra ignorancia, la torpeza de nuestros políticos y la histeria. 

Un ejemplo de esto es el del Premio Nobel Paul Krugman cuando la semana pasada escribió sobre un futuro corralito en España. Su texto incendió internet, a la opinión pública europea, al Gobierno y la ciudadanía. Vivimos tan histéricos que hasta una tontada como la de Krugman hay que rebatirla. 

Un corralito es, técnicamente, un "racionamiento de dinero". Es decir, es limitar la cantidad de dinero de la que se puede disponer de los depósitos que se tienen en un banco. Puede ser de dos tipos: sobre moneda extranjera o sobre moneda propia. El primer caso, que ha sido el más habitual en las crisis financieras, se imponía para evitar que una economía se quedara sin reservas de moneda fuerte, como fue el caso de la Argentina en 2001, donde se acuñó la expresión, porque los argentinos (tan nacionalistas otras veces) preferían dólares antes que pesos. El segundo caso, que no se ha dado en Europa desde la postguerra mundial, se impone cuando el Banco Central no tiene capacidad de generación de liquidez de su propia moneda. 

Ninguna de estas dos situaciones se puede producir hoy en la zona euro. Esto podría pasarle a aquel país que abandone el euro, es decir, que sustituya el euro por su propia moneda, porque la ciudadanía seguramente preferirá el euro (la moneda de Alemania) antes que la nueva moneda. Una situación que solo es pensable hoy para Grecia, pero no a España, porque no hay causa objetiva para volver a la peseta, ni nos interesaría. Y dentro de la zona euro el corralito es imposible porque no hay razón para limitar la disposición de efectivo, ya que el Banco Central Europeo tiene capacidad de emisión ilimitada, porque la UE y los Estados tienen capacidad para responder de los depósitos en los bancos y porque habría que imponer la limitación a toda la zona euro. El que Grecia tenga problemas, no significa que España tenga los mismos problemas. Y Krugman debería saberlo porque, dicen, es experto en ¡economía internacional! 

Como esto que acabo de exponer es política económica de nivel intermedio, la tontada bloguera de Krugman solo tiene dos explicaciones posibles. O Krugman no sabe lo que es un corralito, lo que nos dice que su Nobel fue un montaje del New York Times, o que, aprovechando nuestra histeria, sirve a intereses oscuros de Wall Street. O sea, que hoy no sé si es un tonto o un malo. Lo que sí sé es que la histeria le hace el juego. 

Así, no

El problema más acuciante, que no el más grave, de la economía española es el exceso de deuda. Mientras tengamos un 297,3% de deuda sobre PIB, un 92,1% de ella exterior, la economía española no puede esperar tasas de crecimiento por encima del 2%, a partir de la cual empezar a crear empleo. 

Para atajar un problema de endeudamiento, lo primero es no aumentarlo. Y eso es lo que tenemos que hacer el conjunto de los agentes españoles. Así, las familias y empresas no financieras llevan ya tres años en los que ahorran más de lo que se endeudan (por eso no crecemos), mientras al sistema financiero se le impuso un ahorro forzoso (el aumento de su nivel de capitalización) que no está siendo suficiente. Por su parte, el sector público no sólo no empezó a ahorrar cuando debía, sino que lleva tres años de retraso en las medidas que tenía que haber tomado, por lo que ahora toca hacer un ajuste fiscal. 

Hemos, pues, de ajustar el déficit público, no porque el volumen de nuestra deuda pública sea excesivo, sino porque no es sostenible, dada nuestra estructura de impuestos y de gastos, teniendo en cuenta, además, nuestra deuda total, la dependencia exterior y que somos una economía sectorial y empresarialmente débil. Hay que reducir el déficit público, no porque lo exija Bruselas, sino porque la lógica de una economía de mercado, abierta y con moneda única, así lo exige. Como hay que hacer una profunda reforma de nuestra economía para volver a crecer y crear empleo. Y, hasta aquí, coincido con la política económica del Gobierno. 

En lo que ya no coincido es en la táctica. 

Por el lado de los impuestos se improvisa continuamente. A la subida de los tramos del IRPF, le siguió una amnistía fiscal y ahora una reforma del Código Penal. Cuando el IRPF, por ejemplo, lo que necesita es una reforma en profundidad que acabe con la injusticia con que son tratadas las rentas del trabajo. Como es conveniente dejarse ya de tontadas con el IVA y las Cotizaciones Sociales y subir uno y bajar las otras. Como habría que replantear todo el resto de tasas y precios públicos. Pero para ello habría que tener un plan de reforma fiscal integral y coherente, con las correspondientes simulaciones de sus efectos recaudatorios, económicos y distributivos, y no una sucesión de ocurrencias parciales. 

Por el lado de los gastos la táctica es no menos desastrosa. Es lógico que se esté parando la obra pública porque la dotación de capital físico no es pequeña. Lo que es absurdo es reducir la inversión en capital humano (mal llamado gasto en educación), en gran medida porque las personas que no se formen ahora no lo harán en el futuro, como no se pueden recuperar en el futuro las ideas y patentes que no se investiguen hoy. Que hay que moderar los gastos en educación y aumentar la productividad de los claustros es evidente, pero aumentar la ratio en las aulas (con pruebas empíricas de que eso empeora la calidad) cuando de lo que se trata es de que más estudiantes aprendan más, o cortar la financiación de la investigación básica, es una barbaridad. Como es una barbaridad de lesa humanidad dejar sin atención sanitaria a los inmigrantes, por mucha irregularidad en la que estén, cuando es posible reducir casi un 10% los gastos sanitarios con mejoras sencillas en la gestión. 

Antes que esto, y sin negar la necesidad de hacer más eficientes la educación y la sanidad, mejor hubiera hecho el Gobierno reformando la administración pública territorial (empezando por los ayuntamientos), eliminando organismos superfluos, cerrando televisiones públicas o reduciendo subvenciones a las empresas y a los agentes sociales. 

No. Me temo que así, no. Y menos sin un discurso valiente que nos explique la lógica de lo que se hace y por qué. Porque, además de medidas, este país necesita liderazgo. 

Urgencias de la economía española

La economía española se mueve hoy entre dos urgencias que condicionan su evolución, la política económica y su futuro. Estas dos urgencias son el alto nivel de endeudamiento del conjunto de la economía (un 297% del PIB, un 72,6% de ella pública), con la agravante de la dependencia exterior (un 92,1% del PIB), y, en segundo lugar, la insoportable cifra de 5.639.000 parados, que llegará a rozar los 6 millones a finales de año, con las agravantes de que tenemos más de 1,7 millones de hogares con todos sus miembros en paro, un paro juvenil superior al 50% y un paro de larga duración de 2,4 millones de personas. 

Ante estas urgencias, la respuesta evidente es el crecimiento. Es de libro de texto. Porque si la economía volviera a crecer (digamos al 3%), la tasa total de endeudamiento de la economía caería, tendríamos más consumo y más inversión, con lo que aumentaría el empleo y caería la tasa de paro. Entraríamos así en un círculo virtuoso que rompería la situación actual de crisis. 

El problema de esta solución tan evidente (que es posible articular en algunos países) es que no es posible en la España de hoy, porque no tenemos ningún mecanismo keynesiano de corto plazo que nos permita una vuelta rápida al crecimiento. La muy expansiva política monetaria del Banco Central Europeo (tipos de interés al 1%, con inflación del 1,3%) no llega a nuestras familias y empresas porque tenemos un sistema financiero aún dañado, por los abusos de nuestro crecimiento anterior y la ausencia de reformas de calado en los últimos años, y porque tenemos unas malas expectativas de crecimiento por el nivel de endeudamiento y la alta tasa de paro. Una política fiscal expansiva de gasto no es posible porque tenemos unos gastos fijos del sector público muy altos, precisamente porque lo sobredimensionamos en la época de bonanza (tenemos una ratio de empleo público sobre empleo total excesiva), nos dimos un amplio sistema de pensiones (con jubilaciones medias a los 62,3 años) y tenemos un altísimo paro que proteger. Más aún, no podemos expandir más el gasto porque si miramos el déficit público en relación con los ingresos tenemos que el sector público español gasta casi un ¡20%! más de lo que ingresa. Una política fiscal expansiva de ingresos no es tampoco posible porque las familias, en vez de gastar más (como predicen los modelos keynesianos), lo que harían, en el contexto de deudas que tienen y con la incertidumbre en la que viven, sería ahorrar y reducir deuda, con lo que cambiaríamos deuda pública por deuda privada sin activar el crecimiento (como Japón en los noventa). No podemos devaluar, como se hacía en el pasado, para activar la demanda exterior porque pertenecemos a la zona euro y nuestros principales competidores tienen la misma moneda. Como no podemos provocarnos una ligera inflación (del 4 o 5%), para aligerar la carga de la deuda, subiendo los salarios porque hemos perdido todo margen de competitividad (salarios/productividad) y tenemos una tasa de paro de casi el 25%. Finalmente, no podemos esperar ayuda de la Unión Europea en forma de fondos para el crecimiento porque ya no nos corresponden. 

El dilema para España no es pues, como algunos creen, entre crecimiento y deuda. Es que si no baja el volumen de endeudamiento no volveremos a crecer. Sencillamente, porque debemos demasiado. Piénsese que mientras España tiene un 297,3% de deuda sobre PIB (225,3% privada y 72,6% pública) y un 92,1% de ella exterior, Alemania sólo tiene un 209,4 (¡128,2! privada y 81,2% pública) y un ahorro exterior del 36,3% de su gigantesco PIB. Compárense las cifras para ver quién tiene que ajustar y por qué, quién presta a quién y- por qué unos mandan más que otros. 

 Tenemos que ajustar y reformar profundamente la economía española ya. Porque 5.639.000 parados tienen urgencia en encontrar empleo. 

Unas críticas constructivas

La política económica del Gobierno Rajoy tiene ya un número de decisiones suficiente (del que se vanagloria el mismo Gobierno) y ya ha pasado el suficiente tiempo como para poder hacer un juicio de conjunto de su desempeño. 

Lo primero, y más loable, de la política económica del Gobierno Rajoy es el ritmo en el que se están tomando las decisiones. Tras una legislatura en la que las decisiones se aplazaron por dos años y, luego, desde mayo de 2010, se tomaron de forma incompleta y espasmódica, era importante que hubiera un Gobierno capaz de tomar decisiones rápidamente para recuperar credibilidad. Es evidente que la mayoría absoluta y la presión europea han favorecido el ritmo, pero también es evidente que Rajoy ha querido marcar diferencias con Zapatero. Sin embargo, siendo loable el ritmo, incluso las cuestiones que está abordando, el Gobierno no está consiguiendo ganar la credibilidad perdida por dos razones, en mi opinión, claves: una pésima política de comunicación y la superficialidad e inoportunidad de alguna de las medidas. 

La política de comunicación del Gobierno está siendo francamente mala. No puede ser que Rajoy, que en teoría gobierna la política económica y por eso no nombró un vicepresidente económico, no sea capaz de explicar coherentemente qué se está haciendo y por qué. En su lugar, él y la vicepresidenta recurren a mantras que ya no tienen sentido para los analistas y la opinión pública. Apelar a la situación recibida está bien para debatir con la oposición, pero es información inútil por conocida. Sostener la inamovilidad de los objetivos de déficit está bien para trasmitirlo a la opinión pública, pero carece de sentido para los analistas si no se anuncian todas las medidas de una forma coherente. Como no puede ser que los ministros Guindos y Montoro no den una explicación ordenada de un plan de política económica. Peor aún, incluso cuando el Gobierno acierta en las medidas (como con la Reforma Laboral), deja a la oposición que focalice el debate. Lo siento, pero la política de comunicación de este Gobierno es un desastre que está afectando a la eficacia de la misma política económica. 

El segundo problema es la superficialidad y la inoportunidad de algunas de las líneas de política económica, especialmente en política fiscal. Puedo comprender que el Gobierno no haya tenido a punto los Presupuestos Generales del Estado en tres meses, y que necesitara, antes de terminarlos, determinar las necesidades de los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Como puedo comprender que subiera las retenciones del IRPF. Pero no puedo comprender que improvise una inmoral amnistía fiscal (¡qué error!) cuando lo que tiene que hacer es perseguir el fraude, no se tocan los fundamentos legales por los que algunos pagan menos (módulos y tratamiento de las rentas de capital en el IRPF, etcétera), se tienen ocurrencias como la del copago progresivo de medicamentos y no se atisba la reforma fiscal (subida de IVA, bajada de cotizaciones, reforma del IRPF, etcétera) que debieran de haber tenido a punto. Como tampoco puedo comprender que no tengan un discurso sobre qué partidas de gasto eliminar o recortar y se tengan ocurrencias como las de Esperanza Aguirre sobre el modelo de Estado, se anuncien recortes en sanidad y educación en dos fases y se considere un tabú las prestaciones por desempleo. Creo que la política fiscal se sigue diseñando en este país a base de ocurrencias y da la sensación de que el Gobierno no tiene aún unas líneas de actuación creíbles para reducir el déficit. 

Gestionando mal la comunicación, no explicando sus decisiones, consintiendo que algunas de sus bases más carcas cuelen sus intereses (amnistía fiscal) y haciendo de los presupuestos un bazar de ocurrencias, me temo que el Gobierno tiene muy difícil ganar la credibilidad que perdimos con Zapatero. 

Y lo digo ahora, que aún es tiempo, porque, luego, con la desesperación, las ocurrencias se multiplican. 

Huelga política, lectura política

La huelga general de la semana pasada ha sido, como todas las huelgas generales, una huelga política. Y, como casi todo en política, es un juego comunicativo, porque la huelga general significa lo que cada uno que opine sobre ella quiere que signifique. 

Una huelga no es la forma de manifestar una voluntad colectiva porque, además de ser una acción negativa (no trabajar), no hay manera de saber lo que se sostiene (de ahí los mensajes simples), ni el grado en el que se prefiere. Desde un punto de vista democrático es sólo el ejercicio de un derecho, pero no es la manifestación de una voluntad popular. De ahí que no pueda compararse, ni por asomo, con unas elecciones libres en la que concurren, tras un periodo electoral, distintas opciones que plantean diversas posibilidades, y se ejerce el derecho al voto libre y secretamente. 

En una huelga general, no todos pueden ejercer su derecho al trabajo si, por ejemplo, se paran los transportes; el ejercicio del derecho es dual (o se está de huelga o no); y el ejercicio del derecho no es secreto (ni puede serlo) con lo que la presión de un grupo, sus amenazas o, sencillamente, no señalarse como diferente condicionan claramente su ejercicio. Teniendo esto en cuenta, decir que una huelga general es un ejercicio de democracia es tener en muy poco lo que es la democracia. Porque la democracia, además de derechos y su ejercicio (entre ellos el de huelga), es un conjunto de procedimientos para la conformación de la voluntad popular a partir del voto igualitario y libre de cada uno. 

Precisamente porque una huelga general es un procedimiento escasamente democrático (aunque sea el ejercicio de un derecho democrático) es por lo que el significado político de la huelga depende de lo que se diga de la huelga, de la percepción que se forme el Gobierno y si ésta le hace cambiar de opinión. De ahí, también, que el éxito o el fracaso de una huelga no se pueda medir el día que se produce, sino después y según sus consecuencias. 

Una huelga, por muy seguida que sea, y la de la semana pasada no lo fue, que no cambie nada es un fracaso para los que la convocan y un éxito de aquel contra el que se convocaba (el Gobierno). Una huelga escasa que se amplifique y a la que el Gobierno atienda será un éxito porque logra influir en éste. El éxito de una huelga general, pues, no depende tanto (que también) de su seguimiento, sino de si el Gobierno deja que sea un éxito. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, y sin entrar en valorar las razones de la huelga, en mi opinión, el Gobierno se equivocaría si convierte la huelga general del día 29 en un éxito para los sindicatos. Es decir, creo que el presidente Rajoy se equivocaría si consiente que una huelga tenga una legitimidad similar que unas elecciones generales celebradas hace escasamente cuatro meses. Si presta más atención a unos sindicatos dudosamente representativos que a los mismos partidos políticos de la oposición. Si deja que las leyes se puedan reformar desde la calle. 

Más aún, creo que se equivocaría en mucho si modifica la reforma laboral emprendida porque, si hay un mercado que necesita un profundísimo cambio en su regulación, es el mercado de trabajo español que ha producido la tasa de paro más alta de los países desarrollados, y la reforma, aunque incompleta en no pocos aspectos, va en la buena dirección. Y, desde luego, si cede supondría, no sólo un error político, sino un error político con consecuencias económicas porque supondría una inmensa pérdida de credibilidad de un gobierno que goza, además, de una amplia mayoría absoluta ganada en las urnas. 

Por todas estas razones espero que el Gobierno no ceda ni un ápice. El problema, entonces, lo tendrán los sindicatos. Lo que no estaría mal, para variar.